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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Ficha:
  • Órgano CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
  • Publicado en BOJA núm. 140 de
  • Vigencia desde 21 de Septiembre de 2009
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
BOJA 10 Noviembre. Corrección de errores D 293/2009 de 7 Jul. CA Andalucía (Regl. de las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte)
D [ANDALUCÍA] 293/2009, 7 julio rectificado por Corrección de errores («B.O.J.A.» 10 noviembre).

I

La Constitución Española, en su artículo 49, establece que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a todos los ciudadanos. Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 10.3.16.º establece como objetivo básico de la Comunidad Autónoma la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad, y para lograr su consecución, el artículo 37.1.5.º recoge, entre los principios rectores de las políticas públicas de los poderes de nuestra Comunidad Autónoma, la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, incluyendo la utilización de lenguajes que les permitan la comunicación y la plena eliminación de las barreras.

De otra parte, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía, supone un fuerte y renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad y establece el marco adecuado para que, desde una perspectiva integradora, se asegure una respuesta uniforme y coordinada de todos los sistemas públicos de protección social a las mismas. La Ley supone un hito en materia de accesibilidad urbanística, arquitectónica, en el transporte y en la comunicación en Andalucía, dedicándose su Título VII a la regulación de esta materia, preceptuándose, en la disposición final primera de la Ley, que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará las disposiciones reguladoras de las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación en Andalucía.

Por su parte, el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, que establece las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía, tenía por objeto establecer las normas y criterios básicos destinados a facilitar a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad, la accesibilidad a los bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento.

Por Acuerdo de 2 de diciembre de 2003, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2003-2006. Dentro de las líneas de actuación de este Plan, las políticas de accesibilidad en la edificación, la vivienda, el transporte, el urbanismo y la comunicación ocupan un lugar relevante, contemplándose entre los objetivos y acciones a emprender, la de aprobar las disposiciones reglamentarias que desarrollen el Título VII de la Ley 1/1999, de 31 de marzo.

En el ámbito estatal, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, considera la accesibilidad como uno de los requisitos básicos que han de reunir los edificios, siendo el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el que fija las exigencias de calidad de los edificios y sus instalaciones, de forma que permita el cumplimiento de los citados requisitos básicos.

De otra parte, se ha aprobado la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en la que convergen dos estrategias de intervención relativamente nuevas, la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal que, junto con la acción positiva, constituyen la trama sobre la que se establecen un conjunto de disposiciones cuyo objetivo es garantizar y reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.

Como desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, se han aprobado el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, y el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, con el objetivo de armonizar y unificar términos y parámetros en esta materia en todas las Comunidades Autónomas.

II

La existencia de un nuevo marco normativo estatal en materia de accesibilidad, de carácter básico, hace necesaria la aprobación de una nueva norma reglamentaria que, de acuerdo con dicho marco, desarrolle las previsiones contenidas sobre el particular en la Ley 1/1999, de 31 de marzo, y en el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2003-2006.

Para ello, en la elaboración del presente Decreto se ha tenido en cuenta, como premisa de partida, un nuevo concepto de accesibilidad, la «accesibilidad universal», como condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Por tanto, aunque las prescripciones del presente Decreto van dirigidas a las personas con discapacidad afectan a un amplio número de personas tales como personas mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas, personas de talla baja, personas accidentadas temporalmente, personas obesas, personas portadoras de carga u objetos, personas usuarias de carritos de bebé y, en general, benefician a toda la ciudadanía.

El presente Decreto consta en un artículo, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, doce disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y tres finales.

De la regulación contemplada en las disposiciones adicionales, cabe destacar la regulación del procedimiento a seguir, a fin de justificar aquellos supuestos en que proceda excepcionar el cumplimiento del Decreto. Por otra parte, respecto a la adaptación de los espacios libres, viales, medios de transportes públicos así como de edificaciones, establecimientos e instalaciones dependientes de las Administraciones Públicas y de sus entidades instrumentales, se regulan los planes de actuación correspondientes de la Administración de la Junta de Andalucía y del resto de Administraciones Públicas, regulando también, de manera complementaria, hasta tanto se elaboren dichos planes, las adaptaciones provisionales que deban llevarse a cabo. Asimismo, se destaca la creación del Fondo para la Supresión de Barreras y el desarrollo del régimen sancionador en materia de accesibilidad.

A su vez, el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación, y el transporte en Andalucía, en adelante Reglamento, se estructura en un Título Preliminar y cuatro Títulos que integran un total de ciento treinta y siete artículos y cuatro anexos.

