Artículo 1 Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2 Ámbito subjetivo de aplicación

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, a los efectos de publicidad, información y, en su caso, de adscripción al sistema de turnos para la mediación familiar, podrán solicitar la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía quienes reúnan los requisitos establecidos en este Reglamento.

2. Con carácter general, las partes en conflicto que estén interesadas en el proceso de mediación familiar podrán acceder al listado de las personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4.e) y 21.1 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero.

3. Asimismo, en los términos previstos en el presente Reglamento, podrán solicitar la designación de persona mediadora a través del Registro de Mediación Familiar de Andalucía, así como ser beneficiarias de la mediación familiar gratuita, aquellas personas que, sean partes interesadas en cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 1.2 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, estén empadronadas y tengan su residencia en alguno de los municipios andaluces.

Artículo 3 Órgano competente

Corresponde a la Consejería competente en materia de familias, a través del Centro Directivo competente y sus Delegaciones Provinciales, el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía sobre mediación familiar, previstas en la Ley 1/2009, de 27 de febrero, y en el presente Reglamento.

Artículo 4 Utilización de medios telemáticos, informáticos y electrónicos

1. En los procedimientos administrativos que se regulan en el presente Reglamento se podrán utilizar medios telemáticos, informáticos y electrónicos adecuándose al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa que le resulte de aplicación. Asimismo, será de aplicación a los citados procedimientos el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos.

2. Por Orden de la Consejería competente en materia de familias se establecerá la tramitación telemática de los procedimientos administrativos que se regulan en el presente Reglamento.

Artículo 5 Formación de las personas mediadoras para la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, las personas mediadoras que deseen inscribirse en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía deberán estar en posesión de un título oficial universitario, título de licenciatura, diplomatura, grado, o de formación profesional superior.

2. Asimismo, deberán contar con una formación específica en mediación familiar desde un enfoque interdisciplinar de carácter educativo, social, psicológico y jurídico cuya duración será diferente, según la solicitud de inscripción se realice a los efectos de publicidad e información exclusivamente o, también, a los efectos de adscripción al sistema de turnos.

a) En el supuesto de aquellas personas que se inscriban a los efectos de publicidad e información, la formación específica deberá consistir en haber superado un curso con una duración no inferior a 100 horas lectivas o su equivalente en el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), de las cuales al menos 35 horas tendrán carácter práctico.

Asimismo, para la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía en este supuesto, se considerará como válida la certificación oficial de la inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación. De igual forma y, a los mismos efectos establecidos, será válida la certificación oficial de un registro de mediación u órgano equivalente de cualquier otra comunidad autónoma o Estado miembro de la Unión Europea.

b) En el supuesto de aquellas personas que en su caso deseen formar parte del sistema de turnos deberán contar con una formación específica con una duración no inferior a 300 horas lectivas, o su equivalente en el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), de los cuales al menos 60 horas tendrán un contenido de carácter práctico.

A tales efectos, podrán adscribirse al sistema de turnos para la mediación familiar las personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía en virtud de lo establecido en la Disposición transitoria única del Decreto 37/2012, de 21 de febrero, relativa a la habilitación de las personas mediadoras.

3. Las personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía deberán realizar una o varias actividades de formación continua en materia de mediación, de carácter eminentemente práctico, al menos cada cinco años, las cuales tendrán una duración total mínima de 20 horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

4. La acreditación de la formación específica y continua se realizará mediante el correspondiente documento expedido por la entidad en que se haya recibido la misma, pudiendo ser impartida por universidades, colegios profesionales, entidades o centros públicos o privados, así como por entidades públicas y privadas extranjeras. Los documentos acreditativos de la formación deberán estar legalizados de acuerdo con la normativa de aplicación así como traducidos, en su caso, de forma oficial al castellano.

5. Las instituciones, entidades o centros deberán acogerse a los requisitos establecidos en el presente artículo, así como a lo dispuesto en la normativa legal vigente que regula tanto los contenidos mínimos de formación de las personas mediadoras, como las exigencias organizativas, funcionales y de cualificación del profesorado aplicables a los centros o entidades recogidos en el apartado anterior.

6. El contenido práctico tanto de la formación específica como de la formación continua se fundamentará en una metodología de carácter vivencial, que incluirá ejercicios prácticos, la simulación de casos o prácticas tutorizadas.

7. En el supuesto de que las formaciones específica y continua se planifiquen y expresen en créditos ECTS, se tendrá en cuenta que cada hora lectiva equivale a 2,5 horas ECTS.

8. En el dorso del certificado acreditativo de la formación que se expida deberá constar el programa formativo con la distribución de horas lectivas y prácticas, indicando su correspondencia, en su caso, con los créditos, así como una reseña de la metodología teórico-práctica, especificando, si así fuere, la realización de prácticas tutorizadas, simulaciones o casos prácticos.

