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Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.

Ficha:
  • Órgano PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
  • Publicado en BOJA núm. 131 de y BOE núm. 179 de
  • Vigencia desde 05 de Julio de 2007. Esta revisión vigente desde 01 de Mayo de 2014
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
1/5/2014
Ir a Norma DL 5/2014 8 Abr. CA Andalucía (medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas)
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Artículo 2 redactado por el apartado uno del artículo 14 del D Ley [ANDALUCÍA] 5/2014, 22 abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas («B.O.J.A.» 30 abril). Ir a Norma Letra d) del artículo 3 redactada por el apartado dos del artículo 14 del D Ley [ANDALUCÍA] 5/2014, 22 abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas («B.O.J.A.» 30 abril). Ir a Norma Letra i) del artículo 3 redactada por el apartado dos del artículo 14 del D Ley [ANDALUCÍA] 5/2014, 22 abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas («B.O.J.A.» 30 abril). Ir a Norma Letra k) del artículo 3 redactada por el apartado tres del artículo 14 del D Ley [ANDALUCÍA] 5/2014, 22 abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas («B.O.J.A.» 30 abril). Ir a Norma Letra l) del artículo 3 introducida por el apartado tres del artículo 14 del D Ley [ANDALUCÍA] 5/2014, 22 abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas («B.O.J.A.» 30 abril). Ir a Norma Letra m) del artículo 3 introducida por el apartado tres del artículo 14 del D Ley [ANDALUCÍA] 5/2014, 22 abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas («B.O.J.A.» 30 abril). Ir a Norma Letra n) del artículo 3 introducida por el apartado tres del artículo 14 del D Ley [ANDALUCÍA] 5/2014, 22 abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas («B.O.J.A.» 30 abril). Ir a Norma Artículo 16 redactado por el apartado cuatro del artículo 14 del D Ley [ANDALUCÍA] 5/2014, 22 abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas («B.O.J.A.» 30 abril). Ir a Norma Artículo 18 redactado por el apartado cinco del artículo 14 del D Ley [ANDALUCÍA] 5/2014, 22 abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas («B.O.J.A.» 30 abril). Ir a Norma Letra c) del número 2 del artículo 21 redactada por el apartado seis del artículo 14 del D Ley [ANDALUCÍA] 5/2014, 22 abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas («B.O.J.A.» 30 abril). Ir a Norma
21/12/2013
Ir a Norma DLey 10/2013, de 17 Dic. CA Andalucía (ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía y de ayudas para la reconstitución del potencial de producción agrario como consecuencia de adversidades naturales)
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Número 4 del artículo 14 redactado por el apartado uno de la disposición final tercera del D-ley [ANDALUCÍA] 10/2013, 17 diciembre, de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía y de ayudas para la reconstitución del potencial de producción agrario como consecuencia de adversidades naturales («B.O.J.A.» 20 diciembre). Ir a Norma Número 5 del artículo 14 introducido por el apartado uno de la disposición final tercera del D-ley [ANDALUCÍA] 10/2013, 17 diciembre, de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía y de ayudas para la reconstitución del potencial de producción agrario como consecuencia de adversidades naturales («B.O.J.A.» 20 diciembre). Ir a Norma

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN SABED

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea establece, en su artículo 4, que los Estados miembros instaurarán una política económica que se aplicará respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia. Asimismo el artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y establece que los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

La fundamentación económica de estos principios jurídicos se encuentra en que la competencia es un elemento básico para el desarrollo económico y social de cualquier sociedad avanzada. En condiciones de competencia efectiva se asignan los recursos productivos a favor de los operadores o las técnicas más eficientes y, por tanto, se incentiva la innovación y se fomenta la productividad. Esta mejora de la eficiencia productiva se traslada a los consumidores mediante una reducción de los precios o un aumento de la variedad y calidad de los productos ofertados, con la consiguiente mejora del bienestar del conjunto de la sociedad.

La libre competencia es, por todo ello, uno de los pilares del mercado único, contribuyendo el derecho a competir libremente a la igualdad de oportunidades de la ciudadanía europea, más allá de su papel de personas que trabajan, consumen o crean empresas. En este contexto, la experiencia demuestra que los resultados de la libre competencia son difíciles de alcanzar, por este motivo se precisa la intervención de los poderes públicos para establecer y mantener condiciones adecuadas de libertad real y competencia, con la finalidad de proteger y garantizar los legítimos intereses de las personas consumidoras y usuarias, por tratarse de un principio rector de la política social y económica y una obligación de los poderes públicos impuesta por la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

II

La normativa española de defensa de la competencia se inspira en las normas comunitarias de política de competencia, y establece un sistema de defensa de la competencia que instrumenta un conjunto de intervenciones de los poderes públicos para evitar aquellas prácticas y situaciones que puedan afectar a la libre competencia de las empresas.

Conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 208/1999, de 11 de noviembre, referida a la Ley 16/1989, de 17 de julio, la defensa de la competencia corresponde al Estado de forma exclusiva en la vertiente legislativa, mientras que la vertiente ejecutiva puede corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus propios Estatutos, si bien limitada a las actuaciones que se realicen en su territorio y que no afecten al conjunto nacional o al mercado supracomunitario, supuestos que son competencia del Estado. Como consecuencia de dicha Sentencia se aprobó la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de promoción de la competencia, conforme a lo establecido en el artículo 58.1.5.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y competencia ejecutiva en defensa de la competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.5.º del citado artículo. A estos efectos el artículo 164 dispone la creación por ley de un órgano independiente de defensa de la competencia, y contempla que la Junta de Andalucía pueda instar a los organismos estatales de defensa de la competencia cuanto estime necesario para el interés general de Andalucía en esta materia.

En ejercicio de esta facultad, la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la presente Ley, establece un modelo que, con la finalidad de mejorar el funcionamiento competitivo de los mercados, refuerza la independencia del órgano de control y la eficacia y eficiencia de los mecanismos de defensa de la competencia en Andalucía, creando un organismo autónomo especializado e independiente con capacidad jurídica pública diferenciada que se denomina «Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía».

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía actuará en el marco de la política económica general de la Junta de Andalucía y en coordinación con los organismos afines de la Unión Europea y del Estado, a través de la Red Europea y Española de la Competencia. En este sentido, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía deberá tener en cuenta los criterios de colaboración y los mecanismos de cooperación e intercambio de información recíproca adecuados, siempre dentro de sus respectivas atribuciones legales.

De otro lado, mediante la presente Ley la Comunidad Autónoma de Andalucía viene a ejercer competencias de ejecución de la legislación estatal en materia de defensa de la competencia. Por tanto, dichas funciones se llevarán a cabo dentro de un sistema de aplicación compartida de la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia, y de acuerdo con los criterios de conexión y los mecanismos de cooperación de la información recíproca establecidos en la Ley 1/2002, de 21 de febrero.

Los fines generales de esta Ley se dirigen a establecer un sistema de defensa de la competencia en Andalucía que permita, de forma efectiva, promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, proteger a las personas consumidoras y usuarias y contribuir a la libertad de empresa, la estabilidad de precios y el crecimiento económico, y con ello al bienestar social.

III

La presente Ley se estructura en dos títulos que regulan, respectivamente, la creación y el funcionamiento de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, y los órganos que integran la misma. Esta división en dos títulos se fundamenta en el modelo que se establece, en cuanto, por un lado, se crea un único organismo para la aplicación de la normativa sobre defensa de la competencia y, por otro, se diferencian dentro del mismo los órganos que intervienen en el proceso para garantizar la independencia en la adopción de las resoluciones, así como la separación de las fases de instrucción y resolución.

El Título I recoge los aspectos sustanciales del funcionamiento de la Agencia, y se divide en tres capítulos. En lo que se refiere al Capítulo I, la Ley establece con detalle las funciones de promoción y defensa de la competencia, de acuerdo con lo regulado en la citada Ley 1/2002, de 21 de febrero. Como novedad introduce la promoción de la competencia, especialmente en el ámbito del control normativo que se lleva a cabo mediante la elaboración de informes. El Capítulo II contempla los medios de la Agencia, comprendiendo el régimen de personal, económico, financiero y de contratación, así como los procedimientos en materia de defensa de la competencia, remitiéndose, en lo relativo a este aspecto, a lo dispuesto en la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia, de acuerdo con la naturaleza de las competencias que se vienen a ejercer. El Capítulo III incide en la transparencia con el fin de ofrecer un marco de publicidad de sus resoluciones, y en colaboración con otros organismos y entidades.

En el Título II se regulan los órganos de la Agencia y las funciones de los mismos. Para conferirle operatividad y eficiencia, la Agencia contará con una Dirección-Gerencia que ostentará la representación y dirección de la misma. De otro lado, establece el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía como órgano colegiado de resolución y dictamen, y el Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía, como órgano de instrucción y vigilancia.

Asimismo, la Agencia estará constituida por la Secretaría General, a la que corresponde la asistencia jurídica y la administración general, y por el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia. La creación de este Departamento destaca como aspecto relevante en la organización de la Agencia, al que se atribuye el asesoramiento económico especializado, a fin de impulsar la competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados implantando valores y condiciones que conduzcan a la libre competencia, así como la divulgación de las ventajas que comporta, tanto de carácter económico como social.

La presente Ley se ha elaborado teniendo en cuenta las sugerencias de los agentes económicos y sociales, organizaciones, asociaciones y demás entidades y órganos con interés en este ámbito.