Sumario

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Arag髇, y ordeno se publique en el 獴olet韓 Oficial de Arag髇� y en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 20.1 del Estatuto de Autonom韆.

PREAMBULO

En una sociedad que gira en torno a la capacidad de producci髇 y a la cultura del bienestar, se corre el peligro de asociar el consumo de diversos tipos de sustancias que aparecen al alcance de todos con la consecuci髇 de objetivos vitales.

En el fomento de la salud, uno de los principales objetivos con los que se encuentra hoy en d韆 la sociedad es abordar el uso indebido de drogas como un estilo de vida con gran riesgo para la salud individual y colectiva, en el que convergen factores socioculturales. El uso de drogas constituye un fen髆eno que requiere intervenciones coordinadas de muchos sectores, tanto si se desarrollan en el campo de la prevenci髇 como en los de la asistencia y la reinserci髇.

Las directrices que en materia de drogas plantean como prioritarias la Uni髇 Europea y el Plan Nacional sobre Drogas est醤 orientadas a desarrollar acciones para reducir la demanda y el suministro, as� como a prevenir el consumo. Se trata, por tanto, de facilitar las condiciones para que las poblaciones m醩 vulnerables puedan elegir estilos de vida sanos.

El inter閟, sucesivamente orientado a la hero韓a, la coca韓a o las drogas de s韓tesis, ha determinado diferentes estrategias de intervenci髇 que han demostrado que no s髄o han de centrarse en la atenci髇 y rehabilitaci髇, sino, fundamentalmente, en modelos de prevenci髇 dirigidos tanto a los determinantes que influyen en el establecimiento de estilos de vida como a la reducci髇 del da駉. Adem醩, las actuaciones que se desarrollan en torno a este fen髆eno han de adaptarse al contexto y circunstancias de cada escenario.

Junto a los patrones de consumo de dichas sustancias existen otros culturalmente arraigados y socialmente aceptados que son un riesgo grave para la salud. El tabaquismo es uno de los m醩 importantes problemas de salud p鷅lica, siendo la causa prevenible m醩 importante de mortalidad, y provoca, adem醩, una notable p閞dida de calidad de vida. Por otro lado, el consumo de alcohol constituye un grave problema, en especial cuando se trata de personas j髒enes que est醤 adoptando sus h醔itos de salud. Tampoco se puede olvidar la automedicaci髇, cada vez m醩 frecuente en nuestro medio.

Al abordar esta problem醫ica, hay que tener en cuenta, tambi閚, la aparici髇 de nuevos patrones de uso y abuso, y en particular el consumo de sustancias dentro de un contexto de ocio y diversi髇 permanente, que implica dosis intensas aunque espaciadas en el tiempo.

La actual estructura del mercado de trabajo, caracterizada por la inestabilidad y la precariedad, da lugar a una vulnerabilidad ligada a situaciones de conflicto o crisis que puede influir en esta tendencia al consumo de algunas drogas. La exclusi髇 social y los problemas de las drogas est醤 estrechamente vinculados y ello implica que, junto a respuestas espec韋icas, son tambi閚 necesarias otras de tipo estructural, desarrollando desde los poderes p鷅licos acciones que modifiquen las circunstancias sociales, econ髆icas y culturales que, para determinados colectivos, est醤 asociadas a drogodependencias.

Por todo ello, el problema de las drogodependencias debe considerarse una responsabilidad social y no solamente individual. Cualquier iniciativa se englobar� dentro de una pol韙ica integral y planificada dirigida al logro de un desarrollo humano y social m醩 equitativo en el marco de la promoci髇 de la salud, en el que el Gobierno de Arag髇 adoptar� las medidas para aminorar, atajar o eliminar los factores sociales, econ髆icos y culturales que puedan desencadenar una conducta drogodependiente.

En esta Ley adquieren especial relevancia las disposiciones relativas al control de la oferta de bebidas alcoh髄icas y tabaco, ya que la limitaci髇 al consumo constituye una de las estrategias prioritarias en nuestro medio.

Asimismo, es fundamental restringir la promoci髇 de la venta de sustancias y centrar las prohibiciones en los 醡bitos donde se pueda obtener m醩 beneficio.

Esta Ley quiere hacer 閚fasis en el enfoque educativo, insistiendo en la integraci髇 adecuada de la educaci髇 para la salud en todos los 醡bitos educativos de la comunidad, de tal forma que la promoci髇 de estilos de vida sanos y aut髇omos sea un objetivo a trabajar desde las diferentes disciplinas y entornos profesionales. Se trata, por tanto, de capacitar a los individuos para la toma de decisiones sobre salud y responder de forma positiva, siendo respetuosos con las libertades personales, a la interpelaci髇 que el fen髆eno de las drogas representa. La intervenci髇 en promoci髇 de salud es una tarea que implica a toda la comunidad y que, al igual que las actividades en prevenci髇, ha de ser fruto del consenso y compromiso de todos los sectores sociales con intervenciones espec韋icas en escenarios como la escuela, familia, empresas, asociaciones, etc閠era.