Artículo 6 Carácter y adscripción

1. El Registro de Mediación Familiar de Andalucía, creado por la Ley 1/2009, de 27 de febrero, tendrá carácter administrativo y estará adscrito a la Consejería competente en materia de familias.

2. El Registro dependerá orgánica y funcionalmente del Centro Directivo competente en materia de familias, al que corresponderá velar por su buen funcionamiento y ejercer las funciones de coordinación con las Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, Universidades y demás entes u organismos públicos o privados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de la desconcentración de su gestión en las Delegaciones Provinciales.

3. El Registro de Mediación Familiar de Andalucía se constituye como un instrumento de conocimiento, ordenación, organización, control y publicidad de las personas mediadoras, así como de los equipos de personas mediadoras inscritos en el mismo.

4. Cada Colegio Profesional podrá colaborar en la gestión del Registro, a cuyo efecto se le facilitará por la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias información sobre sus profesionales colegiados que figuren inscritos en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

Artículo 7 Funciones relativas a la gestión del Registro de Mediación Familiar de Andalucía

1. Son funciones del Centro Directivo competente en materias de familias, las siguientes:

• a) La coordinación y supervisión del funcionamiento del Registro de Mediación Familiar de Andalucía.
• b) Recabar y elaborar información sobre la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• c) Velar por la calidad de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• d) Cualquier otra que se establezca normativamente.

2. Son funciones de las Delegaciones Provinciales competentes en materia de familias, las siguientes:

• a) Tramitar las solicitudes, reclamaciones o sugerencias presentadas que tengan relación con el Registro.
• b) Resolver los procedimientos de inscripción, modificación y cancelación, así como llevar a cabo sus correspondientes asientos.
• c) Realizar las anotaciones marginales correspondientes.
• d) Recabar y elaborar información sobre la mediación familiar en sus respectivas provincias.
• e) Remitir y facilitar a cada Colegio Profesional, previo convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades, información actualizada en relación con las personas mediadoras colegiadas en el mismo y que figuren inscritas en el Registro.
• f) La llevanza del sistema de turnos previsto en el artículo 13 del presente Reglamento.
• g) Emitir los certificados acreditativos de los asientos existentes en el Registro, previa solicitud de la persona interesada.
• h) Realizar el seguimiento de los procesos de mediación familiar en sus respectivas provincias.
• i) Cualquier otra que se establezca normativamente.

Artículo 8 Organización y funcionamiento del Registro de Mediación Familiar

1. El Registro de Mediación Familiar de Andalucía constará de dos secciones:

• a) Sección de personas mediadoras, en la que podrán ser incluidas aquellas personas que cumplan los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, y en el artículo 5 de este Reglamento.
• b) Sección de equipos de personas mediadoras, en la que quedarán incluidos los equipos formados por al menos tres personas mediadoras que, cumpliendo los requisitos exigidos en el artículo 14 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, se agrupen entre sí con el objeto de fomentar la colaboración interdisciplinar entre profesionales.

2. El Registro de Mediación Familiar de Andalucía se instalará en soporte informático, en el que se practicarán todas las inscripciones.

3. La inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía tendrá una vigencia de cinco años que se contará a partir de la fecha de la inscripción en el mismo.

Esta inscripción quedará prorrogada por el mismo período de cinco años cuando la persona mediadora acredite antes de la fecha de finalización del período de vigencia, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 5. En otro caso quedará sin efecto la inscripción y se procederá a su cancelación de oficio.

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse antes de la fecha de caducidad de la inscripción. Transcurrido el plazo de caducidad de la inscripción sin haberse solicitado la prórroga o sin que se haya llevado a efecto la acreditación de los requisitos previstos para la misma, procederá la cancelación de la inscripción.

4. Para segunda o ulteriores inscripciones será requisito indispensable aportar, junto con la correspondiente solicitud de inscripción, de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 5, la acreditación de una o varias actividades de formación continua en materia de mediación, de carácter eminentemente práctico, las cuales tendrán una duración total mínima de 20 horas realizadas en los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la nueva inscripción.

5. En el supuesto de que la persona mediadora solicite su baja en el Registro de Mediación Familiar ésta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12. Del mismo modo se actuará cuando se trate de una solicitud de baja de un equipo de personas mediadoras o de alguna de las personas que lo integran.

6. La información contenida en el Registro tiene la consideración de datos de carácter personal y en consecuencia, serán recogidos, tratados y custodiados conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.

Artículo 9 Requisitos para las inscripciones y anotaciones en el Registro

1. En el Registro de Mediación Familiar de Andalucía podrán efectuarse los siguientes tipos de asientos:

• a) Asiento de inscripción.
• b) Asiento de modificación.
• c) Notas marginales.
• d) Asiento de cancelación.

