Sumario

V閍se D [PA蚐 VASCO] 58/2005, 29 marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi (獴.O.P.V.� 19 abril).

Exposici髇 de Motivos

La Ley sobre cooperativas de 11 de febrero de 1982, que fue uno de los primeros frutos de la reci閚 estrenada competencia legislativa de la Comunidad Aut髇oma vasca, respondi� adecuadamente a necesidades que en aquel momento se planteaban de manera urgente: la reforma de una legislaci髇 nacida de presupuestos pol韙icos y socio-econ髆icos ya superados, la plena fidelidad de la regulaci髇 resultante a los principios cooperativos proclamados por la Alianza Cooperativa Internacional y la promoci髇 y defensa del movimiento cooperativo de Euskadi; todo ello con una regulaci髇 que potenciaba la autonom韆 cooperativa y que trataba de no cerrar puertas al desarrollo de f髍mulas, incluso experimentales, que la creciente complejidad de la vida cooperativa iba, previsiblemente, a exigir.

Aunque no han transcurrido muchos a駉s desde la anterior Ley, se han producido hechos que aconsejan una reconsideraci髇 de su contenido. En primer lugar, se ha culminado pr醕ticamente todo un proceso renovador de la legislaci髇 cooperativa, tanto en el Estado como en las Comunidades Aut髇omas con competencias en esta materia, lo que ha supuesto un importante e innegable perfeccionamiento. Por otro lado, se ha producido una profunda reforma del Derecho mercantil en general y del societario en particular, para adaptarlo a las directivas de la CEE, que resulta una referencia obligada para una regulaci髇 t閏nica y actualizada de las sociedades cooperativas. Por 鷏timo, la experiencia de nuestro cooperativismo se ha enriquecido intensamente en busca de una necesaria respuesta, tanto a la evoluci髇 de sus realidades internas como a las exigencias de un mercado cada vez m醩 competitivo y exigente. Todo ello debe tener reflejo y cabida adecuada en una norma que pretenda regular las sociedades cooperativas y promover su desarrollo en los umbrales del siglo veintiuno, tal como recomend� el propio Parlamento Vasco en su sesi髇 del 9 de enero de 1992.

Con la presente Ley se pretende, por tanto, dar respuesta a las actuales carencias del marco jur韉ico sobre el cooperativismo vasco, y al mismo tiempo se desea aproximar la nueva regulaci髇 a las directivas de la Comunidad Econ髆ica Europea, introduciendo adem醩 los avances e instrumentos jur韉icos que en los 鷏timos lustros se han desarrollado tanto en nuestro Derecho interno como en el comparado.

La incorporaci髇 plena a la Comunidad Econ髆ica Europea en 1993 refuerza, si era necesario, el presente empe駉 de adecuaci髇 normativa para que las cooperativas vascas puedan afrontar, desde una plataforma jur韉ica moderna y flexible, los retos empresariales a los que tienen que hacer frente. En efecto, a partir de dicho a駉, nuestro sector cooperativo va a tener que desenvolverse en un mercado mucho m醩 exigente y competitivo y en el que la rapidez en la toma de decisiones va a ser fundamental, y para afrontar todo esto es necesario que las cooperativas puedan reforzar sus recursos financieros, actuar en cualquier campo econ髆ico y contraer las oportunas alianzas; pero no es menos ineludible que puedan dotarse de 髍ganos de administraci髇 cada vez m醩 醙iles y profesionales, as� como de supraestructuras que puedan competir con otras ya establecidas.

Por todo ello, la nueva Ley pretende eliminar las trabas preexistentes para el adecuado desarrollo de nuestras cooperativas, con el objetivo final de que 閟tas puedan situarse en el mercado con id閚ticas posibilidades que el resto de las empresas con las que deben competir.

La presente Ley consta de 145 art韈ulos, 3 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, 5 finales y una derogatoria, estructurados en 4 t韙ulos, 15 cap韙ulos y 18 secciones.

I. DISPOSICIONES GENERALES

La Ley se abre con unas disposiciones de car醕ter general entre las que se introducen profundas modificaciones respecto al r間imen jur韉ico hoy en vigor y que por ello deben ser explicadas, siquiera sea brevemente.