En el Título Preliminar, sobre disposiciones generales, se recoge el objeto y ámbito de aplicación, las definiciones de conceptos y clasificaciones de barreras. También se dedica un Capítulo específico a la determinación de los extremos que deberán contener los proyectos y documentos técnicos.

El Título I, sobre accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo, comprende dos capítulos en los que se regulan tanto los espacios o elementos de uso público como el mobiliario urbano y la señalización, añadiendo y mejorándose los parámetros dimensionales y dotacionales del entorno urbano.

El Título II, sobre accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública, dedica su Capítulo I a los de carácter fijo, el Capítulo II a los de naturaleza temporal, ocasional o extraordinaria y el Capítulo III a las edificaciones de viviendas.

El Título III, destinado a la accesibilidad en el transporte, se estructura en tres capítulos, reguladores de las disposiciones generales, los aparcamientos y plazas reservadas para el transporte privado y los transportes públicos.

Por su parte, el Título IV recoge las medidas de control, fomento y seguimiento del Reglamento, referidas a las licencias y autorizaciones y a medidas de contratación administrativa.

Por lo que se refiere a los Anexos, se recogen los parámetros antropométricos, las recomendaciones sobre el sistema escrito y pictográfico, el Símbolo Internacional de Accesibilidad y, en especial, como novedad más destacable, el referido a las exigencias mínimas particulares en función del uso, actividad, superficie, capacidad o aforo de los edificios, establecimientos, instalaciones, espacios o recintos de utilización colectiva, como complemento de las exigencias mínimas generales contenidas en el articulado del Reglamento.

III

Es conveniente referir que en la elaboración del presente Decreto se han considerado las recomendaciones recogidas en los últimos informes del Defensor del Pueblo Andaluz, así como las sugerencias recibidas por la Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía, del movimiento asociativo de personas con discapacidad, asociaciones de personas consumidoras y usuarias, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y entidades representativas de colectivos profesionales relacionados con la arquitectura.

Asimismo, en este Decreto se recogen medidas al objeto de incorporar de manera transversal el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, del Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la disposición final primera de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, oído el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de julio de 2009

DISPONGO

Artículo único Aprobación del Reglamento

Se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, cuyo texto se incluye a continuación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera Excepcionalidad al cumplimiento del Reglamento

1. Excepcionalmente, podrán aprobarse proyectos o documentos técnicos y otorgarse licencias, permisos o autorizaciones, sin cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

  • a) Que se trate de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.
  • b) Que las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, imposibiliten el total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo.

2. Cuando se den las circunstancias del apartado anterior habrá de observarse el siguiente procedimiento:

  • a) En la memoria del proyecto o documentación técnica de que se trate, las personas redactoras deberán indicar, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados del Reglamento que resulte imposible cumplir y, en su caso, las soluciones que se propongan adoptar. Todo ello se fundamentará en la documentación gráfica pertinente que acompañe a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizarán e identificarán los parámetros o prescripciones que no se puedan cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
  • b) El personal técnico que haya de emitir los visados o informes técnicos preceptivos deberá verificar que el proyecto o documentación técnica sometida a examen cumple estrictamente lo establecido en el párrafo a) y habrá de efectuar los análisis y comprobaciones pertinentes que justifiquen el incumplimiento basado en la documentación aportada. Todo ello se hará constar en el informe que se emita, incluyendo mención expresa de los incumplimientos y de sus motivos.

    Las anteriores actuaciones se realizarán con carácter previo a la emisión de los visados o informes técnicos preceptivos para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos y documentos técnicos para la concesión de licencias de edificación y uso del suelo o para el otorgamiento de cualquier permiso, calificación o autorización administrativa. Asimismo, se incluirán las referidas actuaciones en los informes técnicos preceptivos para la contratación pública de obras.

  • c) En las resoluciones dictadas por los órganos administrativos competentes, se hará constar, de forma expresa, la imposibilidad de cumplimiento de que se trate, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos a) y b).

3. En cualquier caso, cuando resulte inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se deberán mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se dispondrán, siempre que sea posible, de las ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del Reglamento. En tal supuesto, deberá incluirse en la memoria del proyecto, además de lo previsto en el apartado 2.a), la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

4. No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo no eximirá del cumplimiento del resto de los artículos.

Disposición adicional segunda Planes de actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía

Cada Consejería de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales aprobarán un plan de actuaciones para la adaptación al presente Decreto de los edificios, establecimientos, instalaciones, infraestructuras y espacios libres, que sean propios o estén bajo su uso, que sean susceptibles de ajustes razonables. En dichos planes se determinarán las fases, el programa de ejecución a los efectos de lo establecido en la disposición final primera, la cuantificación económica de las distintas intervenciones y el orden de prioridades de las mismas, así como los instrumentos para el seguimiento y control del plan. Mediante las disposiciones que se dicten en desarrollo del presente Decreto se aprobarán los criterios para la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes.

