Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gesti髇 Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha

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Sumario

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley.

Exposici髇 de motivos

Castilla-La Mancha tiene una superficie forestal algo superior a 3.500.000 hect醨eas, equivalente al 44 por ciento de su territorio, correspondiendo aproximadamente las tres cuartas partes a monte arbolado. La importancia de los montes de la regi髇 no s髄o se pone de manifiesto por la extensi髇 que ocupan, lo que se traduce en numerosos e inestimables beneficios medioambientales para la sociedad, sino tambi閚 por el destacado papel que est醤 llamados a desempe馻r en el desarrollo del medio rural, pudiendo constituir, adecuadamente gestionados, un importante factor de estabilidad de su poblaci髇, al ser fuente generadora de riqueza y empleo el aprovechamiento de los recursos renovables que atesoran.

En muchas 醨eas rurales de nuestra regi髇 la actividad forestal se manifiesta de forma relevante, tanto en t閞minos de empleo como de generaci髇 de renta. Si, adem醩 del valor econ髆ico de los productos forestales obtenidos del monte, se tiene en cuenta su creciente valor social, en el contexto de una sociedad cada vez m醩 urbanizada que practica de forma creciente el turismo rural, y demanda m醩 actividades al aire libre en contacto con la naturaleza, o la interpretaci髇 del paisaje, la presencia de los montes, en especial los arbolados, es insustituible.

La erosi髇, uno de los principales problemas medioambientales en amplias zonas de Castilla-La Mancha, principalmente en su modalidad h韉rica, no s髄o ocasiona importantes p閞didas de fertilidad del suelo, tambi閚 es causa de otros efectos indeseados que merman la efectividad de ciertas infraestructuras, en especial las de comunicaci髇 vial y las hidr醬licas. La existencia de masas forestales es esencial, sobre todo en terrenos en declive, para paliar los efectos negativos del fen髆eno erosivo, as� como para la contenci髇 de riadas, regulaci髇 de la de escorrent韆, etc.

La regulaci髇 del ciclo hidrol骻ico, as� como la influencia sobre el clima, son otros de los trascendentes beneficios de los bosques. En especial, hay que considerar el gran potencial que suponen para la fijaci髇 del di髕ido de carbono (CO2) atmosf閞ico, principal gas causante del efecto invernadero, combatiendo el consiguiente calentamiento de la Tierra.

Pero los beneficios citados anteriormente, junto con otros m醩 que directa o indirectamente proporcionan los bosques, y que aunque no se citen no son menos importantes, se ven empa馻dos por una lacra muy extendida en los pa韘es del 醨ea mediterr醤ea, de la que forma parte nuestro territorio. Se trata de los incendios forestales, cuyos efectos negativos se manifiestan en m鷏tiples facetas, entre las que cabe destacar la exposici髇 de los terrenos incendiados a alto riesgo de erosi髇, el quebranto de la biodiversidad y de otros valores ecol骻icos y medioambientales, as� como las altas p閞didas econ髆icas, tanto por las rentas dejadas de percibir como por los costes que ocasiona la restauraci髇 de los terrenos afectados.

Otros problemas, de m醩 cercana emergencia, derivan de la intensificaci髇 en la explotaci髇 de determinados recursos, actividades extractivas, urbanizaciones, 醨eas industriales, trazados de grandes infraestructuras de comunicaci髇 y, parad骿icamente, de la mayor presencia de personas en el monte procedentes de la ciudad y no habituadas a convivir con 閘.

Por todo lo expuesto, y dado que la anterior legislaci髇, pese a sus indudables virtudes, ha quedado obsoleta, es cada vez m醩 apremiante la necesidad de proceder a una nueva regulaci髇 de las actividades relacionadas con lo forestal, con los montes, en sus m鷏tiples manifestaciones, adaptada a las exigencias actuales y a la m醩 moderna escala de valores con que ha de abordarse la gesti髇 de los montes, y priorizando, cuando no sea posible compatibilizar, la conservaci髇 de los valores naturales sobre el aprovechamiento de los recursos, teniendo en cuenta la funci髇 social que la propiedad est� llamada a desempe馻r y el cumplimiento del mandato constitucional a los poderes p鷅licos de velar por la utilizaci髇 racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoy醤dose en la indispensable solidaridad colectiva.

