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Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones.

Ficha:
  • Órgano CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA E INNOVACION
  • Publicado en BOIB núm. 196 de
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2006. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2013

Sumario

Norma afectada por
1/1/2013
Ir a Norma L 15/2012 de 27 Dic. CA Illes Balears (presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013)
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Artículo 14 bis derogado por la letra e) de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma Artículo 7 redactado por el apartado 1 de la disposición final novena de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma Apartado 1 del artículo 8 redactado por el apartado 2 de la disposición final novena de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma Segundo párrafo de la letra f) del artículo 11 redactado por el apartado 3 de la disposición final novena de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma Letra d) del apartado 1 del artículo 12 redactado por el apartado 4 de la disposición final novena de la Ley [BALEARES] 15/2012, 27 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013 («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma
1/1/2012
Ir a Norma L 9/2011, de 23 Dic. CA Illes Balears (presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012)
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Artículo 7 redactado por el número 1 de la disposición final séptima de la Ley [BALEARES] 9/2011, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 («B.O.I.B.» 30 diciembre). Ir a Norma Apartado 2 del artículo 8 redactado por el número 2 de la disposición final séptima de la Ley [BALEARES] 9/2011, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 («B.O.I.B.» 30 diciembre). Ir a Norma Segundo párrafo de la letra f) del artículo 11 introducido por el número 3 de la disposición final séptima de la Ley [BALEARES] 9/2011, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 («B.O.I.B.» 30 diciembre). Ir a Norma Letra d) del apartado 1 del artículo 12 redactada por el número 4 de la disposición final séptima de la Ley [BALEARES] 9/2011, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 («B.O.I.B.» 30 diciembre). Ir a Norma Artículo 14 bis introducido por el número 5 de la disposición final séptima de la Ley [BALEARES] 9/2011, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 («B.O.I.B.» 30 diciembre). Ir a Norma Segundo párrafo del apartado 4 del artículo 16 introducido por el número 6 de la disposición final séptima de la Ley [BALEARES] 9/2011, 23 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 («B.O.I.B.» 30 diciembre). Ir a Norma
1/1/2008
Ir a Norma L 6/2007 de 27 Dic. CA Illes Balears (medidas tributarias y económico-administrativas)
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Rúbrica del Título III redactada por el número 1 del artículo 30 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma Artículo 29 redactado por el número 2 del artículo 30 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma Artículo 30 redactado por el número 3 del artículo 30 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma Artículo 31 redactado por el número 4 del artículo 30 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma Artículo 32 redactado por el número 5 del artículo 30 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma Artículo 33 redactado por el número 6 del artículo 30 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma Artículo 35 redactado por el número 7 del artículo 30 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma Artículo 63 redactado por el número 8 del artículo 30 de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre). Ir a Norma

I

En el actual concepto de estado social y democrático de derecho, la concesión de ayudas o de subvenciones es la principal o más importante de las actividades de fomento que desarrollan todas las Administraciones Públicas. En este sentido, las subvenciones son una vertiente del gasto público cuya regulación se integra dentro de la Hacienda, pero con matices diferenciados que han llevado a considerar la actividad subvencional como un área con rasgos propios de la gestión administrativa.

Como consecuencia de ello, su regulación y control cobra una vital importancia para ofrecer un marco jurídico general y estable que ofrezca la debida seguridad jurídica a todos los operadores jurídicos. Por ello, se considera que las características generales del régimen subvencional deben gozar de reserva de ley, sin perjuicio de la capacidad de la Administración para el desarrollo reglamentario de dicho régimen, para la regulación de los programas subvencionales en base a los créditos aprobados por el Parlamento y para dictar los actos administrativos de otorgamiento o concesión.

En este sentido, la aprobación por el Parlamento de las Illes Balears de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, implicó una regulación sistemática del régimen jurídico de las subvenciones dentro del ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y, en particular, del procedimiento administrativo para concederlas, el cual, hasta aquel momento, no estaba regulado de manera íntegra en ninguna disposición autonómica de rango legal o reglamentario, sino tan sólo parcialmente en determinados preceptos de las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para los años 1993 y 1996, y de la normativa reglamentaria de desarrollo de la Ley de Finanzas y de las Leyes de Presupuestos Generales.

En su día, la mencionada Ley 5/2002, de 21 de junio, supuso un importante avance en la regulación de las subvenciones dentro del ámbito autonómico. Algunas de sus aportaciones han influido, incluso, en la reciente legislación estatal dictada en esta materia, la cual ha sustituido un marco normativo formado, tan sólo, por el artículo 81 de la Ley General Presupuestaria, entonces vigente, y por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Concesión de Subvenciones Públicas en el ámbito de la Administración del Estado.

