Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears

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Sumario

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El modelo genérico de administración pública en España ha experimentado a lo largo de los últimos tiempos diferentes cambios, algunos de los cuales han sido de una destacable trascendencia. Se ha pasado de un tipo de organización especialmente preocupada por la imparcialidad y la aplicación objetiva de la ley y por la preservación del orden público y del jurídico, a otro, principalmente en las tres últimas décadas, más centrado en el desarrollo de nuevos servicios en el marco del estado del bienestar, visto el volumen de necesidades cada vez mayores que la ciudadanía espera que los poderes públicos solucionen.

El aumento de recursos disponibles a estos efectos y la ampliación de los límites de la acción pública han hecho necesaria una mayor atención sobre la eficacia y la eficiencia de la manera de hacer de las organizaciones, como también la introducción de una nueva cultura en la gestión de los servicios. Ala vez, se ha producido una profunda reflexión sobre el papel de los directivos y las directivas públicos y de los líderes políticos en este nuevo espacio, en un mundo más abierto y globalizado, en el que todo es más próximo y, al tiempo, más complejo, con una ciudadanía más exigente en busca de una legitimación social que va más allá de la que proporciona la mera existencia y el funcionamiento de los mecanismos institucionales, democráticos y de la acción de gobierno.

Además, y simultáneamente, estas tres décadas han sido el marco temporal en el que se han producido otras dos transformaciones: por una parte, el desarrollo del estado de las autonomías, con una descentralización del poder político, que ha significado la creación de las administraciones de las comunidades autónomas y el traspaso de competencias tan relevantes como las de salud y las de educación a los nuevos gobiernos territoriales; por otra parte, la incorporación activa a la Unión Europea, con cesión de determinadas competencias estatales al nuevo conjunto comunitario y con una nueva dimensión política, económica y social.

Esta última realidad de grandes cambios competenciales entre los diferentes niveles de gobierno, la débil implantación del modelo gerencial conseguida en muchos ámbitos institucionales hipotecados por poderosas inercias estructurales, como también la fuerte crisis económica y de valores sufrida en los últimos meses y con raíces en los últimos años, obligan a subrayar acciones y principios hoy todavía válidos y a apuntar otros nuevos para afrontar con éxito un cambio definitivo, que permita pasar del modelo netamente burocrático originario a otro gerencial y de gobernanza, en nuestra administración y nuestra acción de gobierno.

Los cambios que se han desarrollado hasta ahora han sido iniciativas de carácter diverso, pero principalmente de tipo estratégico, de nuevos derechos, valores y principios, como también organizativos y tecnológicos, con equivalentes de carácter legislativo.

II

El artículo 14 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, después de la reforma llevada a cabo mediante la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, define como derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas de las Illes Balears en relación con las administraciones públicas, entre otros y sin perjuicio de lo que dispone la legislación básica del Estado, el derecho a una buena administración y al acceso a los archivos y registros administrativos de las instituciones y administraciones públicas de las Illes Balears, derecho que, señala, tendrá que ser regulado por una ley del Parlamento de las Illes Balears.

Asimismo, el artículo mencionado define el derecho de la ciudadanía a disfrutar de servicios públicos de calidad y que las administraciones públicas de las Illes Balears traten sus asuntos de forma objetiva e imparcial y en un plazo razonable, y también a acceder a la función pública en condiciones de igualdad y según los principios constitucionales de mérito y capacidad.

El artículo 15 reconoce igualmente el derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas de las Illes Balears a participar de manera individual o colectiva en la vida política, económica, cultural y social de la comunidad autónoma, como también en los asuntos públicos, en condiciones de igualdad, directamente o mediante representantes, en los términos que establecen la Constitución, el mismo Estatuto y las leyes.

Hay que destacar que a lo largo del Estatuto hay referencias expresas a la calidad de los servicios en los ámbitos de la justicia, la educación y la salud, entre otros.

III

El derecho a una buena administración, es decir, a la presencia y al despliegue del conjunto de principios, herramientas, estrategias e instrumentos que dirigen la actuación de la administración hacia la ciudadanía, ha sido objeto de una regulación que ha supuesto unos niveles de exigencia cada vez más altos y que, hoy en día, nos habla al mismo tiempo de la calidad de las organizaciones y de los servicios públicos.

