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Sumario

Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 9/2001, 17 julio, rectificada por Correccin de erratas (B.O.C.M. 24 enero 2002).

El Presidente de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREMBULO

I.

La Comunidad de Madrid, nacida en el marco de la Espaa de las Autonomas, es una Comunidad de carcter uniprovincial con una extensin de ocho mil treinta kilmetros cuadrados, situada geogrficamente en el centro de la Pennsula Ibrica y con una poblacin superior a los cinco millones de habitantes asentados en el conjunto de sus municipios. En ella se encuentra localizada la capital de Espaa. Son stas caractersticas propias que han de ser consideradas al regular su ordenamiento jurdico urbanstico.

La Comunidad de Madrid tiene una vocacin clara de la defensa y conservacin de su medio natural. Tiene tambin una clara y decidida vocacin por el desarrollo econmico y social. Estas afirmaciones se visualizan a travs de sus espacios protegidos, de sus empresas, de la apuesta decidida por la tecnologa punta, por la investigacin y el desarrollo, que hacen de Madrid uno de los grandes motores de la economa espaola y europea. Una potente red de infraestructuras de transporte, armonizada con la defensa del medio ambiente, junto a la vivienda, entendida no slo como un bien de primera necesidad, a la que todos los madrileos tengan acceso, son polticas prioritarias y necesarias para que la Comunidad de Madrid siga siendo un referente imprescindible al hablar de calidad de vida y desarrollo armnico. Es por ello, que la presente Ley quiere representar el marco adecuado donde todas estas prioridades puedan armonizarse con un resultado justo y eficaz.

II.

La Comunidad de Madrid, con competencia exclusiva en materia de urbanismo, otorgada por el Estatuto de Autonoma, aprobado por Ley Orgnica 3/1983, de 25 de febrero, inici el ejercicio de esta incuestionable potestad legislativa con la Ley 4/1984, de 18 de febrero, de Medidas de Disciplina Urbanstica; continu con la Ley 10/1984, de 30 de mayo, de Ordenacin Territorial; la Ley 8/1985, de 4 de diciembre, por la que quedaban sin aplicacin las Delimitaciones de Suelo Urbano reguladas por el Real Decreto-Ley 16/1981; la Ley 9/1985, de 4 de diciembre, Especial para el Tratamiento de Actuaciones Urbansticas Ilegales; la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Poltica Territorial, Suelo y Urbanismo y, por ltimo, con la Ley 20/1997, de 15 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Urbanismo.

La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de aquella funcin, y dentro del marco normativo estatal vigente, aprob la Ley 4/1984 para atender una serie de problemas planteados en nuestra realidad urbanstica cuya trascendencia y gravedad no admitan demora, instrumentando para ello un conjunto de medidas normativas dotadas de eficacia suficiente para restaurar y mantener la necesaria disciplina que debe presidir el proceso urbanstico y dotando a los Ayuntamientos y a los rganos de la Comunidad de Madrid de las competencias necesarias. Sin embargo, la Ley 4/1984 no ha sido una Ley relativa a la disciplina urbanstica nicamente, sino tambin con incidencia en las actividades de la iniciativa privada en el planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable, en la gestin de la ejecucin del planeamiento urbanstico y en la intervencin en la edificacin y uso del suelo.

La Ley 10/1984 estableci un marco de ordenacin territorial de carcter supramunicipal, configurando las Directrices de Ordenacin Territorial, con finalidad de establecer las pautas espaciales de asentamiento de las actividades, de acuerdo con las polticas sociales, econmicas y culturales emanadas de la Comunidad de Madrid y los Programas Coordinados de Actuacin, con la finalidad de integrar el conjunto de acciones e inversiones procedentes de los tres niveles de gobierno. Los Planes de Ordenacin del Medio Fsico completaron los instrumentos de ordenacin territorial de la Comunidad de Madrid. La Ley 10/1984 pretendi regular a travs de dichas figuras el conjunto de acciones, problemas y procesos que superan el estricto mbito municipal en lo que a ordenacin urbanstica se refiere, para transformarse en problemas territoriales de toda la Comunidad Autnoma.