Hasta ahora, las materias objeto de esta Ley han venido rigi閚dose por diversa y dispersa legislaci髇, en general preconstitucional, de 醡bito estatal, limit醤dose la normativa propia de la Comunidad Aut髇oma a la Ley 2/1988, de 31 de mayo, de conservaci髇 de suelos y protecci髇 de cubiertas vegetales naturales, ahora derogada, que, como su t韙ulo indica, ha tratado de incidir, y lo ha hecho con cierta eficacia, en la correcci髇 de los problemas de erosi髇 y conservaci髇 de suelos as� como en la protecci髇 de cubiertas naturales de considerable valor ecol骻ico, que no estaban suficientemente amparadas por la legislaci髇 anterior. Aunque de manera tangencial, tambi閚 la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservaci髇 de la naturaleza, ha contribuido y contribuye positivamente a la protecci髇 de nuestras masas forestales. Razones de seguridad jur韉ica han llevado a no promulgar m醩 normativa auton髆ica en relaci髇 con los montes hasta la aprobaci髇 de la legislaci髇 b醩ica post-constitucional, atendiendo a lo dispuesto en el art韈ulo 32.2 del Estatuto de Autonom韆 de Castilla-La Mancha, que atribuye a la Junta de Comunidades la competencia de desarrollo legislativo y la ejecuci髇 en materia de montes, aprovechamientos y servicios forestales, v韆s pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos, en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado y, en su caso, en los t閞minos que la misma establezca.

Promulgada la legislaci髇 b醩ica estatal -Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, recientemente modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril-, es el momento de proceder a su desarrollo legislativo seg鷑 posibilita el art韈ulo 32 citado del Estatuto de Autonom韆, lo que se hace, en primera instancia, mediante la presente Ley, cuyos principios inspiradores son, como no pod韆 ser de otra manera, los mismos que recoge la legislaci髇 b醩ica, enmarcados en el concepto fundamental de la gesti髇 forestal sostenible.

Parte la Ley del concepto de monte establecido en la legislaci髇 b醩ica estatal, el cual, como en la legislaci髇 anterior, se extiende pr醕ticamente a todo aquel terreno que no es objeto de cultivo agr韈ola, ni est� ocupado por n鷆leos urbanos o industriales, por infraestructuras de comunicaci髇 o por aguas superficiales, si bien es cierto que en la presente norma se precisa m醩 en la definici髇 de monte, lo que ha de suponer una mayor seguridad jur韉ica en su aplicaci髇.

La Ley trata de compendiar en un 鷑ico cuerpo legislativo todo lo referente a materias estrechamente vinculadas entre s�, pero reguladas anteriormente de manera dispersa. Y lo hace sin desviarse pr醕ticamente de la estructura de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en que se sustenta, entre otros motivos, con la finalidad de facilitar su m醩 correcta interpretaci髇 y aplicaci髇, dado que en las materias que regula hay injerencia de disposiciones estatales que no se pueden subsumir en el presente texto legal, por ser estas de competencia plena del Estado, y que, sin embargo, deben tener presente quienes han de velar por el cumplimiento de la norma auton髆ica. As�, en paralelismo con la ley b醩ica, se estructura en siete t韙ulos: el t韙ulo I est� dedicado a disposiciones generales, estableciendo una clasificaci髇 de los montes conforme al criterio establecido en el t韙ulo II, donde se define el r間imen jur韉ico de los montes; el t韙ulo III trata de la gesti髇 forestal sostenible, mientras que el IV versa sobre la conservaci髇 y protecci髇 de los montes; el t韙ulo V presta atenci髇 a la investigaci髇, formaci髇, divulgaci髇, extensi髇 y polic韆 forestal, y el VI al fomento forestal; por 鷏timo, en el t韙ulo VII se establece el r間imen sancionador.

La Ley contiene numerosas transcripciones de las disposiciones b醩icas, lo cual es necesario en aras de un texto coherente; en caso contrario, resultar韆 un texto plagado de remisiones, cuya lectura resultar韆 extremadamente dificultosa. En las disposiciones adicionales se ha hecho remisi髇 a aquellas disposiciones de la ley b醩ica que, siendo de competencia exclusiva del Estado, se ha estimado conveniente que quede constancia de las mismas en la presente norma auton髆ica.

Cabe destacar de la Ley tres puntos: las nuevas categor韆s de montes, la gesti髇 forestal sostenible y la lucha contra los incendios forestales.

Por lo que respecta al primer punto, la Ley, aparte de ampliar las posibilidades que la legislaci髇 anterior establec韆 para incluir terrenos forestales en el Cat醠ogo de Montes de Utilidad P鷅lica, el cual se mantiene y refuerza, tipifica nuevas categor韆s de montes, ya sean de titularidad p鷅lica o de titularidad privada, estableciendo para las mismas reg韒enes que garanticen la conservaci髇 de las caracter韘ticas o potencialidades que motivan su inclusi髇 en tales categor韆s, incidiendo en su protecci髇 y tutela, y d醤doles prioridad en la concesi髇 de ayudas p鷅licas para la gesti髇 forestal.