En el ámbito europeo, el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 reconoce los derechos, las libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, y proclama que dicha carta tiene el mismo valor jurídico que los tratados.

El artículo 41 de la Carta establece el derecho a una buena administración, definido como el que toda persona tiene respecto del hecho de que las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión traten sus asuntos de manera imparcial y equitativa y en un plazo razonable. Este derecho incluye, en particular, el de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente; el de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial, y la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. Igualmente, el derecho a una buena administración se traduce en el hecho de que toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los estados miembros, como también a dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los tratados y a recibir una respuesta en esta misma lengua.

El artículo siguiente, el 42, reconoce el derecho de todo ciudadano o ciudadana de la Unión y de toda persona física o jurídica que resida en un estado miembro o tenga en él su domicilio social al acceso a los documentos de las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión, sea cuál sea su soporte.

En el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y como legislación básica, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en la redacción del artículo 3 recogió en su momento una serie de principios (los de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, como también los de cooperación y colaboración, de eficiencia y servicio a la ciudadanía y de transparencia y de participación) que fijaron retos emprendedores en aquellos tiempos pero que aún hoy continúan muy presentes y vivos en la actividad pública.

Posteriormente, el artículo 3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la AGE, precisó y renovó los principios mencionados, esta vez con más atención a las demandas de la ciudadanía, en dos bloques: uno de organización (jerarquía, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a las finalidades institucionales, simplicidad, claridad y proximidad a la ciudadanía y coordinación) y otro de funcionamiento (eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, programación y desarrollo de objetivos y control de la gestión y de los resultados, responsabilidad por la gestión pública, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, servicio efectivo a la ciudadanía, objetividad y transparencia de las actuaciones administrativas y cooperación y coordinación con el resto de administraciones públicas).

Por otra parte, el artículo 4, bajo el epígrafe 'Principio de servicio a los ciudadanos', incluye una referencia expresa a la mejora continua de los procedimientos, los servicios y las prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, y determina, respecto a esto, las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad. Entre otros, destaca la obligación de mantener actualizados y a disposición de la ciudadanía, en las unidades de información correspondientes, el esquema de su organización y la de los organismos dependientes, como también las guías informativas sobre los procedimientos administrativos, los servicios y las prestaciones aplicables en el ámbito de la competencia del ministerio respectivo y de sus organismos públicos.

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el cual se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, es un hito destacable en este recorrido, dado que tiene por objeto definir el espacio común para la mejora de la calidad en la AGE y regular los aspectos básicos de los programas que la integran. Estos programas, que tienen por objeto fomentar la transparencia mediante la difusión pública del nivel de calidad ofrecida a la ciudadanía, son los de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios, de cartas de servicios, de quejas y sugerencias, de evaluación de la calidad de las organizaciones, de reconocimiento y del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos.

La creación de la Agencia de Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios del Gobierno de España, mediante el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, es una referencia inexcusable en este ámbito. En el preámbulo de este real decreto se manifiesta que los organismos internacionales y las administraciones públicas de los países más adelantados comparten líneas similares de reforma en materia de gestión pública. La gestión orientada a resultados, el desarrollo de indicadores para medir eficacia, eficiencia y calidad, el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento de objetivos, junto con el uso de la evaluación, son algunos de los rasgos básicos que, entre otros, configuran esta nueva gestión pública.

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, orientada a la simplificación y la reducción de cargas administrativas, que fue aprobada en el marco de la estrategia de Lisboa, da respuesta a uno de los puntales de la Unión Europea (la libertad de establecimiento y de circulación de servicios dentro de la comunidad) consagrado en el Tratado de la Comunidad Europea de 1957. Para la transposición de esta directiva europea al ordenamiento jurídico español se aprobó la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio. Mediante esta ley se incorpora el contenido de la directiva en la legislación española, a efectos de impulsar la mejora de la regulación del sector de servicios reduciendo las trabas injustificadas o desproporcionadas en el ejercicio de una actividad de servicios y proporcionando un entorno más favorable y transparente a los agentes económicos que incentive la creación de empresas y genere ganancias en eficiencia, productividad y ocupación en las actividades de servicios, además del incremento de la variedad y la calidad de los servicios disponibles para empresas y para la ciudadanía.