Disposición adicional tercera Planes de accesibilidad de las restantes Administraciones Públicas

1. Las restantes Administraciones Públicas andaluzas y sus entidades instrumentales, elaborarán planes de accesibilidad para adaptar a las disposiciones del presente Decreto y sus normas de desarrollo, las infraestructuras, espacios libres y viales, los edificios, establecimientos, instalaciones de uso y concurrencia pública y los medios de transporte públicos, existentes a la entrada en vigor de este Decreto, ya sean de su propiedad o estén bajo su uso, que sean susceptibles de ajustes razonables.

2. Los planes de accesibilidad comprenderán los siguientes apartados:

  • a) Información que permita determinar los niveles de prioridad para la ejecución de las acciones previstas. A tales efectos se incluirá, al menos, un inventario de aquellos espacios, infraestructuras, edificios y medios de transporte que sean susceptibles de adaptación.
  • b) Clasificación de las zonas y elementos de actuación según criterios de priorización.
  • c) Propuestas de actuación para hacer accesibles las infraestructuras, espacios, edificios, establecimientos, instalaciones o transportes en los que se hayan detectado deficiencias que se recogerán en planos y en fichas de valoración, indicándose las acciones a realizar que no son competencia de la Administración Pública que redacte el plan.
  • d) Plan de etapas valorado de acuerdo con los criterios de prioridad. Este plan tendrá un horizonte temporal que como máximo será el contemplado en la disposición final primera.
  • e) Presupuesto total del plan de accesibilidad, valorado por etapas.

Disposición adicional cuarta Financiación de la accesibilidad en las Corporaciones Locales

1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 48.5 y 49.2 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, los presupuestos de las Corporaciones Locales incluirán en cada ejercicio las consignaciones que sean necesarias para financiar las adaptaciones graduales de las vías y espacios libres de uso público ya existentes, así como de los elementos de urbanización, infraestructura y elementos de mobiliario del entorno urbano consolidado de ellos dependientes, así como de sus edificios, establecimientos e instalaciones existentes.

2. La Administración de la Junta de Andalucía, dentro de su disponibilidad presupuestaria, podrá establecer ayudas económicas para aquellas Corporaciones Locales que presenten iniciativas de adaptación.

Disposición adicional quinta Adaptación de Ordenanzas Locales

Los Ayuntamientos y demás Entidades Locales competentes llevarán a cabo la adaptación de las Ordenanzas Locales cuyo contenido afecte a la materia de accesibilidad y eliminación de barreras a lo dispuesto en el presente Decreto en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor.

Disposición adicional sexta Planes de evacuación y seguridad

Los planes de evacuación y seguridad de edificios, establecimientos e instalaciones, de uso o concurrencia pública, incluirán las determinaciones oportunas para garantizar su adecuación a las necesidades de las personas con discapacidad.

Disposición adicional séptima Bienes de interés cultural

1. La aplicación del presente Decreto se sujetará al régimen previsto en la legislación vigente sobre Patrimonio Histórico de Andalucía cuando se trate de los edificios e inmuebles siguientes:

  • a) Los inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz o con expediente incoado a tales efectos, salvo los pertenecientes a Conjuntos Históricos y los que se encuentren en el entorno de los bienes de interés cultural, que no estén catalogados individualmente.
  • b) Los incluidos en catálogos urbanísticos municipales y demás bienes incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

2. La Consejería competente en materia de cultura aprobará las normas pertinentes para establecer la tipología de intervenciones, instrumentos, actuaciones y límites de las mismas que habrán de observarse al realizar obras o instalar ayudas técnicas tendentes a la eliminación de barreras en los inmuebles a que se refiere el apartado anterior.

3. Las obras de reforma o adaptación de los bienes a los que, por ministerio de la Ley, les sea de aplicación el régimen jurídico de los bienes de interés cultural, deberán cumplir este Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional primera del mismo.

Disposición adicional octava Cambio a taxis accesibles

En el plazo de ocho años, desde la entrada en vigor del Decreto, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 133.2 del Reglamento, mediante solicitud de las personas titulares de las licencias o mediante la exigencia de accesibilidad a las licencias que se concedan.