Es importante poner en pr醕tica, de un modo generalizado, actividades educativas y reforzar la incorporaci髇 adecuada de la educaci髇 para la salud al sistema escolar y el papel de los medios de comunicaci髇 como elementos de informaci髇 y opini髇.

Las actuaciones que deben realizarse con aquellas personas en que las medidas preventivas no tuvieron el efecto para las que fueron dise馻das deben partir de la voluntariedad y la libertad, asegurando la equidad en el acceso a los programas de tratamiento con independencia de la situaci髇 socioecon髆ica en que se encuentren.

La oferta asistencial debe basarse en programas de atenci髇 que puedan ser 鷗iles, procurando la integraci髇 progresiva en la atenci髇 primaria de salud y una mayor coordinaci髇 entre los diferentes recursos y pol韙icas sectoriales. Los programas de reducci髇 de da駉s constituyen, por tanto, una actuaci髇 fundamental en aquellas personas en las que otras intervenciones han fracasado o sus condiciones sanitarias y sociales as� lo indiquen, dado el importante incremento experimentado en los 鷏timos a駉s y el abanico de posibilidades que este tipo de programas ofrece.

La reinserci髇 social, cuyo objetivo es evitar las situaciones de exclusi髇, debe enmarcarse en el contexto comunitario, dej醤dose la posibilidad de que se establezcan programas espec韋icos para igualar situaciones ya de por s� desfavorecidas.

El Gobierno de Arag髇 tendr� entre sus prioridades presupuestarias las actividades encaminadas a la prevenci髇 del consumo de drogas y de los problemas que de 閘 puedan derivarse.

El Gobierno de Arag髇, consciente de las necesidades que se estaban planteando en nuestra Comunidad Aut髇oma, puso en marcha, mediante la Orden de 22 de junio de 1987, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, modificada por la Orden de 12 de noviembre de 1988, una serie de mecanismos jur韉icos que vienen a establecer el funcionamiento interno de la Comunidad Terap閡tica de Rehabilitaci髇 de Toxic髆anos El Frago. A esta reglamentaci髇 han seguido una serie de normas que regulan diferentes aspectos, como la autorizaci髇 para la apertura o la acreditaci髇 de centros residenciales de tratamiento (Orden de 3 de agosto de 1990, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, derogada por el Decreto 111/1992, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, donde se establecen las condiciones m韓imas que deben reunir los servicios y establecimientos sociales especializados). La acreditaci髇, evaluaci髇 y control de centros y servicios de tratamiento con opi醕eos a personas dependientes de los mismos ha supuesto tambi閚 la creaci髇 de una Comisi髇 por Orden de 3 de agosto de 1990. El fen髆eno de las discotecas juveniles como espacios de ocio para la juventud ha tenido su regulaci髇 a trav閟 de la Orden del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de 7 de abril de 1995.

El Gobierno de Arag髇 ha dado respuesta en los 鷏timos a駉s a los problemas relacionados con el consumo de drogas impulsando recursos de prevenci髇, tratamiento y reinserci髇. Se han establecido convenios anuales de colaboraci髇 con entidades locales, extendiendo la respuesta asistencial a toda la Comunidad Aut髇oma en el 醡bito p鷅lico mediante el mantenimiento de centros municipales de drogodependencias de 醡bito comarcal. Paralelamente, se han apoyado las acciones de la iniciativa social, estableciendo convenios con organizaciones no gubernamentales. Todo ello se ha impulsado desde la coordinaci髇 con el Plan Nacional sobre Drogas aprobado en 1985.

El grado de desarrollo de estas actividades y la necesidad de contemplar este fen髆eno de una manera m醩 integral y coordinada exigen una regulaci髇 normativa que asegure una mayor homogeneidad y coherencia en el tratamiento de este fen髆eno tanto en lo asistencial como en las actuaciones dirigidas a la prevenci髇 y reducci髇 de los riesgos asociados al mismo.

El art韈ulo 43 de la Constituci髇 Espa駉la reconoce la protecci髇 de la salud y establece que es a los poderes p鷅licos a quienes compete organizar y tutelar la salud p鷅lica a trav閟 de medidas preventivas, fomentando la educaci髇 sanitaria.

El Estatuto de Autonom韆 de Arag髇 (texto reformado por la Ley Org醤ica 5/1996, de 30 de diciembre) establece como competencias exclusivas de la Comunidad Aut髇oma las siguientes materias: art韈ulo 35.1.20.�: 玃ublicidad, sin perjuicio de las normas generales dictadas por el Estado para sectores y medios espec韋icos, de acuerdo con los n鷐eros uno, seis y ocho del apartado 1 del art韈ulo 149 de la Constituci髇�; art韈ulo 35.1.26.�: 獳sistencia, bienestar social y desarrollo comunitario; juventud y promoci髇 de las condiciones para su participaci髇 libre y eficaz en el desarrollo pol韙ico, social, econ髆ico y cultural�; art韈ulo 35.1.28.�:玃rotecci髇 y tutela de menores�, y art韈ulo 35.1.40.�: 玈anidad e higiene�. El art韈ulo 35.2 establece que, en el ejercicio de estas competencias, corresponde a la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 la potestad legislativa, la reglamentaria y la funci髇 ejecutiva.

