Artículo 20 Objetivos de la planificación

La función de control interno que ejerce la Intervención General deberá estar sometida a planificación, con el fin de alcanzar:

• a) Una actuación coordinada, evitando el solapamiento de los controles sobre un mismo ente o programa de gasto.
• b) El desarrollo de un sistema integrado de control interno, en el que los resultados de los controles llevados a cabo en las respectivas modalidades de función interventora, de control financiero permanente y de auditoría pública puedan complementarse, en aras a obtener una mayor eficacia.
• c) La más eficiente utilización de los recursos destinados al control interno de la gestión económico financiera del sector público autonómico.

Artículo 21 El Plan Estratégico de la Intervención General

1. La Intervención General elaborará y aprobará un Plan Estratégico, en el que determinará los objetivos estratégicos del Centro para los siguientes cuatro ejercicios; las actuaciones a desarrollar para alcanzar estos objetivos, así como los indicadores de seguimiento y evaluación de los objetivos previstos.

2. El Plan Estratégico pondrá especial énfasis en coordinar las actuaciones de control que se desarrollen bajo las modalidades de función interventora, de control financiero permanente y de auditoría pública, evitar el solapamiento de controles y en lograr que se complementen y enriquezcan recíprocamente con el conocimiento de sus resultados. Formarán parte del Plan Estratégico el Plan anual de Control Financiero Permanente, y el Plan anual de Auditorías, previstos en el artículo 128.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria; así como el Plan de Acción de la Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas.

3. En el primer trimestre de cada ejercicio, la Intervención General, procederá a la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan Estratégico y a la aprobación de las modificaciones que sea preciso introducir al Plan Estratégico para los próximos años.

Artículo 22 Principios de ejercicio

La función interventora tiene carácter preventivo y su objeto es garantizar que los actos de los sujetos del sector público con presupuesto limitativo, susceptibles de dar lugar a la realización de gastos, la inversión o aplicación de los fondos públicos, la ordenación y pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos e ingresos que tengan naturaleza de rentas, frutos o percepciones producidos por bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma, se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, antes de que sean aprobados.

Artículo 23 Modalidades y contenido de la función interventora

1. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material, según que la comprobación recaiga sobre los documentos o sobre la realidad física en que se materialice la aplicación del gasto público.

2. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que, preceptivamente, deban estar incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

Artículo 24 Fases de la función interventora sobre gastos

1. El ejercicio de la función interventora sobre todo gasto comprende las siguientes fases:

• a) La fiscalización previa de los actos que aprueben gastos.
• b) La fiscalización previa del compromiso del gasto.
• c) La intervención del reconocimiento de la obligación y de la inversión.

2. El ejercicio de la función interventora del pago, se efectuará sobre los actos de ordenación y pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos, y comprenderá las siguientes fases:

• a) La intervención formal de la ordenación del pago.
• b) La intervención material del pago.

Artículo 25 Fiscalización previa

1. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete a la Intervención de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir obligaciones de contenido económico o derechos, con el fin de asegurar su conformidad con el ordenamiento jurídico.

2. La función interventora sobre los actos realizados por los sujetos del sector público autonómico con presupuesto limitativo, se desarrollará mediante el régimen de fiscalización previa limitada, prevista en el artículo 133 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, salvo para los gastos a que hace referencia el apartado 4 del artículo 2 de este Reglamento, cuya fiscalización corresponde al Interventor General, que la ejercerá de forma plena.

Se entiende por fiscalización previa limitada el régimen de fiscalización en el que la Intervención se limita a comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución o acto que de lugar a la aprobación o compromiso de un gasto o al reconocimiento de una obligación económica, los requisitos previstos en el referido artículo 133 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y los extremos adicionales que determine el Gobierno.

3. Los restantes requisitos y extremos requeridos por el ordenamiento jurídico no verificados en la fiscalización previa limitada serán objeto de control posterior, bajo la modalidad de control financiero permanente, por la propia Intervención Delegada, de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación y en los términos, condiciones y alcance que se determine por la Intervención General.

Artículo 26 Requisitos de la solicitud de informe de fiscalización previa

1. A la solicitud de informe deberá adjuntarse el expediente administrativo completo, en el que consten todos los justificantes e informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se adopte el acuerdo que corresponda por el órgano competente.

Cuando el expediente esté integrado por documentos en soporte electrónico y en papel, no se entenderá completo hasta la fecha de recepción del último documento, justificante o informe que forme parte de aquél.

2. Cuando a la solicitud de informe no se acompañe el expediente completo, la Intervención General requerirá al titular del órgano solicitante para que subsane la falta o acompañe los correspondientes documentos.

3. El informe de la Intervención será el último en cada una de las fases de fiscalización a que esté sujeto el expediente. No obstante, la fiscalización en los casos en que deba emitir dictamen el Consejo Consultivo de Canarias, además de comprobar con anterioridad al dictamen del Consejo los extremos exigidos por la normativa vigente, con posterioridad a dicho dictamen únicamente constatará su existencia material y, en el supuesto de que sea vinculante, su carácter favorable.

Artículo 27 Plazo para el ejercicio de la función interventora

1. La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de quince días a contar desde el día siguiente a la fecha de su recepción. Este plazo se reducirá a siete días computados de igual forma cuando exista declaración expresa de urgencia en la tramitación del expediente conforme a la normativa vigente.

2. Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente requiera de informes técnicos o de asesoramiento jurídico y los órganos de la Intervención hayan hecho uso de la facultad prevista en el apartado 6 del artículo 126 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en este artículo, quedando obligados a dar cuenta de dicha circunstancia al gestor.

Artículo 28 Resultados de la fiscalización

El resultado de la fiscalización se pondrá de manifiesto mediante un informe en el que se expresará la conformidad o disconformidad del Interventor con la propuesta, el acto o resolución objeto de fiscalización.

Artículo 29 Fiscalización de conformidad

1. Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad procederá a la confirmación de la operación de captura precontable efectuada por la unidad gestora y emitirá informe de conformidad, pudiendo sustituirse éste por la firma de los documentos contables, en los supuestos que expresamente se determinen por el Interventor General.

2. La confirmación contable de la operación exigirá, en todo caso, la firma del documento contable por el Interventor competente.

3. Una vez realizada la confirmación contable, si el Interventor que ha fiscalizado el expediente de conformidad apreciase la existencia de errores en el mismo que hubiesen impedido la fiscalización favorable, podrá anular la operación contable confirmada, de conformidad con el procedimiento reglamentariamente establecido

Artículo 30 Reparos

1. Si la Intervención, en el ejercicio de la función interventora, se manifestase en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos.

Los reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente.

2. El reparo es la forma que adopta la Intervención de disconformidad, y puede adoptar distintas intensidades, según cuál sea el régimen de fiscalización aplicable.

3. Cuando se aplique el régimen general de fiscalización e intervención previa, procederá la formulación de reparo cuando los defectos observados deriven del incumplimiento de los requisitos o trámites considerados esenciales en el apartado 2 del artículo 134 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Si los defectos observados derivan del incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales, la Intervención podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de aquellos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá a la Intervención la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos. En caso de no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente, se considerará formulado el correspondiente reparo.

4. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias detectadas y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención.

Cuando el órgano, como consecuencia del reparo formulado, incorpore al expediente nuevos informes o justificantes, deberá remitirlos a la Intervención para su consideración, que podrá, a la vista de la nueva documentación remitida, cambiar o ratificar el resultado de su informe, en cuyo caso, por el órgano gestor se planteará la correspondiente discrepancia.

5. En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el régimen de fiscalización previa limitada, sólo podrá formularse reparo en caso de que no se dé cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 133 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. La Intervención podrá formular las observaciones complementarias que estime convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes.