Disposición adicional novena Comisión Técnica de Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía

1. Se crea, adscrita a la Consejería competente en materia de integración social de las personas con discapacidad, como órgano colegiado de asesoramiento técnico de la Administración de la Junta de Andalucía en la materia, la Comisión Técnica de Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, en lo sucesivo, la Comisión Técnica.

2. La Comisión Técnica tendrá las siguientes funciones:

  • a) Asesorar a las entidades o personas especialmente obligadas al cumplimiento del Reglamento en cuantas cuestiones y dificultades interpretativas puedan plantearse al respecto.
  • b) Estudiar y recoger los avances de la técnica y las sugerencias recibidas como consecuencia de la aplicación del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo, proponiendo, a su vez, la adopción de cuantas medidas fueran necesarias para lograr la finalidad que se persigue.
  • c) Elaborar una memoria anual de seguimiento del presente Decreto, para lo que se requerirá la información necesaria a las Administraciones Públicas competentes por razón de la materia.
  • d) Cuantas otras funciones le sean atribuidas.

En el ejercicio de estas funciones la Comisión Técnica incorporará el objetivo de la igualdad de género.

3. La Comisión Técnica podrá crear grupos de trabajo en función del asunto concreto de que se trate, cuya composición y régimen de funcionamiento será establecido por la propia Comisión Técnica en el Reglamento de régimen interior.

4. La Comisión Técnica estará integrada por la Presidencia y cinco vocalías, de las cuales, tres serán representantes de las Consejerías con competencias en materia de integración social de personas con discapacidad, en materia de vivienda, arquitectura, urbanismo y en materia de transporte, designadas por la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia, debiendo ostentar la condición de personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía y desempeñar, al menos, el cargo de jefatura de servicio. La cuarta vocalía representará a los gobiernos locales, siendo designada por la Asociación de Municipios y Provincias de carácter autonómico con mayor implantación, y la quinta será designada por la Presidencia en función del asunto concreto de que se trate.

La composición de la Comisión Técnica deberá respetar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

5. Ostentará la Presidencia de la Comisión Técnica la persona titular del centro directivo con competencia en la integración social de personas con discapacidad de la Consejería que tenga atribuida esa materia.

6. La Comisión Técnica de Accesibilidad se reunirá, con carácter ordinario, como mínimo, con una periodicidad cuatrimestral, y con carácter extraordinario cuando lo soliciten, al menos, un tercio de sus integrantes.

7. La Comisión Técnica de Accesibilidad aprobará para su organización y funcionamiento su propio Reglamento de régimen interior, en el que se determinará la designación de la persona titular de la secretaría y establecerá la forma de su sustitución, que deberá recaer en una persona con la misma cualificación y requisitos que su titular.

Disposición adicional décima Fondo para la supresión de barreras

1. Conforme a lo previsto en el artículo 66 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, se crea el Fondo para la Supresión de Barreras, destinado a ejecutar acciones de accesibilidad en el urbanismo, la edificación, el transporte y la comunicación, de acuerdo con lo que establezca anualmente la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Tendrán prioridad para gozar de la financiación con cargo al Fondo para la Supresión de Barreras, los entes locales que elaboren programas específicos para la supresión de barreras, y que previamente hayan aprobado los planes de accesibilidad correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 66.3 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo.

3. Reglamentariamente se determinará su naturaleza jurídica, adscripción, régimen económico-presupuestario y de gestión, así como la forma de reparto de los recursos de este fondo.

Disposición adicional undécima Régimen sancionador

1. El régimen sancionador en materia de accesibilidad es el establecido en el Título IX de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, y en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los Ayuntamientos, en el marco de su competencia de disciplina urbanística y de transporte, podrán incoar, instruir y resolver procedimientos sancionadores en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, serán competentes para resolver el procedimiento sancionador e imponer las sanciones los órganos respectivos dentro de la Consejería competente por razón de la materia que corresponda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo.

4. Corresponde al órgano competente para resolver, la adopción, en cualquier momento y mediante acuerdo motivado, de las medidas de carácter provisional a las que hace referencia el artículo 73 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, que resulten necesarias para garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y atender a las exigencias de los intereses generales.

La resolución del procedimiento sancionador adoptará, en todo caso, las medidas precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y, en su caso, resolverá sobre las medidas de carácter provisional adoptadas.

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cualquier momento, una vez transcurrido el plazo otorgado para el cumplimiento voluntario de actos que, en su caso, se prevean en las resoluciones sancionadoras, y que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto de la persona obligada, los órganos competentes para resolver sobre las sanciones podrán llevar a cabo la ejecución subsidiaria de dichos actos a costa de las personas sancionadas.

