Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura

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Sumario

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 49.1 del Estatuto de Autonom韆, vengo a promulgar la siguiente Ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

En el texto de esta ley toman cuerpo dos de las iniciativas legislativas de nuestra Comunidad Aut髇oma m醩 esperadas y necesarias en el 醡bito local, con el objetivo de dotar de una regulaci髇 m醩 completa a las mancomunidades y la espec韋ica que, por razones de singularidad de las existentes en nuestro territorio, exigen las entidades locales menores extreme馻s.

Ambos esfuerzos normativos tienen puesto su horizonte en el convencimiento de que la puesta en valor y permanente ratificaci髇 de la autonom韆 local se traduce para los ciudadanos en la mejora de los servicios que reciben de las administraciones p鷅licas y, en definitiva, de su propia calidad de vida.

La uni髇 de ambas materias en un mismo texto normativo, aun cuando comparten algunas singularidades y giran en el mismo campo de nuestro ordenamiento jur韉ico y de nuestra realidad institucional, responde m醩 a razones de oportunidad que de cohesi髇 de ambos reg韒enes regulatorios, sin que con ello se pierda la ocasi髇 en el texto de coordinar aquellas cuestiones que relacionan las entidades locales menores y las mancomunidades, all� donde se ha considerado necesario.

Igualmente, la ley parte del pleno respeto a la realidad actualmente existente en nuestra regi髇 de las entidades locales que regula, ya sean mancomunidades o entidades locales menores.

Por razones sistem醫icas, tras las precisiones contenidas en el T韙ulo Preliminar sobre el objeto, el 醡bito de aplicaci髇 y los fines que persigue la norma, se dedica el T韙ulo I a las mancomunidades y el T韙ulo II a las entidades locales menores.

En cuanto a la regulaci髇 de las mancomunidades, el punto de partida que toma en consideraci髇 la ley es la necesidad que tienen los municipios y entidades locales menores extreme駉s de disponer de un instrumento eficaz que les permita afrontar de forma asociada la compleja realidad social, econ髆ica y de servicios a la que se enfrentan en la actualidad.

En este sentido, pocas conclusiones han sido objeto de tanto consenso entre las distintas visiones pol韙icas y jur韉icas en torno al Gobierno y la Administraci髇 Local como la idea de que nuestros municipios se han enfrentado a una importante evoluci髇 de necesidades y realidades sociales y de servicios en los 鷏timos veinticinco a駉s de funcionamiento democr醫ico, de tal modo que su posici髇 frente al ciudadano y al resto de las administraciones p鷅licas es totalmente diferente a la originaria.

Los municipios constituyen en muchas ocasiones la primera y m醩 directa Administraci髇 P鷅lica con la que se encuentra el ciudadano en su actividad cotidiana, de tal modo que la importante transformaci髇 operada en nuestra sociedad desde muchos puntos de vista ha generado la necesidad de buscar v韆s de satisfacci髇 de sus necesidades y del inter閟 general muy diferentes a las convencionales, ancladas en conceptos y presupuestos no siempre 鷗iles o completamente eficaces frente a nuestra realidad actual.

A este auxilio han cooperado decisivamente las asociaciones voluntarias que, dentro de nuestra tradici髇 local, configuran las tradicionales mancomunidades de municipios, que han prestado y prestan un incuestionable apoyo para que los municipios canalicen la prestaci髇 en com鷑 de servicios de su competencia.

La experiencia en nuestra Comunidad Aut髇oma de las mancomunidades de municipios, con sus peculiaridades y problem醫ica propia, no ha podido ser m醩 satisfactoria, en la medida en que han ayudado a los municipios a prestar servicios en com鷑 y de forma m醩 eficiente.

Sin desconocer la realidad organizativa y jur韉ica de estas mancomunidades tradicionales de municipios, no es menos cierto que algunas de ellas, sin embargo, se han configurado de hecho como especiales instrumentos de cooperaci髇 que, bajo la premisa de esa prestaci髇 de servicios, constituyen en realidad una decidida herramienta de mejor y m醩 adecuada vertebraci髇 del territorio, as� como para el desarrollo social, econ髆ico y cultural de sus poblaciones. Estas mancomunidades, que favorecen e impulsan de forma significativa un desarrollo sostenible, equilibrado e igualitario de sus respectivos entornos y que, en definitiva, constituyen la primera de las dos materias que aborda de esta ley, fueron objeto de calificaci髇 como integrales por la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura a partir de la aprobaci髇 del Decreto 74/2008, de 25 de abril, por el que se establece un fondo de cooperaci髇 para las mancomunidades integrales de municipios de Extremadura.

A partir de esa norma, cuya finalidad no era expresamente la definici髇 y regulaci髇 de las mancomunidades integrales, se ha puesto quiz� m醩 en evidencia la necesidad de dotar de un 醡bito complementario y espec韋ico de regulaci髇 que les sea propio, potenciando su existencia y dot醤dolas, con pleno respeto a su autonom韆 propia, de las normas b醩icas que permitan su estructuraci髇 como entidades funcionales, de gesti髇 eficaz, cercanas al ciudadano y capaces de dar satisfacci髇 r醦ida y precisa a sus necesidades, dentro del 醡bito competencial que evidentemente les es propio.