En la formulaci髇 del concepto de sociedad cooperativa, que combina elementos de Derecho comparado con rasgos de nuestra tradici髇 jur韉ica cooperativa, puede sorprender que se haya renunciado a incluir un elenco de los principios cooperativos, pero esta omisi髇 ni es casual, ni carece de s髄idos argumentos que la apoyan. Baste recordar, por un lado, que estamos en v韘peras de una redefinici髇 de los principios cooperativos por la Alianza Cooperativa Internacional, lo que har韆 especialmente inadecuado repetir formulaciones enunciativas de aquellas reglas basadas en el texto aprobado por el Congreso de Viena de 1966; por otro lado, se ha estimado que el legislador, m醩 que ensayar enunciados de car醕ter un tanto doctrinal -por did醕ticos que sean- debe procurar garant韆s normativas para la aplicaci髇 efectiva de los caracteres esenciales de la instituci髇 regulada. Este ha sido el prop髎ito de la nueva Ley, y tal es el alcance de no pocos de sus preceptos, dirigidos a salvaguardar y reforzar los valores de una cooperaci髇 aut閚tica.

Por lo dem醩, tambi閚 conviene advertir que la 鷑ica excepci髇 legalmente posible al voto paritario en cooperativas de primer grado, por llamativa que parezca, tiene como soporte criterios de tanta validez y autenticidad como la actividad cooperativa o el principio de intercooperaci髇, cuya importancia en nuestros tiempos ser韆 dif韈il exagerar. Hecha esta matizaci髇, hay que subrayar que toda Ley est� vertebrada en torno a los c醤ones de un cooperativismo eficiente, democr醫ico y transparente, con una mejora notable a la hora de plasmar en normas concretas las aspiraciones y exigencias de una genuina cooperaci髇.

Otro aspecto en el que la Ley ha innovado en profundidad el marco jur韉ico vigente es el relativo a las secciones, cuya actual normativa resultaba un tanto imprecisa y equ韛oca. Para evitar estos resultados la nueva regulaci髇 subraya la responsabilidad unitaria de la sociedad y la superioridad, as� posicional como decisoria, de la Asamblea General respecto a las Juntas de socios adscritos a cada secci髇.

Tambi閚 en materia de operaciones con terceros una Ley como esta, atenta al nuevo contexto europeo, o pod韆 prolongar visiones pret閞itas, que confund韆n cooperaci髇 con mutualidad; pero tampoco ser韆 posible ignorar que una cooperativa, para seguir siendo considerada como tal, ha de proporcionar bienes o prestar servicios, sobre todo, a sus socios. S髄o la presencia de alguna funci髇 comunitaria adicional -como ocurre con la defensa operativa, y no s髄o informativa, de los consumidores por las cooperativas de consumo- debe permitir, como reconoce la Ley estatal, una excepci髇 al principio expuesto, seg鷑 el cual en cada ejercicio econ髆ico la mayor parte de las transacciones cooperativas ha de efectuarse con los socios de cada entidad, sin que sean v醠idas previsiones estatutarias en contra.

En fin, la parte introductoria o m醩 general de la norma incluye -por vez primera en todo el Estado- la necesidad legal de un capital social m韓imo, exigible, en principio, a cualquier cooperativa. Con ello, la norma trata no s髄o de alinearse con las recientes corrientes del derecho societario comparado sino tambi閚 de subrayar el car醕ter empresarial de las iniciativas cooperativistas y de ofrecer a los terceros, desde el nacimiento mismo de la entidad, un testimonio real de seriedad econ髆ica y de seguridad jur韉ica. Por lo dem醩, la cifra propuesta (un mill髇 de pesetas desembolsadas) parece f醕ilmente alcanzable por cualquier cooperativa cuyo estatuto especial no le exija un nivel superior de recursos iniciales de capital, como ocurre especialmente con las que act鷈n en el campo crediticio, asegurador o de los transportes.

II. CONSTITUCION DE LAS COOPERATIVAS

En la constituci髇 de las cooperativas se pretende asentar y fortalecer las garant韆s de los socios, de los terceros e incluso de la Administraci髇 p鷅lica, para lo cual se establece la exigencia de elevar a escritura p鷅lica los extremos necesarios para su constituci髇, por razones de seguridad jur韉ica. Todo ello sin perjuicio de respetar en todo caso la autonom韆 de la voluntad de los promotores.

