Sumario

Ley [GALICIA] 4/1993, 14 abril, derogada por la disposici�n derogatoria �nica.a) de la Ley [GALICIA] 13/2008, 3 diciembre, de servicios sociales de Galicia (�D.O.G.� 18 diciembre) el 18 de marzo de 2009.

Pre�mbulo

La consolidaci�n de un Estado social y democr�tico, tal y como lo define la Constituci�n, ha supuesto en la �ltima d�cada la implantaci�n de nuevas alternativas en la protecci�n y promoci�n social, tanto a iniciativa de los poderes p�blicos como de la sociedad civil, gener�ndose un proceso de tal dinamismo que dej� obsoletas los planteamientos te�ricos heredados del pasado y el marco legal en el que se proyectaban.

A ese dinamismo de la sociedad en la creaci�n y demanda de nuevas formas de garantizar la igualdad y calidad de vida para todos, especialmente para los m�s desprotegidos, se une el propio de un Estado de autonom�as que posibilita la b�squeda de soluciones propias en el marco de distribuci�n competencial que definen la Constituci�n y los respectivos estatutos.

El sistema de servicios sociales participa de ambos dinamismos. Por una parte, a trav�s del mismo, se hacen efectivos importantes principios que identifican al Estado como social. De otra en el caso de Galicia, su Estatuto de autonom�a, en correspondencia con la Constituci�n, determina que la materia de asistencia social es de exclusiva competencia de la Comunidad Aut�noma.

Si bien el Parlamento de Galicia aprob� en esta materia la Ley Gallega 3/1987, de 27 de mayo, de Servicios Sociales, que fue un instrumento �til para la regulaci�n de los mismos en este per�odo, la evoluci�n de la realidad que trataba de ordenar y las limitaciones del propio texto legal que ahora se deroga, especialmente en lo que se refiere a la conceptualizaci�n de los contenidos, atribuci�n de competencias, ordenaci�n de las entidades prestadoras y del voluntariado social y control global del sistema, han aconsejado la revisi�n del mismo, revisi�n que, dada su hondura y alcance, ha desbordado las posibilidades de una mera reforma e impuesto la necesidad de una nueva Ley.

El presente texto legal trata de regular exhaustivamente los aspectos b�sicos de los servicios sociales en Galicia, en cuanto sistema integrado, tal como se expone en el art�culo 1.�, lo que resulta una nota central que informa el entero contenido de aqu�l, por tanto cada uno de los aspectos regulados forma parte de un todo interdependiente, coordinado y arm�nico, posibilitando una integraci�n funcional de la que, en buena parte, depender� la eficacia global del sistema.

Complementaria a esa definici�n sistem�tica es la de servicio p�blico, con la que se establece un r�gimen de responsabilidad p�blica para la esfera de los servicios sociales que, definitivamente, en coherencia con las notas definitorias del Estado social que la Constituci�n dise�a, acota los servicios sociales como un derecho para todos aquellos que por su situaci�n los precisen, tal como se establece en el art�culo 2.� de la presente Ley.

En funci�n de los poderes p�blicos, no supone una acci�n p�blica que ahogue la creatividad e iniciativa de la sociedad, sino, muy al contrario, que la fomente, coordine, regule y colabore como una parte m�s integrada en el conjunto, que, considerado en su globalidad, es de responsabilidad p�blica. As�, de un modo expl�cito, se reconoce no s�lo la iniciativa social carente de fin de lucro, sino tambi�n la iniciativa privada lucrativa.

Por otra parte, el principio de territorialidad se vuelve decisivo en la estructuraci�n de los servicios sociales, principio que encuentra su concreci�n en una distribuci�n competencial realmente descentralizadora.

En el t�tulo primero de la ley se establecen los contenidos que constituyen la oferta del sistema a la sociedad gallega. A tal fin se estructuran los servicios sociales en dos niveles de atenci�n y nueve �reas de actuaci�n, teniendo �stas un car�cter de relaci�n abierta a nuevas problem�ticas sectoriales que en el futuro pudiesen requerir una atenci�n particularizada.

En lo concerniente a los niveles de atenci�n se ha optado por una reconceptualizaci�n necesarias para minimizar las posibles ambig�edades interpretativas y recoger al mismo tiempo los matices que la pr�ctica de estos a�os ha impuesto a una teorizaci�n excesivamente r�gida sobre los servicios sociales. Efectivamente, se opta por la denominaci�n �de atenci�n primaria�, por su expresividad y por permitir una flexibilidad en el sentido de que la nota de polivalencia y apertura a toda la comunidad en la que act�an los servicios sociales en ese nivel no obste para que, de acuerdo con la modulaci�n contenida en el art�culo 9.�, puedan abordarse desde ellos proyectos y actuaciones sectoriales de contenido netamente integrador.

Por otra parte, el calificativo de �comunitarios�, con el que ven�a denomin�ndose a los servicios de este nivel puede y ha de predicarse de cualquier servicio del sistema integrado, en el sentido de que la comunidad es, tanto en la atenci�n primaria como en la especializada, el punto de partida y de llegada y el principal recurso para una acci�n integradora y normalizadora.