La idea estructural b醩ica de este modelo de regulaci髇 es, por tanto, la necesidad de concebir a la mancomunidad integral, especie dentro del g閚ero de las mancomunidades, como un instrumento con vocaci髇 de permanencia, a trav閟 del cual municipios y entidades locales menores colindantes en lo territorial y que comparten una realidad econ髆ica, social y cultural, o una tradici髇 propia com鷑, puedan estructurar en conjunto la prestaci髇 de sus servicios, de una parte, y las pol韙icas de desarrollo y promoci髇 de sus poblaciones, compatibiliz醤dolas con las singularidades y especificidades de los diferentes territorios de nuestra Comunidad Aut髇oma.

Con este r間imen no se pretende sustituir ni mermar el que regula las mancomunidades de municipios tradicionales, sino crear uno espec韋ico y m醩 concreto para las que, de entre las primeras, merezcan el calificativo de integrales, asumiendo por supuesto que ambos tipos coexistir醤 en nuestro espacio local.

En esta l韓ea, se ha pretendido apuntar un r間imen de gobierno de las mancomunidades integrales, siempre dentro del pleno respeto a las decisiones que cada entidad local mancomunada consiga trasladar y plasmar en la norma estatutaria por la que se regulen, buscando la eficiencia en la gesti髇 y la utilidad de la asociaci髇 para la dinamizaci髇 del desarrollo local. Aun a riesgo de trazar previsiones que en ocasiones puedan ser tachadas de reglamentaristas, la ley aborda la materia con la esperanza de fomentar que las mancomunidades integrales lleven a cabo su labor con la mirada fija en, de una parte, el mejor servicio al ciudadano y, de otra, la mayor promoci髇 y desarrollo posibles de su entorno, dinamizando su econom韆, su cultura, su tradici髇 y, en definitiva, los valores propios de cada territorio dentro de sus particularidades geogr醘icas, naturales, tradicionales o de cualquier otro orden.

A su vez, la ley pretende fomentar de forma decidida la cooperaci髇 interadministrativa como soluci髇 v醠ida y potente para evitar que la coexistencia de competencias de varias Administraciones P鷅licas en una misma materia o en un mismo territorio provoque en el ciudadano la percepci髇 de servicios de menor calidad o la confusi髇 a la hora de abordar iniciativas positivas para el desarrollo de la econom韆, la cultura o los valores propios de su entorno.

De otro lado, el T韙ulo II se dedica en su integridad a las entidades locales menores extreme馻s, con la idea central de dotarlas de la suficiente autonom韆 y r間imen competencial como para garantizar el logro de sus fines. No cabe la menor duda de que en aquellos supuestos en que concurren unas determinadas circunstancias y una voluntad concreta de los ciudadanos, la figura de la entidad local menor constituye un instrumento 鷗il para mayor acercamiento del gobierno municipal a determinados n鷆leos poblacionales, personalizando y optimizando la toma de determinadas decisiones singulares que les afectan y que, en el conjunto de un municipio, pueden indebidamente diluirse.

Las entidades locales menores se configuran en la ley, por tanto, siguiendo las directrices marcadas por nuestra legislaci髇 b醩ica, pero procurando en todo momento centrar su papel y competencias en aquellos aspectos que realmente deben constituir su 醡bito de actuaci髇, lo que supone en la pr醕tica limitar su capacidad de intervenci髇 en determinados asuntos para potenciarla significativamente en otros.

Por tal motivo, si la participaci髇 de los ciudadanos representa un important韘imo valor en la actuaci髇 de nuestras Administraciones P鷅licas en general, en el caso de las entidades locales menores se torna en realmente decisiva y en ese convencimiento se ha preparado esta norma.

Con tales objetivos, el T韙ulo II de la ley aborda los aspectos m醩 singulares de la creaci髇 y organizaci髇 de las entidades locales extreme馻s, introduciendo particularidades significativas en cuanto al r間imen de elecci髇 y sustituci髇 del Alcalde Ped醤eo y de los miembros de la Junta Vecinal, as� como acerca de la posibilidad de plantear en 閟tas cuestiones de confianza y mociones de censura.

Finalmente, el enfoque de la ley no debe perder de vista la interesante posibilidad que representa para la Comunidad Aut髇oma de Extremadura disponer de una regulaci髇 espec韋ica en materia de Gobierno y Administraci髇 Local, que potencie y singularice el funcionamiento y la labor que en la regi髇, por sus caracter韘ticas poblacionales y geogr醘icas, desarrollan todas las entidades locales. En esta idea, la presente ley se configura como un primer paso legislativo que aborda la cuesti髇, con la mirada puesta en un camino m醩 largo que, de forma coordinada, establezca los instrumentos que permitan un r間imen normativo singularizado para nuestra Administraci髇 Local.

Por lo anteriormente expuesto, o韉o el Consejo Consultivo de Extremadura y previa deliberaci髇 en Consejo de Gobierno en su sesi髇 de 9 de julio de 2010, se desarrolla el presente texto legal.