2. A cada persona mediadora, o en su caso, equipo de personas mediadoras, que se inscriba inicialmente, se le asignará un número en el Registro, que será único e invariable, introduciéndose a continuación del mismo los siguientes datos:

• a) Datos de identificación personal.
  • - Nombre y apellidos.
  • - Número de Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjeros.
  • - Titulación.
  • - Número/s de teléfono de contacto personal.
  • - Sexo.
• b) Datos profesionales.
  • - Domicilio o domicilios donde se pretenda llevar a cabo la actividad de mediación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este asiento, se especificará si se trata de un lugar que facilite el acceso a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida.
  • - Teléfono profesional y, en su caso, dirección electrónica y número de fax.
  • - En caso de personas colegiadas, Colegio Profesional al que pertenece y número de colegiación.
  • - Número de cuenta bancaria donde se realizarán los ingresos, en caso de personas mediadoras adscritas al sistema de turnos para la mediación familiar.
  • - Existencia de vinculación con un equipo de personas mediadoras ya inscrito en el Registro.
  • - Formación y experiencia profesional relacionada con la mediación familiar acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5.2 y en la disposición transitoria única del Decreto.
• c) Fecha de la inscripción.

  En el caso de los equipos de personas mediadoras, se anotarán los datos reflejados anteriormente, referidos a las personas mediadoras que integren dicho equipo.

3. Asimismo, será objeto de inscripción, la formación continua recibida en materia de mediación familiar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3.

4. Serán asientos de modificación aquellos que supongan una variación del contenido de los datos inscritos en el Registro.

5. Serán objeto de notas marginales en el Registro:

• a) Formación complementaria recibida en materia de igualdad de género y formación específica en lenguaje de signos o en idiomas.
• b) La iniciación de procedimientos sancionadores.
• c) El archivo de los procedimientos sancionadores iniciados.
• d) Las sanciones impuestas, así como su cancelación, tras el cumplimiento de las mismas.
• e) Las medidas cautelares o definitivas adoptadas en procedimientos sancionadores.
• f) Quejas, reclamaciones y sugerencias presentadas por las personas usuarias en relación con los procedimientos en materia de mediación familiar regulados en el presente Reglamento.

6. Será objeto de asiento de cancelación la baja voluntaria o de oficio.

Artículo 10 Solicitudes de inscripción o prórroga

1. Las solicitudes de inscripción o prórroga en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía se dirigirán a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias, correspondiente al domicilio designado a efectos de notificaciones por la persona solicitante, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como por lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Para aquellas personas mediadoras que no tengan domicilio a efectos de notificaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias será aquella a donde se dirija la solicitud de inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

3. Para la inscripción en el Registro deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• a) Identificación personal.
• b) Titulación académica, conforme a lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero.
• c) Documentación acreditativa de la formación. La acreditación de la formación en mediación familiar se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del presente Reglamento.
• d) Póliza de seguro de responsabilidad civil profesional, o garantía equivalente, suscrita por la persona mediadora. En el caso de aquellos o aquellas profesionales que, para el ejercicio de su actividad profesional ya cuenten con un seguro de responsabilidad civil, deberán aportar copia de la póliza en vigor.

4. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de familias se aprobará el modelo de solicitud de inscripción o prórroga en el Registro de Mediación Familiar, regulándose la documentación que deberá acompañarse a la solicitud.

Artículo 11 Modificación y cancelación registral

1. Las inscripciones obrantes en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía podrán ser modificadas o canceladas a instancia de parte, o de oficio.

2. Las personas mediadoras están obligadas a comunicar al Registro de Mediación Familiar de Andalucía, en el plazo de quince días, cualquier variación que se produzca en relación con los datos aportados y que suponga la modificación de los que consten en el Registro o la cancelación de la inscripción en el mismo. Su incumplimiento podrá suponer la incoación del correspondiente expediente sancionador, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Las inscripciones de personas mediadoras en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía se cancelarán por los siguientes motivos:

• a) Por fallecimiento o declaración de incapacidad de la persona física.
• b) Por cese de la actividad.
• c) A petición de la persona mediadora inscrita, que deberá ser formulada con un plazo de antelación mínimo de un mes a la fecha prevista de la baja definitiva para aquellos casos en que se encuentren adscritos al sistema de turnos. En estos supuestos, y con carácter previo a la resolución de baja, la persona mediadora estará obligada a finalizar las mediaciones que tenga pendientes, salvo supuestos de imposibilidad manifiesta.
• d) Por incumplimiento sobrevenido de las condiciones o requisitos exigidos para la inscripción.
• e) Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 8 de este Reglamento para la prórroga de la inscripción.
• f) Cualquier otra causa que determine la imposibilidad, sea física o jurídica, de continuar en la prestación de la actividad.

4. Las solicitudes de modificación o cancelación en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía se dirigirán a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias, correspondiente al domicilio designado a efectos de notificaciones por la persona solicitante, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como por lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

5. Para aquellas personas mediadoras que no tengan domicilio a efectos de notificaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias será aquella a donde se dirija la solicitud de modificación y cancelación en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

6. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de familias se aprobarán los modelos de solicitudes de modificación y cancelación en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, regulándose la documentación a aportar en el momento de presentación de la solicitud.