Por su parte, la Ley estatal 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, señala en la exposición de motivos que el mejor servicio a la ciudadanía constituye la razón de las reformas que después de la aprobación de la Constitución se han hecho en España para configurar una administración moderna que haga del principio de eficacia y de eficiencia su eje vertebrador, siempre con la mirada puesta en la ciudadanía. Este servicio constituye también la principal razón de ser de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que trata, además, de estar adaptada a la época actual. En consonancia con esta declaración, el artículo 4 de la ley recoge los principios generales para utilizar las tecnologías de la información, entre los cuales cabe destacar el principio de simplificación administrativa, por el cual se reducen, de manera sustancial, los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos y se consiguen una eficacia y una eficiencia mayores en la actividad administrativa, y el principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios electrónicos facilitará la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.

En el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el artículo 34 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, establece como principio general que informará los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas el hecho de que la actuación administrativa procurará, entre otros, velar por la mejora continua de los servicios y de las prestaciones públicas mediante modelos de gestión orientados a la innovación y a la evaluación de los resultados por los usuarios y por las usuarias. Asimismo, el artículo 36 reconoce el derecho de la ciudadanía respecto del hecho de que todos los órganos y todas las unidades administrativas integrantes de la Administración de la comunidad autónoma traten sus asuntos de manera imparcial y equitativa, sin dilaciones indebidas.

Especialmente relevante es el artículo 39 de la ley mencionada, que recoge el derecho de la ciudadanía a la calidad de los servicios públicos y, en concreto, a exigir los niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos establecidos por los órganos competentes. Además, dispone como obligación del Gobierno de las Illes Balears la adopción de alguno de los modelos reconocidos y existentes en relación con la evaluación de la calidad de los servicios públicos, a fin de que los órganos de la administración puedan autoevaluar, periódicamente, su actividad.

En un ámbito más concreto, el mismo artículo prevé la posibilidad de que el Gobierno establezca premios u otro tipo de incentivos para promover entre sus órganos la mejora continua de la calidad de los servicios. Finalmente, cabe destacar las referencias al derecho de petición; a las sugerencias o quejas relativas al funcionamiento de los servicios públicos; a la relación de la ciudadanía con la administración por vías informáticas o telemáticas, especialmente en cuanto a la tramitación total o parcial de los procedimientos y la comunicación directa con los órganos y las unidades administrativas, así como la formulación de solicitudes y otras manifestaciones; y a la necesidad de mantener actualizado el inventario de los procedimientos administrativos de su competencia, como también su publicación anual.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2009 para impulsar la simplificación y la reducción de cargas administrativas en la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2009 por el cual se aprueba la implementación del sistema de gestión por procesos de la comunidad autónoma de las Illes Balears, son dos claros ejemplos de esta tendencia de regulación como apoyo de una buena administración en el marco de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

IV

Al mismo tiempo que se desarrolla este concepto de buena administración, tal como encarga el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, no se puede perder la ocasión para avanzar hacia un espacio complementario e imprescindible como es el de la potenciación y la consolidación de la calidad democrática en aquello que tiene que ver con el ejercicio de la acción de gobierno, es decir, lo que se llama buen gobierno, todo aquello relacionado con una manera de actuar de los líderes políticos de las instituciones públicas de conformidad con referencias jurídicas, morales o éticas. Esta manera exigente de actuar valora, además de a los mismos protagonistas de la acción de gobierno, a las organizaciones públicas y a los programas y proyectos que desarrollan.

Su relevancia radica en el hecho de que los poderes públicos desarrollan un papel decisivo en los países democráticos, entre otros aspectos, como garantía de igualdad y de solidaridad y como defensores del estado de derecho, de una manera estrictamente ligada a la confianza que la ciudadanía les deposita.