Así, dicha Ley optó por un régimen general de concesión de ayudas o subvenciones orientado, fundamentalmente, a satisfacer las necesidades de la sociedad, que, a su vez, facilitase la gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, todo ello salvaguardando los principios de interés público y gestión eficaz y eficiente de los recursos destinados a la actividad subvencional.

II

Posteriormente, la entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aun recogiendo una serie de soluciones ya incorporadas en la actual Ley autonómica, determinó la necesidad de modificarla en algunos aspectos con el fin de adecuarla a las exigencias de carácter básico que las Cortes Generales habían establecido para el conjunto de las Administraciones Públicas, lo que llevó a la aprobación de la Ley 6/2004, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones. La mencionada reforma introdujo en dicha Ley autonómica, no sólo todos los aspectos de la Ley estatal de carácter básico o relacionados íntimamente con cuestiones básicas (como, por ejemplo, en materia de obligados al reintegro), sino también aquellos otros aspectos que, simplemente, constituían una solución más adecuada o completa que la regulación autonómica vigente (como, entre otras, en materia de procedimiento de concesión), además de otras modificaciones puntuales de carácter técnico con la finalidad de mejorarla y perfeccionarla.

Pues bien, la Disposición final segunda de la citada Ley 6/2004, de 23 de diciembre, autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que elabore, antes del 31 de diciembre de 2005, un texto refundido de la Ley 5/2002, de 21 de junio, al cual se incorporen las disposiciones contenidas en dicha Ley y en cualquier otra norma de rango legal vigente aplicable en materia de subvenciones, así como, incluso, el texto de los preceptos de la Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, a los que se remite el articulado de la Ley autonómica, con autorización para regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones objeto de refundición.

La delegación legislativa se realiza en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, según el cual: «El Parlamento podrá delegar en el Gobierno de la Comunidad Autónoma la potestad de dictar normas con categoría de Ley, en los mismos términos y supuestos de delegación previstos en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución». En este sentido, el artículo 19.4 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, establece que corresponde al Consejo de Gobierno aprobar los Decretos Legislativos, previa delegación del Parlamento, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía.

III

La regulación que se acomete en virtud de la presente delegación supone un nuevo marco normativo de rango legal que ofrece una visión unitaria, integral y homogénea de la actividad subvencional de esta Comunidad Autónoma. Así, el Decreto Legislativo consta de un artículo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley, una Disposición Adicional, una Transitoria, una Derogatoria y dos Finales. Asu vez, el texto refundido está integrado por 63 artículos, estructurados en cinco títulos y dos Disposiciones Adicionales.

En el primer Título de la Ley se regulan, entre otros aspectos, el concepto de subvención, el concepto de beneficiario y sus obligaciones como tal, y la competencia para la concesión de las ayudas públicas. En cuanto a los principios que deben presidir la actividad subvencional, se reafirman los ya conocidos de publicidad, concurrencia y objetividad, estableciéndose claras manifestaciones de los mismos a lo largo del articulado del texto legal. Asimismo, se recoge el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, que no sólo se restringe a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la as entidades de derecho público dependientes de la misma, sino que, de acuerdo con las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda, abarca también a los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico y a las fundaciones del sector público autonómico, así como a los Consejos Insulares cuando éstos ejerciten competencias que les hayan sido atribuidas por ley del Parlamento de las Illes Balears. Finalmente, se prevé la necesidad de planificar las subvenciones que vayan a establecerse dentro de un determinado ámbito temporal, mediante la aprobación de los planes estratégicos correspondientes, previamente a la aprobación de las bases reguladoras de cada una de las líneas de subvención.

En cuanto al procedimiento para la concesión de las subvenciones, previsto en su Título II, se mantiene el esquema normativo que estableció la Ley 5/2002, de 21 de junio, y que diferencia las bases reguladoras de la subvención de la correspondiente convocatoria. Así, como regla general, las bases deben ser dictadas por el Consejero sectorial correspondiente, en uso de su potestad reglamentaria, y pueden regir durante un período indeterminado de tiempo, en el que pueden dictarse diversas convocatorias. Estas últimas, como actos administrativos dirigidos a una pluralidad indeterminada de destinatarios, y que implican la iniciación de oficio del procedimiento de concesión, deberán concretar las fechas, la cuantía y los demás detalles necesarios para la efectiva concesión de la ayuda o subvención.