Artículo 12 Procedimientos de inscripción, modificación y cancelación en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía

1. La instrucción y resolución de los procedimientos de inscripción, modificación y cancelación en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía corresponderá a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias.

2. Analizada la solicitud y la documentación presentada, si estuviera incompleta o no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, de acuerdo con lo establecido con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto en los términos previstos por el artículo 42 de la citada Ley.

3. El plazo para dictar y notificar la resolución será de tres meses, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido el plazo mencionado sin que hubiera recaído y se hubiera notificado la resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse estimadas, sin perjuicio del deber de resolución expresa que corresponde a la Administración.

4. Finalizada la instrucción del procedimiento, se procederá a dictar resolución sobre la inscripción, modificación o cancelación solicitada. Contra las resoluciones dictadas en esta materia por la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de familias en el plazo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que comenzará a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 13 Sistema de turnos para la mediación familiar

1. La Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias establecerá un sistema de turnos para las personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, que así lo soliciten, cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 5.2.b) y cuenten con domicilio profesional para el ejercicio de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las personas mediadoras que formen parte del turno para la mediación familiar estarán obligadas a participar en los procesos de mediación familiar para los que hayan sido designadas, salvo que exista causa de abstención o recusación según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2, la persona mediadora propuesta tendrá un plazo de cinco días hábiles contados desde la recepción de la comunicación de designación, para comunicar al órgano encargado del Registro si puede iniciar o no, el proceso de mediación familiar.

4. En el supuesto de que la persona mediadora designada no inicie, no continúe su intervención en el proceso o, en su caso, no comunique su disposición en el plazo anteriormente establecido, pasará a ocupar el último lugar en el correspondiente turno, designándose en este caso a la siguiente persona mediadora que corresponda, sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador. No obstante lo anterior, la persona mediadora podrá mantener su posición cuando la causa alegada se estime justificada por la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias.

5. Contra las resoluciones dictadas en esta materia por la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de dicha Consejería conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 14 Remisión de información al Registro y comunicación con los Colegios Profesionales

1. Las personas mediadoras inscritas comunicarán a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias la información que a efectos estadísticos les sea solicitada de forma periódica, así como cuantos datos consideren relevantes, en el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento realizado, pudiendo utilizarse los medios telemáticos disponibles.

2. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de familias podrán suscribir convenios con los Colegios Profesionales, a fin de establecer los mecanismos de colaboración encaminados a la gestión coordinada de las solicitudes para la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía. Igualmente se establecerán los términos para el traspaso de información sobre las personas mediadoras colegiadas e inscritas, así como cualquiera otras actuaciones que se acuerden en materia de mediación familiar.

Artículo 15 Publicidad y validez del Registro de Mediación Familiar

1. Los datos inscritos en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía se presumirán auténticos y válidos.

2. Serán públicos los datos de las personas mediadoras relativos a su nombre y apellidos, titulación, formación específica en materia de género, lenguaje de signos e idiomas, despacho profesional o domicilio donde vaya a ejercer su actividad, especificando si éste facilita el acceso a las personas con discapacidad y/o movilidad reducida, teléfono profesional, dirección electrónica, número de fax y número de inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.

3. El acceso a los datos contenidos en el Registro se ejercerá en los términos y condiciones previstos en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 86 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

4. Tanto el acceso a los datos del Registro, como la expedición de certificaciones sobre su contenido, se realizarán previa solicitud por escrito de la persona interesada dirigida a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materias de familias, en la que se explicitarán las causas por las que se requieren.

Artículo 16 Inicio del procedimiento

1. El procedimiento de mediación familiar se iniciará a instancia de las partes interesadas, bien por iniciativa propia, o, en su caso, mediante propuesta del órgano judicial o de los servicios públicos competentes, atendiendo siempre al principio de voluntariedad en materia de mediación familiar establecido en el artículo 6 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero.

2. Las personas que no siendo beneficiarias de la mediación familiar gratuita, deseen acceder a la mediación familiar, podrán designar al profesional o la profesional que intervendrá en el proceso de entre los que figuren inscritos en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía. A falta de acuerdo, la designación de persona mediadora se realizará desde el Registro, si así lo decidieran las partes, de conformidad con el artículo 20.1 del presente Reglamento.

3. Cuando cumpliendo las condiciones previstas en el artículo siguiente, todas o algunas de las partes interesadas manifiesten su voluntad de ser beneficiarias de la mediación familiar gratuita deberán presentar la solicitud de designación de persona mediadora a través del Registro junto con la solicitud o solicitudes de mediación familiar gratuita, en su caso.

4. La Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias informará a las personas interesadas en el procedimiento de mediación de las características del mismo y comprobará las solicitudes de designación de persona mediadora y de mediación familiar gratuita presentadas, así como la documentación que se acompaña a las mismas.