A fin de que el vínculo entre poderes públicos y confianza de la ciudadanía se consolide y madure, los gobiernos más adelantados se dotan de medios materiales y legales y de valores y mecanismos que facilitan la buena manera de hacer y el control de los responsables públicos.

Se deber tener en cuenta que la calidad de las organizaciones y de los servicios públicos y la calidad democrática, en aquello que tiene que ver con el ejercicio de la acción de gobierno, son un derecho de la ciudadanía, de manera que corresponde a los poderes públicos velar para que este derecho sea real y efectivo.

En los últimos tiempos este posicionamiento se ha traducido en España en diferentes iniciativas, entre las cuales se encuentran la generación, la publicación y el impulso de códigos éticos basados en los mejores ejemplos de austeridad y honestidad, como también de transparencia y responsabilidad, de las diferentes organizaciones públicas y privadas, así como la mejora de la rendición de cuentas, mediante el impulso de la cultura de la evaluación del diseño, el desarrollo y los resultados y efectos de las intervenciones públicas.

En este sentido son referentes, en el ámbito estatal, el Código del buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, aprobado por la Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, y las actuaciones y los programas de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (AEVAL) en cuanto a la mejora de la rendición de cuentas mediante la evaluación de las políticas públicas.

La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, así como su despliegue normativo, mediante el Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, constituyen un avance en el proceso de reforzar la dimensión ética en la actuación de los máximos responsables de la AGE y de establecer un nuevo régimen de gestión y control de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno de España y de sus altos cargos, de acuerdo con las directrices elaboradas en esta materia por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y con las medidas que han adoptado los países de nuestro entorno cultural con políticas más avanzadas en esta materia.

En el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears cabe destacar la disposición adicional decimoctava de la Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, que regula la transparencia y el control de los cargos públicos de las Illes Balears y crea la denominada Oficina de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears.

Por otra parte, paralelamente, está el Registro de Patrimonio, creado mediante la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la comunidad autónoma de las Illes Balears, cuya regulación y funcionamiento despliega el capítulo III del Decreto 250/1999, de 3 de diciembre, por el cual se aprobó el Reglamento de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la comunidad autónoma de las Illes Balears, modificado por el Decreto 126/2005, de 16 de diciembre.

Abriendo el marco de referencia en el ámbito europeo, el artículo 15 del título II del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión consolidada una vez introducidas las modificaciones del Tratado de Lisboa) establece que, con el fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión tienen que actuar con el máximo respeto posible al principio de apertura, especialmente, en este caso, de los datos y la información pública relevante para la sociedad. En consonancia con este hecho, las sesiones del Parlamento Europeo tienen que ser públicas, como también las del Consejo en que se delibere y vote sobre un proyecto de un acto legislativo.

Este artículo establece que cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un estado miembro, tienen derecho a acceder a los documentos de las instituciones, de los órganos y de los organismos de la Unión, sea cuál sea su soporte.

Asimismo, cada una de las instituciones, los órganos o los organismos tiene que garantizar la transparencia de sus trabajos y tiene que elaborar disposiciones específicas en su reglamento interno sobre el acceso a sus documentos. En España hay diversas instituciones que han emprendido iniciativas de catalogación para reutilizar datos de interés público.

También conviene destacar la mejora de la regulación y la política de mejora constante de la calidad de las normas, de simplificación y de adecuación de la legislación y de revisión del impacto de dicha legislación en la sociedad, como característica de un buen gobierno. Esto implica la creación de un marco regulador de calidad que contribuya al crecimiento económico y a la productividad por medio de la reducción de los costes innecesarios y de la eliminación de obstáculos.

Por otra parte, la mejora de la regulación se refiere tanto a la calidad de las leyes como a la calidad de la intervención administrativa, con la racionalización de ésta última y el ajuste a lo que es necesario para garantizar la protección de los intereses generales. En este marco de actuación, se situará el análisis de impacto normativo de la legislación en la sociedad mediante un estudio riguroso de las consecuencias de aplicar una determinada norma, como también las posibles alternativas a esta norma y las consecuencias económicas derivadas de su aplicación, aportando la información necesaria a partir del análisis de alternativas, objetivos e impactos para justificar la proporcionalidad de una norma.