La Ley 8/1985, Ley de artculo nico, dej sin aplicacin en la Comunidad de Madrid las Delimitaciones de Suelo Urbano reguladas por el Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, de Adaptacin de Planes Generales de Ordenacin Urbana, porque lejos de fomentar el proceso de adaptacin del planeamiento urbanstico general al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 supuso un inconveniente.

La Ley 9/1985 pretendi habilitar a la Comunidad de Madrid para adoptar toda una serie de medidas con carcter excepcional, tanto en cuanto a su mbito de aplicacin como a su vigencia temporal, en materia de disciplina urbanstica, as como en orden al planeamiento y a la ejecucin de las actuaciones regularizadas.

La Ley 9/1995 defini el marco especfico y necesario de la poltica territorial y urbanstica que las circunstancias y las peculiaridades de la regin madrilea demandaban. La Ley 9/1995 no es slo una Ley territorial sino tambin urbanstica, en cuanto que regula el rgimen urbanstico del suelo no urbanizable y del suelo urbanizable no programado y arbitra mecanismos de agilizacin del procedimiento de aprobacin del planeamiento, ordenando el contenido y alcance de la competencia de la Comunidad de Madrid en la aprobacin definitiva del planeamiento urbanstico municipal, con la doble finalidad de acotar la intervencin autonmica y de incrementar la seguridad jurdica en punto a los papeles respectivos de la instancia municipal y la autonmica en el proceso del planeamiento urbanstico. Una Ley que destac, entre otras aportaciones, por su novedosa regulacin de los convenios urbansticos.

Asimismo, la Ley 9/1995 incide en la gestin de la ejecucin del planeamiento urbanstico a travs de los sistemas de ejecucin, en la expropiacin forzosa por razn de urbanismo -creando adems el Jurado Territorial de Expropiacin Forzosa de la Comunidad de Madrid-, en la intervencin pblica en el mercado inmobiliario y en la vivienda, para terminar con una serie de medidas para el incremento de la eficacia de la actividad urbanstica.

La Ley 20/1997, de 15 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Urbanismo, tena como finalidad, explicitada en su exposicin de motivos, la de cubrir temporalmente la parcial quiebra de la cobertura legal de la ordenacin urbanstica y su gestin como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. Efectivamente, el ordenamiento urbanstico de la Comunidad de Madrid, presidido por la Ley 9/1995, vino presuponiendo para todo lo no previsto en ella, la vigencia y aplicabilidad directa de la regulacin general-estatal contenida en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprob el Texto Refundido de la Ley sobre Rgimen del Suelo y Ordenacin Urbana, declarado en su mayor parte inconstitucional.

Como consecuencia de esta situacin, la Ley 20/1997 ya anunciaba la intencin de la Comunidad de Madrid de establecer un marco normativo completo en materia urbanstica, en ejercicio de las competencias exclusivas que al efecto le atribuye el Estatuto de Autonoma. Dos eran las condiciones que el legislador consider necesarias para poder acometer esta tarea: La primera, que se despejase definitivamente el marco legal estatal con influencia en la legislacin urbanstica autonmica. Esta circunstancia se produjo con la aprobacin de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Rgimen del Suelo y Valoraciones. La segunda condicin era disponer, desde ese momento, de un perodo suficiente de reflexin -con el que la Ley de Medidas Urgentes, por las especiales circunstancias en que se produjo su elaboracin y promulgacin, no pudo obviamente contar- para poder definir con la necesaria precisin el amplio marco normativo que ahora se aborda.

Es pretensin de la presente Ley que el marco jurdico que se establece, una a su carcter omnicomprensivo de la materia, la estabilidad que la misma demanda, ya que los procesos urbansticos de ordenacin y transformacin del suelo en nuestra Regin requieren un amplio consenso poltico y social. En efecto, los procesos urbansticos de ordenacin y transformacin del suelo para dar soporte a los usos que el desarrollo de nuestra Regin y de sus habitantes requiere, tienen una duracin dilatada, que precisa de la necesaria estabilidad normativa y seguridad jurdica, en los ltimos aos ciertamente alterada. A este fin se encamina la Ley, no slo creando los mecanismos que se entienden ms adecuados para el desarrollo urbano en un territorio como el madrileo, sino buscando que tales mecanismos perduren en el tiempo, como elemento de seguridad que incentive la actividad de los agentes implicados en tan importantes procesos.

III.

La Comunidad de Madrid con este importante acervo en la configuracin de su ordenamiento jurdico urbanstico y consciente de la urgente necesidad de resolver el problema de la dispersin legislativa actualmente existente, afronta el reto de regular el marco jurdico del ordenamiento urbanstico con la presente Ley.

El ordenamiento jurdico urbanstico aplicable en el mbito de la Comunidad de Madrid se encuentra integrado por una pluralidad de normas estatales, entre otras, los preceptos del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 no declarados inconstitucionales, el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y sus Reglamentos de desarrollo, aplicables con carcter supletorio, los preceptos de aplicacin del Real Decreto-Ley 16/1981, la Ley 6/1998 y el Real Decreto-Ley 4/2000, y de normas autonmicas, preceptos de aplicacin de la Ley 4/1984, Ley 9/1995 y Ley 20/1997.

La Sentencia del Tribunal Constitucional ya mencionada, delimita con precisin el mbito competencial que corresponde al legislador estatal y a los legisladores autonmicos en materia de urbanismo. La base de la decisin del Tribunal es la inequvoca atribucin constitucional y la estatutaria a las Comunidades Autnomas de la competencia exclusiva en esta materia. As aparece efectivamente recogido en el artculo 26.1.4 del Estatuto de Autonoma de la Comunidad de Madrid, sobre cuyo alcance no cabe duda alguna ya tras la decisin adoptada por el Tribunal Constitucional. Corresponde, pues, esta Ley al ejercicio de esta competencia autonmica plena en materia de ordenacin del territorio, urbanismo y vivienda y, por ello, dispone la Comunidad de Madrid de ttulo competencial bastante para regular, como en efecto se hace, la totalidad del rgimen jurdico del urbanismo en la Regin.

Son igualmente ttulos competenciales exclusivos que justifican el contenido de esta Norma los relativos a organizacin, rgimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno de la Comunidad de Madrid, procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organizacin propia, obras pblicas de inters de la Comunidad, vas de comunicacin regionales y patrimonio arquitectnico. Son ttulos competenciales de desarrollo de la legislacin bsica estatal que justifican el contenido de la Ley, los relativos a rgimen local, proteccin del medio ambiente y bienes de dominio pblico y patrimoniales cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid.

Estas competencias regionales se han ejercido cohonestndolas con las competencias estatales que, distintas de las urbansticas, inciden no obstante en esta materia -como ha delimitado con precisin el Tribunal Constitucional-, como es la regulacin de las condiciones bsicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo, la expropiacin forzosa, las valoraciones, la responsabilidad de las administraciones pblicas y el procedimiento administrativo comn. Tales competencias, plasmadas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Rgimen del Suelo y Valoraciones, modificada por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalizacin en el Sector Inmobiliario y Transportes, as como las restantes competencias estatales que, contenidas en otras diversas normas, tienen igualmente influencia en la ordenacin urbanstica, han sido respetadas en la presente Ley, que contempla su contenido con el de la normativa estatal mencionada.

Igualmente se ha respetado el principio de autonoma municipal para la gestin de sus propios intereses, tal y como establece el artculo 137 de la Constitucin Espaola.

Finalmente, la Ley garantiza el desarrollo sostenible y la cohesin social, respetando el principio de subordinacin al inters general de toda la riqueza, cualquiera que sea su forma y titularidad.

IV.

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid se estructura en siete Ttulos, Disposiciones Adicional, Transitorias, Derogatoria y Finales. El Ttulo Preliminar establece los objetivos y principios generales de la ordenacin urbanstica, el Ttulo I, el Rgimen Urbanstico del Suelo y el Ttulo II, el Planeamiento Urbanstico. Estos tres Ttulos constituyen la base de la Ley, completando y desarrollando en su totalidad la funcin social de la propiedad, punto de partida de la regulacin que se establece para la gestin y ejecucin del planeamiento urbanstico, donde la Comunidad de Madrid ejerce plenamente la potestad legislativa. Esta gestin y ejecucin se desarrolla en los Ttulos III a V, ambos inclusive. El Ttulo III, Ejecucin del Planeamiento, define los diferentes mecanismos de ejecucin del planeamiento urbanstico, el Ttulo IV, Intervencin en el uso del suelo, en la edificacin y en el mercado inmobiliario, culmina el proceso edificatorio regulando los procedimientos de otorgamiento de las licencias urbansticas y el Ttulo V, Disciplina Urbanstica, cierra el ciclo de la transformacin del suelo regulando la proteccin de la legalidad urbanstica y las infracciones urbansticas y su sancin. El Ttulo VI, Organizacin y Cooperacin Interadministrativa, establece los rganos de la Comunidad de Madrid con competencia en materia urbanstica y las frmulas y tcnicas de cooperacin interadministrativa. Las Disposiciones Transitorias y la Disposicin Final Cuarta cumplen el objetivo de posibilitar la aplicacin paulatina de la nueva Ley, cuando sea aprobada por la Asamblea de Madrid, sin quiebra de la seguridad jurdica del administrado.

V.

En el Ttulo Preliminar se establece el objeto de la Ley, sus principios rectores y los fines de la ordenacin urbanstica que comprende las actividades de garanta de la efectividad del rgimen urbanstico del suelo, del planeamiento urbanstico, de ejecucin del planeamiento urbanstico y de intervencin en el uso del suelo, en la edificacin y en el mercado inmobiliario. La Ley concibe la actividad urbanstica como una funcin pblica cuya titularidad y responsabilidad corresponde a las Administraciones pblicas. Igualmente, se establece el deber y la obligacin de fomento de la participacin ciudadana.

La condicin de funcin pblica del urbanismo no significa necesariamente la gestin directa por la Administracin competente. Antes al contrario, por sus caractersticas el urbanismo demanda el fomento y la promocin, al mximo posible, de la iniciativa privada. Y sta, a su vez, no se restringe a los privados que, adems, tengan, con derecho bastante para ello (significativamente el de propiedad), la disposicin del suelo, pues la actividad urbanstica de transformacin del suelo debe entenderse constitucionalmente comprendida en el mbito de la libertad de iniciativa econmica, es decir, de empresa. Sin perjuicio de ello, los propietarios y titulares de cualesquiera otros derechos suficientes sobre los correspondientes bienes intervienen en la actividad urbanstica en los trminos determinados en la presente Ley.

VI.

En el Ttulo I se define el contenido urbanstico del derecho de propiedad del suelo, los derechos y los deberes y los principios del rgimen urbanstico generales y particulares para cada clase de suelo. Se establecen tres clases de suelo: Urbano, urbanizable y no urbanizable de proteccin. La clasificacin se ajusta a la legislacin bsica establecida por la Ley estatal 6/1998, modificada por el Real Decreto-Ley 4/2000.

Se clasifica como suelo urbano el que rene las caractersticas fsicas para ser incluido en esta clase de suelo por disponer de servicios urbanos o estar consolidado por la edificacin en sus dos terceras partes. El suelo urbano se categoriza en suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado.

Se clasifica como suelo no urbanizable de proteccin aquel que tenga algn valor que proteger por estar sometido a algn rgimen especial, de acuerdo con la legislacin sectorial o el planeamiento regional territorial, o algn valor que preservar, de conformidad con el planeamiento regional territorial o el planeamiento urbanstico. El planeamiento regional territorial clasificar directamente los terrenos que, en todo caso, deban pertenecer a esta clase de suelo. El establecimiento de dicha categora encuentra su amparo en el desarrollo del artculo 45 de la Constitucin Espaola que establece el derechos de todos, sin distinciones, a disfrutar de un medio ambiente adecuado, el deber de conservarlo y la obligacin de los poderes pblicos de velar por la utilizacin racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyndose en la indispensable solidaridad colectiva.

Se clasifica como suelo urbanizable el resto del suelo del trmino municipal, es decir, el que no es suelo urbano ni suelo no urbanizable de proteccin. El suelo urbanizable se categoriza en sectorizado y no sectorizado. En el suelo urbanizable sectorizado se distingue aquel que tenga ordenacin pormenorizada, que no tendr que realizar Plan Parcial para su ejecucin, del que carezca de ordenacin pormenorizada, que s tendr que ejecutarlo. El suelo urbanizable no sectorizado se transformar en sectorizado mediante el correspondiente Plan de Sectorizacin.

VII.

En el Ttulo II la potestad de planeamiento de la ordenacin urbanstica municipal diferencia las determinaciones estructurantes, correspondientes al planeamiento general, y las determinaciones pormenorizadas, correspondientes al planeamiento de desarrollo. Son determinaciones estructurantes aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupacin, utilizacin y preservacin del suelo, as como los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro. Son determinaciones pormenorizadas aquellas que tienen el grado de precisin suficiente para legitimar la realizacin de actos concretos de ejecucin material.

Son una determinacin estructurante del planeamiento los elementos de las redes pblicas o redes de infraestructuras, equipamientos y servicios pblicos que son susceptibles de distinguirse jerrquicamente en tres niveles: Los que conforman la red supramunicipal, la red general y la red local. Este sistema de redes pblicas se localiza sobre suelos de cesin obligatoria y gratuita por los promotores del suelo y se integra dentro de las reservas para dotaciones cuyos estndares se revisan y modifican radicalmente respecto de los establecidos por el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 1976 y su Reglamento de Planeamiento de 1978, justificado este hecho en el cambio sustantivo de la realidad social y urbana de la Comunidad de Madrid desde entonces hasta nuestros das.

La divisin del suelo en reas homogneas, mbitos de actuacin o sectores, con el sealamiento para cada uno de ellos de sus criterios y condiciones bsicas de ordenacin, es tambin una determinacin estructurante. La totalidad del suelo urbano consolidado deber dividirse en reas homogneas atendiendo a criterios de homogeneidad tipolgica y funcional en s mismas y respecto al conjunto del ncleo urbano. Dentro de las reas homogneas se delimitarn los mbitos de actuacin en suelo urbano no consolidado que proceda, pudiendo constituir todo el rea homognea un nico mbito. Superado este lmite, dejar de ser suelo urbano no consolidado y se estar ante un suelo urbanizable. Los sectores son los espacios del suelo urbanizable que han de ser objeto de desarrollo por su ordenacin pormenorizada. Sobre estas divisiones del suelo urbano y urbanizable sectorizado, el planeamiento urbanstico municipal volcar las zonas urbansticas de ordenacin pormenorizada.

Son determinaciones estructurantes las edificabilidades y los aprovechamientos urbansticos. En suelo urbano consolidado, la superficie edificable de cada solar o parcela vendr definida segn las condiciones de intensidad edificatoria establecidas por el planeamiento. En suelo urbano no consolidado, la distribucin equitativa de beneficios y cargas derivados del planeamiento se producir en cada mbito de actuacin delimitado al efecto.

Es una determinacin estructurante, en relacin con los usos del suelo, la asignacin en el rea de reparto en suelo urbanizable, como mnimo, del 50 por 100 de las viviendas edificables a viviendas sujetas a algn rgimen de proteccin pblica, de las cuales las viviendas de precio tasado no podrn superar el 25 por 100. En todo caso, se reserva a cada Ayuntamiento la facultad de determinar la tipologa de las viviendas en el 10 por 100 de la superficie del suelo urbanizable.

Se unifican los instrumentos de planeamiento urbanstico de mbito municipal en la figura del Plan General, que junto con la del Plan de Sectorizacin constituyen los instrumentos de planeamiento general. El Plan de Sectorizacin completa la ordenacin estructurante del Plan General sobre el mbito territorial de suelo urbanizable no sectorizado, que es objeto de una iniciativa de transformacin urbanizadora.

El Plan General armoniza dos derechos constitucionales como son la ordenacin urbanstica, entendida como desarrollo econmico y social, y la proteccin del medio ambiente. El Plan General deviene instrumento jurdico de proteccin del medio ambiente, siguiendo los criterios ms recientes de la directiva europea en relacin con la materia y de la Consejera de Medio Ambiente, exigindose en el documento de Avance del Plan un Informe previo de Anlisis Ambiental y una vez superados los trmites de aprobacin inicial y de informacin pblica, un Informe definitivo de Anlisis Ambiental, previo a la aprobacin provisional por el Pleno del Ayuntamiento del Plan General, que as aprobado ser remitido a la Consejera de Obras Pblicas, Urbanismo y Transportes para el trmite de su aprobacin definitiva.

Mediante este procedimiento se quiere compatibilizar la proteccin del medio ambiente con la agilizacin del procedimiento y la seguridad jurdica de los administrados. Agilizacin del procedimiento porque no va a haber necesidad de nuevos informes medioambientales en el procedimiento administrativo para la tramitacin del planeamiento de desarrollo y nicamente los relativos a las infraestructuras de saneamiento.

Se universaliza como planeamiento de desarrollo el Plan Parcial, utilizndose tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable sectorizado. Los Planes Especiales se destinan al desarrollo de las redes pblicas en cualquiera de las clases de suelo y a actuaciones en suelo urbano en relacin con el patrimonio histrico-artstico.

Finalidad importante de la presente Ley es la simplificacin del procedimiento administrativo en la tramitacin del planeamiento urbanstico. La aprobacin inicial implicar el requerimiento de informe de todas las Administraciones previstas legalmente como preceptivas o que por razn de la posible afeccin de los intereses pblicos por ellas gestionados deban considerarse determinantes en el procedimiento. Los informes preceptivos debern ser emitidos en el plazo de un mes, coincidente con el perodo de informacin pblica. Transcurrido el plazo de informacin pblica, se suprime el otro perodo de igual duracin que el anterior que el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 estableca para dar audiencia a los organismos.

VIII.

Siguiendo las pautas de la cultura urbanstica existente, en el Ttulo III de la presente Ley se desprograma el planeamiento urbanstico y, por el contrario, se programa la gestin y ejecucin urbanstica. La finalidad de este cambio tiene por objeto evitar que el modelo de ordenacin urbanstica quede obsoleto por incumplimiento de los antiguos programas de actuacin de la legislacin urbanstica, consiguiendo, por el contrario, que se desarrolle el suelo segn las necesidades sociales mediante la creacin de la figura del promotor.

La transformacin del suelo se podr llevar a cabo por los propietarios que cumplan con el programa de gestin, que consiste en la ejecucin del planeamiento en el plazo de un ao en suelo con ordenacin pormenorizada, bien sea en suelo urbano no consolidado, bien en suelo urbanizable sectorizado, y de dos aos en suelo sin ordenacin pormenorizada de la clase que fuere, es decir, incluso en suelo urbanizable no sectorizado. Estos plazos comienzan a computar a partir de la ejecutividad del planeamiento que legitime la ordenacin pormenorizada en cada caso. Transcurridos los plazos citados, los propietarios podrn seguir desarrollando su suelo pero con la posible competencia del promotor o promotores interesados en ese desarrollo. En todo caso, la adjudicacin al promotor se hace previo concurso convocado al efecto.

Se agilizan los procedimientos de gestin urbanstica, fundamentalmente, a travs de los siguientes mecanismos:

  • 1. Reduccin de trmites administrativos y simplificacin del procedimiento en el sistema de compensacin.
  • 2. Posibilidad de la Administracin de sustituir automticamente el sistema de compensacin por el sistema de ejecucin forzosa por incumplimiento de los propietarios.

La ejecucin de la obra urbanizadora por iniciativa privada en los pequeos municipios se puede llevar a cabo por los propios Ayuntamientos por el mecanismo de obras pblicas ordinarias resarcindose de los costes mediante cuotas de urbanizacin, determinndose stas mediante el procedimiento previsto en la legislacin de rgimen local para la imposicin de contribuciones especiales.

La presente Ley prev la cesin obligatoria y gratuita de suelo para redes pblicas supramunicipales a la Comunidad de Madrid con objeto de afrontar los problemas sociales territoriales desde la perspectiva global de toda la Comunidad. Esta cesin se cuantifica en veinte metros cuadrados de suelo por cada cien metros cuadrados construidos de cualquier uso, de aplicacin en todos los suelos urbanizables sectorizados de la Comunidad, es decir, en todos los Planes Parciales que se ejecuten y se concentra en aquellos emplazamientos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid considere adecuados a su poltica regional a materializar por el planeamiento regional territorial o, en su defecto, por el planeamiento general.

En relacin con el proceso de distribucin de beneficios y cargas derivados del planeamiento en suelo urbanizable sectorizado, se consideran dos fases: Una primera de equidistribucin en el rea de reparto y una segunda de reparcelacin en los sectores o unidades de ejecucin en que stos hayan podido ser divididos. En suelo urbano no consolidado, nicamente la de reparcelacin en el mbito de actuacin o unidades de ejecucin en que haya podido ser dividido.

En relacin al rea de reparto ha de decirse que su delimitacin nicamente se produce en suelos urbanizables sectorizados. En suelo urbano y en suelo urbanizable no sectorizado no existen reas de reparto.

IX.

El Ttulo IV regula la intervencin en el uso del suelo, en la edificacin y en el mercado inmobiliario. El texto de la Ley regula la parcelacin en las diversas clases de suelo y contempla las distintas modalidades de intervencin de la Comunidad de Madrid, distinguiendo las calificaciones urbansticas y los proyectos de actuacin especial. Por otra parte, contempla la intervencin de los ayuntamientos en actos de uso del suelo, construccin y edificacin. Entre los supuestos de intervencin municipal en los citados actos se hace una regulacin pormenorizada de las licencias urbansticas, recogindose con carcter general el silencio positivo y diversas modalidades de agilizacin de los procedimientos. Se contempla asimismo el supuesto extraordinario de ejecucin sustitutoria o, en su caso, expropiacin forzosa, en determinados supuestos de incumplimiento de la funcin social de la propiedad, a fin de impedir la especulacin del suelo.

La Ley regula los deberes de conservacin y rehabilitacin de las construcciones, edificios e instalaciones, as como los supuestos de ruina legal y fsica. En relacin con estos deberes, se incorpora la figura de la entidad de inspeccin tcnica, que deber ser homologada y registrada por la Consejera competente en materia de ordenacin urbanstica. Todo ello con independencia de las actuaciones que han de llevar a cabo los servicios tcnicos municipales.

Especial consideracin merece la previsin que efecta la Ley en relacin con las viviendas sometidas a algn rgimen de proteccin pblica. As, se han establecido las cautelas de exigir por los ayuntamientos la calificacin provisional en el acto de solicitud de la preceptiva licencia urbanstica y de la calificacin definitiva en el acto de solicitud de la licencia de primera ocupacin. Asimismo, respecto de este tipo de viviendas, se introduce la posibilidad de que la Comunidad de Madrid pueda ejercer los derechos de tanteo y retracto tanto sobre el suelo cuyo destino, segn el planeamiento, sea la construccin de viviendas en rgimen de proteccin, como sobre las propias viviendas sometidas a este rgimen.

En este Ttulo se recogen los tradicionales instrumentos utilizados por las Administraciones pblicas para incidir en el mercado inmobiliario; en concreto, los patrimonios pblicos de suelo, los derechos de superficie y los de tanteo y retracto. Especial consideracin merece, por su novedad, la supresin de la subasta como procedimiento de adjudicacin de las enajenaciones de los terrenos de los patrimonios pblicos de suelo y la obligacin de comunicar a la Comunidad de Madrid los precios de construccin, venta y arrendamiento de inmuebles, que sern consolidados y difundidos por un observatorio de precios en esta materia.

X.

En el Ttulo V se regula la inspeccin urbanstica, la proteccin de la legalidad urbanstica y las infracciones urbansticas y su sancin. Se tipifica ex-novo como infraccin urbanstica el fraude del rgimen de proteccin pblica a que estn sujetas este tipo de viviendas, incluido el precio del suelo donde se asienten o nicamente del solar en el caso de que no estuvieran edificadas. En atencin a la prxima implantacin del euro en Espaa, la cuanta de las multas por infracciones urbansticas se ha valorado en el texto de la presente Ley en euros, y en las Disposiciones Transitorias en pesetas para evitar la obsolescencia de la moneda considerada al poco tiempo de entrar en vigor este texto legal.

XI.

La Organizacin y Cooperacin Interadministrativa reguladas en el Ttulo VI son los rganos de la Comunidad de Madrid ya existentes, Comisin de Urbanismo y Jurado Territorial de Expropiacin, y las frmulas y tcnicas de cooperacin, tales como la cooperacin interadministrativa y los convenios urbansticos.

XII.

Por ltimo, la Disposicin Adicional nica regula la homologacin y el registro de entidades de inspeccin tcnica. Dentro de las Disposiciones Transitorias, la Primera de ellas se refiere al rgimen urbanstico del suelo para su aplicacin a los planes y normas vigentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley; la Segunda, a las determinaciones estructurantes y pormenorizadas para ser aplicadas a los planes y normas vigentes a la promulgacin de la presente Ley; la Tercera, a la conservacin de instrumentos urbansticos, destacando el hecho de que los Planes de Ordenacin Urbanstica debern adaptarse a esta Ley en el plazo de dos aos desde su vigencia; la Cuarta fija una serie de aspectos sobre el planeamiento en ejecucin; la Quinta est referida a los procedimientos de proteccin de la legalidad urbanstica y sancionadores; la Sexta al clculo de la edificabilidad o del aprovechamiento urbanstico; la Sptima a las dotaciones o redes de infraestructuras, equipamientos y servicios pblicos; la Octava y la Novena, establecen, respectivamente, la cuanta de las sanciones en pesetas y la competencia para resolver los procedimientos sancionadores en pesetas, de aplicacin hasta la sustitucin de la unidad monetaria por implantacin del euro.

En cuanto a la Disposicin Derogatoria nica, deroga, en lo que se oponga a esta Ley, las disposiciones de la Asamblea y del Gobierno de la Comunidad de Madrid en esta materia, es decir, la Ley 4/1984, de Medidas de Disciplina Urbanstica; la Ley 9/1995, de Medidas de Poltica Territorial, Suelo y Urbanismo; la Ley 20/1997, de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Urbanismo, y la Ley 3/1998, de modificacin parcial de la anterior, as como todas sus normas de desarrollo. Y respecto a las Disposiciones Finales, la Primera se refiere a la actualizacin de las normas de organizacin y funcionamiento de la Comisin de Urbanismo de Madrid y del Jurado Territorial de Expropiacin; la Segunda habilita al Gobierno Regional para la actualizacin anual del importe de las sanciones consistentes en multa mediante Decreto; la Tercera se refiere a normas de desarrollo y ejecucin reglamentarias; y la Cuarta fija un perodo de un mes para su entrada en vigor, desde la publicacin completa de la Ley en el BOLETN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.