Sumario

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 12.8 del Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la Ley 10/2011, de 10 de mayo, de Cajas de Ahorros de Canarias.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El Estatuto de Autonom韆 de Canarias, aprobado por Ley Org醤ica 10/1982, de 10 de agosto, tras la reforma operada por Ley Org醤ica 4/1996, de 30 de diciembre, establece en su art韈ulo 32.15 que corresponde a la Comunidad Aut髇oma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci髇 en la ordenaci髇 del cr閐ito, banca y seguros, de acuerdo con la ordenaci髇 de la actividad econ髆ica general y pol韙ica monetaria, crediticia, bancaria y de seguros del Estado.

Asimismo, y de conformidad con el art韈ulo 31.4 del referido texto estatutario, la Comunidad Aut髇oma de Canarias tiene competencia exclusiva, de acuerdo con las bases y la ordenaci髇 de la actividad econ髆ica general y la pol韙ica monetaria y crediticia estatal, y en los t閞minos de lo dispuesto en los art韈ulos 38, 131, 149.1.11� y 13� de la Constituci髇 Espa駉la, en la ordenaci髇 y planificaci髇 de la actividad econ髆ica regional.

Al amparo de estas competencias se promulg� la hasta ahora vigente Ley 13/1990, de 26 de julio, de Cajas de Ahorros de Canarias, que supuso la aprobaci髇 de una regulaci髇 espec韋ica auton髆ica en esta materia, como adaptaci髇 a la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulaci髇 de las Normas B醩icas sobre 觬ganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), inspirada en principios que actualmente mantienen toda su vigencia como son los de estabilidad, independencia, solvencia y profesionalidad de estas entidades, extendiendo la norma su 醡bito de aplicaci髇 a las Cajas no domiciliadas en la Comunidad Aut髇oma respecto a las actividades realizadas en este territorio.

Posteriormente, la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, conocida como Ley Financiera, modific� diversas normas jur韉icas fundamentales que regulan el sistema financiero espa駉l, con la finalidad de dotar al mismo de mayor eficiencia y profesionalizaci髇, destacando, en cuanto al r間imen jur韉ico de las Cajas de Ahorros se refiere, la reforma realizada en determinados preceptos de la citada Ley 31/1985, de 2 de agosto, as� como de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversi髇, recursos propios y obligaciones de informaci髇 de los intermediarios financieros. Igualmente, resulta destacable la reforma operada en el r間imen sancionador contenido en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci髇 de las Entidades de Cr閐ito.

Por otra parte, la Ley 26/2003, de 17 de julio, tambi閚 conocida como Ley de Transparencia, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades An髇imas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades an髇imas cotizadas, regul� cuestiones significativas que afectaron, entre otras entidades de cr閐ito, a las Cajas de Ahorros. Adem醩, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por la que se reformaron de nuevo la citadas LORCA y Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, volvi� a incidir sobre el r間imen jur韉ico de las Cajas de Ahorros.

Sin embargo, la crisis econ髆ica internacional ha supuesto un verdadero cambio estructural para el negocio bancario debido, fundamentalmente, al incremento de la morosidad y del desempleo, al endurecimiento de las condiciones de financiaci髇 de los mercados mayoristas y al ajuste en el volumen de negocio. Todos estos factores est醤 presionando sobre los resultados econ髆icos y financieros de las Cajas de Ahorros. Se ha puesto de manifiesto, adem醩, un exceso de capacidad de estas entidades y la necesidad de acometer procesos de reestructuraci髇 que les otorguen una mayor flexibilidad para captar recursos b醩icos de capital y para adecuar sus estructuras operativas.

Por ello, debe realizarse con premura la necesaria reforma en la regulaci髇 de las Cajas de Ahorros que les permita operar en igualdad de condiciones con respecto a sus competidores, y mejorar su eficiencia en un entorno econ髆ico-financiero cada vez m醩 exigente con la valoraci髇 del riesgo. Igualmente, dicha regulaci髇 debe posibilitar a las entidades la captaci髇 de recursos propios de m醲ima calidad, otorgando flexibilidad y autonom韆 a su estructura organizativa, profesionalizando sus 髍ganos de gobierno y agilizando su relaci髇 con los 髍ganos administrativos de control. Todo ello, sin menoscabo del cumplimiento de las obligaciones que la m醩 reciente legislaci髇 impone, en contrapartida, a las Cajas de Ahorros, para aumentar la transparencia de su gesti髇, fomentar la democratizaci髇 de los 髍ganos de gobierno, proteger especialmente los derechos de los impositores, empleados y cuotapart韈ipes, y vigilar que la obra social caracter韘tica de estas entidades se adapte a las necesidades de la sociedad y del territorio donde desarrollen su actividad.

