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Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.

Ficha:
  • Órgano PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GALICIA
  • Publicado en DOG núm. 134 de y BOE núm. 182 de
  • Vigencia desde 13 de Septiembre de 2011. Esta revisión vigente desde 02 de Septiembre de 2012
Versiones/revisiones:

Sumario

Preámbulo

I

La Comunidad Autónoma de Galicia presenta dos características indiscutibles que han de tenerse muy presentes a la hora de articular los mecanismos de apoyo a la familia. Por una parte, una gravísima retracción de la natalidad y un alarmante envejecimiento de la población, que dificulta las posibilidades de renovación generacional y, en consecuencia, el mantenimiento del Estado de bienestar social alcanzado y su desarrollo. Por otra parte, un hondo apego de la sociedad gallega a su identidad, lo cual se traduce en un aprecio arraigado a sus tradiciones y valores familiares, como pueden ser el respeto a los antepasados y mayores, los vínculos con los orígenes, tanto en el sentido familiar como en el sentido de arraigo local.

La evolución histórica y la complejidad progresiva de la organización social encuentran reflejo y acogida en la familia como institución en permanente evolución. Fórmulas de convivencia que sin ser nuevas eran hasta ahora infrecuentes tienen cabida en la familia como estructura básica de la sociedad y como medio natural de desarrollo y crecimiento de la persona. Por ello es deber de los poderes públicos reconocer y amparar a la familia y todas sus manifestaciones y formas de organización, dándoles un especial apoyo y protección.

Tal apoyo no puede ser consecuencia de un afán dirigista o intervencionista, considerando que estamos tratando de la institución más próxima y cercana a las personas y que, por tanto, debe ser tratada con el máximo respeto a su autonomía organizativa y a las libertades individuales de sus miembros. Este apoyo ha de considerarse, más bien, como un deber de justicia, en reciprocidad a la aportación que las familias hacen a la sociedad.

El apoyo a la familia y a los núcleos de convivencia debe responder necesariamente a la complejidad de nuestra sociedad y debe dar solución a las diferentes situaciones que impiden o dificultan tanto la formación y constitución de nuevas familias o grupos estables de convivencia como el desarrollo integral de las ya constituidas.

Así, ha de darse el apoyo necesario a la maternidad y a la atención de las personas a cargo, potenciar la integración familiar de las personas mayores, paliar las dificultades notorias de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y procurar el sostenimiento de la estabilidad de la familia minimizando los daños derivados de los procesos de desestructuración familiar, y en particular en lo que afecte a los derechos de los hijos e hijas y los miembros más vulnerables de la familia.

II

La importancia de la familia como motor de la sociedad es destacada no solo en el ámbito autonómico y estatal, sino también en el ámbito europeo e internacional. En este sentido, cabe resaltar las conclusiones del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea sobre la importancia de las políticas favorables a la familia en Europa y el establecimiento de una alianza en favor de las familias, de julio de 2007, donde se hace hincapié, entre otras cosas, en que el cambio demográfico exige que se hagan más esfuerzos para que aquellos hombres y mujeres que quieran trabajar y crear una familia puedan tener hijos sin tener que sacrificar por ello sus carreras, fomentando la igualdad de género y facilitando la conciliación entre la actividad profesional, familia y vida privada, teniendo en cuenta la participación equitativa de los padres en la organización familiar.

Por otra parte, la Convención sobre los derechos del niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, reivindica también la necesidad de proteger y ofrecer la asistencia necesaria a la familia para que esta pueda asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, en tanto en cuanto se considera a la misma como el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en especial de los más vulnerables como los niños y niñas.

Es sobre estas premisas y sobre el mandato de los artículos 16.3 de la Declaración universal de los derechos humanos, 39 de la Constitución española y 33 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, que garantizan la protección social, económica y jurídica de la familia, sobre los cuales el Gobierno gallego asienta la presente Ley de apoyo a la familia y a la convivencia.

Como antecedente normativo en la Comunidad Autónoma de Galicia, la Ley 3/1997, de 9 de junio, gallega de la familia, la infancia y la adolescencia, fue pionera a nivel estatal en establecer un marco de protección para la familia. Asimismo, la Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres, preveía ya el desarrollo de un Plan integral de apoyo a la familia, así como el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y distintas medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia, dio un paso más adelante, dado que la consecución de la inserción laboral en clave de igualdad laboral es uno de los pilares claves para hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, siendo uno de los ámbitos en donde es más visible la desigualdad. Por otro lado, la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, contribuyó a la protección y apoyo no solo a las mujeres víctimas de violencia de género, sino también a sus hijos e hijas como víctimas directas e indirectas de una convivencia o situación familiar violenta. En el ámbito de los servicios sociales, la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, para garantizar el apoyo a las familias como marco de referencia en el cual se desarrollan las personas, supuso una actualización y modernización de los dispositivos y recursos habida cuenta de la evolución de la realidad social gallega, que estaba demandando un nuevo enfoque en las políticas sociales.