6. Si el Interventor General o los Delegados al conocer de un expediente observan que el órgano gestor ha incumplido la suspensión en la tramitación del expediente como consecuencia de la formulación de reparos, bien porque no subsanó los defectos, bien porque los subsanó con posterioridad a la aprobación del expediente, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente esas actuaciones, hasta que por el titular del departamento a que pertenezca dicho órgano o al que esté adscrito el organismo autónomo se someta el asunto a la consideración del Gobierno para que adopte la resolución procedente, en los términos previstos en el citado artículo 136 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria.

Artículo 31 Omisión de fiscalización

En los supuestos en los que, con arreglo a las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente esas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el artículo 136 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Artículo 32 Remisión del expediente a la Intervención a través de sistemas informáticos

1. Cuando la propuesta y el acto o resolución objeto de función interventora se formalice en documento electrónico, el resultado de la fiscalización se formalizará igualmente en documento electrónico que incorporará la firma electrónica reconocida del Interventor competente.

2. La puesta del expediente a disposición de la Intervención para su fiscalización a través de sistemas informáticos, así como la formalización de su resultado en documento electrónico y la remisión posterior de éste y del expediente, se realizará en las condiciones y con los requerimientos para la utilización de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos que establezca el titular del departamento competente en materia de hacienda en coordinación con el titular del departamento competente en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información.

Artículo 33 Informes de Gestión

1. Dentro de los dos meses siguientes a la finalización del ejercicio, las Intervenciones Delegadas elaborarán un informe provisional sobre los resultados del ejercicio de la función interventora. En dicho informe harán constar cuantas observaciones y conclusiones se deriven del ejercicio de sus funciones, proponiendo, en su caso, las medidas correctoras que estimen oportunas, de las que deberá realizar su seguimiento, debiendo poner en conocimiento de la Intervención General la falta de adopción de las mismas por los órganos responsables de la gestión.

2. El informe provisional se remitirá al titular del departamento correspondiente, para que formule, en su caso, las alegaciones que estime oportunas, en un plazo de 15 días a contar desde su recepción.

3. Transcurrido el plazo de alegaciones, se evacuará un informe definitivo que incluirá, en su caso, las alegaciones y las observaciones a las mismas, y que se remitirá al titular del departamento correspondiente y a la Intervención General.

4. Atendiendo a razones de economía procesal, en aquellos sujetos del sector público en los que se aplique de forma combinada la modalidad de función interventora con la modalidad de control financiero permanente, el contenido propio del informe de gestión deberá incluirse en el informe de control financiero permanente al que hace referencia el artículo 41 de este Reglamento.

Artículo 34 Intervención del reconocimiento de las obligaciones

Los actos administrativos de reconocimiento de las obligaciones con cargo al Tesoro de la Comunidad Autónoma están sometidos a intervención previa, siendo su objeto comprobar que queda acreditado documentalmente:

• a) Que la obligación responde a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados previamente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente.
• b) Que los justificantes de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación, y que se acredita documentalmente la efectiva realización de la prestación.
• c) Que se ha comprobado materialmente, cuando resulte procedente, la efectiva y conforme realización del gasto, y que ha sido intervenida, en su caso, dicha comprobación.

Artículo 35 Intervención de la comprobación material del gasto

1. Antes del reconocimiento de la obligación, se procederá a verificar materialmente la efectiva realización del gasto y su adecuación al contenido del correspondiente negocio jurídico.

El resultado de la intervención de la comprobación material del gasto se reflejará en acta, que será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción o, en su caso, a la ocupación efectiva de que se trate, en la que se harán constar las deficiencias que pudieran haberse apreciado, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. Asimismo, en informe ampliatorio al acta, podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes. El representante de la Intervención General remitirá a ésta un ejemplar del acta.

En caso de desacuerdo con las deficiencias reflejadas por el representante de la Intervención en el acta, el órgano gestor podrá plantear su discrepancia, motivada con las normas en las que sustente su criterio, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 135 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

2. Deberá solicitarse a la Intervención General la designación de delegado para la comprobación material del gasto, con una antelación mínima de veinte días a la celebración del acto de comprobación material, en el supuesto de que el importe del contrato supere los sesenta mil (60.000) euros.

3. La Intervención General, en el plazo máximo de cinco días y atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, designará un delegado o desestimará la asistencia al acto de recepción. Será potestativa la asistencia cuando el importe de la obra, inmueble a adquirir, suministro o prestación se encuentre comprendido entre las cantidades especificadas en el apartado anterior y la cantidad de trescientos mil (300.000) euros.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la designación de delegado, se entenderá desestimada la asistencia al mismo.

4. Designado el delegado, el centro gestor solicitante deberá remitir al mismo, con una antelación no inferior a quince días respecto a la celebración del acto, la documentación que se establezca por la Intervención General.

5. En los casos en que sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos especializados para la comprobación material de los que no disponga el delegado de la Intervención General, éste estará asistido por los asesores con la titulación o especialidad idónea que sean designados por el Interventor General, preferentemente entre personal dependiente del mismo y, en su defecto, entre el adscrito a otros órganos de la Administración autonómica que no hayan intervenido en la preparación, adjudicación o ejecución del contrato.

6. Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el Interventor General podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de la misma.

Artículo 36 De la intervención formal de la ordenación del pago

1. Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por los que se ordenen pagos con cargo al Tesoro de la Comunidad Autónoma correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos. Dicha intervención tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago hayan sido dictadas por órgano competente y que se ajustan al acto por el que se reconoce el derecho a la devolución.

2. La adecuación de la orden de pago al acto de reconocimiento del derecho a la devolución se verificará mediante el examen de los documentos o de la certificación de dicho acto emitida por el mismo órgano que realizó las actuaciones.

Artículo 37 Intervención material de los pagos correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos

1. La intervención material del pago consistirá en la verificación de la identidad del perceptor, la cuantía del pago y la existencia de suficiencia de fondos en las cuentas bancarias para su atención.

2. Cuando la Intervención encuentre conforme la actuación firmará los documentos que autoricen la salida de fondos y valores. Si no la encuentra conforme formulará el correspondiente reparo.

Artículo 38 Fines del control financiero permanente

1. El control financiero permanente tiene como misión el análisis y evaluación, de una manera continuada en el tiempo, de la gestión económico financiera de los sujetos del sector público a los que se refiere el artículo 138 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, a fin de verificar si la misma se desarrolla con arreglo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, calidad y demás de buena gestión, y proponer, en su caso, la adopción de acciones correctoras de las desviaciones que se detecten o, simplemente, de acciones preventivas o de mejora de la gestión pública.

2. A estos efectos, los fines del control financiero permanente se concretan en:

• a) Ofrecer una visión del grado en que la gestión económico financiera desarrollada por el sujeto del sector público sometida a control se ajusta a los principios expuestos en el apartado anterior, evaluando la gestión analizada con imparcialidad y objetividad, bajo un enfoque en el que se asegure que los hallazgos y conclusiones del control están basados en evidencias objetivas.
• b) Efectuar recomendaciones y propuestas de actuaciones correctoras de las deficiencias que se observen, de medidas de carácter preventivo que eviten la aparición de deficiencias, o de acciones que puedan redundar en una mejora de la gestión.

Artículo 39 El Plan anual de Control Financiero Permanente

1. Antes de que finalice el mes de enero, la Intervención General elaborará el Plan anual de Control Financiero Permanente, en el que se recogerán, para los sujetos del sector público y áreas de gestión sobre los que el Gobierno ha acordado la aplicación del control financiero permanente, los objetivos de control, los responsables de su ejecución, y los recursos asignados.

A tal fin, solicitará de los departamentos, organismos y entes a los que hace referencia el artículo 138 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, una propuesta de objetivos y actuaciones que se considere conveniente incluir en el Plan y la justificación de su inclusión.

2. Tras la valoración de las propuestas recibidas, el Interventor General resolverá la aprobación definitiva del Plan anual de Control Financiero Permanente, que podrá ser modificado cuando se produzcan circunstancias que lo justifiquen.