Tambi閚 se contemplan los supuestos y los efectos de la cooperativa irregular y la nulidad de la cooperativa.

En el contenido m韓imo de los Estatutos se incluyen, y son de destacar, la determinaci髇 del capital social m韓imo y el compromiso de la participaci髇 m韓ima de los socios en la actividad de la cooperativa.

III. REGISTRO DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

La presente norma regula tambi閚 el Registro de cooperativas de Euskadi de forma adecuada, dot醤dole de la eficacia necesaria, definida por los principios de publicidad material y formal, legalidad, legitimaci髇, prioridad y tracto sucesivo, como es ya tradicional en los Registros jur韉icos especializados en el sector cooperativo.

Asimismo, se regulan su organizaci髇 y funciones b醩icas, y se determina la necesidad de desarrollar reglamentariamente su r間imen de organizaci髇 y funcionamiento.

IV. LOS SOCIOS

La regulaci髇 de la posici髇 jur韉ica de los socios incluye numerosas modificaciones que la pr醕tica de la vida social y empresarial cooperativa ha mostrado convenientes.

Se eleva a cinco el n鷐ero m韓imo de socios para la constituci髇 de una cooperativa de primer grado, homogeneiz醤dose con el resto de la legislaci髇 cooperativa, tanto del Estado como de las Comunidades Aut髇omas.

En materia de admisi髇 se desarrollan tanto el recurso del aspirante por la denegaci髇 de su admisi髇 como la posible reclamaci髇 por parte de los socios contra el acuerdo de admisi髇 de un nuevo cooperador, as� como los efectos suspensivos de esta impugnaci髇.

Se establece la obligaci髇 de que los Estatutos fijen los criterios de participaci髇 de los socios de trabajo, y se regula expresamente el per韔do de prueba de los mismos.

Se explicita la obligaci髇 de todo socio de guardar secreto, para no lesionar los intereses sociales, as� como el derecho a formular propuestas.

Se regula de manera m醩 amplia y completa el derecho de informaci髇 de los socios, estableci閚dose la posibilidad de que accedan, entre otros aspectos, a la documentaci髇 social m醩 relevante. Se se馻lan, no obstante, l韒ites insoslayables al derecho de informaci髇, cuando 閟ta pueda resultar gravemente lesiva para los intereses de la cooperativa o claramente abusiva por parte de los socios, si bien la denegaci髇 de la informaci髇 por parte de los administradores ha de ser siempre motivada, y, en todo caso, la 鷏tima decisi髇 en sede interna se conf韆 a la Asamblea General.

Respecto a la baja de los socios, se ampl韆 el plazo de preaviso para las personas jur韉icas, as� como el per韔do m韓imo de permanencia, y se regula el derecho de la cooperativa a exigir al socio separado el cumplimiento de una serie de obligaciones preexistentes. Se da, adem醩, un tratamiento conjunto a los diversos supuestos de baja voluntaria, incluidos los derivados del derecho de separaci髇 del socio en las distintas situaciones legalmente previstas, y se incorpora la diferenciaci髇 legal entre bajas justificadas y no justificadas.

Como excepci髇 al car醕ter indefinido de la vinculaci髇 del socio a la cooperativa, se ha abierto la posibilidad de que existan relaciones societarias de duraci髇 determinada, lo que, adem醩 de responder a las necesidades constatadas en la pr醕tica, contribuir� sin duda a preservar la homogeneidad jur韉ica entre los sujetos que participan en las actividades de la empresa y refleja una mayor coherencia ideol骻ica que la derivada de v韓culos transitorios de car醕ter extracooperativo, carentes de implicaci髇 asociativa.

Se regula por primera vez en Euskadi la baja obligatoria para aquellos supuestos en que un socio no puede continuar en tal condici髇 por razones no disciplinarias pero que impiden su permanencia en la entidad.

Se desarrolla el r間imen de disciplina social de manera m醩 completa y detallada, en lo que se refiere a los tipos de sanci髇, la prescripci髇 de las faltas y las normas de procedimiento, otorg醤dose un tratamiento flexible para la suspensi髇 de derechos de los socios, materia tan delicada como insatisfactoriamente regulada en otras leyes.