En el contexto descrito se aprueba el Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuraci髇 bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de cr閐ito, que crea el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria, y articula procedimientos para gestionar los procesos de reestructuraci髇 de entidades de cr閐ito y contribuir a reforzar los recursos propios de las mismas, concediendo apoyo p鷅lico al sector de las Cajas de Ahorros para que puedan acometer procesos de fusi髇, absorci髇, traspaso parcial o total de su negocio a trav閟 de la cesi髇 de sus activos y pasivos, o integrarse en torno a un sistema institucional de protecci髇, realizando las transformaciones en su estructura organizativa y en los sistemas de procedimiento y control interno que favorezcan la generaci髇 de econom韆s de escala y el aprovechamiento de sinergias.

En la misma l韓ea, se promulga el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de 髍ganos de gobierno y otros aspectos del r間imen jur韉ico de las Cajas de Ahorros, que supone una nueva adaptaci髇 significativa del marco b醩ico regulado en la LORCA. Este Real Decreto-Ley mejora la capacidad de capitalizaci髇 de las Cajas, impulsa la profesionalizaci髇 de sus 髍ganos de gobierno y la transformaci髇 del r間imen jur韉ico de las cuotas participativas, permitiendo derecho a voto a los cuotapart韈ipes como eficaz instrumento de capitalizaci髇 de las entidades. Introduce, adem醩, nuevas formas de ejercer la actividad financiera por las Cajas de Ahorros permitiendo su ejercicio indirecto a trav閟 de una entidad bancaria, o bien mediante la transformaci髇 de la Caja en una fundaci髇 de car醕ter especial que gestione la obra social, traspasando su negocio a otra entidad de cr閐ito. Igualmente, el citado texto legal incluye los ajustes referidos a los sistemas institucionales de protecci髇 como eficaces instrumentos de agrupaci髇 financiera, que permiten a las Cajas de Ahorros integrantes una s髄ida mutualizaci髇 de resultados y de solvencia, y fija la normativa fiscal especial aplicable a las entidades resultantes de los procesos de reestructuraci髇 ya iniciados.

Tanto la LORCA como el citado Real Decreto-Ley 11/2010 han sido modificados posteriormente por la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoci髇 del Desarrollo, que, en sus disposiciones finales tercera y cuarta, determina el porcentaje m韓imo de representaci髇 en los 髍ganos de gobierno de las Cajas de Ahorros del grupo de las entidades representativas de intereses colectivos, el r間imen de aprobaci髇 de determinados acuerdos por la Asamblea General, diversos aspectos relativos al ejercicio del cargo de director general y presidente ejecutivo de las entidades, la adaptaci髇 de los 髍ganos de las Cajas al Real Decreto-Ley 11/2010 y el c髆puto total de los mandatos de los miembros de dichos 髍ganos de gobierno en determinados supuestos.

Se ha publicado recientemente el Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, que mantiene el status jur韉ico de la LORCA y persigue un doble objetivo: de un lado, reforzar la solvencia de todas las entidades de cr閐ito mediante el establecimiento de un nivel elevado de exigencia con relaci髇 al capital de m醲ima calidad; y de otro, acelerar la fase final de los procesos de reestructuraci髇 de las entidades a trav閟 del marco indispensable creado por los citados Real Decreto-Ley 11/2010 y Real Decreto-Ley 9/2009. Las medidas previstas en la norma se articulan en dos grandes bloques: el reforzamiento del capital de las entidades de cr閐ito, con la aplicaci髇 adelantada y exigente de los nuevos est醤dares internacionales de capital, Basilea III, adem醩 del establecimiento de un requerimiento de solvencia m醩 elevado para aquellas entidades que tienen menor agilidad para captar capital b醩ico en caso necesario; y la adaptaci髇 del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria como instrumento p鷅lico para facilitar la nueva capitalizaci髇 exigida, a trav閟 de la modificaci髇 del referido Real Decreto-Ley 9/2009. Asimismo, se contemplan una serie de medidas de car醕ter fiscal dirigidas a asegurar la neutralidad en los procesos de reestructuraci髇 del sistema financiero, que se incorporan al Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

La aprobaci髇 de la citada norma se refleja en la presente ley en la exigencia a los vocales de los Consejos de Administraci髇 de las entidades del cumplimiento de los deberes de los administradores sociales establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, prevista en el art韈ulo 41 de la norma.

Por 鷏timo, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom韆 Sostenible, publicada el 5 de marzo de 2011, modifica, entre otras normas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que establece, entre otros aspectos, el deber de elaborar, por las Cajas de Ahorros, un informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administraci髇 y de la Comisi髇 de Control, modific醤dose, asimismo, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci髇 de Entidades de Cr閐ito, en la que se actualizan los importes de las sanciones, extremos que han sido trasladados a la presente ley.

En definitiva, en el ejercicio de las nombradas competencias estatutarias, y dado que las citadas Leyes 44/2002, de 22 de noviembre, y 26/2003, de 17 de julio, el Real Decreto-Ley 11/2010, el Real Decreto-Ley 2/2011, y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, tienen, en algunos de sus preceptos, el car醕ter de normativa b醩ica, al amparo de lo previsto en el art韈ulo 149.1.11� y 13� de la Constituci髇, se dicta la presente ley, fundamentalmente con el objetivo de adaptar la legislaci髇 auton髆ica al nuevo marco establecido en la legislaci髇 b醩ica del Estado y, asimismo, para introducir aquellos preceptos que la experiencia en la aplicaci髇 de la normativa auton髆ica anterior se馻la como necesarios para fomentar el eficaz funcionamiento y supervisi髇 de las Cajas de Ahorros, y su adaptaci髇 a los relevantes cambios que se est醤 produciendo en el entorno financiero.

II

La ley que ahora se presenta consta de 107 art韈ulos distribuidos en seis t韙ulos, una disposici髇 adicional, cuatro disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y dos disposiciones finales.

El t韙ulo preliminar contiene disposiciones generales dedicadas, entre otras prescripciones, al 醡bito de aplicaci髇 de la ley y a los fines y actividades de las Cajas de Ahorros, previ閚dose la posibilidad de que la Caja desarrolle su actividad financiera a trav閟 de una entidad bancaria a la que aportar� todo su negocio financiero, siempre que su participaci髇 en la citada entidad no se reduzca por debajo del 50 por ciento de los derechos de voto, en cuyo caso la Caja de Ahorros deber� renunciar a la autorizaci髇 para actuar como entidad de cr閐ito y proceder a su transformaci髇 en una Fundaci髇 de car醕ter especial. Se incluye tambi閚 en este t韙ulo la potestad de supervisi髇 y control del Gobierno de Canarias sobre estas entidades para velar por su independencia, profesionalizaci髇, solvencia y prestigio, vigilar el cumplimiento de su funci髇 econ髆ica y social, y garantizar la aplicaci髇 de los principios de legalidad, territorialidad, transparencia, independencia, eficacia, profesionalizaci髇 y participaci髇 democr醫ica en los 髍ganos de gobierno de las Cajas de Ahorros.

El t韙ulo I regula el r間imen jur韉ico de las Cajas de Ahorros y se desglosa en dos cap韙ulos. El cap韙ulo I contiene las disposiciones relativas a la creaci髇, fusi髇, absorci髇, disoluci髇 y liquidaci髇 de estas entidades, su adhesi髇 a Sistemas Institucionales de Protecci髇, el ejercicio indirecto de la actividad financiera, su transformaci髇 en Fundaciones de car醕ter especial, as� como el procedimiento de aprobaci髇 administrativa de las modificaciones estatutarias y de reglamentaci髇 electoral aprobadas por las Cajas. Con excepci髇 de los procesos correspondientes a la adhesi髇 a Sistemas Institucionales de Protecci髇 y al ejercicio indirecto de la actividad financiera, sometidos a la obligaci髇 de comunicaci髇 previa al 髍gano administrativo de control, la ley exige autorizaci髇 administrativa en los restantes casos contemplados por la norma.

El cap韙ulo II, por su parte, contiene la regulaci髇 relativa a los registros administrativos preceptivos en esta materia, cuya gesti髇 corresponde a la consejer韆 competente en materia de econom韆 y hacienda: el Registro de Cajas de Ahorros de Canarias, en el que deber醤 tambi閚 inscribirse las entidades con domicilio social fuera de la Comunidad Aut髇oma pero que operan en este territorio, y el Registro de 觬ganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros de Canarias, en el que deber醤 efectuarse las inscripciones, no s髄o de los miembros de la Asamblea General, del Consejo de Administraci髇 y de la Comisi髇 de Control de las entidades, sino tambi閚 las relativas a los miembros de las Comisiones y de los Comit閟 de las Cajas de Ahorros y, en su caso, de los 髍ganos de la Federaci髇 de Cajas de Ahorros de Canarias y de las Fundaciones que gestionen obra ben閒ico-social de las entidades de Canarias.

