Sumario

Ley [ARAGÓN] 5/2011, 10 marzo, derogada por la disposición derogatoria única del DLeg. [ARAGÓN] 4/2013, 17 diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón («B.O.A.» 31 diciembre), el 1 de enero de 2014.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

1.

Mediante esta ley se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113 del Estatuto de Autonomía de Aragón, donde se establece que la Comunidad Autónoma tendrá su propio patrimonio, integrado por todos los bienes y derechos de los que sea titular, y que «Una ley de Cortes de Aragón regulará el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como su administración, conservación y defensa», disponiendo, por su parte, el artículo 71.7.ª que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad.

Con anterioridad, el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón se contenía en el Decreto legislativo 2/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que había sido objeto de modificación parcial por la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Conforme a su naturaleza de texto refundido, el Decreto legislativo 2/2000 recogió, sin innovar, el contenido de la Ley 5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, incorporando al mismo las modificaciones, especialmente en materia de sucesión intestada, que se habían producido desde su promulgación, de tal manera que el núcleo esencial de la normativa patrimonial de la Comunidad Autónoma era aquél que se estableció hace más de dos décadas.

El contexto en el que se insertó esa norma del año 1987 es sustancialmente diferente al de hoy, pues desde el año 1987 se ha completado el proceso de transferencias a la Comunidad Autónoma, aumentando notablemente sus competencias y los medios materiales necesarios para su ejercicio, todo lo cual determina la necesidad de disponer de nuevos instrumentos normativos que posibiliten una gestión más eficaz de los cada vez más numerosos bienes y derechos públicos de la Comunidad Autónoma. Por otra parte, en los últimos diez años se ha producido un notable incremento en la actividad empresarial de la Administración de la Comunidad Autónoma, que tiene una intervención creciente en sectores estratégicos de la economía aragonesa, mediante la creación de empresas propias de la Comunidad Autónoma y también con la participación en el capital de determinadas sociedades mercantiles. La experiencia derivada de la tramitación de los expedientes patrimoniales vinculados a la actividad empresarial de la Administración de la Comunidad Autónoma pone de manifiesto que la legislación actual, en ocasiones, resulta insuficiente y que es necesario adaptarla. Finalmente, la promulgación por el Estado de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (Ley 33/2003, de 3 de noviembre) determina la necesidad de una profunda renovación de la legislación autonómica, que ya han emprendido otras Comunidades Autónomas. En todo caso, los preceptos básicos y de aplicación general de la nueva legislación estatal han de ser respetados en la legislación reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma. Esta ley, teniendo en cuenta los factores expuestos, establece la regulación general para la formulación y desarrollo de una política global reguladora de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma que haga viable la modernización de la gestión patrimonial.

Por otra parte, siguiendo la tónica de la recíproca influencia entre los legisladores estatal y autonómicos, al igual que han hecho las Comunidades Autónomas que ya han adaptado sus legislaciones en la materia a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la regulación aragonesa se plantea sobre el patrón correspondiente al régimen del patrimonio del Estado, procediendo a incorporar los contenidos útiles para el patrimonio de Aragón e introduciendo las adaptaciones que resulten necesarias o convenientes.

2.

La conjunción de los anteriores criterios en esta ley determina la formación un régimen jurídico que debe permitir el pleno cumplimiento de los objetivos estatutarios de asegurar «la administración, conservación y defensa» de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma.

El Título I de la ley se destina a las disposiciones generales, precisando el ámbito y aplicación de la misma, las competencias más destacadas en relación con el patrimonio de Aragón y las reglas sobre convenios patrimoniales y urbanísticos. Conviene advertir de que, si bien se adopta un concepto unitario del patrimonio de Aragón, siguiendo las pautas de la legislación básica del Estado, se ha tenido en cuenta que la amplia concepción del patrimonio de las Administraciones públicas en dicha legislación no conlleva la obligación autonómica de elaborar un régimen jurídico unitario, ni siquiera contenido en un mismo texto, para las diferentes propiedades especiales y para todos los entes públicos vinculados a la Administración de la Comunidad Autónoma. En consecuencia, se han establecido algunas excepciones parciales al régimen unitario del patrimonio de Aragón, tanto por razones objetivas, que llevan a mantener los regímenes vigentes característicos de los patrimonios viario, agrario, forestal, de vías pecuarias, de suelo y vivienda, y universitario de la Comunidad Autónoma, como por razones subjetivas, que conducen a mantener algunas limitadas singularidades en relación con los patrimonios de las entidades de derecho público de la Administración de la Comunidad Autónoma