Se reduce el l韒ite m醲imo de votos de los socios inactivos o no usuarios, a la quinta parte del total de votos sociales.

Por 鷏timo, respecto a la expulsi髇, se fija un plazo para resolver y se flexibiliza el momento concreto de su tratamiento durante el desarrollo de la Asamblea General.

V. LOS ORGANOS SOCIALES

En lo concerniente a los 髍ganos sociales, se introducen numerosas novedades partiendo de una delimitaci髇 clara de las funciones exclusivas de la Asamblea General y asignando al 髍gano de administraci髇 aquellas que son necesarias para dirigir la empresa. Ello es fruto de una detenida reflexi髇 que ha acogido tanto las directrices del moderno Derecho de Sociedades como las exigencias de una gesti髇 empresarial 醙il, eficiente y que ofrezca la mayor seguridad jur韉ica a los terceros. Por todo ello, la Asamblea General no puede asumir competencias que la Ley atribuya a otro 髍gano social.

En concreto, respecto al 髍gano asambleario se perfecciona intensamente su r間imen jur韉ico vigente y as� se regula minuciosamente la posibilidad de solicitar convocatoria judicial; se establece una publicidad reforzada para la convocatoria de Asamblea en cooperativas con gran n鷐ero de socios; se exige un qu髍um de asistencia para la segunda convocatoria; se reducen los supuestos en que se impone una mayor韆 reforzada de dos tercios; se establece la posibilidad del voto plural, incluso en las cooperativas de primer grado con respecto a determinadas personas jur韉icas, para as� potenciar la creaci髇 de nuevas entidades cooperativas y consolidar las ya existentes; se introduce un l韒ite al derecho total de voto de los socios que no realicen la actividad cooperativa de una manera plena, para que el control mayoritario de la cooperativa resida en aquellos que s� la realizan; se regula el conflicto de intereses y sus efectos; as� como la confecci髇 del acta y su r間imen de aprobaci髇, al igual que las Asambleas de Delegados, y, por 鷏timo, se prev� un preciso sistema de impugnaci髇 de acuerdos, separando los supuestos de nulidad de los de anulabilidad, a efectos de legitimaci髇 y plazos, y estableciendo plazos de caducidad de las acciones en beneficio de la seguridad del tr醘ico de las empresas cooperativas, como ya ocurre con las sociedades an髇imas desde la reciente reforma legal de 閟tas.

Con respecto a la administraci髇 y representaci髇 de la cooperativa, se determina un 醡bito de funciones exclusivas encomendadas a los administradores, siendo ineficaz toda limitaci髇 a sus facultades dentro de las comprendidas en el objeto social. Se establece la protecci髇 de terceros de buena fe por los actos 玼ltra vires�. Se admite la posibilidad de administrador 鷑ico, para el caso de cooperativas con reducido n鷐ero de socios. Se introduce la posibilidad de que una parte de los miembros del Consejo Rector sean elegidos entre no socios, para profesionalizar a dicho 髍gano social, e incluso de que en las cooperativas de segundo o ulterior grado puedan ser elegidos internamente. Se prev� la suspensi髇 temporal de los administradores incursos en los supuestos de incapacidad o prohibici髇, para el caso de que no hubiesen dimitido. Se establece la exigencia de una mayor韆 reforzada para la adopci髇 de acuerdos de especial trascendencia. Se posibilita la designaci髇 de Comisiones Ejecutivas o Consejeros Delegados del Consejo Rector. Se implanta una m醩 amplia responsabilidad para los administradores, que se extiende a todo tipo de culpa, aunque matizando la exigencia de diligencia en relaci髇 al car醕ter, gratuito o retribuido, del cargo, y se modifica la impugnaci髇 de los acuerdos del 髍gano de administraci髇, diferenciando los supuestos de nulidad de los de anulabilidad a efectos de legitimaci髇 y c髆puto de plazos.

En lo que se refiere a la Comisi髇 de Vigilancia se ha considerado conveniente incorporarla en esta Ley tanto por ser una pieza de neto car醕ter democr醫ico -y por lo mismo muy apropiada en sede cooperativa- como por constituir un puente de enlace entre el 髍gano administrador y las reuniones asamblearias. El nuevo dise駉, m醩 actual y comprimido, de las competencias de la Asamblea General con el consiguiente reforzamiento del 髍gano administrador, 鷑ico o colegiado, y la existencia de un modelo dualista en no pocos ordenamientos europeos, as� como las limitaciones e insuficiencias de los actuales Interventores, son otras poderosas razones que explican la presencia en la norma propuesta de la Comisi髇 de Vigilancia que, por lo dem醩, se rodea de especiales cautelas -as� en su composici髇 como en su 醡bito competencial- con objeto de que no trabe el gobierno y gesti髇 de la cooperativa.

Se ha incorporado, para las cooperativas con una cierta dimensi髇, el Consejo Social como 髍gano potestativo, reconoci閚dose de esta manera una rica experiencia desarrollada hist髍icamente en las cooperativas de nuestra Comunidad.

En cuanto al Comit� de Recursos, su replanteamiento normativo obedece tanto a razones de eficacia y de agilidad en la resoluci髇 de reclamaciones internas como, una vez m醩, a imperativos de organizaci髇 democr醫ica, al proveer a los socios de una nueva plataforma de participaci髇 y autocontrol de la cooperativa. Con la nueva regulaci髇, adem醩, se potencia la capacidad estatutaria de abrir otros campos a la acci髇 revisora de aquel Comit�, que no tiene por qu� limitarse a resolver reclamaciones sobre resoluciones de car醕ter disciplinario.

VI. REGIMEN ECONOMICO

En relaci髇 al r間imen econ髆ico, y como premisa general, cabe destacar que se ha tratado de establecer un marco de actuaci髇 flexible que permita a las cooperativas contar con la adecuada financiaci髇 propia, mejorando el tratamiento del capital social, a la vez que acudir a nuevas f髍mulas de financiaci髇.

La limitaci髇 de la responsabilidad de los socios no podr� ser modificada ni excepcionada estatutariamente.

En el tratamiento normativo del capital social, se prev閚 normas de valoraci髇 de las aportaciones no dinerarias, los socios colaboradores no est醤 sujetos a limitaciones de participaci髇 en dicho capital, se establece la obligaci髇 de los socios cooperadores de mantener sus aportaciones en el importe m韓imo que haya fijado la cooperativa, y se incrementa el l韒ite m醲imo de la retribuci髇 abonable al capital social, fij醤dolo en el inter閟 legal m醩 seis puntos.

Se establece una mayor flexibilidad en el r間imen de disposici髇 y destino de los resultados derivados de regularizaciones de balances, que deber醤 realizarse en el marco legal establecido para las sociedades de Derecho com鷑, con la 鷑ica excepci髇 del supuesto en que la cooperativa tenga p閞didas sin compensar.

Se prev� la posibilidad de que los Estatutos puedan incrementar los porcentajes de deducci髇 hasta en diez puntos porcentuales, en el reembolso de las aportaciones de los socios que incumplan el per韔do de permanencia pactado.

En relaci髇 con las f髍mulas de financiaci髇 distintas a las aportaciones al capital social, adem醩 de las figuras ya previstas anteriormente -como la emisi髇 de obligaciones o las aportaciones no incorporadas al capital- se contemplan espec韋icamente: las aportaciones especiales, entendiendo por tales las realizadas por los socios o terceros con vencimiento no inferior a cinco a駉s, que a efectos de prelaci髇 de cr閐itos se sit鷄n detr醩 de todos los acreedores comunes y cuya retribuci髇 no se prefija en la Ley; los t韙ulos participativos, caracterizados por una remuneraci髇 mixta en forma de inter閟 fijo m醩 la parte variable que se establezca en funci髇 de los resultados de la cooperativa, y las contribuciones basadas en contratos de cuentas en participaci髇.

En cuanto a los fondos obligatorios, se mantiene la dotaci髇 global a los mismos en un treinta por ciento de los excedentes positivos, debi閚dose mantener una dotaci髇 m韓ima al Fondo de Educaci髇 y Promoci髇 Cooperativa desde la constituci髇 de la sociedad.

El tratamiento normativo de la cobertura de las p閞didas, adem醩 de prever la compensaci髇 de las mismas con cargo, incluso en su totalidad, a las reservas voluntarias, admite su posible imputaci髇 al Fondo de Reserva Obligatorio en la proporci髇 que habitualmente se destina por la cooperativa a dotar los fondos obligatorios (es decir, incluido el de Educaci髇 y Promoci髇) en caso de excedentes netos positivos.

Finalmente, se concretan los criterios b醩icos sobre posibles destinos del Fondo de Educaci髇 y Promoci髇 Cooperativa, y se establece la posibilidad de distribuci髇 del Fondo de Reserva Obligatorio, si bien solamente en unos supuestos excepcionales regulados en situaciones de disoluci髇 y liquidaci髇 de las cooperativas mixtas.

VII. DOCUMENTAClON SOCIAL Y CONTABILIDAD

La regulacion de los libros y contabilidad de la cooperativa sigue la pauta de la legislaci髇 precedente, si bien se introducen determinadas novedades, como es el caso de la formaci髇 de los libros por procedimientos distintos y m醩 adecuados que los tradicionales, y la legalizaci髇 posterior a su uso por el organismo encargado de la habilitaci髇 de los mismos, que pasa a ser el correspondiente Registro de cooperativas.

Se recogen, asimismo, los supuestos en que la cooperativa estar� obligada a someter sus cuentas a auditor韆 externa, as� como la exigencia de formular un informe de gesti髇 en tales casos.

Igualmente cabe destacar la inclusi髇 novedosa de la figura del letrado asesor, en l韓ea con la legislaci髇 mercantil y la legislaci髇 cooperativa general.

VIII. MODIFICACION DE ESTATUTOS, FUSION, ESCISION Y TRANSFORMACION DE COOPERATIVAS

En materia de modificaci髇 de los Estatutos la nueva Ley establece una m醩 exigente y detallada publicidad, destacando el derecho de los socios a examinar y obtener la documentaci髇 atinente a la modificaci髇 y la publicidad especial de los acuerdos de especial relevancia para el p鷅lico. Cuando la modificaci髇 afecte de forma sustancial al objeto de la cooperativa se reconoce el derecho de los socios a causar baja justificada.

Con respecto a la fusi髇, se instaura la adopci髇 de un previo acuerdo entre las cooperativas implicadas, y se fijan plazos y cautelas para su culminaci髇. Se exige una publicidad reforzada del proyecto fusionista, con menci髇 especial en lo concerniente al derecho de informaci髇 de los socios y de los acreedores. El acuerdo de fusi髇 debe ser objeto tambi閚 de una especial publicidad y se establece su mecanismo de inscripci髇 a trav閟 de escritura p鷅lica, as� como sus efectos para las cooperativas implicadas.

En lo concerniente a la escisi髇, se regulan los supuestos en que puede producirse y se introduce la exigencia de un proyecto suscrito por los administradores de las cooperativas participantes, estableci閚dose la responsabilidad solidaria y limitada de las Sociedades beneficiarias de la escisi髇.

IX. TRANSFORMACION

Los procesos de reestructuraci髇 societaria tienen una de sus manifestaciones m醩 notables en los mecanismos transformadores. Por ello, y porque son numerosas las lagunas del ordenamiento vigente al respecto, la nueva Ley regula tanto la transformaci髇 de las cooperativas en sociedades de otra naturaleza como el proceso inverso.

Para regular estas v韆s reconversoras de tipos societarios se han tenido en cuenta dos principios fundamentales, a saber: evitar que la transformaci髇 de cooperativas llegue a diluir o incluso a desnaturalizar la esencia cooperativista, y aprovechar las t閏nicas normativas del moderno Derecho de Sociedades.

X. CLASES DE COOPERATIVAS

La regulaci髇 sobre las clases de cooperativas parte de unos presupuestos que parece necesario subrayar, aunque algunos ya estuviesen acogidos en nuestro ordenamiento anterior. As�, ante todo, la clasificaci髇 normativa de los fen髆enos cooperativos ten韆, y sigue teniendo, car醕ter abierto; adem醩, no es absolutamente incompatible con la posibilidad de constituir entidades de grado superior; finalmente, la prevalencia de las reglas especiales de cada clase de cooperativas sobre las normas generales no puede hacer olvidar la sujeci髇 prioritaria a los postulados esenciales del cooperativismo, sea cual fuere la concreta modalidad societaria en que 閟te se plasme.

Por lo dem醩, y dada su trascendencia en la proyecci髇 federativa, conviene indicar que no siempre hay una equivalencia absoluta entre secciones reguladoras y clases de cooperativas reguladas, pues en m醩 de una ocasi髇 aquel nivel sistem醫ico acoge una pluralidad de clases o tipos de cooperativas, como ocurre paradigm醫icamente con las secciones dedicadas a las cooperativas financieras o a las de servicios.

A la hora de abordar la reforma del r間imen jur韉ico sobre la tipolog韆 cooperativa, las finalidades que para cada clase de cooperativas pretende alcanzar la nueva Ley son las que seguidamente se se馻lan.

En la regulaci髇 de las cooperativas de trabajo asociado destacan los siguientes fines e innovaciones: se instaura una participaci髇 en los resultados de la cooperativa para los asalariados que no tengan o no puedan ejercer la opci髇 de ser socios; se establece asimismo la obligaci髇, para las cooperativas cuya actividad predominante sea la de producci髇 de bienes, de tener sus centros de trabajo fabriles en el 醡bito territorial estatutario; se introduce el concepto de anticipo laboral m韓imo; se posibilita la ampliaci髇 del per韔do de prueba para ser socio, cuando las funciones a desempe馻r requieran especiales caracter韘ticas profesionales, con un l韒ite del veinte por ciento del total de socios, y se regulan con claridad los derechos y obligaciones durante este per韔do; se mantiene la autonom韆 de la cooperativa en el establecimiento de su r間imen de trabajo y disciplinario, atendiendo a la peculiar relaci髇, societaria autogestionada y no laboral, del socio trabajador con su cooperativa; el acuerdo de expulsi髇 deja de tener el inmediato car醕ter ejecutivo que se le otorgaba en la regulaci髇 anterior, aunque se establecen las necesarias cautelas para preservar la convivencia en los centros de trabajo; por 鷏timo, se regula expresamente la suspensi髇 y la baja obligatoria de los socios trabajadores por causas econ髆icas, tecnol骻icas o de fuerza mayor, respondiendo as� a las necesidades derivadas de situaciones de reestructuraci髇 y de crisis que con frecuencia afectan tambi閚 a las cooperativas.

En relaci髇 con los trabajadores contratados por cuenta ajena por la cooperativa, se ha establecido un l韒ite del treinta por ciento para todo tipo de contratos laborales, tratando de evitar posibles abusos que desvirt鷈n el propio car醕ter de la cooperativa.

Respecto a las cooperativas de consumo, por un lado, se clarifica qui閚es pueden formar parte de estas sociedades, resolviendo problemas de indudable car醕ter social, y, por otro lado, se contienen precisiones necesarias para definir su operatoria con no socios, que afectan tanto al 醡bito territorial como al car醕ter de destinatarios finales que han de tener los usuarios no cooperadores.

En lo tocante a las cooperativas de viviendas, el prop髎ito de la norma es, por una parte, dar un razonable protagonismo a la Junta de socios de cada promoci髇, y, por otra, combinar el rigor de las cuentas -que siempre han de someterse a auditor韆- con un sistema autorregulador de la tutela ofrecida a los socios expectantes cuando la cooperativa no reciba ayudas p鷅licas.

La nueva Ley agrupa en una misma secci髇, dedicada a las cooperativas financieras, a los dos bloques o ramas de la cooperaci髇 que realizan, respectivamente, la actividad crediticia o la actividad aseguradora. La normativa sobre cooperativas de cr閐ito tiene en cuenta las importantes reformas legislativas producidas en los 鷏timos a駉s sobre estas entidades, que han flexibilizado y modernizado el r間imen jur韉ico de las mismas en sus aspectos b醩icos. Asimismo, las cooperativas de seguros ven notablemente actualizada su regulaci髇 anterior, recordando que existe un tronco normativo b醩ico cuyo desarrollo en nuestra Comunidad corresponde a las autoridades de Euskadi y aludiendo al triple esquema funcional de tales entidades, que pueden ser a prima fija, a prima variable o de trabajo asociado.