En este sentido, en la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 16 de marzo de 2005 'Legislar mejor para potenciar el crecimiento y la ocupación en la Unión Europea', la Comisión ya recomendaba que todos los estados miembros establecieran estrategias para legislar mejor y, en particular, sistemas nacionales de evaluación de impacto que permitieran determinar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de una norma, como también las estructuras de apoyo adaptadas a sus circunstancias.

En relación con este enfoque de la actividad legislativa, el Gobierno español aprobó el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el cual se regula la memoria del análisis de impacto normativo.

La consolidación de la calidad democrática en la acción de gobierno se completa con la necesidad de rendición de cuentas y de evaluación de políticas públicas. El Reglamento (CE, Euratom) núm. 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el cual se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las comunidades europeas, en la referencia a los principios de buena gestión y eficiencia, introduce la realización de evaluaciones previas y posteriores sobre programas y actividades que ocasionen gastos importantes.

Igualmente, la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (AEVAL), en la Carta de compromisos con la calidad de las administraciones públicas españolas, recomienda la evaluación de los programas y las políticas públicos como instrumento imprescindible para poder adecuar la actuación del Gobierno y de la administración a las necesidades sociales y para determinar el grado de eficacia y de satisfacción de la ciudadanía con las políticas implementadas.

V

Esta ley se desarrolla en un título preliminar y tres títulos más, 51 artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

El título preliminar, formado por tres artículos, recoge el objeto, el ámbito de aplicación y los principios generales de la buena administración y del buen gobierno.

El título I comprende las normas relativas a la buena administración.

El capítulo I ('Accesibilidad, administración electrónica y simplificación') incluye tres secciones.

La sección 1ª ('Accesibilidad y ciudadanía') reconoce a la ciudadanía el derecho a la información administrativa y las vías de acceso a esta información a través de medios electrónicos, con respeto a los principios de igualdad y de universalidad y de conformidad con la normativa de protección de datos de carácter personal. También se regulan los derechos de acceso a archivos y registros y el derecho a la participación ciudadana, el cual se configura como un deber para la administración pública en su promoción e impulso, como también en el establecimiento de las vías de relación directa y los mecanismos de participación mediante las nuevas tecnologías.

La sección 2ª ('Administración electrónica') garantiza, en primer lugar, el cumplimiento de la mencionada Ley 11/2007, de acceso electrónico, de manera que este derecho de la ciudadanía se constituye como un deber para la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la cual tendrá que priorizar su aplicación. Asimismo, esta sección prevé el despliegue reglamentario de la sede electrónica, la creación de registros electrónicos, la promoción de la generalización del expediente electrónico como alternativa al expediente en papel y el sistema de archivo electrónico de documentos, todo esto con la garantía del respeto a la legislación y a la normativa aplicables en materia de protección de datos de carácter personal, seguridad e integridad. Finalmente, esta sección establece, para los órganos colegiados que haya creado la Administración de la comunidad autónoma, la utilización preferente de los medios electrónicos para su funcionamiento interno.

La sección 3ª ('Simplificación administrativa') recoge la referencia, desarrollada después, a la política de mejora constante de la calidad de las normas.

Asimismo, esta sección reitera la obligación, que ya prevén diversas leyes estatales y autonómicas, de todas las entidades y los organismos de la comunidad autónoma de las Illes Balears de confeccionar el inventario de los procedimientos administrativos de su competencia, como también el deber de mantenerlos constantemente actualizados y publicarlos en la página web institucional.

Seguidamente, la sección hace referencia a la gestión y la mejora continuas de los procesos, mediante la estandarización de estos procesos y su posterior revisión y rediseño con el fin de alcanzar mejoras en calidad de los servicios.

Dentro del marco de la simplificación administrativa, esta sección reconoce expresamente el derecho de las personas administradas a no aportar documentación que ya esté en poder de la administración y establece como complemento el deber de las administraciones públicas de garantizar este derecho de forma real y efectiva. Finalmente, esta sección hace referencia al grupo de impulso para la simplificación y la reducción de cargas administrativas como motor principal de las actuaciones tendentes a la agilización de tramitaciones administrativas.