El Título II incluye los modos y procedimientos de adquirir y transmitir los bienes y derechos del patrimonio de Aragón. En relación con los modos de adquisición de bienes y derechos a favor de la Comunidad Autónoma por atribución de la ley, conforme a nuestro derecho foral, se sigue manteniendo en sus mismos términos el régimen de sucesión legal que figura en la Ley de Aragón de Sucesiones por Causa de Muerte, con completa remisión a lo establecido en la misma, en ejercicio de la competencia exclusiva que establece el artículo 71.2.ª del Estatuto de Autonomía, en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral.

Conforme con lo anterior, se ha recogido también en el texto de esta ley la incorporación al patrimonio de Aragón de las fincas que reemplacen a las parcelas cuyo dueño no fuese conocido durante un proceso de concentración parcelaria.

El Título III comprende las reglas relativas a la protección y defensa del patrimonio de Aragón: deberes de conservación y colaboración, el Inventario General del Patrimonio de Aragón, cuestiones sobre la práctica de la inscripción registral y las diversas potestades para la defensa del citado patrimonio.

En el Título IV se establece el régimen del tráfico de derecho público de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón, comprendiendo la afectación y la desafectación, las mutaciones demaniales, la adscripción, la desadscripción y la incorporación.

El Título V se dedica al régimen de utilización de los bienes y derechos del patrimonio de Aragón, estableciendo, por lo que respecta al dominio público, la necesidad de disponer de título habilitante, y regulando las autorizaciones y concesiones demaniales. Asimismo, se establecen normas específicas respecto al uso de los edificios administrativos, destacando la previsión de programas de actuación y planes de optimización con el objetivo de promover un uso más eficiente de estos inmuebles. Respecto al uso del dominio privado, se prevé la competencia del departamento competente en materia de patrimonio, el cual podrá concertar los negocios jurídicos, típicos o atípicos, para su explotación.

En el Título VI se contiene la regulación del patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma, estableciéndose un régimen jurídico que posibilita el empleo normal de las empresas públicas conforme a la regla del Estatuto de Aragón que permite la creación de un sector público propio (artículo 71.32.ª), pero subordinándolo a las otras dos reglas estatutarias que exigen indeclinablemente la conexión de las empresas públicas con las funciones públicas y el respeto a la competencia del Gobierno de Aragón para su creación (artículo 100.2).

Como novedad en la regulación de la materia, se ha establecido con la amplitud necesaria el concepto de «sociedad mercantil autonómica» a fin de permitir el exacto control público del sector empresarial de la Comunidad Autónoma. También, para el desarrollo de las funciones de control de la Administración de la Comunidad Autónoma sobre el sector empresarial, se han perfilado las figuras del «departamento o entidad de gestión» y del «departamento de tutela».

Asimismo, se ha considerado la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón, procurando la debida coordinación de ambos textos.

En el régimen de la adquisición y enajenación de los valores mobiliarios, instrumentos financieros y participaciones sociales se han incluido tanto las operaciones que correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma como las que puedan llevarse a cabo por los organismos públicos vinculados o dependientes de dicha Administración pública. También se ha establecido el régimen administrativo aplicable en relación con las sociedades mercantiles autonómicas, y especialmente de las de capital íntegramente público. Por último, se han previsto las adecuadas potestades del Gobierno de Aragón para reestructurar el sector empresarial de la Comunidad Autónoma conforme a las diversas modalidades organizativas posibles.

En el Título VII se ha regulado la potestad administrativa de exigir la reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados en el patrimonio de Aragón, incluyendo la definición de los obligados, el alcance de la reparación, el procedimiento y otras cuestiones. La novedad de la regulación estriba en que se descarta el establecimiento de un régimen sancionador genérico para la protección del patrimonio de Aragón, habida cuenta de los problemas observados en la materia, que determinan la generación de sistemas sancionadores administrativos coincidentes en parte con el régimen penal de aplicación preferente y en parte carentes de adecuados fundamentos para su viabilidad.