Artículo 17 Gratuidad de la mediación familiar

1. Previa presentación de la correspondiente solicitud serán personas beneficiarias de la mediación gratuita aquellas que, cumpliendo lo establecido en el artículo 2.3, cumplan los requisitos siguientes:

• a) Tener reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, al amparo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y demás normas aplicables, en relación con el mismo conflicto familiar para el que se solicita la mediación.
• b) Cumplir los requisitos económicos establecidos en la citada Ley 1/1996, de 10 de enero, en los términos del presente Reglamento.

2. El derecho a la mediación familiar gratuita comprenderá la gratuidad de los servicios prestados por la persona mediadora en los procesos de mediación familiar de los que formen parte.

3. La Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias retribuirá a la persona mediadora que intervenga en un proceso de mediación familiar, en las cantidades que proporcionalmente correspondan, previa presentación de la correspondiente factura.

4. En caso de imposibilidad de continuar un proceso de mediación, bien por causa justificada alegada por la persona mediadora o porque las partes intervinientes decidan no continuar con el mismo, la persona mediadora recibirá la retribución que le corresponda, proporcionalmente al número de sesiones en las que haya participado.

5. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de familias se regularán las tarifas aplicables en los procedimientos de mediación familiar gratuita, así como el procedimiento a seguir para la retribución a la persona mediadora en los supuestos de gratuidad.

Artículo 18 Requisitos económicos para la gratuidad de la mediación familiar

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, se reconocerá el derecho a la mediación familiar gratuita a aquellas personas físicas que cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los umbrales establecidos en los apartados a), b) y c) del artículo 3.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, vigentes al momento de efectuar la solicitud.

2. Constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes:

• a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente o por las parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, si los hubiere, los hijos e hijas menores con excepción de los que se hallaren emancipados.
• b) La formada por el padre, la madre o ambos y los hijos e hijas menores con excepción de los que se hallaren emancipados.
• c) La formada por el padre, la madre o ambos y los hijos e hijas mayores de edad, siempre y cuando exista dependencia económica respecto de sus progenitores, debiendo estar dicha dependencia debidamente acreditada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.1.c) del Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.

3. Se procederá al reconocimiento excepcional del derecho a la mediación familiar gratuita en los siguientes casos:

• a) Cuando la persona solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, el órgano competente concederá mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a la mediación familiar gratuita, en los términos establecidos en el artículo 5.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.
• b) En las mismas condiciones económicas previstas en el apartado anterior, a las personas con discapacidad a las que se refiere el artículo 2.a) del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como a las personas que las tengan a su cargo, cuando actúen en un conflicto familiar en su nombre e interés.
• c) Cuando haya presencia en la unidad familiar objeto de la mediación de menores de edad que tengan o hayan tenido medida de guarda o tutela por la entidad pública competente, así como mayores de edad extutelados hasta los 25 años de edad.

4. A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos se tendrán en cuenta las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare la persona solicitante, sin perjuicio de que el órgano competente pueda acreditarlo por otros medios fundados en derecho.

La circunstancia de ser la persona solicitante propietaria de la vivienda en que resida habitualmente, no constituirá por sí misma obstáculo para el reconocimiento del derecho.

La solicitud para la concesión del beneficio de la mediación familiar gratuita implicará la autorización para que el órgano competente recabe a las Administraciones, Registros públicos u organismos públicos competentes la información que resulte necesaria para comprobar la capacidad económica de las personas solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

En todo caso, se podrán recabar los datos de renta y patrimonio de la Agencia Tributaria, así como los facilitados por el Catastro Inmobiliario, en relación a los valores catastrales de las fincas rústicas y urbanas pertenecientes a personas solicitantes, excluida la vivienda habitual.

5. Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados individualmente, cuando la persona solicitante acredite la existencia de intereses contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.

Artículo 19 Presentación y tramitación de la solicitud de designación de persona mediadora y de mediación familiar gratuita

1. La solicitud de designación de persona mediadora será suscrita por cada una de las partes en conflicto, o por una de ellas con el consentimiento de la otra u otras, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, y se presentará en la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias de la provincia correspondiente a la residencia habitual de las personas solicitantes o de alguna de ellas, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; así como por lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

2. Cada parte en conflicto que no haya suscrito la solicitud de designación de persona mediadora deberá presentar documento de aceptación al proceso de mediación. Este documento se presentará en el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de presentación de la misma, en los términos establecidos en el apartado anterior.

3. A la solicitud de designación y al documento de aceptación se deberá acompañar, en su caso, la solicitud o solicitudes de mediación familiar gratuita formuladas por la parte o partes interesadas en el reconocimiento de este derecho y se dirigirán a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de familias.

4. La instrucción y resolución de los procedimientos de solicitud de designación de persona mediadora y de mediación familiar gratuita corresponderá a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias.

5. Una vez analizada la solicitud y la documentación presentada, si estuviera incompleta o no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto por la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias, en los términos previstos por el artículo 42 de la citada Ley.

6. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de familias se aprobarán los modelos de solicitud de designación de persona mediadora y de mediación familiar gratuita, así como el documento de aceptación del proceso de mediación y se regulará la documentación a aportar en cada caso.

Artículo 20 Designación de la persona mediadora y reconocimiento del derecho a la mediación familiar gratuita

1. El órgano encargado del Registro, propondrá la designación de la persona mediadora que corresponda según turno de reparto en los supuestos en los que todas o algunas de las partes en conflicto sean beneficiarias de la mediación familiar gratuita, así como cuando de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, no exista acuerdo de las partes en la designación de la persona mediadora conforme al listado facilitado por el Registro y así lo decidieran de común acuerdo.

2. Una vez efectuada la propuesta de designación y antes de dictar la resolución, dicha propuesta se pondrá de manifiesto a las partes y a la persona mediadora a fin de que puedan presentar las alegaciones que estimen convenientes. Por razones de urgencia, basadas en la resolución del conflicto familiar, el plazo que se concederá será por término de cinco días hábiles.

3. La resolución de designación de persona mediadora y en su caso, del reconocimiento del derecho a la mediación familiar gratuita serán notificadas a las partes, en un plazo no superior a dos meses. Asimismo, en este plazo se comunicará la resolución de designación a la persona mediadora. El plazo de dos meses se contará desde la fecha en que la solicitud de designación haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación o, en su caso, desde que se hayan subsanado las deficiencias observadas.

No obstante, en caso de no haberse suscrito por todas las partes en conflicto la solicitud de designación, dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente en que quedase acreditada la voluntad de todas las partes implicadas mediante la presentación en el Registro del correspondiente documento de aceptación del proceso de mediación firmado por cada una de ellas.

4. Transcurrido el plazo sin haberse notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud de designación de persona mediadora y mediación familiar gratuita y, sin perjuicio del deber de la Administración de resolver de forma expresa la solicitud presentada.

5. Contra las resoluciones dictadas en esta materia por la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de familias, en el plazo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que comenzará a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 21 De la actuación de las personas mediadoras

1. Conforme a lo dispuesto en los capítulos II y III de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, la persona mediadora ejercerá su actividad de acuerdo a los principios de confidencialidad y secreto profesional, buena fe, neutralidad, imparcialidad, adecuada práctica profesional, con respeto al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, en su caso, a las normas deontológicas del Colegio Profesional al que pertenezca.

2. En cualquier caso, la persona mediadora debe procurar que no se produzca un desequilibrio de poder entre las partes, así como que en los acuerdos se prioricen el interés superior y el bienestar de las personas menores y de las personas con discapacidad o en situación de dependencia.

3. De conformidad con los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el o la menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia en el proceso de mediación en el que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el o la menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

Artículo 22 Abstención y recusación

1. Las personas mediadoras en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el artículo 17.1 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, se abstendrán de intervenir en el proceso de mediación.

2. Cualquiera de las partes en conflicto comunicará por escrito la recusación de la persona mediadora a la Delegación provincial competente en materia de familias, como responsable del Registro, lo que pondrá fin al proceso de mediación.

Artículo 23 Del carácter presencial

1. Las partes han de asistir personalmente a las reuniones de mediación. Tales reuniones se celebrarán con las condiciones necesarias que faciliten el acceso de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida.

2. La persona mediadora podrá proponer en cualquier momento del proceso, la presencia de otras personas cualificadas profesionalmente, cuya intervención se someterá previamente a su aceptación por las partes. Estas personas estarán sujetas a los principios de confidencialidad, buena fe y no intervención en caso de litigio judicial entre las partes.

3. Asimismo, la persona mediadora podrá proponer a lo largo del desarrollo del proceso, la asistencia de otra u otras personas, que por su relación con las partes, pudieran facilitar la resolución del conflicto o abrir otras vías posibles de solución.

Artículo 24 Reunión inicial

1. La persona mediadora convocará a las partes en conflicto a una reunión inicial. Reunidas todas las partes convocadas, la persona mediadora designada les informará de sus derechos y deberes, de los principios rectores de la mediación, de las características del procedimiento, de su duración, de los honorarios profesionales y, en su caso, sobre la necesidad de recibir asesoramiento jurídico o sobre la conveniencia de la intervención de otro u otra profesional para la redacción del acuerdo que se alcance.

2. En la reunión inicial, las partes expondrán las cuestiones en conflicto y los motivos que les llevan a hacer uso de la mediación familiar, tras lo cual, la persona mediadora determinará la pertinencia o no de la mediación familiar y en base a ello, se establecerán las cuestiones objeto de mediación y la planificación de las sesiones que se estimen necesarias.

El proceso de mediación no se iniciará si la persona mediadora encontrara inviable la mediación o si se detectaran situaciones de violencia de género o malos tratos hacia algún miembro de la familia. Dicha decisión será comunicada, en el plazo de 10 días, por escrito y de forma razonada a las partes y a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias.

3. Efectuada la primera reunión se levantará un acta inicial, donde constará, además de lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, el reconocimiento de la plena capacidad de obrar de las partes y de la voluntariedad de las mismas para acceder a la mediación, así como sobre la posibilidad de las personas usuarias de presentar sugerencias o quejas sobre el mismo, dirigidas a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias, como responsable del Registro de Mediación Familiar.

4. El acta inicial será firmada por todas las partes en conflicto y por la persona mediadora como prueba de conformidad, la cual entregará copia de la misma a cada una de las partes. Asimismo, la persona mediadora remitirá una copia a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de familias en un plazo no superior a diez días.

Artículo 25 Desarrollo del proceso de mediación

1. Levantada el acta a la que se refiere el artículo anterior, que servirá como compromiso de las partes, se iniciará el proceso de mediación que se desarrollará de acuerdo a las pautas fijadas por las partes en conflicto y la persona mediadora.

2. En el caso de que no comparezcan todas o alguna de las partes a cualquiera de las sesiones a las que hayan sido convocadas por causa justificada, deberá señalarse una nueva sesión por una sola vez, en el plazo de los diez días siguientes. Si el proceso de mediación no se puede llevar a cabo por inasistencia injustificada de alguna de las partes, se levantará acta y se dará por terminada la mediación, debiéndose comunicar, tanto a las partes como a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias, órgano encargado del Registro de Mediación Familiar.

3. De cada una de las sesiones que se celebren se redactará el correspondiente documento de asistencia, en el que quedará constancia de la fecha de la reunión y duración de la misma, entregándose una copia del mismo a cada una de las partes en conflicto, quedando otra en poder de la persona mediadora.

4. Concluido el proceso de mediación familiar, la persona mediadora levantará un acta final, que será firmada por todas las partes, en la que constarán los datos personales de los intervinientes, el número de sesiones celebradas, si se han alcanzado o no acuerdos y en su caso, una breve referencia a los mismos. Se facilitará una copia de este acta a cada una de las personas asistentes. En el caso de que alguna de las partes se niegue a firmar, la persona mediadora lo hará constar en el acta.

5. Una vez firmada el acta final, los acuerdos alcanzados serán vinculantes, válidos y obligatorios para todas las partes intervinientes, siempre y cuando en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez de los contratos. Dichos acuerdos se formalizarán en un documento privado, firmado por todas las partes intervinientes, que la persona mediadora entregará a cada una de las partes que hayan intervenido en el proceso de mediación.

Artículo 26 Duración del proceso

1. La persona mediadora realizará una previsión razonable de la duración del proceso, que no podrá exceder de tres meses a contar desde el día que se levante el acta inicial. En dicho plazo se habrán de celebrar las sesiones previstas que, salvo causa justificada, no excederán de seis y con una duración mínima de sesenta minutos cada una.

2. Las personas mediadoras y las partes podrán solicitar a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias, la prórroga del plazo inicialmente previsto para el proceso de mediación mediante escrito razonado que habrá de presentarse al menos 15 días antes de la conclusión del mismo. La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias autorizará en su caso dicha prórroga en un plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha de presentación de la solicitud en el registro del órgano competente en la materia para resolver.

3. Una vez autorizada dicha prórroga, ésta no podrá exceder de tres meses conforme a lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero.

Artículo 27 Finalización del proceso

1. La finalización del proceso de mediación familiar podrá producirse en la forma y supuestos establecidos en el artículo 25 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero. La persona mediadora comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias, órgano encargado del Registro, la finalización del proceso, con remisión de la copia del acta final y de los documentos acreditativos de la asistencia a cada una de las sesiones en las que haya intervenido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.3 y 4 del presente Reglamento.

2. En el caso de que la persona mediadora de por terminado el proceso de mediación por entender que éste no cumplirá sus objetivos o por desistimiento de alguna o de todas las partes intervinientes, lo indicará expresamente en la información que remita al Registro de Mediación Familiar.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.3 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reconocido el derecho a la mediación gratuita y concluido el procedimiento de mediación sin que las partes hayan alcanzado acuerdo alguno, se podrá solicitar nuevamente la mediación gratuita, para la resolución del mismo conflicto, una vez transcurrido un año desde la finalización del proceso.

4. A las actuaciones de mediación familiar les será de aplicación el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, que regula las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas.

Artículo 28 Creación y naturaleza

1. Se crea el Consejo Andaluz de Mediación Familiar como órgano colegiado de participación y colaboración, con facultades de decisión, consulta y supervisión en materia de mediación familiar.

2. El Consejo Andaluz de Mediación Familiar, que tendrá un carácter técnico, se adscribe orgánicamente a la Consejería competente en materia de familias.

3. Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de familias se aprobará el régimen de funcionamiento del Consejo.

Artículo 29 Funcionamiento

1. El Consejo Andaluz de Mediación Familiar ejercerá sus funciones en pleno y en comisiones.

2. Se establecen las siguientes Comisiones permanentes:

• a) Comisión de impulso y calidad de la mediación profesional.
• b) Comisión de asesoramiento en materia formativa.