La gesti髇 forestal sostenible es, indudablemente, el aspecto de mayor trascendencia que la Ley contiene. De una correcta gesti髇 de los montes presidida por el principio de sostenibilidad depende no s髄o su persistencia, sino que es la base para el adecuado desarrollo y estabilidad de las poblaciones radicadas en el medio rural. La planificaci髇 de la gesti髇 forestal se desarrolla fundamentalmente en dos niveles: en el superior, se fijan las pautas para la gesti髇 forestal sostenible mediante los denominados planes de ordenaci髇 de los recursos forestales (PORF), de 醡bito comarcal o equivalente, y a cuyo marco han de ajustarse los proyectos de ordenaci髇 o planes dasocr醫icos, en el nivel inferior, que son los instrumentos de gesti髇 forestal sostenible de aplicaci髇 directa a nivel de monte o grupo de montes concreto. Del protagonismo que la presente Ley da a la gesti髇 forestal sostenible es exponente las atribuciones que la misma otorga a los PORF, ya que a trav閟 de 閟tos pueden definirse, para su 醡bito de aplicaci髇 territorial, caracter韘ticas para que aquellos montes que las re鷑an puedan incluirse en reg韒enes de protecci髇 especial y, as� mismo, los faculta para modificar, tambi閚 dentro de su 醡bito territorial, las superficies m韓imas que, con car醕ter general, se establecen para que los enclaves forestales en terrenos agr韈olas tengan la consideraci髇 de monte, y aquellas otras superficies para las que se determina la obligatoriedad de contar con un instrumento de gesti髇 forestal sostenible.

En cuanto a la lucha contra los incendios forestales, se hace hincapi� en las medidas preventivas, tanto en lo que se refiere a la concienciaci髇 ciudadana como a la investigaci髇 de sus causas, a la dotaci髇 en infraestructuras de prevenci髇, y a los trabajos de selvicultura preventiva. Mediante el establecimiento de planes de defensa contra incendios se presta especial atenci髇 a aquellas zonas que sean declaradas de alto riesgo. Se prev� la impartici髇 de cursos de formaci髇 cuya asistencia y superaci髇 ser� exigible a quienes integren los servicios de extinci髇. Se dan atribuciones inequ韛ocas a los directores o responsables t閏nicos en tareas de extinci髇, cuya defensa jur韉ica, as� como la del personal bajo su mando, se garantiza en caso de procedimientos seguidos ante las jurisdicciones civil y penal, por posibles responsabilidades derivadas de las 髍denes impartidas y las acciones ejecutadas en relaci髇 con la extinci髇. Se resalta la prohibici髇 de, tras un incendio, proceder al cambio del uso forestal del terreno afectado al menos durante treinta a駉s, se regulan las bases para la restauraci髇 de los terrenos afectados y se recrudece el r間imen sancionador en relaci髇 con las conductas que, con infracci髇 de esta Ley, conlleven o puedan ser causa de incendio forestal.

La habilitaci髇 competencial para dictar la presente Ley se contiene en los siguientes art韈ulos del Estatuto de Autonom韆 de Castilla-La Mancha:

• Art韈ulo 32.2, ya citado, en relaci髇 con la competencia, en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado, para el desarrollo legislativo y la ejecuci髇 en materia de montes, aprovechamientos y servicios forestales, v韆s pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos.
• Art韈ulo 32.7, en relaci髇 con la competencia, en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado, para el desarrollo legislativo y la ejecuci髇 en materia de protecci髇 del medio ambiente y de los ecosistemas.
• Art韈ulo 39.3, en relaci髇 con la competencia para la regulaci髇, de acuerdo con la legislaci髇 del Estado, de los bienes de dominio p鷅lico y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad Aut髇oma, y de los contratos y de las concesiones administrativas en el 醡bito de la Comunidad.
• Art韈ulos 31.1.2�, en relaci髇 con la competencia exclusiva en materia de ordenaci髇 del territorio, urbanismo y vivienda.
• Art韈ulo 31.1.6�, en relaci髇 con la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganader韆, de acuerdo con la ordenaci髇 general de la econom韆.
• Art韈ulo 31.1.19�, en relaci髇 con la competencia exclusiva en materia de promoci髇 del deporte y de la adecuada utilizaci髇 del ocio.
• Art韈ulo 31.1.24�, en relaci髇 con la competencia de estad韘tica para fines no estatales

Finalmente se han incluido como Disposici髇 Final Primera las modificaciones puntuales de los art韈ulos 30.3, 40.4 y 60 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de V韆s Pecuarias de Castilla-La Mancha. La Disposici髇 Final Segunda modifica el art韈ulo 55 de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial de Castilla-La Mancha, para actualizar la imposici髇 de sanciones a los correspondientes 髍ganos competentes en materia de pesca y la Disposici髇 Final Tercera, modifica el art韈ulo 39 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluaci髇 Ambiental de Castilla-La Mancha. La habilitaci髇 competencial para dictar estas modificaciones viene dada por los art韈ulos 32.2; 31.1.10 y 32.7 respectivamente, del Estatuto de Autonom韆.