3. Los objetivos del control financiero permanente que se formulen vendrán referidos principalmente a:

• a) Verificar la regularidad formal de la gestión económico financiera desarrollada, analizando el grado de cumplimiento de la normativa y procedimientos a los que no se extiende la función interventora.
• b) Verificar la aplicación del principio de orientación a resultados y dirección por objetivos, efectuando, entre otras, las siguientes acciones:
  • - El análisis de los sistemas de dirección y planificación estratégica aplicados por los órganos gestores responsables de los objetivos definidos en los Programas de gastos y Programas de Actuación Plurianual.
  • - El análisis y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos definidos en los Programas de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que se estimen más relevantes.
  • - La verificación del grado de cumplimiento de los objetivos incluidos en los Programas de Actuación Plurianual a que se refieren los artículos 28 y 30 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, a fin de determinar el grado de fiabilidad de los datos contenidos en los informes de gestión y balance de resultados previstos en el artículo 33 de la referida Ley; así como del grado de cumplimiento de los objetivos incluidos en los Programas de Actuación Plurianual a que se refiere el artículo 29 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, siempre que éstos no estén incluidos en el Plan anual de Auditorías, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 68 de este Reglamento.
• c) El seguimiento de la ejecución presupuestaria a fin de verificar la fiabilidad de la información financiera y de aportar información de aquellos aspectos de la gestión económico financiera desarrollada que pudieran afectar al principio de estabilidad o de equilibrio presupuestario.
• d) Comprobar si la planificación, gestión y situación de la tesorería responde a los principios de buena gestión financiera.
• e) Proporcionar una valoración acerca de si los procesos y procedimientos de gestión objeto de análisis se adecuan a los principios de eficiencia, economía, calidad y demás de buena gestión.
• f) Comprobar si los derechos e ingresos de la Hacienda Pública reflejados en los estados contables se corresponden con los realmente generados.

4. Para el adecuado desarrollo del control financiero permanente la Intervención Delegada o Unidad de control actuante podrá recabar en cualquier momento de los centros gestores la información y documentación que precise y efectuar las comprobaciones materiales que sean necesarias.

Artículo 40 Desarrollo de las actuaciones de control financiero permanente

1. La planificación y desarrollo de los trabajos se efectuará, en todo lo que no esté previsto en este Reglamento, con sujeción a lo dispuesto en las Instrucciones y Normas Técnicas que al efecto dicte la Intervención General y, en su defecto, en las Normas de Auditoría del Sector Público.

2. Se deberá seguir un Programa de Trabajo en el que se determinen, para los objetivos de control que se persiguen, el alcance del mismo, así como las tareas y procedimientos a desarrollar.

El alcance del control financiero permanente describe la extensión y límites del control, especificando las actuaciones, procedimientos y tareas principales que van a seguirse para obtener evidencias dentro de los plazos establecidos.

3. En toda actuación de control se deberá obtener evidencia suficiente, pertinente y válida, a fin de lograr una base de juicio razonable en la que apoyar las opiniones, conclusiones y recomendaciones sobre los objetivos del control.

A estos efectos, se consideran evidencias los registros documentales, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea pertinente para respaldar la existencia o veracidad de un hallazgo del control y que puedan ser verificables por otras personas. Los hallazgos del control son los resultados de la evaluación de las evidencias obtenidas frente al ordenamiento jurídico vigente y a los criterios de buena gestión ampliamente aceptados en el sector público, que permiten alcanzar conclusiones.

4. Se formará un archivo completo y detallado del trabajo realizado y de las conclusiones alcanzadas en el que se incluirán todos los papeles de trabajo.

Los papeles de trabajo comprenderán la totalidad de los documentos preparados o recibidos por el órgano que efectúe el control, de manera que en conjunto constituyan un compendio de la información utilizada, de las evidencias obtenidas y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que se han debido tomar para llegar a formarse la opinión.

5. El responsable de cada centro directivo sobre el que se vayan a desarrollar las actuaciones de control financiero deberá:

• a) Informar a su personal afectado sobre el objeto y finalidad de las actuaciones de control financiero a desarrollar.
• b) Designar un interlocutor entre el responsable del equipo de la Intervención que efectúa el control y su centro directivo.
• c) Cooperar con el equipo de la Intervención que efectúa el control para alcanzar los objetivos del control financiero permanente, dando acceso, previa petición, a las instalaciones y equipos y poniendo a su disposición los medios necesarios.

6. Es responsabilidad del Interventor Delegado, Insular o Jefe de la unidad que desarrolla el control:

• a) Informar con anterioridad al centro gestor de las actuaciones de control incluidas en el Programa de Trabajo de control financiero permanente que van a desarrollarse en el ejercicio.
• b) Acordar con el centro gestor las fechas y horas en las que se realizarán las visitas que deban efectuarse como consecuencia del desarrollo del Programa de Trabajo, al objeto de no interferir, o de hacerlo en la menor medida posible, en los procesos de gestión.
• c) Conservar los documentos y registros de control, respetando la confidencialidad de la información.

Artículo 41 El informe provisional y definitivo de control financiero permanente

1. Las actuaciones de control financiero que se van desarrollando a lo largo del ejercicio se documentarán en el informe de control financiero permanente.

2. La Intervención Delegada, o la unidad de control actuante, remitirá, antes del 1 de marzo, al titular del departamento, organismo o entidad sobre la que ha desarrollado el control, un informe con los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control desplegadas en el ejercicio anterior, respecto a todas las áreas en que se estructura el informe de control financiero permanente. Este informe, que será firmado por el Interventor Delegado o responsable de la unidad de control actuante, tendrá el carácter de provisional y deberá contener en cada una de sus páginas una indicación de tal condición.

En el oficio de remisión del citado informe se invitará al departamento, organismo o entidad a efectuar las alegaciones u observaciones que considere convenientes en el plazo de un mes natural.

3. Transcurrido el plazo de alegaciones indicado, la Intervención Delegada o Unidad de control actuante emitirá el informe definitivo, que incluirá, en su caso, las alegaciones recibidas del sujeto controlado y las observaciones del órgano de control sobre las mismas.

Cuando se hubiesen recibido alegaciones que discrepen del contenido del informe provisional, se actuará de la siguiente forma:

• a) En el supuesto de su aceptación por la Intervención Delegada u órgano de control actuante, se modificarán las conclusiones vertidas en el informe provisional, haciendo constar esta circunstancia en el apartado correspondiente del informe definitivo.
• b) En el caso de mantenerse la opinión divergente sin resolver, en la sección correspondiente del informe definitivo se expondrá la opinión del órgano o entidad sujeta a control y las observaciones de la Intervención Delegada o Unidad de control actuante sobre las mismas.

Artículo 42 Plan de medidas correctoras o de mejora

1. En el supuesto de que el informe definitivo de control financiero permanente señale la existencia de incumplimientos del ordenamiento jurídico, deficiencias o aspectos de mejora de la gestión, la Intervención Delegada u órgano de control actuante deberá proponer al centro gestor un Plan de medidas correctoras o de mejora, en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la remisión del informe definitivo, en el que se recoja:

• a) El resultado final que se prevé alcanzar para cada medida correctora o de mejora.
• b) El procedimiento que se debe seguir para alcanzar estas medidas.
• c) El órgano o la persona responsable de la puesta en práctica de la acciones.
• d) La fecha objetivo de finalización para cada acción.

2. El Plan de medidas deberá formalizarse en un documento que será suscrito por la Intervención Delegada u órgano de control actuante y el o los órganos gestores responsables de su ejecución.