Disposición adicional duodécima Órdenes de ejecución

En caso de constatación de incumplimientos en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, las correspondientes Administraciones Locales deberán dictar órdenes de ejecución a los titulares de los bienes en los que tengan lugar los referidos incumplimientos, con objeto de llevar a cabo las actuaciones necesarias encaminadas al cumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera Adaptaciones provisionales

1. En los accesos y zonas de administración y atención al público de los edificios, establecimientos e instalaciones existentes de las Administraciones Públicas y sus entidades instrumentales, que se destinen a un uso que implique concurrencia de público, con independencia de los planes de accesibilidad a que se refieren las disposiciones adicionales segunda y tercera y en tanto no se ejecuten obras de reforma ni se altere su uso o actividad, se deberán llevar a cabo, en el plazo máximo de un año desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, las adaptaciones mínimas, que podrán revestir carácter provisional, para posibilitar la accesibilidad, en condiciones de seguridad, según los requisitos establecidos en el Capítulo I del Título II del Reglamento.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación en el caso de que ya exista un plan de accesibilidad, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo, no siendo de aplicación lo regulado en la disposición transitoria tercera.

2. A los efectos anteriormente señalados, se entenderán por adaptaciones mínimas las soluciones provisionales o ayudas técnicas tales como rampas desmontables o instalaciones electromecánicas para salvar desniveles que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 75 del Reglamento, así como construcciones temporales o efímeras u otros elementos análogos.

No obstante, cuando las condiciones del propio edificio, establecimiento o instalación, así como cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico o medioambiental no hagan posible el total cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores, se procurará, al menos, mejorar las condiciones de accesibilidad existentes.

Disposición transitoria segunda Actuaciones en curso

1. Lo dispuesto en el presente Decreto no será de aplicación a los siguientes supuestos:

  • a) Las obras en ejecución y los proyectos o documentos técnicos que tengan concedida licencia de obras a la fecha de la entrada en vigor de este Decreto.
  • b) Los proyectos o documentos técnicos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales a la entrada en vigor de este Decreto.
  • c) Las obras que se realicen conforme a los proyectos o documentos técnicos citados en el párrafo b) cuya licencia esté solicitada o se solicite en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto.
  • d) En el supuesto de que se trate sólo de cambio de uso o actividad, las solicitudes para las licencias o autorizaciones pertinentes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, y no le sea de aplicación alguno de los supuestos anteriores.
  • e) Las instalaciones, fijas o eventuales en las que se desarrollen actividades temporales, ocasionales o extraordinarias para las que se hubieran solicitado los correspondientes permisos o autorizaciones administrativas o hubieren iniciado su implantación antes de la entrada en vigor de este Decreto, y no sea de aplicación alguno de los supuestos anteriores.

2. Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del presente Decreto deberán adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones ejecutan, debiendo quedar expresamente justificado este extremo en el contenido del documento.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los proyectos y las obras en ellos relacionados podrán ser adaptados voluntariamente a las prescripciones de este Decreto.

Disposición transitoria tercera Régimen de ejecución de las actuaciones contenidas en Planes de Accesibilidad vigentes

A partir de la entrada en vigor de este Decreto, las actuaciones contenidas en los planes de accesibilidad aprobados se adaptarán a las prescripciones establecidas en el mismo, dentro de los términos establecidos en la disposición final primera.

Disposición transitoria cuarta Transporte público interurbano

El cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto para los vehículos de transporte público interurbano de personas regular, permanente y de uso general, será exigible cuando se produzcan las renovaciones de la flota.

Disposición derogatoria única Derogación normativa

Queda derogado el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera Calendario de aplicación a las infraestructuras, los espacios libres y viales, los edificios, establecimientos e instalaciones existentes

Las condiciones de accesibilidad que se establecen en el Reglamento serán obligatorias a partir del día 1 de enero de 2019, para todas aquellas infraestructuras, espacios libres y viales, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, ya sean de titularidad pública o privadas, que sean susceptibles de ajustes razonables.

Disposición final segunda Desarrollo y ejecución

1. Se habilita a las personas titulares de las Consejerías cuyas competencias puedan verse afectadas por el presente Decreto a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del mismo.

2. Asimismo, se habilita al Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio y a la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social para modificar mediante Orden conjunta los anexos del Reglamento y las proporciones y porcentajes establecidos en el artículo 111.1 del mismo.

Disposición final tercera Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de julio de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO

Consejero de la Presidencia