3. El Pleno podrá constituir comisiones técnicas sobre materia concretas.

Artículo 30 Composición del Pleno del Consejo Andaluz de Mediación Familiar

1. El Pleno del Consejo Andaluz de Mediación Familiar estará integrado por las siguientes personas:

• a) La persona titular de la Consejería competente en materia de familias, que actuará como presidente o presidenta, desarrollando las funciones previstas en el artículo 23 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 93 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
• b) Catorce vocalías distribuidas de la siguiente forma:
  • - Siete vocalías en representación de la Administración Autonómica con rango de Director o Directora General: la persona titular de la Dirección General competente en materia de familias, tres personas en representación de la Consejería competente en materia de familias, una en representación de la Consejería competente en materia de justicia, una persona en representación de la Consejería competente en materia de salud y una persona en representación de la Consejería competente en materia de educación, todas ellas designadas por las personas titulares de las correspondientes Consejerías a las que se encuentran adscritas.
  • - Tres vocalías, con nivel de rector o rectora, en representación de las Universidades Públicas de Andalucía, que impartan las titulaciones de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social, u otras homólogas de carácter educativo, social, psicológico o jurídico, a designar por el Consejo Andaluz de Universidades.
  • - Tres vocalías, con nivel de decano o decana, en representación de los Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, relacionados con el ámbito educativo, social, psicológico o jurídico. La designación de cada una de estas vocalías se realizará por cada uno de los Colegios Profesionales, que cuenten con personas colegiadas inscritas en el Registro y así lo soliciten un mes antes de la fecha prevista para la constitución del órgano. Estos Colegios Profesionales se designarán mediante sorteo desde el Centro directivo competente en materia de familias.
  • - Una persona en representación de los mediadores y mediadoras, designada por sorteo desde el Centro Directivo competente en materia de familias, previa solicitud de participación formulada por las personas mediadoras inscritas en el Registro un mes antes de la fecha prevista para la constitución del órgano.
• c) La persona titular de la Subdirección General competente en materia de familias, la cual actuará como secretaria o secretario, con voz, pero sin voto.

2. El Pleno del Consejo Andaluz de Mediación Familiar se reunirá de forma ordinaria con periodicidad anual y de forma extraordinaria, cuando así lo solicite un tercio de sus miembros o la persona que lo presida.

3. El mandato de los miembros del Consejo será de cuatro años, sin perjuicio de su renovación y de la posibilidad de remoción y sustitución de los mismos a propuesta del órgano por el que fueron designados.

Artículo 31 Funciones del Consejo Andaluz de Mediación Familiar

• a) Elaborar una memoria anual de sus actividades, así como de la situación de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo contenido tendrá que incluir una evaluación del impacto por razón de género.
• b) Promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de los objetivos relacionados con la mediación familiar.
• c) Impulsar las actuaciones y medidas que fomenten el desarrollo y mejora continua de la mediación familiar en Andalucía.
• d) Promover la participación de las personas usuarias, así como de las entidades y organismos andaluces implicados en la prestación y control de calidad de los servicios.
• e) Conocer e informar, con carácter previo, los proyectos normativos de la Consejería competente en materia de familias que regulen materias que afecten a la mediación familiar.
• f) Atribuir a las comisiones que formen parte del Consejo la realización de actuaciones diferentes de las que le vengan asignadas en el reglamento de régimen interno.
• g) Aunar criterios de actuación en relación con la aplicación del código deontológico de la persona mediadora, infracciones e imposición de sanciones y actualización de tarifas.
• h) Conocer, asesorar e informar sobre los criterios a seguir para que los cursos de formación en mediación cumplan con los requisitos adecuados y garantías de calidad.
• i) Realizar las actuaciones de asesoramiento y apoyo en materia de mediación familiar relacionadas con la formación de las personas mediadoras.
• j) Promover el desarrollo de programas, actividades y campañas informativas y de formación sobre mediación familiar.
• k) ...
• Letra k) del artículo 31 suprimida por el apartado trece del artículo único del D [ANDALUCÍA] 65/2017, 23 mayo, por el que se modifica el D. 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía («B.O.J.A.» 29 mayo). Vigencia: 30 mayo 2017

Artículo 32 Régimen general de remisión a la normativa en materia sancionadora

En cuanto al régimen sancionador, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, y en lo no previsto en esta Ley, se estará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en las demás normas reglamentarias de aplicación.

Artículo 33 Competencia

1. Corresponde la competencia para acordar la iniciación de los procedimientos sancionadores en materia de mediación familiar, a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de familias.

2. Serán órganos competentes para la imposición de las sanciones administrativas previstas, por delegación de la persona titular de la Consejería competente en materia de familias:

• a) La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de familias para la imposición de sanciones por infracciones leves.
• b) La persona titular de la Dirección General competente en materia de familias para la imposición de sanciones por infracciones graves.

3. La persona titular de la Consejería competente en materia de familias será el órgano competente para la imposición de sanciones por infracciones muy graves.