Sumario

El Pleno del TC, por providencia de 18 de noviembre 2014, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 6408-2014, contra la Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha («B.O.E.» 22 noviembre). Téngase en cuenta que la Sentencia TC 15/2015, de 5 febrero desestima el recurso de inconstitucionalidad 6408-2014.

Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

Exposición de motivos

El preámbulo de la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, señalaba que muchos son los esfuerzos y ajustes que se han solicitado a los castellano-manchegos para solucionar la crisis institucional y financiera de nuestra región.

Es lógico que los representantes de los ciudadanos asuman también estos ajustes como propios y contribuyan al esfuerzo colectivo, ya que la reducción de parlamentarios es una demanda abrumadora de la sociedad castellano-manchega. Y ello no solo porque suponga un gesto deseable o una medida de ahorro, sino también porque expresa la convicción de que no se deben reproducir sin más las estructuras previstas para el Estado, sino adecuarlas a lo que son; en este caso, una Cámara Legislativa Autonómica cuya dimensión y funcionamiento deben adaptarse a la realidad social de Castilla-La Mancha y al ámbito competencial que le es propio.

La presente ley tiene por objeto desarrollar el mandato establecido en el artículo 10 de nuestro Estatuto de Autonomía. Dicho mandato debe realizarse con sujeción a los principios sustantivos que emanan de la Constitución y de la legislación estatal reguladora del Régimen Electoral General.

El sufragio universal, el sistema de representación proporcional y la representatividad de las diversas zonas del territorio, son principios básicos que deben ser respetados por el legislador castellano-manchego; de tal forma que la traducción de votos a escaños respete el deseo mayoritario de los electores, garantizando un sistema electoral que impida resultados que puedan falsear la voluntad popular.

Para ello, y partiendo de la provincia como circunscripción, como sucede en toda la regulación electoral autonómica, el reparto de escaños se realiza asignando 3 Diputados a cada provincia, lo que garantiza una adecuada representación territorial que se complementa con una asignación de Diputados que responde a un criterio de distribución proporcional a la población existente en cada provincia.

El reparto de escaños que se propone, tiende al máximo equilibrio entre la asignación territorial y proporcional sin otra limitación de que el resultado que se pueda atribuir a una provincia, no tenga mayor o igual representatividad que la suma de cualquiera otras dos.

Estos criterios se fijan de tal forma que no responden a supuestos de oportunidad sino que se configuran en una actuación guiada por criterios de aplicación automática que se adapte de forma permanente a la realidad demográfica de nuestra Comunidad Autónoma.