El t韙ulo II, sobre los 髍ganos de gobierno de las Cajas de Ahorros, incorpora relevantes novedades para profundizar en la democratizaci髇, profesionalizaci髇 y transparencia en su organizaci髇 y funcionamiento.

Entre dichas novedades destaca la nueva composici髇 de los 髍ganos de gobierno de las entidades derivadas de los grupos de representaci髇 se馻lados en el art韈ulo 21 de la ley que, al objeto de incrementar el arraigo social y territorial de las Cajas de Ahorros, incorpora dos nuevos grupos a la composici髇 de la Asamblea General, constituidos por el Parlamento de Canarias y las entidades representativas de intereses colectivos en el 醡bito de actuaci髇 de la Caja o de reconocido arraigo en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma.

Se se馻lan, por otra parte, nuevos porcentajes de participaci髇 de los distintos grupos en la Asamblea General, que se ve limitado en el caso de la representaci髇 de las administraciones p鷅licas, entidades y corporaciones de derecho p鷅lico y Parlamento de Canarias en los distintos 髍ganos de la Caja, que no podr� superar en su conjunto el 40 por ciento del total de los derechos de voto en cada uno de ellos; se fija el l韒ite de ocho a駉s para el per韔do m醲imo del ejercicio del cargo en los distintos 髍ganos, que permite reelecciones desde el mandato inicial de cuatro a駉s y se establecen los principios de irrevocabilidad del nombramiento de estos cargos. Asimismo, se reconocen los derechos de representaci髇 de los cuotapart韈ipes en los 髍ganos de gobierno de estas entidades, que podr醤 asistir a las sesiones y votar, pudiendo estar representados por otra persona.

En aras de una mayor profesionalizaci髇 de los nombrados 髍ganos se exige que, al menos, la mitad de los consejeros generales de cada uno de los grupos representados en la Asamblea General, acrediten experiencia o formaci髇 adecuados para el desempe駉 de sus funciones, debiendo poseer por mandato de la norma b醩ica los consejeros generales designados por el Parlamento de Canarias reconocido prestigio y profesionalidad; se introducen como nuevas causas de inelegibilidad e incompatibilidad el desempe駉 de cargos pol韙icos electos, de altos cargos de la Administraci髇 General del Estado, de las Comunidades Aut髇omas y de la Administraci髇 Local, as� como de las entidades del sector p鷅lico vinculadas o dependientes de aquellas; asimismo, se incrementan los requisitos en materia de conocimientos y experiencia para los vocales del Consejo de Administraci髇 y se exige exclusividad al presidente de la entidad que sea ejecutivo, cargo que ser� retribuido, pudiendo tambi閚 percibir remuneraci髇 aquellos miembros de los 髍ganos de gobierno diferentes de los consejeros generales de la Asamblea.

En cuanto a los procedimientos de nombramiento de los representantes de los diferentes sectores que componen los 髍ganos de gobierno de las entidades, la determinaci髇 de los compromisarios que van a representar a los impositores de la Caja de Ahorros se efect鷄 por circunscripciones y de acuerdo con la cifra de dep髎itos captados en cada territorio; el nombramiento de los consejeros generales que representen a las corporaciones municipales se realiza igualmente en funci髇 de la cifra de dep髎itos captados en cada uno de los t閞minos municipales; se dispone que los representantes del personal sean elegidos mediante elecci髇 directa y se dota de autonom韆 a las Cajas de Ahorros para determinar la composici髇 del nuevo grupo de entidades representativas de intereses colectivos.

Otros aspectos abordados por la reforma son los relacionados con la posible celebraci髇 de acuerdos de colaboraci髇 o cooperaci髇 y alianzas con otras Cajas de Ahorros, la constituci髇 de las Comisiones de la Obra Ben閒ico-social, de Inversiones, de Retribuciones y Nombramientos, y la creaci髇 del Comit� de Auditor韆 que podr� integrar sus funciones en la Comisi髇 de Control de cada entidad.

El t韙ulo III se ocupa de las actividades de las Cajas de Ahorros. As�, se contemplan en las disposiciones comunes contenidas en el cap韙ulo I, diversos aspectos como son los relativos al deber de secreto de las personas pertenecientes a los 髍ganos de gobierno de las Cajas o vinculadas a estas, la protecci髇 del cliente, la expansi髇 territorial, el control de la publicidad que realicen las entidades en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Canarias y las obligaciones de informaci髇 al 髍gano de control auton髆ico, incluyendo la remisi髇 del informe anual de gobierno corporativo.