El capítulo II ('Transparencia en la gestión') define este principio como informador de toda actuación administrativa, principalmente en materia de contrataciones.

Este capítulo regula específicamente cuatro supuestos en los cuales el principio de transparencia debe tener una aplicación especial para controlar la tramitación a desarrollar. Estos supuestos son: contratación pública, gestión de servicios públicos, convenios de colaboración y régimen de ayudas y subvenciones.

El capítulo III ('Los sistemas de gestión y la calidad de las organizaciones y de los servicios públicos') se subdivide en cuatro secciones. En las secciones 1ª y 2ª se regulan los sistemas de gestión organizacional que se tienen que implantar en las consejerías y en los entes, los centros y las unidades de su competencia para mejorar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones.

En las secciones 3ª y 4ª, la ley profundiza en los compromisos de servicio que debe asumir la administración, como también en el derecho de la ciudadanía a conocer la información básica de un determinado servicio, del conjunto de sus características básicas, del tiempo de respuesta y del sistema de quejas y sugerencias, mediante el sistema de implantación de cartas ciudadanas. Se crean diversas modalidades de premios a la calidad y las buenas prácticas como sistema para promover la mejora de la calidad de los servicios en todos sus ámbitos y para distinguir a los organismos, las unidades y las personas que han contribuido a ello en algún sentido.

El título II ('El buen gobierno') se estructura en dos grandes capítulos.

En la sección 1ª ('Principios de buen gobierno') del capítulo I ('Liderazgo ético e integrador'), se enumeran los principios éticos y las reglas de conducta que afectan a las personas incluidas en el ámbito de aplicación definido. En esta sección también se hace referencia expresa a algunas obligaciones que vinculan a los gobiernos en funciones para evitar actuaciones que puedan condicionar o dificultar el acceso a la información o el funcionamiento del gobierno entrante.

Finalmente, cabe destacar el impulso de la idea de gobernanza con el fin de garantizar la integración de los ejes público-privado-civil y local-global. La sección 2ª, por su parte, regula el deber de dedicación exclusiva al cargo público.

El capítulo II ('Transparencia y acción de gobierno') vuelve a insistir, en la sección 1ª, en la cuestión de la transparencia, pero desde un punto de vista político, entendida como el nivel de accesibilidad de la ciudadanía a la información sobre todos los aspectos que afectan a la gestión política. Para desarrollar este punto, la ley impone unos deberes de información al Parlamento para los nombramientos de altos cargos, la información sobre retribuciones y declaraciones de éstos últimos y la apertura de datos para mejorar la transparencia y generar valor en la sociedad.

En el marco de este reconocimiento explícito del principio de transparencia como puntal básico del buen gobierno, la sección 2ª prevé la publicación de las formas de gestión de cada servicio o actividad de la administración. La calidad normativa y la mejora de la regulación son los principios informadores de la política legislativa, mediante la evaluación previa de las normas y su impacto en la sociedad. También se garantiza que la información obtenida de este análisis estará a disposición de la ciudadanía para favorecer su participación y para que la conozca. La responsabilidad social que vincula a la administración autonómica se regula también en esta sección, en el marco de la voluntad de incorporar las preocupaciones sociales y ambientales a sus relaciones con la ciudadanía.

La sección 3ª de este capítulo II prevé un sistema de evaluación de políticas públicas como proceso sistémico de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de una norma, un programa, un plan o una política, para llegar a un juicio valorativo basado en evidencias con el fin de mejorar la eficacia del sector público y perfeccionar la calidad democrática.

Define los criterios que debe seguir este sistema, el alcance de su aplicación, las modalidades y los contenidos, y también la obligatoriedad de su registro y publicación.

Finalmente, en el título III ('Oficina de Evaluación Pública de las Illes Balears') se crea la mencionada oficina con la finalidad de coordinar y desarrollar las acciones de evaluación en la administración autonómica, y también de ejercer, entre otras, las funciones de gestión del registro de las evaluaciones que se lleven a cabo tanto de políticas públicas como de calidad de las organizaciones, de desarrollo de un observatorio de la gestión pública y de la valoración de la ciudadanía y de hacer el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las medidas de transparencia e integridad.