Sumario

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Las rías de Galicia constituyen unos espacios singulares dentro de la geografía de la Comunidad Autónoma. En ellos se encuentra una gran riqueza natural, de fauna y paisajística y de importante valor económico a la vez, que viene conviviendo con asentamientos urbanos y actividades industriales de cierta entidad. El deterioro que, a través de los años, estas actividades, u otras de nueva implantación, pueden causar por efectos puntuales o acumulativos a la calidad de sus aguas hace necesario que se utilicen todos los instrumentos al alcance de la Comunidad Autónoma para corregir y prevenir estas consecuencias perniciosas. La presente ley pretende, pues, la protección de la calidad de las aguas de las rías de Galicia mediante el establecimiento de objetivos de calidad y de límites para la emisión de vertidos, así como la ordenación de las actividades que pudiesen resultar incompatibles con dicha protección, cuya instalación requerirá una especial atención a las exigencias ambientales.

Todo ello con el objetivo de que Galicia se dote de un instrumento normativo del máximo rango que haga compatibles de forma razonable el desarrollo urbano e industrial, por un lado, con los usos de marisqueo, turismo y baño de las rías, por otro, considerando el medio natural como un factor limitador común a ambos aspectos.

Estas circunstancias obligan a acometer una normativa especial para los vertidos contaminantes en las rías de Galicia que, acomodándose a lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea y la normativa básica del Estado, establezca un régimen de protección de los márgenes de éstas, así como un régimen estricto de vertidos, tanto desde la perspectiva material de los parámetros de calidad de las aguas y niveles de emisión admisibles como desde la perspectiva puramente sancionadora.

A estos efectos, el Estatuto de autonomía de Galicia contempla, por una parte, la competencia exclusiva de la Xunta de Galicia para la ordenación del territorio y del litoral (artículo 27.3) y para la promulgación de normas adicionales sobre protección del medio ambiente (artículo 27.30), y, por otra parte, la ejecución de la normativa estatal en materia de vertidos al litoral (artículo 29.4). En este marco, según ha sido reiteradamente interpretado por el Tribunal Constitucional, la presente ley encuentra, pues, acomodo en las competencias de la Xunta de Galicia.

Asimismo, la presente ley encaja sin dificultad en la previsión contenida en el artículo 34 de la Ley de costas estatal, a fin de dictar normas específicas de protección para tramos de costa determinados, a los cuales se debe atender especialmente para la autorización de vertidos contaminantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57.2 de la misma ley. Hay que aclarar que, si bien la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991 declara el citado artículo 34 inconstitucional, dicho pronunciamiento tiene como fundamento no el contenido material del precepto, que es plenamente admisible, sino la atribución al Estado y no a las comunidades autónomas de la competencia para dictar tales normas.

Por último, el régimen de protección que la presente ley establece se incardina también en el marco de los principios que inspiran la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia, en especial el de clasificación de las actividades y el de prevención, expresamente recogidos en esa norma adicional de protección autonómica dictada para dar cumplimiento al artículo 45 de la Constitución y a las exigencias ambientales derivadas del ingreso de España en la Unión Europea dentro del ámbito de nuestra autonomía.

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En otro orden de cosas, la presente ley regula la ordenación del servicio de depuración de aguas residuales urbanas. Este servicio ha venido hasta ahora prestándose, generalmente, de una forma dual, reservándose la Administración autonómica la ejecución de las estaciones depuradoras y asumiendo las entidades locales la explotación de las mismas. Sin embargo, el desarrollo de la planificación del saneamiento de Galicia y la ejecución de numerosas instalaciones de depuración han puesto de manifiesto una serie de disfunciones, tales como la falta de reglamentos u ordenanzas municipales, la disparidad de costes económicos de explotación o la falta de respuesta ante determinados vertidos de naturaleza industrial inasumibles por el sistema, debidas en algunos casos a la escasa capacidad técnica, económica o normativa de las entidades que actualmente prestan el servicio.

Estas disfunciones pueden comprometer el cumplimiento de los objetivos ordenados por la normativa europea, ya asumidos por el ordenamiento jurídico español y gallego. Por ello, el título II de la presente ley ordena el servicio de depuración de aguas residuales urbanas de Galicia, que se declara servicio público de interés general de la Comunidad Autónoma, y cuya gestión se atribuye a la Administración hidráulica de Galicia, de acuerdo con las facultades establecidas en el artículo 4.1.c) de la Ley 8/1993. La potestad estatutaria de dictar normas adicionales en materia de ambiente, ya citada anteriormente, junto con la competencia que ostenta la Xunta de Galicia en relación con las obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general del Estado o cuya ejecución o explotación no afecte a otra comunidad autónoma (artículo 27.7 del Estatuto de autonomía de Galicia), fundamentan este título II. Se pretende con ello superar aquellas disfunciones, de manera que por economías de escala el coste del servicio pueda abaratarse, y también mediante el establecimiento de un marco normativo que ordene la prestación del servicio en el ámbito autonómico, dotado asimismo del correspondiente régimen sancionador.

La asunción del servicio de depuración de aguas residuales por parte de la Xunta de Galicia se apoya también en otros fundamentos normativos. Por una parte, la vigente legislación de régimen local, tanto estatal (artículo 25.2 de la Ley de bases de régimen local) como autonómica (artículo 80.2 de la Ley 5/1997, de Administración local de Galicia), que remite a la normativa sectorial la definición de las competencias al respecto; es por ello que la ley, si bien declara de interés de Galicia el servicio de depuración, no deja de reconocer a las administraciones locales el ejercicio de determinadas competencias en relación con el mismo. Por otra parte, no pueden olvidarse las obligaciones que tienen asumidas todas las comunidades autónomas derivadas de la normativa básica sobre saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, concretada en el Real decreto-ley 11/1995 y en el correspondiente Plan nacional de saneamiento y depuración. Por último, la aplicación desde 1996 del canon de saneamiento creado por la Ley 8/1993, que ha demostrado ser un instrumento eficaz para asegurar los necesarios recursos económicos para atender a estas finalidades. En este sentido, si bien deberán actualizarse las tarifas del tributo, que han permanecido sin variación desde su inicio, la ley también ordena su lógica incompatibilidad con los actuales instrumentos financieros aplicados por las entidades locales, que habrán de desaparecer.

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Finalmente, el título III de la ley recoge el régimen sancionador correspondiente a cada uno de los títulos precedentes, tanto en sus disposiciones específicas como en aquella normativa común, referida a competencia y procedimiento.

El abordar esta regulación a través de un texto con rango de ley se debe a que, en lo que se refiere al título I, dentro del marco de mayor protección que se pretende, se endurece el régimen sancionador previsto por la Ley de costas. Esta finalidad, esencial para el cabal cumplimiento del objetivo propuesto, no podría alcanzarse a través de una norma de rango reglamentario al impedirlo el principio constitucional de legalidad en materia sancionadora.

Y en lo referente al título II, la implantación ex novo del régimen sancionador relativo a un nuevo servicio de interés general está claro que debe hacerse igualmente con el mayor rango normativo.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia y yo, de conformidad con el artículo 13.21 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley de protección de la calidad de las aguas de las rías de Galicia y de ordenación del servicio público de depuración de aguas residuales urbanas.