En esta regulaci�n legal de los servicios sociales materia que corresponde en exclusiva a la Comunidad Aut�noma, se tiene en cuenta el principio de la autonom�a de los entes locales que consagra la Carta Magna, atribuyendo con toda nitidez competencias propias a los entes locales para la gesti�n de sus intereses en este terreno. S�lo de esa manera, tal como se�ala la Ley Reguladora de las Bases del R�gimen Local, se hace realmente efectiva la autonom�a que la Constituci�n garantiza.

Ese principio fundamental, no contemplado en la anterior Ley Gallega de Servicios Sociales, que s�lo recog�a la posibilidad de delegaci�n, no debe implicar la disgregaci�n y heterogeneidad en aspectos sustanciales de la prestaci�n de los servicios sociales, para lo cual es preciso aplicar la necesaria coordinaci�n. Esa coordinaci�n no implica una tutela que menoscabe la autonom�a municipal sino que, en palabras del Tribunal Constitucional, es una posibilidad del legislador exigida �por la unidad misma del sistema en su conjunto en el que las diferentes entidades aut�nomas se integran�, as� como por el �principio de eficacia administrativa� (art�culo 103.1, de la CE), que ha de predicarse no s�lo de cada Administraci�n p�blica, sino de la entera estructuraci�n de los servicios p�blicos.

En el t�tulo segundo de la Ley, de acuerdo con esos principios, tras atribuir competencias propias a los entes locales, que pasan de hecho a ser la instancia principal en la gesti�n de los servicios en los dos niveles de atenci�n, se establece una serie de instrumentos fundamentales de coordinaci�n, competencia de la Xunta de Galicia: El Plan gallego de equipamientos y servicios sociales las normativas b�sicas de gesti�n y acreditaci�n y un sistema de registro de entidades. Asimismo, en correspondencia con lo anterior, se atribuye a la Administraci�n auton�mica el ejercicio de las potestades inspectoras y sancionadora.

En los t�tulos tercero y cuarto se abordan determinados aspectos que configuran el sistema regulado en la ley como un sistema abierto y permeable a la sociedad en la que act�a, integrando como parte del mismo la iniciativa privada y las entidades y organizaciones de trabajo voluntario y estableciendo un �rgano de participaci�n: El Consejo Gallego de Servicios Sociales.

La iniciativa privada, sujeta, en cualquier caso, al r�gimen de autorizaci�n administrativa previa, queda regulada tanto en su modalidad social como lucrativa, tal como la realidad de los servicios sociales lo demanda. En el art�culo 55 se abre la posibilidad de que la Xunta de Galicia pueda subvencionar, en condiciones expresamente tasadas, en ambas modalidades, la creaci�n modificaci�n, equipamiento y adaptaci�n de sus centros, si bien la prestaci�n de los servicios s�lo se subvencionar�, tal como establece el art�culo 56, a las entidades prestadoras de iniciativa social.

En el cap�tulo segundo del t�tulo cuarto se aborda la regulaci�n del voluntariado, aspecto �ste de esencial importancia en un sistema que pretenda fundamentarse en el principio de solidaridad y sobre el que existen escas�simos precedentes legales.

El t�tulo quinto establece las bases, tanto del sistema de prestaciones y ayudas econ�micas, que se definen como complementarias a la oferta de servicios sociales, como de subvenciones, mediante las cuales se fomentar� la participaci�n de las entidades definidas en el t�tulo tercero en la prestaci�n de los servicios objeto de esta Ley.

En el t�tulo sexto se aborda la definici�n y tipificaci�n de las infracciones as� como el establecimiento de un r�gimen sancionador. Se establece as� la base legal sobre la que la Administraci�n auton�mica podr� llevar a efecto una eficaz y objetiva acci�n inspectora sobre la globalidad del sistema.

El texto recoge en su t�tulo s�ptimo las bases del sistema de financiaci�n de acuerdo con la distribuci�n competencial establecida y el principio de responsabilidad p�blica.

Es preciso resaltar el deber de los entes locales de consignar partidas presupuestarias espec�ficamente dedicadas a materia de servicios sociales, dando entidad substancial a un campo de actuaci�n administrativa hasta ahora insuficientemente considerado. En el caso de los ayuntamientos de menos capacidad econ�mica se establece en los art�culos 76 y 77 un sistema incentivador de los agrupamientos, necesarios para mejorar el rendimiento de los programas y equipamientos de servicios sociales.

Por la disposici�n adicional primera de la presente Ley se modifica la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la funci�n p�blica de Galicia, a�adiendo el supuesto de �prestaci�n directa de servicios sociales y protecci�n de menores� entre los de excepci�n a la regla general de que los puestos de trabajo de la Administraci�n auton�ma ser�n prestados por funcionarios, armoniz�ndose de esa forma el art�culo 25, 2, de dicha ley con el art�culo 15.1, letra c), de la Ley estatal 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la funci�n p�blica.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprob� y yo, de conformidad con el art�culo 13, 2, del Estatuto de Galicia, y con el art�culo 24, de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidente, promulgo, en nombre del Rey, la Ley de servicios sociales.