3. En caso de discrepancias que impidan alcanzar un acuerdo sobre el contenido o forma de ejecución del Plan de medidas, se deberá actuar de la siguiente manera:

• a) Cuando las opiniones divergentes sin resolver se refieran a deficiencias advertidas en el informe definitivo sobre posibles incumplimientos de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica, o a supuestos errores de gestión que hayan ocasionado o puedan dar lugar a pagos indebidos o improcedentes, se registrará en el documento en el que se formalice el Plan de medidas esta circunstancia y se señalará un plazo para que el órgano gestor acredite ante la Intervención Delegada u órgano de control actuante el inicio del procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 44 de este Reglamento.
• b) Cuando las opiniones divergentes sólo versen sobre posibles desviaciones de los principios de buena gestión o sobre la falta de aplicación de éstos, se registrará en el documento en el que se formalice el Plan de medidas esta circunstancia, manteniéndose las conclusiones de la Intervención Delegada a título de recomendación, junto con la propuesta de medidas que se consideren oportunas para la mejora de la gestión.
• c) En caso de opiniones divergentes sobre la forma o plazo de ejecución de alguna de las medidas propuestas en el Plan, la Intervención Delegada deberá comunicar tal circunstancia a la Intervención General, a fin de que ésta, tras solicitar las alegaciones al respecto del centro gestor, intente alcanzar un acuerdo al respecto o, en su defecto, evacue el Informe de Actuación previsto en el apartado 3 del artículo 44 de este Reglamento. Los acuerdos sobre el Plan corrector suscrito entre la Intervención General y el centro gestor serán vinculantes para la correspondiente Intervención Delegada.

4. Del estado de las acciones incluidas en el referido Plan se deberá rendir información por el centro gestor a la Intervención Delegada u órgano de control actuante de forma periódica y, en todo caso, en la fecha de culminación que para cada una de ellas se haya señalado en el Plan.

Artículo 43 Seguimiento de las medidas propuestas

Los Interventores Delegados deben establecer los mecanismos necesarios que permitan el seguimiento, tanto de las medidas correctoras propuestas en los informes definitivos, como de las actuaciones adoptadas por el sujeto controlado.

En los informes definitivos de control financiero permanente evacuados en cada ejercicio se deberá consignar el estado de las recomendaciones y de las medidas correctoras propuestas en los anteriores informes de control financiero permanente.

Artículo 44 Propuestas de actuación de la Intervención Delegada u órgano de control actuante e Informe de Actuación de la Intervención General

1. Cuando en el desarrollo del control financiero permanente se hubiese puesto de manifiesto el incumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica, o la existencia de errores que hubiesen ocasionado o puedan dar lugar a pagos indebidos o improcedentes, la Intervención Delegada o el órgano de control actuante pondrá de manifiesto, al centro gestor y al superior orgánico del centro gestor, esta circunstancia, así como la necesidad de que se adopten las medidas que resulten oportunas, incluido el reintegro. Si el acto está sujeto a derecho administrativo, se propondrá que previamente al reintegro se adopte alguna de las medidas siguientes:

• a) La rectificación de los errores materiales, aritméticos o de hecho.
• b) La revisión del acto en cuestión, en caso de pagos derivados de actos nulos o anulables, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el posterior reintegro de las cantidades indebidamente abonadas.

Las propuestas de actuación deberán incluirse en el informe de control financiero permanente, si bien podrán formularse con anterioridad al mismo, mediante informe independiente, cuando se considere conveniente a juicio del órgano de control, bien porque el transcurso del tiempo hasta la emisión del informe de control financiero permanente pueda hacer imposible o difícil la subsanación o reparación de las deficiencias advertidas; o por la importancia del quebranto al Tesoro que pudiese producirse de no atajarse con rapidez la deficiencia observada, o por cualquier otra razón que supusiera un perjuicio para la Hacienda pública.

En el momento de comunicar las propuestas de actuación se deberá indicar al centro gestor un plazo para la subsanación de las deficiencias detectadas o, en su defecto, para acreditar que ha presentado su discrepancia ante la Intervención General.

2. Transcurrido el plazo fijado sin que el centro gestor acredite ante la Intervención Delegada u órgano de control actuante la subsanación de las deficiencias detectadas, el Interventor Delegado o Jefe de la unidad de control actuante deberá comunicar a la Intervención General tal circunstancia.

La Intervención General, recibida la comunicación anteriormente indicada, podrá elaborar un informe de actuación dirigido al titular de la gestión controlada y al superior jerárquico del mismo, advirtiéndoles de la necesidad de justificar, en el plazo que al efecto se señale, que han adoptado las medidas correctoras propuestas o, en su defecto, que se ha elevado al Gobierno su disconformidad, por conducto del departamento competente en materia de hacienda.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se hubiese justificado la adopción de las acciones alternativas indicadas en el oficio de la Intervención General, se instará el inicio de expediente de responsabilidad contable, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 142 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

3. Cuando el centro gestor no se muestre conforme con las propuestas de actuación, podrá plantear su discrepancia ante la Intervención General, motivándola jurídicamente.

La Intervención General evacuará un Informe de Actuación para resolver la discrepancia en el plazo máximo de quince días, siendo esta resolución obligatoria para la Intervención Delegada o la unidad de control actuante.

Cuando la Intervención General resuelva la discrepancia confirmando el criterio expresado por la Intervención Delegada o la unidad de control actuante, el titular del departamento del que dependa el órgano o entidad controlada podrá, en caso de que mantenga su disconformidad, elevar al Gobierno la resolución de la misma, por conducto del departamento competente en materia de hacienda.

Artículo 45 El Informe General de Control Financiero Permanente

Los informes definitivos de control financiero permanente deberán ser remitidos a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de que ésta elabore un Informe General, en el que se recojan los resultados más significativos derivados de los mismos, en la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente de cada ejercicio.

Los Interventores Delegados o los responsables de las Unidades de control actuante deberán remitir los informes definitivos acompañados, en su caso, del Plan corrector o de mejora acordado por el centro gestor y de un informe de seguimiento sobre el estado de situación, en el momento de la remisión, de las acciones incluidas en el Plan corrector o de mejora.

El Informe General se presentará al Gobierno, a través del titular del departamento competente en materia de hacienda.

Artículo 46 Control financiero permanente de los derechos e ingresos

El control financiero permanente de los derechos e ingresos del Tesoro de la Comunidad Autónoma y los ingresos que tengan la naturaleza de rentas, frutos o percepciones producidos por los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Canarias, se desarrollará de conformidad con el procedimiento previsto en la sección 1ª de este Capítulo, y en las instrucciones que al efecto dicte la Intervención General.

Artículo 47 Control financiero permanente de la devolución de ingresos indebidos

El control financiero de los actos por los que se acuerde la devolución de ingresos indebidos tendrá como objeto verificar, entre otros extremos, que la resolución haya sido dictada por órgano competente, la idoneidad de la norma aplicada, la no prescripción del derecho, la cuantía de la devolución, la identidad del perceptor, y el resto de aspectos formales regulados en cada caso por su normativa específica.

Artículo 48 Control financiero permanente de la ordenación del pago

1. El control tendrá por objeto verificar, entre otros aspectos, que las órdenes de pago se dictaron por órgano competente, se ajustaron al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodaron al Presupuesto de Tesorería que apruebe el Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. Asimismo se comprobará que las órdenes de pago fueron expedidas aplicando criterios objetivos, tales como la fecha de recepción, el importe de la operación, aplicación presupuestaria y forma de pago, entre otros.

2. La adecuación de la orden de pago al acto de reconocimiento de la obligación se verificará mediante el examen de los documentos o de la certificación de dicho acto emitida por el mismo órgano que realizó las actuaciones y de su fiscalización.

3. El control financiero permanente de la ordenación del pago alcanzará a los acuerdos de minoración en el pago en los casos de retenciones judiciales o de compensaciones de deudas del acreedor.

Artículo 49 Control financiero permanente de la materialización del pago

1. El control financiero permanente de la materialización del pago tiene por objeto verificar la identidad del perceptor, la cuantía del pago y la existencia de suficiencia de fondos en las cuentas bancarias para su atención.

2. Está sometida a esta modalidad la ejecución de las órdenes de pago que tengan por objeto:

• a) Cumplir directamente las obligaciones del Tesoro.
• b) Situar fondos a disposición de habilitados.

Artículo 50 Control financiero permanente de los actos por los que se acuerde el movimiento de fondos y valores de la Tesorería de la Comunidad Autónoma

1. El control financiero permanente de los actos por los que se acuerde el movimiento de fondos y valores de la Tesorería de la Comunidad Autónoma verificará la competencia del órgano que lo autorice, la titularidad de las cuentas entre las que se materializa, el importe, la existencia de saldo suficiente en la cuenta de cargo para su instrumentación, así como su justificación y oportunidad.

2. En los casos previstos en el artículo 87 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, se comprobará, además, la existencia de libre concurrencia y que la adjudicación se realice en base a criterios objetivos, tales como la rentabilidad, seguridad y solvencia, conforme a las ofertas recibidas.

Artículo 51 Ámbito de aplicación

La Intervención General ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público autonómico con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma o a los fondos comunitarios, de conformidad y con el alcance establecido en el presente Reglamento, en la Ley General de Subvenciones y disposiciones reglamentarias que las desarrollen, y en la normativa comunitaria.

Artículo 52 Objeto y competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones y ayudas

1. El control financiero de subvenciones y ayudas tendrá como objeto verificar:

• a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.
• b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.
• c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.
• d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.
• e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley General de Subvenciones.
• f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

2. La competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones corresponderá a la Intervención General, sin perjuicio de las funciones que tiene atribuidas el Tribunal de Cuentas, la Audiencia de Cuentas de Canarias y de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de Subvenciones.

3. El control financiero de subvenciones consistirá en:

• a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los soporte, de beneficiarios y entidades colaboradoras.
• b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
• c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
• d) La comprobación material de las inversiones financiadas.
• e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de concesión.
• f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las características especiales de las actividades subvencionadas.

4. El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios, así como a cualquier otra persona o entidad susceptible de tener un interés en la consecución de los objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la adopción de los comportamientos.

Artículo 53 Principios de ejercicio del control financiero

1. El control financiero de subvenciones se ejercerá con sometimiento a la normativa aplicable y con total autonomía respecto de los sujetos controlados, así como de las autoridades y demás entidades que hubieran concedido las subvenciones.

2. El pronunciamiento del órgano concedente de la subvención respecto a la aplicación de los fondos por los perceptores de subvenciones se entenderá sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General, siendo éstas independientes de las actuaciones de comprobación, verificación y control que el órgano concedente haya llevado a cabo en el ejercicio de sus competencias.

3. El control financiero de subvenciones se ejercerá de modo proporcionado a los objetivos perseguidos, procurando interferir en la actividad de las entidades controladas únicamente en la medida en que ello resulte necesario.

4. Igualmente, resultarán de aplicación al control financiero de subvenciones los principios a los que se encuentra sometida la Intervención General en el ejercicio de sus funciones de control interno, en cuanto no resulten incompatibles con la normativa vigente en materia de control financiero de subvenciones.

Artículo 54 Control financiero de ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos comunitarios

1. En las ayudas financiadas o cofinanciadas por los Fondos Comunitarios, la Intervención General realizará los controles que le sean asignados por la Intervención General de la Administración del Estado, en cuanto a unidad que ejerce las funciones de coordinación del Sistema Nacional de Control de Fondos Comunitarios, así como también, de coordinación de las relaciones con las Instituciones Comunitarias

2. La Intervención General, en aplicación de la normativa comunitaria, podrá llevar a cabo, además, controles y verificaciones de los procedimientos de gestión de los distintos órganos gestores que intervengan en la concesión y gestión y pago de las ayudas cofinanciadas con fondos comunitarios que permitan garantizar la correcta gestión financiera de los fondos comunitarios.

3. La Intervención General cuando sea designada autoridad de auditoría asumirá las funciones previstas en la normativa comunitaria.

4. De acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa comunitaria, la Intervención General ejercerá sus funciones como organismo de certificación del Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de elaborar certificados, informes y demás documentos que sean preceptivos.

Artículo 55 Otras actuaciones de control no incluidas en el Plan de Auditorías

No será necesario incluir en el Plan de Auditorías que apruebe anualmente el titular competente de la Consejería en materia de hacienda, previo informe de la Intervención General, las comprobaciones precisas que soliciten los órganos de control de la Unión Europea o de otros Estados miembros en aplicación de reglamentos comunitarios sobre beneficiarios perceptores de fondos comunitarios.

Artículo 56 Iniciación de oficio del procedimiento de control financiero de subvenciones y ayudas

La iniciación de las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras se efectuará mediante su notificación a éstos del escrito de inicio, en el que deberán recogerse, como mínimo, los siguientes aspectos:

• a) Identidad del beneficiario o entidad colaboradora.
• b) Naturaleza y alcance de las actuaciones a desarrollar.
• c) Lugar, fecha y hora de personación del equipo de control que vaya a realizar las actuaciones.
• d) Requerimiento para la acreditación, en su caso, de representante.
• e) Información sobre los derechos y obligaciones de la persona controlada.
• f) Requerimiento para que confirme el sujeto controlado que la justificación puesta a disposición de la Administración es completa y que no existen hechos, circunstancias o situaciones no declaradas en la Administración que puedan afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones financiadas.
• g) Documentación que, en principio, debe ponerse a disposición del equipo de control.
• h) Demás elementos que se consideren necesarios.

  Copia del escrito de inicio se remitirá, igualmente, al órgano gestor concedente de la subvención.

Artículo 57 Efectos de la notificación del inicio de las actuaciones de control

La notificación del inicio de las actuaciones produce los siguientes efectos:

• a) Se interrumpe el plazo de prescripción establecido para que la Administración pueda reconocer el reintegro.
• b) Se inicia el cómputo del plazo de 12 meses determinado por el artículo 64 de este Reglamento para concluir el control financiero.

Artículo 58 Representación

1. Cuando los beneficiarios o entidades colaboradoras actúen en el control financiero por medio de representante deberá requerirse su acreditación, que podrá formalizarse mediante documento público o privado, con firma legitimada notarialmente o por comparecencia personal del interesado ante el Órgano de control. En este último caso, el poder podrá ser conferido ante el personal controlador que realice las actuaciones.

2. La falta o insuficiencia de la acreditación de la representación, que deberá ser comunicada también al beneficiario o entidad colaboradora representada, no impedirá que se pueda tener por realizado el acto de que se trate, siempre que se acompañe poder bastante o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días, o en el plazo superior que determine el órgano de control si las circunstancias así lo requieren, pudiendo considerarse en caso contrario que la falta de acreditación constituye resistencia, excusa, obstrucción o negativa de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones.

3. Una vez identificado el representante, la posterior revocación de la representación no tendrá efectos en la actuación de control financiero hasta que se haya hecho saber esta circunstancia por escrito al órgano de control.

4. No será necesario solicitar la acreditación de la representación cuando ésta obrara en el expediente previo de concesión, justificación y abono de la subvención objeto de control y fuera suficiente a los efectos del control financiero.

5. Para actos y gestiones de mero trámite se presumirá otorgada la representación.

Artículo 59 Lugar de las actuaciones de control

1. Las actuaciones de control podrán desarrollarse indistintamente, según determine el personal controlador:

• a) En el lugar donde el beneficiario o entidad colaboradora tenga su domicilio fiscal, o en aquel donde su representante tenga su domicilio, despacho u oficina.
• b) En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades subvencionadas.
• c) En las oficinas de la Intervención General, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas.
• d) En el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, de la realización de la actividad subvencionada.

2. El equipo de control podrá personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del beneficiario o entidad colaboradora, entendiéndose las actuaciones con éstos o con el encargado o responsable de los locales.

Artículo 60 Suspensión del procedimiento de control financiero

1. Cuando en el desarrollo del control financiero se determine la existencia de circunstancias que pudieran dar origen a la devolución de las cantidades percibidas por causas distintas a las previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, se pondrán los hechos en conocimiento del órgano concedente de la subvención, que deberá informar sobre las medidas adoptadas, pudiendo acordarse la suspensión del procedimiento de control financiero.

La suspensión del procedimiento deberá notificarse al beneficiario o entidad colaboradora.

2. La finalización de la suspensión, que en todo caso deberá notificarse al beneficiario o entidad colaboradora, se producirá cuando:

• a) Una vez adoptadas por el órgano concedente las medidas que, a su juicio, resulten oportunas, las mismas sean comunicadas al órgano de control.
• b) Si, transcurridos tres meses desde el acuerdo de suspensión, no se hubiera comunicado la adopción de medidas por parte del órgano gestor.

Artículo 61 Medidas cautelares

Cuando en el ejercicio de las funciones de control financiero se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, destino o justificación de la subvención percibida, el Interventor General podrá acordar la adopción de las medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de impedir la desaparición, destrucción o alteración de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten.

Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin que se persiga. En ningún caso se adoptarán aquéllas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

Artículo 62 Documentación de las actuaciones de control financiero

1. Las actuaciones de control financiero se documentarán en comunicaciones con otros órganos administrativos o con los sujetos controlados y terceros sometidos al deber de colaboración, diligencias, para reflejar hechos relevantes que se pongan de manifiesto en el ejercicio del mismo, y en informes, que tendrán el contenido y estructura y cumplirán los requisitos que se determinen en las instrucciones dictadas por el Interventor General al efecto, o en su defecto, en las Normas de Auditoría del Sector Público.

2. Las comunicaciones, las diligencias y los informes tendrán naturaleza de documentos públicos y harán prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

3. El control deberá realizarse sobre documentos originales completos, debidamente formulados y diligenciados de conformidad con la normativa que le resulte de aplicación. Cuando el beneficiario emplee sistemas informáticos para el soporte de las operaciones controladas, el equipo de control podrá acceder a su contenido así como verificar los sistemas de control interno del interesado.

Artículo 63 Informes provisionales y definitivos

1. Realizado el control financiero deberá emitirse informe comprensivo del alcance y objetivos del control, de los hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del mismo.

2. Dicho informe tendrá carácter provisional y se remitirá al beneficiario o entidad colaboradora, al órgano gestor y a la Intervención Delegada que corresponda, para que, en el plazo máximo de quince días desde su recepción, puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

3. Transcurrido el referido plazo, se emitirá informe definitivo por el Interventor General, en el que se incluirá el informe provisional, las alegaciones recibidas y, en su caso, las observaciones que sobre dichas alegaciones hayan formulado los funcionarios designados para realizar el control. En el caso de que no se reciban alegaciones, el informe provisional se elevará a definitivo.

4. Las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras finalizarán con la emisión del correspondiente informe definitivo.

5. Los informes definitivos se notificarán a:

• a) Al órgano gestor, a la Intervención Delegada, al beneficiario y, en su caso, a la entidad colaboradora.
• b) A la Intervención General de la Administración del Estado, cuando el control se haya realizado sobre ayudas o subvenciones financiadas con cargo a fondos comunitarios, cuando se hubiera asignado el control, o bien, se haya realizado dentro del marco de los convenios de colaboración que se suscriban con aquélla.
• c) A la Institución Europea que en su caso y en el ejercicio de sus funciones, hubiera instado la realización del control.

Asimismo, los informes definitivos relativos a los controles y verificaciones previstos en el artículo 54.2 del presente Reglamento también serán remitidos al titular del órgano o ente que haya concedido las ayudas y subvenciones.

6. En la notificación del informe que se remita al órgano gestor que concedió la subvención deberá señalarse, en su caso, la necesidad de iniciar expedientes de reintegro y sancionador.

7. Cuando el órgano concedente, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 60 de este Reglamento, comunicara el inicio de actuaciones que pudieran afectar a la validez del acto de concesión, la finalización del procedimiento de control financiero de subvenciones se producirá mediante resolución del Interventor General en la que se declarará la improcedencia de continuar las actuaciones de control, sin perjuicio de que, una vez recaída en resolución declarando la validez total o parcial del acto de concesión, pudieran volver a iniciarse las actuaciones.

Artículo 64 Duración del procedimiento de control

1. Las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras, deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación a aquéllos del inicio de las mismas.

2. Dicho plazo podrá ampliarse cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad.
• b) Cuando en el transcurso de las actuaciones se descubra que el beneficiario o entidad colaboradora han ocultado información o documentación esencial para un adecuado desarrollo del control.

3. Se entenderá que las actuaciones revisten especial complejidad en los siguientes supuestos:

• a) Cuando el volumen de operaciones del beneficiario sea igual o superior al requerido para la obligación de auditar sus cuentas.
• b) Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y sea necesario realizar actuaciones de extensión de control de subvenciones a terceros.
• c) Cuando se compruebe que ha existido subcontratación total o parcial de la actividad subvencionada y sea necesario realizar actuaciones de extensión de control.
• d) Cuando los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la subvención se realicen, total o parcialmente, fuera del ámbito territorial de Canarias y sea necesaria la realización de actuaciones de comprobación fuera de dicho ámbito territorial.
• e) Cuando el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales del beneficiario o la desaparición o falta de aportación de los libros o registros determine una mayor dificultad en la comprobación.
• f) Cuando se investigue a los beneficiarios por su posible intervención en una red o trama organizada cuya finalidad presunta pudiera constituir fraude en materia de subvenciones.
• g) Cuando se investigue a los beneficiarios por la posible realización de operaciones simuladas, la utilización de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados o la intervención de personas o entidades interpuestas con la finalidad de incumplir las obligaciones relativas a la subvención.
• h) Cuando la comprobación se refiera a personas o entidades relacionadas económicamente entre sí que participen en la producción o distribución de un determinado bien o servicio, siempre que las actuaciones de control se dirijan a la comprobación de las distintas fases del proceso de producción o distribución.
• i) Cuando los elementos subvencionados sean objeto de sometimiento a una actividad industrial, o bien, a procesos de tratamiento complejos, como actuaciones previas necesarias a la aplicación a la finalidad establecida en la normativa reguladora de la subvención.
• j) Cuando resulte necesario proceder al examen de expedientes administrativos relativos a otras subvenciones percibidas por el beneficiario, a fin de verificar el debido cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de acumulación de ayudas públicas.

4. La competencia para ampliar el plazo de duración del procedimiento corresponderá al Interventor General mediante resolución motivada. En dicho acuerdo se concretará el período de tiempo por el que se amplía el plazo, que no podrá exceder de doce meses adicionales.

5. A los efectos del plazo previsto en el apartado 1 anterior, no se computarán las dilaciones imputables al beneficiario o entidad colaboradora, en su caso, ni los períodos de interrupción justificada que se especifiquen legal o reglamentariamente.

Se consideran dilaciones imputables al beneficiario o entidad colaboradora, entre otras, la falta de cumplimentación de los requerimientos dentro de los plazos otorgados para su cumplimiento, así como los aplazamientos concedidos a solicitud de los sujetos controlados.

Se consideran supuestos de interrupción justificada, entre otros, los siguientes:

• a) Cuando deba requerirse al beneficiario, entidad colaboradora, o tercero relacionado con el objeto de la subvención, para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por aquéllos, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.
• b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo de la Intervención General de la Administración del Estado, o un órgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse al beneficiario, y la notificación del pronunciamiento a la Intervención General, que también deberá serles comunicada.
• c) Cuando deban solicitarse informes que sean determinantes del resultado del control a órgano de la Comunidad Autónoma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse al beneficiario o entidad colaboradora, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
• d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los beneficiarios o entidades colaboradoras, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
• e) Por el período comprendido entre la notificación del informe provisional de control financiero y la recepción en la Intervención General de las alegaciones que, en su caso, formule el beneficiario o entidad colaboradora al contenido del mismo.
• f) En el caso de las auditorías realizadas por auditores privados, por el tiempo que transcurre desde que se comunica el inicio del control al beneficiario hasta la comunicación de la designación del auditor privado.

6. La interrupción del cómputo del plazo de duración de las actuaciones de control no impedirá la práctica de las que durante dicha situación pudieran desarrollarse.

Artículo 65 Efectos del incumplimiento del plazo para la realización del control

1. Si transcurre el plazo sin que se haya concluido el control, se producirá la caducidad del procedimiento y las actuaciones de control no habrán interrumpido el plazo de prescripción establecido para que la Administración pueda reconocer el reintegro. El Interventor General acordará la finalización del procedimiento mediante resolución, que pondrá de manifiesto la caducidad producida y se notificará al sujeto controlado.

2. Si aún no ha prescrito el plazo para exigir el reintegro, se acordará el inicio de un nuevo procedimiento de control, disponiendo la conservación de todas las actuaciones de control desarrolladas en el procedimiento caducado.

Artículo 66 Procedimiento de reintegro a propuesta de la Intervención General

1. Cuando en el informe emitido por la Intervención General se recoja la procedencia de reintegrar la totalidad o parte de la subvención, el órgano gestor deberá acordar, con base en el referido informe y en el plazo de tres meses, el inicio del expediente de reintegro.

2. El acuerdo de inicio del expediente de reintegro deberá ser notificado por el centro gestor al beneficiario o entidad colaboradora, que dispondrá de 15 días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, respecto a los hechos puesto de manifiesto en el informe de control financiero que motivó el inicio del procedimiento.

3. El órgano gestor deberá comunicar a la Intervención General en el plazo de tres meses a partir de la recepción del informe de control financiero la incoación del expediente de reintegro o la discrepancia con su incoación, que deberá ser motivada. En este último caso, la Intervención General podrá emitir informe de actuación dirigido al titular del departamento del que dependa o esté adscrito el órgano gestor de la subvención, del que dará traslado asimismo al órgano gestor.

El titular del departamento, una vez recibido dicho informe, manifestará a la Intervención General, en el plazo máximo de dos meses, su conformidad o disconformidad con el contenido del mismo. La conformidad con el informe de actuación vinculará al órgano gestor para la incoación del expediente de reintegro.

En caso de disconformidad, la Intervención General podrá elevar el referido informe a la consideración del Gobierno. La decisión adoptada por éste órgano resolverá la discrepancia.

4. Cuando el control financiero hubiera finalizado como consecuencia de resistencia, excusa, obstrucción o negativa, no se tendrán en cuenta en el procedimiento de reintegro hechos, documentos o alegaciones presentados por el sujeto controlado cuando, habiendo podido aportarlos en el control financiero, no lo haya hecho; salvo, que los mismos se limiten a constatar que tal circunstancia no se produjo durante el control.

5. Si el beneficiario o el sujeto controlado no presentara alegaciones, el órgano competente podrá, sin más trámite, resolver el procedimiento de reintegro, en los mismos términos contenidos en el acuerdo de inicio del procedimiento y sin necesidad de dar traslado a la Intervención General para informe de reintegro, al que se hace referencia en el siguiente apartado.

En caso de presentación de alegaciones, el órgano gestor deberá expresar su opinión, indicando en su propuesta de resolución cuál es a su parecer el importe exigible de reintegro, y señalando las causas por las que se separa, en su caso, del importe inicialmente exigido.

6. Las alegaciones presentadas por el beneficiario y la propuesta de resolución emitida por el órgano gestor, serán examinados por la Intervención General y darán lugar a la emisión del informe de reintegro.

El informe, que deberá ser emitido en el plazo de un mes desde la recepción completa de la documentación, tomará como punto de partida el informe definitivo de control financiero o, en su caso, la resolución de la discrepancia manifestada, valorará las alegaciones y el parecer del órgano gestor y concluirá concretando el importe de reintegro a exigir.

7. La propuesta de resolución deberá trasladar el contenido del informe de reintegro.

Cuando el órgano gestor no comparta el criterio recogido en el informe de reintegro, con carácter previo a la resolución, tramitará la discrepancia en los términos previstos en el artículo 135 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria.

8. Una vez recaída resolución, y simultáneamente a su notificación, el órgano gestor dará traslado de la misma a la Intervención General.

9. La formulación de la resolución del procedimiento de reintegro con omisión del trámite previsto en el apartado 6 dará lugar a la anulabilidad de dicha resolución, que podrá ser convalidada, en su caso, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.

A los referidos efectos, la Intervención General elevará al Gobierno, a través del titular del departamento competente en materia de hacienda, informe relativo a las resoluciones de reintegro incursas en la citada causa de anulabilidad de que tuviera conocimiento.

10. Procederá igualmente la emisión del informe de reintegro previsto en el apartado 6 del presente artículo con carácter previo a la resolución de los recursos administrativos que, en su caso, interpongan los beneficiarios o entidades colaboradoras a la resolución del procedimiento de reintegro.

11. La Intervención General podrá requerir del gestor información sobre el estado de tramitación de los expedientes de reintegro.

12. Anualmente, la Intervención General emitirá informe de actuación, en relación con los procedimientos de reintegro no iniciados por los órganos concedentes de subvenciones en el plazo de tres meses previsto en el apartado 1 del presente artículo. El titular del departamento, en el plazo de dos meses, deberá remitir al titular del departamento competente en materia de hacienda informe relativo a las medidas adoptadas. En caso de disconformidad, el titular del departamento competente en materia de hacienda, previo informe del Interventor General, someterá las actuaciones a la consideración del Gobierno.

Artículo 67 Tramitación del procedimiento sancionador a propuesta de la Intervención General

1. La Intervención General, en los términos previstos en el presente artículo, y los órganos y entidades colaboradoras que en el ejercicio de sus funciones conozcan de hechos que puedan constituir infracción los pondrán en conocimiento de los órganos competentes para imponer las sanciones. En las comunicaciones se harán constar cuantas circunstancias se estimen relevantes para la calificación de la infracción y se aportarán los medios de prueba de que dispongan.

2. Se consideran documentos públicos de valor probatorio en los términos contemplados en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las comunicaciones, diligencias e informes en que se documenten las actuaciones de control financiero.

3. Si como resultado del control financiero la Intervención General emitiera propuesta de inicio de expediente sancionador, el órgano competente iniciará procedimiento sancionador por los hechos trasladados en la propuesta. Alternativamente, comunicará al órgano controlador los motivos por los que considera que no procede la iniciación del procedimiento.

4. En el caso de que el interesado presente alegaciones, el Instructor deberá solicitar informe a la Intervención General, que tendrá carácter preceptivo y determinante para la resolución del procedimiento, a los efectos previstos en el artículo 17 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

5. El informe será emitido por la Intervención General en el plazo de un mes.

6. Del mismo modo se procederá en fase de resolución del procedimiento sancionador cuando el órgano competente para resolver acuerde la realización de actuaciones complementarias.

7. La resolución del procedimiento sancionador, y en su caso, la condonación de la misma, se comunicará a la Intervención General.

Artículo 68 Auditoría pública

1. La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas técnicas de auditoría, el presente Reglamento, así como en las instrucciones que se dicten por la Intervención General.

El ámbito de verificación podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los entes auditados, así como a cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de los objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la adopción de los comportamientos.

2. La verificación del cumplimiento de los objetivos de los programas de actuación plurianual a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria estará sometida a auditoría operativa cuando el ámbito de estos programas exceda de un departamento del Gobierno de Canarias o cuando razones de especial complejidad así lo aconsejen.

En los restantes supuestos, la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos incluidos en los programas de actuación plurianual y su contraste con el informe de gestión a que hace referencia el artículo 33 de la referida Ley se realizará mediante la modalidad de control financiero permanente, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 39 de este Reglamento.

Artículo 69 El Plan anual de Auditorías

1. Antes del día 1 de diciembre, la Intervención General elaborará la propuesta del Plan anual de Auditorías, en el que se recogerán, las auditorías y los controles financieros de subvenciones y ayudas a realizar durante el ejercicio inmediato siguiente, la modalidad de control aplicable, los objetivos de las actuaciones de control, los responsables de su ejecución y los recursos asignados, concretando si se realizan con medios propios o mediante contratación externa.

2. A tal fin, solicitará de sus distintas unidades y órganos adscritos, y de los titulares de los departamentos, organismos y entes a los que hace referencia el artículo 144 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, una propuesta sobre el control que se considere conveniente incluir en el Plan y la justificación de su inclusión. En caso de que se formulen varias propuestas, deberán estar priorizadas.

3. Tras la valoración de las propuestas recibidas, el Interventor General elaborará la propuesta del Plan anual de Auditorías, en la que incluirá las actuaciones que considere oportuno realizar en función de los medios disponibles, adjuntando al expediente un informe sobre la motivación de su inclusión. Aprobado el Plan anual de Auditorías por el titular del departamento competente en materia de hacienda, el mismo podrá ser modificado cuando se produzcan circunstancias que así lo justifiquen.

Artículo 70 Procedimiento de auditoría

1. La planificación y el desarrollo de los trabajos se efectuará, en todo lo que esté previsto en este Reglamento, con sujeción a lo dispuesto en las instrucciones y Normas Técnicas que al efecto dicte la Intervención General y, en su defecto, en las Normas de auditoría del Sector Público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

2. El alcance de la auditoría pública describirá la extensión y límites del control, especificando las actuaciones, procedimientos y tareas principales que van a seguirse para obtener evidencias dentro de los plazos establecidos.

3. El trabajo de auditoría se realizará siguiendo un programa de trabajo en el que se determinen el alcance de las verificaciones así como las tareas y procedimientos a desarrollar.

4. El programa de trabajo tendrá como objetivo obtener evidencia suficiente, pertinente y válida a fin de lograr una base de juicio razonable en la que apoyar los comentarios, conclusiones y recomendaciones.

A estos efectos, se consideran evidencias los registros documentales, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea pertinente para respaldar la existencia o veracidad de un hallazgo del control y que puedan ser verificables por otras personas. Los hallazgos del control son los resultados de la evaluación de las evidencias obtenidas, que permiten alcanzar conclusiones.

5. Se formará un archivo completo y detallado del trabajo realizado y de las conclusiones alcanzadas en el que se incluirán todos los papeles de trabajo.

Los papeles de trabajo comprenderán la totalidad de los documentos preparados o recibidos por el órgano que efectúe el control, de manera que en conjunto constituyan un compendio de la información utilizada, de las evidencias obtenidas y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que se han debido tomar para llegar a formarse la opinión.

Artículo 71 Inicio del procedimiento de auditoría

La iniciación de las actuaciones de auditoría pública se efectuará mediante su notificación a los entes a auditar, en la que se indicará la naturaleza y alcance de las actuaciones a desarrollar, la documentación que en un principio debe ponerse a disposición del mismo, la fecha prevista de personación del equipo auditor que va a realizarlas o de entrega de la documentación en las oficinas de la Intervención General, y demás elementos que se consideren necesarios.

Artículo 72 Duración del procedimiento de control

1. El plazo para concluir la auditoría será de 12 meses a contar desde la comunicación al ente auditado, pudiendo ser prorrogada por causas justificadas mediante Resolución del Interventor General.

2. Cuando se trate de auditorías cuyo objeto abarque el control de subvenciones junto al de otras áreas de gastos, les será de aplicación a aquéllas lo señalado para el control financiero de subvenciones en el presente Reglamento.

Artículo 73 Lugar de las actuaciones de auditoría

1. Las actuaciones de auditoría podrán desarrollarse indistintamente, según determine el funcionario actuante:

• a) En el lugar donde la entidad auditada tenga su sede social.
• b) En el lugar donde la entidad auditada desarrolle parte de su actividad y se encuentre custodiada la documentación justificativa del periodo a auditar.
• c) En las oficinas de la Intervención General, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas.

2. El equipo de control podrá personarse sin previa comunicación en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del ente auditado.

Artículo 74 El informe provisional y definitivo de auditoría

1. Una vez realizado el trabajo de campo, de acuerdo con el alcance determinado, y siguiendo el programa de trabajo establecido, se elaborará un informe con los resultados más significativos que contendrá, al menos, una descripción del ente auditado, del alcance y objetivo de la auditoría, de los hechos relevantes puestos de manifiesto y de las conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del mismo.

2. Este informe, que será firmado por el Jefe de Servicio de la unidad que realiza la auditoría, tendrá el carácter de provisional y deberá contener en cada una de sus páginas una indicación de tal condición.

3. Una vez emitido el informe provisional de auditoría, se remitirá el mismo al titular del departamento, organismo o entidad sobre la que ha desarrollado la auditoría, y en su caso, a cualquier otra persona o entidad relacionada con la auditoría realizada.

En el oficio de remisión del citado informe se invitará al departamento, organismo o entidad a efectuar las alegaciones u observaciones que considere convenientes, en el plazo de 15 días naturales, el cual podrá ser prorrogado por el Interventor General previa petición expresa en tal sentido del ente auditado.

4. Transcurrido el plazo de alegaciones indicado, la Unidad auditora actuante elevará a la firma del Interventor General el informe definitivo, que incluirá, en su caso, las alegaciones recibidas de la entidad auditada, de otras personas o entes a los que se hubiera remitido el informe provisional y las observaciones del órgano auditor sobre las mismas.

5. Los informes definitivos se notificarán a los entes auditados. Asimismo, una copia del informe se remitirá al titular del departamento competente en materia de hacienda, al titular del departamento al que se encuentre adscrito orgánicamente el ente auditado, y a cualquier otro que por parte de la Intervención General se considere oportuno.

Artículo 75 Resultados de los informes de auditoría

1. Cuando del informe de auditoría se derivara un reintegro de los fondos recibidos por el ente auditado, se seguirá el procedimiento previsto en el presente Reglamento para los reintegros de subvenciones.

2. De las recomendaciones y otras conclusiones que se derivasen del informe de auditoría, se realizará un seguimiento por parte de la Unidad Auditora, del cual deberá informarse al Interventor General, sin perjuicio de las responsabilidades recogidas en el Título X de la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública Canaria.

Artículo 76 Auditorías públicas y actuaciones de control de subvenciones realizadas por auditores privados

1. Las relaciones entre la Intervención General y las empresas privadas de auditoría serán fijadas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, siendo de aplicación las Normas Técnicas sobre colaboración con auditores privados que dicte la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en su defecto, por la Norma Técnica que sobre el particular tenga aprobada la Intervención General de la Administración del Estado.

La Intervención General, en el ejercicio de sus funciones, podrá recabar de los titulares de los centros directivos de las distintas Consejerías, así como de los jefes, directores o presidentes de organismos autónomos, empresas y demás entes públicos autonómicos, los informes de auditoría que hayan sido emitidos por auditores privados.

En cualquier caso, corresponderá a la Intervención General la realización de aquellas actuaciones que supongan el ejercicio de potestades administrativas.

2. Los órganos, organismos autónomos, entes públicos y empresas del sector público canario no sujetas a auditoría anual obligatoria deberán, con carácter previo a la contratación con auditores privados, comunicarlo a la Intervención General.

3. En los contratos de auditoría que se celebren deberá incluirse una cláusula indicando que la Intervención General, en el ejercicio de sus funciones, tendrá acceso a los papeles de trabajo que hayan servido de base a la realización de los informes.

4. La Intervención General, a fin de incrementar la eficacia y eficiencia de las auditorías que se externalizan, prestará apoyo al desempeño de las funciones de control de calidad así como de formación y actualización que tienen atribuidas las Corporaciones representativas de auditores, colaborando en el establecimiento de los programas de formación continuada que se organicen para sus miembros con relación al control interno de la actividad económica financiera del sector público, considerando los objetivos y el alcance de las auditorías que se contraten con auditores privados y los resultados del control de calidad que la Intervención General debe ejercer sobre los trabajos efectuados por auditores privados.

5. La Intervención General podrá recabar de los auditores privados cuanta información resulte necesaria para el ejercicio de sus competencias en relación con las auditorías de cuentas previstas en el artículo 144 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y con la justificación de subvenciones en las que se aporte informe de auditoría como base para su justificación.