También en este segundo Título se fijan los trámites de la instrucción, tratando de propiciar un procedimiento ágil y sencillo. Un ejemplo claro de ello es que únicamente en determinados supuestos se prevé como preceptiva la constitución de la Comisión Evaluadora, así como la posibilidad de modificar la solicitud inicial en el trámite de audiencia. También se apuntan los procedimientos de modificación de la resolución de concesión, o de anulación de la misma, así como los efectos desestimatorios del silencio administrativo en este tipo de procedimientos. Por último, se prevé la posibilidad de utilizar el mecanismo de la finalización convencional, que abre la puerta hacia procedimientos flexibles y poco explotados aún en el ámbito administrativo.

El Título III de la Ley fija las directrices básicas del Registro de Subvenciones como instrumento de publicidad, control y transparencia en la gestión de las subvenciones. A su vez, el Registro de Subvenciones está llamado a ser una pieza clave que agilice la tramitación administrativa de las subvenciones, al estar prevista la creación de la Sección de perceptores, que supondrá, para aquellos que figuren inscritos en la misma, la exención de la obligación de presentar determinada documentación exigida por las diversas convocatorias, y sustituirla por las certificaciones libradas por el propio Registro. La organización y el funcionamiento del Registro de Subvenciones requieren, en cualquier caso, un necesario desarrollo reglamentario.

IV

El articulado de la Ley se completa con las disposiciones del Título IV dedicado a la gestión, evaluación y control de las subvenciones. En relación con el control económico-financiero interno, priman los controles posteriores sobre los previos y se hace especial hincapié en los aspectos relativos a la justificación de la aplicación de los fondos obtenidos; al hilo de ello, se prevé la posible revocación de las subvenciones y el reintegro de aquellas cantidades indebidamente percibidas. Asimismo, la ley impone a la Administración la obligación de desarrollar mecanismos de autoevaluación y de análisis de las ayudas concedidas, en aras a constatar su utilidad pública y social, así como la procedencia de su mantenimiento o desaparición, todo ello en relación con la planificación contenida en los planes estratégicos a que se ha hecho referencia anteriormente.

Para finalizar, el Título V de la Ley recoge, como no podía ser de otro modo, el régimen sancionador, en el que se establecen sendos elencos de infracciones y sanciones, de acuerdo con la normativa estatal básica. En relación con estas últimas, destaca el hecho de que se prevén sanciones pecuniarias y no pecuniarias aplicables acumulativamente. Así, al responsable de una infracción, al margen de la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, se le podrá imponer, según los casos, una multa pecuniaria y otra u otras no pecuniarias, como la prohibición de contratar con la Administración y la de obtener otras ayudas o subvenciones por parte de ésta.

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación, oído el Consejo Consultivo de las Illes Balears, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de 28 de diciembre de 2005, se aprueba el siguiente

DECRETO

Artículo único Aprobación del texto refundido

De conformidad con lo establecido en la Disposición final segunda de la Ley 6/2004, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de Subvenciones, se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones, que se inserta a continuación como Anexo.

Disposición adicional única Referencias normativas

Las referencias a la Ley 5/2002, de 21 de junio, de Subvenciones contenidas en la normativa vigente deben entenderse referidas al presente Decreto Legislativo.

Disposición transitoria única Régimen transitorio de los procedimientos

1. Los procedimientos administrativos de concesión de subvenciones y los de justificación, control financiero y reintegro ya iniciados a la entrada en vigor del presente Decreto Legislativo se regirán por la normativa vigente al tiempo de su iniciación.

2. El régimen sancionador previsto en el presente Decreto Legislativo será de aplicación a los beneficiarios y a las entidades colaboradoras, en lo que concierne a las acciones u omisiones cometidas antes de su entrada en vigor, siempre que sea más favorable que el establecido en la legislación anterior.

Disposición derogatoria única Normas que se derogan

1. Quedan derogadas expresamente las siguientes leyes:

  • a) La Ley 5/2002, de 21 de junio, de Subvenciones.
  • b) El artículo 14 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
  • c) La Ley 6/2004, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de Subvenciones.

2. Asimismo, quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior que se opongan al presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera Facultades de desarrollo

1. Se autoriza al Gobierno para que, dentro del ámbito de su competencia, dicte las disposiciones que sean necesarias para desarrollar este Decreto Legislativo.

2. Asimismo, se autoriza al Gobierno para que actualice las cuantías que se indican en el presente Decreto Legislativo.

Disposición final segunda Entrada en vigor

El presente Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma,

28 de diciembre de 2005

EL PRESIDENTE,

Jaume Matas Palou

El Consejero de Economía, Hacienda e Innovación

Lluís Ramis de Ayreflor Cardell