En el cap韙ulo II, referido al r間imen econ髆ico de las Cajas de Ahorros, se establecen las competencias administrativas en materia de supervisi髇, inspecci髇 y control de la actividad econ髆ica, financiera y ben閒ico-social de las Cajas de Ahorros, y se regulan diversas materias como la emisi髇 de valores computables como recursos propios, las cuotas participativas, estableci閚dose unas mayor韆s cualificadas en los acuerdos que adopte al respecto la Asamblea General y la necesaria comunicaci髇 previa a su emisi髇, que deber� trasladarse al 髍gano competente de la Comunidad Aut髇oma; el procedimiento de aprobaci髇 administrativa de los acuerdos adoptados por la Asamblea General de las Cajas de Ahorros relativos a la determinaci髇 de los excedentes y a su distribuci髇; las cuestiones relativas a la auditor韆 externa de los estados financieros y a la obligaci髇 de remisi髇 del informe de auditor韆 correspondiente y de los resultados de las inspecciones que el Banco de Espa馻, o cualquier otro organismo competente, realice a las Cajas de Ahorros.

El cap韙ulo III regula la obra ben閒ico-social de las Cajas, esencial para el desarrollo socio-econ髆ico de Canarias, incorporando a la ley la normativa auton髆ica en la materia contenida hasta ahora en preceptos reglamentarios, atribuyendo a la consejer韆 competente en materia de econom韆 y hacienda la potestad de controlar y supervisar la ejecuci髇 de la obra ben閒ico-social fijando recomendaciones que deban orientar tales actuaciones y, previendo la posibilidad de establecer prioridades para efectuar inversiones o gastos en obra social en Canarias para las entidades domiciliadas en otras Comunidades Aut髇omas que operen en este territorio, promoviendo la suscripci髇 de convenios espec韋icos a tal fin.

El t韙ulo IV contiene la regulaci髇 de la Federaci髇 de Cajas de Ahorros de Canarias en la que podr醤 agruparse las Cajas de Ahorros con domicilio social en Canarias, disponiendo cu醠es ser醤 sus funciones, sus 髍ganos, las obligaciones de informaci髇 al 髍gano de control administrativo, as� como la previa autorizaci髇 que deber醤 recabar para la aprobaci髇 y modificaci髇 de sus estatutos y reglamento electoral.

El t韙ulo V regula el R間imen Sancionador, estableci閚dose que la Comunidad Aut髇oma de Canarias, a trav閟 de la consejer韆 competente en materia de econom韆 y hacienda, ejercer� las funciones de disciplina, inspecci髇 y sanci髇 respecto de las Cajas de Ahorros con domicilio social en Canarias, as� como sobre las actividades realizadas en la Comunidad Aut髇oma por las entidades cuyo domicilio social radique fuera de la misma, sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder a la Administraci髇 General del Estado y al Banco de Espa馻, con el que la consejer韆 competente podr� celebrar convenios de colaboraci髇.

La disposici髇 adicional 鷑ica se refiere al cumplimiento de obligaciones de informaci髇 al 髍gano administrativo de control por medio de la remisi髇 telem醫ica.

Las disposiciones transitorias regulan el proceso de modificaci髇 de los estatutos y reglamentos electorales de las Cajas de Ahorros de Canarias; la adaptaci髇 de la composici髇 de los 髍ganos de gobierno que se realizar� dentro de los dos meses siguientes al de la autorizaci髇 administrativa de los nuevos estatutos y reglamentos electorales; el c髆puto de los mandatos de los miembros de los nombrados 髍ganos en determinados supuestos para la debida observancia del l韒ite temporal m醲imo de ocho a駉s de mandato se馻lado en esta ley, previendo determinadas excepciones en el caso de que la Caja de Ahorros se encuentre en un proceso de fusi髇 o adhesi髇 a un sistema institucional de protecci髇, o cuando se aplique el r間imen de incompatibilidades que la norma se馻la y el gobierno transitorio de las Cajas de Ahorros hasta la aprobaci髇 de los estatutos y reglamentos adaptados a la reforma legislativa.

En relaci髇 con los efectos desestimatorios del silencio del procedimiento que se regula en la disposici髇 transitoria primera, es preciso se馻lar que la reforma que opera en el sistema financiero resulta crucial para garantizar la estabilidad, la solvencia, la preservaci髇 de la obra social, la protecci髇 de los intereses generales y la viabilidad de las Cajas de Ahorros, lo que justifica que los efectos del silencio deban ser negativos, dado que s髄o un pronunciamiento expreso de la Administraci髇 auton髆ica sobre la conformidad a Derecho de estos procesos puede garantizar adecuadamente los referidos intereses.

La ley finaliza con una disposici髇 derogatoria y dos disposiciones finales.