La Ley 4/1987, de 25 de marzo, de ordenaci髇 de la acci髇 social, en su art韈ulo 1, establece el derecho de todos los ciudadanos al acceso a los diferentes sistemas p鷅licos de protecci髇 social, y uno de los objetivos b醩icos que establece la Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragon閟 de Salud, en su art韈ulo 4.2, es la atenci髇 integral de la salud individual y comunitaria de la poblaci髇 aragonesa mediante la prestaci髇 de los servicios sanitarios en condiciones de igualdad para toda la poblaci髇, concretando m醩 en su art韈ulo 11.2.a), donde fija los objetivos m韓imos del Plan de Salud de la Comunidad Aut髇oma: promoci髇, protecci髇 y prevenci髇 de la salud, asistencia sanitaria y medidas de reinserci髇.

La Ley 10/1989, de 14 de diciembre, de Protecci髇 de Menores, establece como medidas de prevenci髇 y de apoyo, en su art韈ulo 10, la elaboraci髇 de programas de prevenci髇 tendentes a evitar el deterioro del entorno familiar, garantizando los derechos del menor y disminuyendo los factores de riesgo de marginaci髇, drogadicci髇 o cualesquiera otros.

En el contexto de estas disposiciones legislativas se inscribe la presente Ley, que tiene como objetivo prioritario establecer los criterios que permitan una adecuada coordinaci髇 de las entidades o instituciones que act鷄n en el campo de las drogodependencias y regular el conjunto de acciones dirigidas a la prevenci髇 de las mismas y a la formaci髇 e investigaci髇 en dicho campo.

Esta Ley se estructura en un t韙ulo preliminar y otros cuatro t韙ulos m醩, con un total de 43 art韈ulos.

El T韙ulo Preliminar, que contiene las Disposiciones Generales, adem醩 de establecer el objeto de la Ley, incluye varias definiciones conceptuales que permiten una homog閚ea interpretaci髇 del texto y contiene los principios rectores que inspiran la redacci髇 del mismo.

Considerando que la prevenci髇 de las drogodependencias es un elemento relevante, la Ley la regula en el T韙ulo I, donde se establecen los objetivos generales y una serie de medidas destinadas a reducir tanto la demanda como la oferta de todo tipo de drogas. Destaca en dicho T韙ulo el Cap韙ulo III, dedicado a la reducci髇 de la oferta. Este cap韙ulo incluye cuatro secciones, encaminadas a limitar la publicidad y la promoci髇, as� como la venta y el consumo de bebidas alcoh髄icas y tabaco, con especial referencia y protecci髇 a los menores de 18 a駉s, y a establecer controles en relaci髇 con los estupefacientes y las sustancias psicotr髉icas.

El T韙ulo II recoge los objetivos generales y criterios de actuaci髇 de la asistencia y reinserci髇 social, garantizando la atenci髇 a las personas afectadas por el consumo de drogas en condiciones de equidad con otras enfermedades. Este T韙ulo regula tambi閚 la organizaci髇 de la atenci髇 y las actuaciones en los 醡bitos judicial, penitenciario y laboral, que se desarrollan en colaboraci髇 y coordinaci髇 con las Administraciones p鷅licas que tienen competencias en la materia.

El T韙ulo III, sobre organizaci髇 y participaci髇 social, incluye los mecanismos de los que tanto el Gobierno de Arag髇 como las corporaciones locales disponen para hacer m醩 eficaz y efectiva la aplicaci髇 de esta Ley, siempre bajo el principio de coordinaci髇 institucional. En su Cap韙ulo II se establece el procedimiento para la elaboraci髇 y aprobaci髇 del Plan auton髆ico sobre drogas. Entendiendo el fen髆eno de las drogodependencias como complejo y donde la coordinaci髇 es imprescindible, este T韙ulo recoge la participaci髇 social a trav閟 tanto de mecanismos especializados como de su propia iniciativa, siempre en aras a conseguir aunar esfuerzos y recursos que permitan adoptar medidas necesarias para alcanzar los objetivos de esta Ley.

El T韙ulo IV aporta los instrumentos, financiaci髇, funci髇 inspectora y r間imen sancionador, que van a garantizar el estricto cumplimiento de lo establecido en el texto, siempre en coordinaci髇 y, sobre todo, en colaboraci髇 entre Administraciones p鷅licas. Por un lado, recoge el compromiso de las Administraciones de dedicar los recursos econ髆icos suficientes para garantizar el mandato de la presente Ley. Asimismo, define las funciones de inspecci髇 y control necesarias para el eficaz cumplimiento de esta Ley. Por 鷏timo, se regula el r間imen sancionador de las infracciones, respetando los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad.