Ley 29/2002, de 30 de diciembre, primera ley del C骴igo civil de Catalu馻

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Sumario

T閚gase en cuenta que por Auto TC de 3 de noviembre de 2004 se ha acordado tener por desistido al Abogado del Estado del conflicto positivo de competencia 2099/2003, interpuesto frente a la presente Ley, y declarar extinguido el proceso (獴.O.E.� 19 noviembre 2004).LE0000206928

LE0000019672

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALU袮

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalu馻 ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 33.2 del Estatuto de autonom韆 de Catalu馻, promulgo la siguiente

LEY

Pre醡bulo

El ejercicio de la competencia para conservar, modificar y desarrollar el derecho civil de Catalu馻, recuperada hace m醩 de veinte a駉s en el nuevo marco constitucional y estatutario, ha pasado, hasta ahora, por varias fases. En una primera fase, culminada con la Ley 13/1984, de 20 de marzo, sobre la Compilaci髇 del derecho civil de Catalu馻, el objetivo fue adoptar la Compilaci髇 de 1960, integrarla en el ordenamiento jur韉ico catal醤 y adaptarla a los principios constitucionales, para superar los condicionamientos pol韙icos del momento hist髍ico en que fue dictada. En una segunda fase, iniciada paralelamente y continuada con m醩 o menos intensidad hasta la actualidad, el Parlamento de Catalu馻 utiliz� el instrumento t閏nico de las leyes especiales para ir dando cuerpo poco a poco a un ordenamiento jur韉ico r韌ido y adelgazado por la prolongada ausencia de instituciones legislativas propias. A partir de 1991, con la promulgaci髇 de la Ley 40/1991, de 30 de diciembre, del C骴igo de sucesiones por causa de muerte en el derecho civil de Catalu馻, el derecho catal醤 entr� en una tercera fase, la de las codificaciones parciales, continuada con la Ley 9/1998, de 15 de julio, del C骴igo de familia, con la voluntad de recoger, ordenar y sistematizar la regulaci髇 sobre las diversas materias contenida en las leyes especiales que se han ido promulgando y de completarla hasta alcanzar la plenitud del ejercicio de las competencias legislativas establecidas por la Constituci髇 y el Estatuto.

A finales de 1998 el Departamento de Justicia organiz� las Jornadas hacia un C骴igo Civil de Catalu馻, con el objetivo de hacer part韈ipe al mundo jur韉ico catal醤 de la voluntad del Gobierno de avanzar en la codificaci髇 del derecho civil y de analizar, con representantes del mundo acad閙ico, pol韙ico y profesional, las posibilidades de aprobar a corto plazo un c骴igo civil de Catalu馻. Una pieza clave para llevar a cabo esta tarea es el Observatorio de Derecho Privado de Catalu馻, creado por el Decreto 13/2000, de 10 de enero, de reestructuraci髇 parcial del Departamento de Justicia, y formado por un consejo rector, una direcci髇 ejecutiva y una comisi髇 de codificaci髇, con el fin, entre otros, de que act鷈 como un instrumento especializado de la acci髇 pol韙ica del Gobierno en materia de derecho privado. Esta primera Ley del C骴igo civil de Catalu馻 tiene su origen en los trabajos de las diversas secciones y del Pleno de la Comisi髇 de Codificaci髇 de este Observatorio.

I

El primer objetivo de la presente Ley es establecer la estructura, el contenido b醩ico y el procedimiento de tramitaci髇 del C骴igo civil de Catalu馻.

La principal idea que la inspira es que el C骴igo civil de Catalu馻 debe ser un c骴igo abierto, tanto en la estructura como en el contenido, y que debe ir conform醤dose, de acuerdo con el plan establecido por la presente Ley, mediante una sucesi髇 de leyes seriadas. Como tantas otras ramas del derecho, el derecho civil est� sujeto hoy a un proceso de cambio mucho m醩 din醡ico que en la 閜oca de las grandes codificaciones. Tan impensable es alcanzar el viejo ideal codificador de reducir todas las leyes civiles a un solo c骴igo como que las leyes as� recogidas tengan un car醕ter tendencialmente permanente e inmutable. Por un lado, el progreso social y el desarrollo cient韋ico-tecnol骻ico provocan que en la actualidad el derecho civil deba dar respuesta, de forma r醦ida y continuada, a nuevas necesidades de regulaci髇. Por otro lado, el proceso de integraci髇 europea es el motivo de que los legisladores estatales, nacionales o auton髆icos, seg鷑 quien tenga atribuida la competencia legislativa en una determinada materia, deban aplicar las directivas que emanan de la Comisi髇 Europea en unos plazos prefijados y relativamente breves. La t閏nica legislativa de las leyes especiales, que a menudo se ha utilizado para adaptarse tanto a un aspecto como al otro, se ha mostrado como gravemente perjudicial para la claridad, la sistem醫ica y la coherencia interna del derecho civil.

Por ello, se considera que un c骴igo que pueda superar estos retos debe tener una estructura que permita ir incorporando las nuevas regulaciones o las modificaciones de las ya existentes sin que se resienta gravemente su sistem醫ica.

Con el fin de posibilitar esta flexibilidad y facilitar la actualizaci髇 continuada de la legislaci髇 civil, se ha optado por utilizar un sistema de numeraci髇 decimal, de modo que los art韈ulos se marcan con dos n鷐eros separados por un gui髇 corto. El primer n鷐ero tiene tres cifras, que se refieren, respectivamente, al libro, al t韙ulo y al cap韙ulo, y que indican, por lo tanto, la posici髇 que ocupa el art韈ulo en el marco del C骴igo. El n鷐ero que viene despu閟 del gui髇 corresponde a la numeraci髇 continua, que empieza por el 1 en cada cap韙ulo. Este sistema debe permitir que se elabore el C骴igo civil por libros o por partes de libro, como viene haciendo desde hace a駉s el legislador del C骴igo civil neerland閟, y que se combine la t閏nica de la nueva regulaci髇 de materias hasta ahora insuficientemente reguladas en nuestro derecho con la de modificaci髇 y refundici髇 de la regulaci髇 existente, como ya hicieron la Ley 13/1984 y el Decreto legislativo 1/1984, de 19 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Compilaci髇 del derecho civil de Catalu馻.

Este procedimiento debe permitir que el legislador se imponga el ritmo que considere m醩 adecuado y que, de acuerdo con las circunstancias sociales y las necesidades del pa韘, priorice unas partes de la regulaci髇 y les imprima un ritmo m醩 intenso, bien entendido que las omisiones son provisionales y que no comportan ning鷑 tipo de renuncia al ejercicio de las competencias que le son propias.

Los libros que componen el presente C骴igo, como indica el art韈ulo 3, son seis. El primero se ocupa de las disposiciones generales; el segundo, de la persona y la familia; el tercero, de la persona jur韉ica; el cuarto, de las sucesiones; el quinto, de los derechos reales, y el sexto, de las obligaciones y los contratos.

II

El art韈ulo 7 se ocupa del segundo objetivo de la presente Ley, que es el de aprobar el libro primero del C骴igo civil de Catalu馻, titulado 獶isposiciones generales�, el cual, sin perjuicio de que pueda ampliarse en el futuro, se estructura actualmente en dos t韙ulos.

El t韙ulo I, bajo el ep韌rafe de 獶isposiciones preliminares�, recoge y sistematiza los preceptos contenidos en el t韙ulo preliminar y en las disposiciones finales segunda y cuarta de la Compilaci髇 del derecho civil de Catalu馻, y los completa, por una parte, con unos principios y doctrinas que, si bien son consustanciales con el derecho civil de Catalu馻, se explicitan de forma expresa por vez primera, y, por otra, con normas que, aunque de modo disperso, ya se encuentran en el ordenamiento jur韉ico catal醤 vigente.

As�, el art韈ulo 111-1 enumera los elementos que componen el derecho civil de Catalu馻 y se ocupa del valor que estos elementos tienen dentro de su propio sistema de fuentes. Como en cualquier ordenamiento jur韉ico moderno, destaca el car醕ter de fuente principal que se otorga a la ley, mientras que la costumbre tiene un papel secundario, dado que s髄o rige en defecto de ley aplicable. La regulaci髇 reconoce a los principios generales del derecho su funci髇 de autointegraci髇 del derecho civil de Catalu馻, para evitar la heterointegraci髇 mediante la aplicaci髇 del derecho supletorio, y su relevancia como l韒ite a una eventual alegaci髇 indiscriminada de la tradici髇 jur韉ica catalana, la referencia a la cual se halla en el art韈ulo 111-2, como expresi髇 de la doctrina de la iuris continuatio. Finalmente, si bien no como fuente del derecho, este 鷏timo art韈ulo reconoce a la jurisprudencia civil del Tribunal de Casaci髇 de Catalu馻, en la medida en que no haya sido modificada por la legislaci髇 vigente, y a la emanada del Tribunal Superior de Justicia de Catalu馻, el valor de doctrina jurisprudencial a los efectos del recurso de casaci髇.

Por su parte, el art韈ulo 111-3 reproduce en el apartado 1, por razones de orden sistem醫ico, el art韈ulo 7.1 del Estatuto de autonom韆. Asimismo, refunde parcialmente los art韈ulos 2 y 3 del t韙ulo preliminar de la Compilaci髇, al referirse al car醕ter territorial del derecho local, y reproduce, por las mismas razones mencionadas, el art韈ulo 7.2 del Estatuto, relativo a la sujeci髇 al derecho civil catal醤 de los extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad espa駉la mientras mantengan la vecindad administrativa en Catalu馻, salvo que manifiesten su voluntad en contra. El precepto se cierra con una referencia a la vecindad local, la cual viene determinada por las normas que rigen la vecindad civil.

El art韈ulo 111-4 destaca que el nuevo C骴igo civil tiene car醕ter de derecho com鷑 en Catalu馻 y, por lo tanto, car醕ter supletorio de las dem醩 leyes.

El art韈ulo 111-5 se refiere tanto al car醕ter preferente de las disposiciones del derecho civil de Catalu馻, salvo los supuestos en que sean directamente aplicables normas de car醕ter general, como a la limitaci髇 de la heterointegraci髇 mediante la aplicaci髇 como supletorio del derecho del Estado, la cual solo es posible cuando no sea contraria al derecho propio o a los principios generales que lo informan.

El art韈ulo 111-6, recogiendo como disposici髇 preliminar el principio de libertad civil, remarca que, a diferencia del art韈ulo 1255 del C骴igo civil espa駉l, no se limita a la autonom韆 contractual, sino que tiene car醕ter de principio general. Al mismo tiempo, manifiesta la prevalencia de los actos de ejercicio de la autonom韆 privada sobre las disposiciones que no sean imperativas.

El art韈ulo 111-7 incorpora una norma sobre la buena fe porque en la tradici髇 del derecho catal醤, en la l韓ea del derecho continental europeo del que forma parte, es un principio que tiene car醕ter general y que, por lo tanto, no puede limitarse al 醡bito contractual. Tambi閚 se refiere a la honradez de los tratos, como concepto diferenciado, porque, de acuerdo con la m醩 reciente evoluci髇 del derecho privado europeo, quiere destacar su aspecto objetivo, independiente del conocimiento o la ignorancia de cada uno de los sujetos de la relaci髇 jur韉ica.

Por su parte, el art韈ulo 111-8 formula la doctrina de los actos propios y el art韈ulo 111-9 se refiere a la necesidad de tener en cuenta la equidad en la aplicaci髇 de las normas y expresa la norma m醩 tradicional de acuerdo con la cual la resoluci髇 en equidad requiere autorizaci髇 legal.

III

El t韙ulo II del libro primero, bajo el ep韌rafe de 玃rescripci髇 y caducidad�, regula estas dos instituciones de forma m醩 moderna y din醡ica que el C骴igo civil espa駉l, anclado todav韆 en concepciones romanistas y decimon髇icas, y en el cual se confunden a menudo prescripci髇 y caducidad, y no queda clara la frontera entre aqu閘la y la usucapi髇 o prescripci髇 adquisitiva.

Es de sobras conocido que el derecho hist髍ico catal醤 regul� siempre la prescripci髇. Fue el conocido usaje Omnes Causae (Constitucions i altres drets de Catalunya, libro s閜timo, t韙ulo II, constituci髇 2�, del volumen I) el que modific� las normas de derecho romano y can髇ico aplicables. Junto al usaje, el cap韙ulo XLIV del Recognoverunt proceres recogi� una norma parecida en materia de prescripci髇, que excluy� los plazos de diez y veinte a駉s del derecho romano y generaliz� el plazo de treinta a駉s ya establecido por el usaje mencionado. Estas normas no eran las 鷑icas vigentes, sino que subsist韆n otros plazos m醩 cortos, recogidos por las Constitucions (libro s閜timo, t韙ulo II, volumen I). La jurisprudencia del Tribunal Supremo fue siempre muy respetuosa con la normativa catalana sobre prescripci髇 y, en este sentido, son numerosas las sentencias en las que se aplic� la prescripci髇 de los treinta a駉s del usaje y se excluy� la del C骴igo civil.

Hoy la prescripci髇 y la caducidad est醤 deficientemente reguladas. La primera est� regulada por el art韈ulo 344 de la Compilaci髇 y por el C骴igo civil espa駉l, al cual se remite la Compilaci髇 y no todas las normas del cual son aplicables a Catalu馻. La caducidad, en cambio, solo aparece referida a acciones concretas y no est� regulada en ning鷑 cuerpo legal.

La escasa aplicaci髇 a las acciones personales que los tribunales catalanes han hecho del plazo de prescripci髇 de treinta a駉s y la preocupaci髇 por modificar y actualizar la prescripci髇, que tambi閚 se ha manifestado en los ordenamientos jur韉icos de los pa韘es del entorno, han determinado que se optara por emprender una regulaci髇 detallada de estas instituciones, la cual ha tenido en cuenta las regulaciones de varios pa韘es europeos, algunas de las cuales muy recientes, y varias propuestas de reformas legislativas en curso.

En esta regulaci髇 la prescripci髇 se predica de las pretensiones, entendidas como derechos a reclamar a otra persona una acci髇 u omisi髇, y se refiere siempre a derechos disponibles. La prescripci髇 extingue las pretensiones, tanto si se ejercen en forma de acci髇 como de excepci髇. La caducidad, en cambio, se aplica a los poderes de configuraci髇 jur韉ica, entendidos como facultades que la persona titular puede ejercer para alterar la realidad jur韉ica, que nacen con una duraci髇 predeterminada y que no necesitan la actuaci髇 ajena. La caducidad imposibilita su ejercicio y puede producirse tanto en los casos de relaciones jur韉icas indisponibles como en los de relaciones jur韉icas disponibles. En este 鷏timo caso, la caducidad presenta unas semejanzas con la prescripci髇 que aconsejan aplicar algunas de sus normas.

Uno de los ejes de la regulaci髇 ha sido la considerable reducci髇 de los plazos de prescripci髇. En el art韈ulo 121-20 se ha optado por un plazo general de prescripci髇 de diez a駉s, tanto para las acciones personales como para las reales, combinado con otros plazos m醩 cortos, establecidos por los art韈ulos 121-21 y 121-22, que muestran una clara tendencia uniformadora. Tambi閚 se ha generalizado el criterio de la necesidad del conocimiento o, cuando menos, de la cognoscibilidad de los datos de la pretensi髇 para iniciar el c髆puto del plazo, de modo que, de acuerdo con el art韈ulo 121-23, para que empiece a computarse el plazo de prescripci髇 no basta con el nacimiento de la pretensi髇, sino que es preciso, adem醩, que la persona titular haya conocido o haya podido conocer razonablemente las circunstancias que fundamentan la pretensi髇 y la persona contra quien puede ejercerse. Sin embargo, el art韈ulo 121-24, dando una nueva funci髇 al plazo del usaje Omnes Causae, se refiere a los treinta a駉s, a contar desde el nacimiento de la pretensi髇, como plazo de preclusi髇, agotado el cual, de forma absoluta y con independencia de cualquier circunstancia, ya no puede hacerse valer dicha pretensi髇.

De acuerdo con las regulaciones europeas m醩 modernas y el principio de libertad civil, el art韈ulo 121-3 introduce una excepci髇 a la norma de la inderogabilidad del r間imen de la prescripci髇, referida a la posibilidad de modificar los plazos, ya sea para abreviarlos o para alargarlos. Adem醩 de los l韒ites generales de la autonom韆 de la voluntad, el abreviamiento o el alargamiento que se pacten no pueden exceder, respectivamente, de la mitad o el doble del plazo legalmente establecido.

Una novedad importante, en la l韓ea de la evoluci髇 de los ordenamientos jur韉icos de los pa韘es del entorno, ha sido la introducci髇 de la suspensi髇 de la prescripci髇, concebida como medio para socorrer a la persona titular del derecho que no ha podido interrumpir la prescripci髇, ya sea por motivos externos y ajenos a dicha persona o por motivos personales o familiares. Esta figura, ignorada por el C骴igo civil espa駉l y s髄o con alg鷑 vestigio en el derecho catal醤 vigente, reclamaba una regulaci髇 como categor韆 general, sin perjuicio de la regulaci髇 de los casos espec韋icos en leyes especiales, tal como hacen la mayor韆 de los ordenamientos extranjeros pr髕imos al catal醤.

Hasta el momento las causas objetivas eran las 鷑icas causas de suspensi髇 reconocidas por el sistema jur韉ico catal醤; en especial, los casos de guerra o grave crisis social. Estos casos de suspensi髇, que ya eran presentes en los textos de los juristas cl醩icos catalanes y en la jurisprudencia antigua, se reconducen en la presente regulaci髇 hacia el concepto de fuerza mayor, que provoca la suspensi髇 si persiste cuando falta un tiempo relativamente corto, que el C骴igo fija en seis meses, para agotarse el plazo de prescripci髇. A estas circunstancias objetivas se suman ahora las circunstancias subjetivas derivadas de razones personales o familiares, que se dan cuando una persona menor de edad o incapaz carece de representaci髇 legal, de modo que no puede ejercer sus derechos, y cuando causas afectivas y de proximidad personal convierten en sumamente dif韈il el hacer valer la pretensi髇 frente a otra persona sin arriesgar gravemente la convivencia o una relaci髇 personal o familiar (matrimonio, relaci髇 paterno-filial, tutela, etc.) m醩 valiosa que la pretensi髇 prescriptible. Dado que, para preservar esta relaci髇, la persona interesada normalmente no acciona su derecho, debe existir suspensi髇 del plazo de prescripci髇, para no obligarla a sacrificar un derecho que el ordenamiento debe proteger de cara a intereses superiores.

Dada la importancia y la previsible repercusi髇 pr醕tica de la nueva normativa sobre prescripci髇 y caducidad, ha sido preciso finalmente regular con detalle las situaciones transitorias y optar por un grado de retroactividad medio, que tiende a favorecer la aplicaci髇 de los plazos de prescripci髇 m醩 cortos. Por estas mismas razones y por la conveniencia que el t韙ulo II del libro primero del C骴igo civil de Catalu馻 entre en vigor al comienzo del a駉 natural, tambi閚 se ha considerado necesario establecer una vacatio legis hasta el 1 de enero de 2004.

Art韈ulo 7 Tratamiento del g閚ero en las denominaciones referidas a personas

En el C骴igo civil de Catalu馻, se entiende que las denominaciones en g閚ero masculino referidas a personas incluyen a mujeres y hombres, salvo que del contexto se deduzca lo contrario.

LE0000336464 Art韈ulo 7 introducido, en su actual redacci髇, por el n鷐ero 1 de la disposici髇 final primera de la Ley [CATALU袮] 10/2008, 10 julio, del libro cuarto del C骴igo civil de Catalu馻, relativo a las sucesiones (獶.O.G.C.� 17 julio).Vigencia: 1 enero 2009

LE0000336464 Art韈ulo 8 renumerado por el n鷐ero 2 de la disposici髇 final primera de la Ley [CATALU袮] 10/2008, 10 julio, del libro cuarto del C骴igo civil de Catalu馻, relativo a las sucesiones (獶.O.G.C.� 17 julio) Su contenido literal se corresponde con el del anterior art韈ulo 7.Vigencia: 1 enero 2009