Esta evolución de la sociedad y la constitución de nuevos núcleos de convivencia exigen de los poderes públicos gallegos una actualización y adaptación normativa que contemple y regule las nuevas situaciones creadas.

En el ámbito de la infancia y la adolescencia, la publicación de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, y la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional, hacen necesario realizar cambios en la regulación actual contenida en la Ley 3/1997.

La legitimidad de la Xunta de Galicia para la actuación legislativa en materia de familia proviene de los apartados 23 y 24 del artículo 27 del Estatuto de autonomía de Galicia.

La Comunidad Autónoma de Galicia dispone, por tanto, de competencia legislativa propia para establecer un marco normativo en el cual se inscriban y tengan cabida el conjunto de actuaciones públicas en materia de apoyo a la familia y a la convivencia.

III

La presente ley se estructura en un título preliminar y tres títulos más, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

El título preliminar recoge las disposiciones generales de la ley, su objeto y finalidad, el ámbito de aplicación, los principios rectores, la imprescindible transversalidad que ha de guiar las actuaciones de los distintos órganos integrantes de la Xunta de Galicia para poder dotar a la ley de la necesaria efectividad, así como la creación del Consejo Gallego de la Familia y el Observatorio Gallego de la Familia y de la Infancia como órganos asesores y de participación, y la previsión de desarrollo de los planes integrales de apoyo a la familia y a la natalidad.

El título I está dividido en seis capítulos. El capítulo I regula las disposiciones comunes a la familia. El capítulo II engloba aquellas familias que, al tener condiciones especiales, requieren un tratamiento más favorable y una especial consideración por parte de los poderes públicos: las familias numerosas, las familias monoparentales, las familias con personas mayores a cargo, las familias con personas con discapacidad a cargo, las familias con personas dependientes a cargo y las familias acogedoras. El capítulo III recoge los principios de actuación y los ámbitos de protección de las personas mayores como pilar fundamental del núcleo familiar y como transmisoras de tradiciones, valores, conocimientos y experiencias, con un tratamiento propio desvinculado de las situaciones de dependencia. El objeto es el reconocimiento del papel de las personas mayores dentro de la familia, actuando en muchos casos como educadoras y referentes de los niños, niñas y adolescentes. El capítulo IV, como instrumento importante de fomento de la natalidad, está dedicado a las políticas públicas de apoyo a la maternidad, mediante el apoyo y protección a la mujer gestante, cualquiera que sea su circunstancia personal. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral se desarrolla en el capítulo V, donde se recogen las medidas que permiten dicha conciliación, así como la implicación en términos de igualdad de los hombres y mujeres en el desarrollo de la familia y la corresponsabilidad de las tareas y obligaciones familiares. Y, por último, el capítulo VI se ocupa del apoyo familiar y la mediación como medio para favorecer el fortalecimiento y la evolución de la familia y de sus miembros, el asesoramiento para facilitar la toma de decisiones y la resolución de conflictos que puedan afectarles, así como de la red de recursos para garantizar su efectividad.

El título II está dedicado a la infancia y la adolescencia desde una perspectiva global, al entender que la protección de las mismas que impone la Constitución a los poderes públicos no solo alcanza las situaciones en las que ha de intervenir la administración por mandato legal, sino también el desarrollo de políticas de bienestar que favorezcan y garanticen al conjunto de las y los menores un nivel de vida digno. Esta perspectiva global implica asumir que la responsabilidad de la atención a los niños y niñas y adolescentes recae en primer lugar en los padres, madres o tutores, pero también en las administraciones públicas y en la sociedad en general. Por ello es necesario positivar de manera clara y explícita las obligaciones que vinculan a todos los poderes públicos, asociaciones y entidades que lleven a cabo actividades dirigidas a la población infantil o que afecten a los padres y madres, las familias o la sociedad en general.

Dicho título está dividido en seis capítulos. El primero de ellos recoge las disposiciones generales, destacando en estos principios la primacía del interés de las personas menores sobre cualquier otro interés o actuación al ser de los miembros más vulnerables de la familia. El capítulo II regula los derechos de especial protección de la infancia y la adolescencia, además de sus deberes. El capítulo III está dedicado a su protección, previniendo las actuaciones de los poderes públicos ante las situaciones de riesgo y desamparo mediante actuaciones como el apoyo a la familia, la tutela, la asunción de la guarda de la o el menor y la adopción, dedicando a cada una de ellas una subsección específica. El capítulo IV regula las actuaciones en materia de reeducación de personas menores infractoras responsables penalmente en virtud de lo establecido en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; el capítulo V las actuaciones en materia de atención especializada de los niños, niñas y adolescentes, y el capítulo VI está dedicado a las instituciones, entidades y centros de atención a las y los menores.

Finalmente, en el título III se incorpora un régimen básico específico de infracciones y sanciones a fin de que la protección que la ley ofrece sea respetada por las personas o entidades que promuevan actuaciones que atenten contra los derechos en la misma reconocidos.

El anteproyecto de ley fue sometido al preceptivo dictamen del Consejo Económico y Social de Galicia.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.