Trat醤dose de las cooperativas de ense馻nza, de especial relieve cualitativo en Euskadi, las innovaciones de la Ley son profundas y numerosas. As�, ante todo, se clarifican las tres modalidades bajo las que puede organizarse la cooperaci髇 educativa, concretando las diversas posiciones societarias asumibles en cada caso; se ofrece un cauce flexible a las cooperativas de car醕ter integral o multisectorial que agrupan a los dos sectores de personas esencialmente implicadas en la comunidad educativa, y se regula esta peculiar modalidad de cooperaci髇 con las dosis de flexibilidad y novedad que sus acusadas especialidades estructurales hac韆n necesaria. Finalmente, se aborda el tratamiento de los socios de naturaleza p鷅lica o de utilidad social, cuya incorporaci髇 a las cooperativas de ense馻nza puede asumir diversas posiciones de singular relevancia, que han de ser adecuadamente contempladas si se pretende dise馻r una regulaci髇 realista y moderna.

Para las cooperativas de servicios, insuficientemente reguladas en la actualidad, se ha pretendido unificar en una secci髇 el marco normativo de todas las manifestaciones de esta 醨ea cooperativa, salvo la cooperaci髇 agraria, por sus especialidades y por la tradici髇 normativa de regulaci髇 separada. Por ello, las cooperativas de servicios son objeto de un profundo replanteamiento tipol骻ico que tiene por finalidad no s髄o clarificar las modalidades de esta opci髇 cooperativa, sino tambi閚 ampliar su 醡bito aplicativo, que en la legalidad anterior era objeto de una compresi髇 reguladora tan infrecuente en el Derecho Comparado como dif韈il de justificar con razones objetivas. La nueva Ley viene a dejar claramente asentada la posibilidad de que no s髄o los profesionales, sino tambi閚 las empresas de cualquier objeto, dimensi髇 y naturaleza, as� como otros agentes institucionales de car醕ter no empresarial pero con problemas y necesidades evaluables econ髆icamente, y por lo tanto susceptibles de coordinaci髇 organizada desde un centro societario com鷑, constituyan cooperativas de servicios.

La Ley incorpora la regulaci髇 expresa de las cooperativas agrarias, que no hab韆 mencionado la normativa anterior, y al hacerlo huye del h醔ito jur韉ico enumerativo de actividades, por considerarlo pauta tan impropia de un texto legal moderno y riguroso como innecesaria, cuando no equ韛oca, por mezclar descripciones del objeto social con actividades meramente instrumentales, que son simples medios para desarrollar dicho objeto. Por otro lado, la nueva Ley tiene una clara concepci髇 ultrasocietaria o comunitaria de la cooperativa agraria como entidad al servicio del medio rural, pero, a la vez, permite que cualquier tradici髇 productiva (p.e. artesanal) o cualquier elemento aislado de las explotaciones agrarias (p.e. la casa de labranza) puedan ser la base de una acci髇 cooperativa (v.gr. el turismo rural). Adem醩, se regulan las operaciones con terceros de las cooperativas agrarias con actividad comercializadora o bien suministradora bajo una 髉tica que, sin desvirtuar la esencialidad del esfuerzo cooperante de los socios, tampoco conduzca a una rigidez operativa de aqu閘las, provocada por un mutualismo ya claramente superado, tanto en los an醠isis doctrinales como en el Dereeho Comparado y por las exigencias de la pr醕tica.

Las cooperativas de explotaci髇 comunitaria reciben un tratamiento normativo en el que se han tenido en cuenta las m醩 recientes innovaciones aportadas por otras normas legales ante la inevitable complejidad estructural de dicha f髍mula societaria.

Las cooperativas sanitarias, recientemente acogidas por la Alianza cooperativa internacional, son tambi閚 objeto de una regulaci髇 hasta ahora inexistente en Euskadi y que distingue entre las organizaciones aseguradoras de asistencia sanitaria y las entidades promotoras de instalaciones adecuadas para la prestaci髇 de dicha asistencia.

La normativa tipol骻ica se completa con la regulaci髇 de una clase de entidades de especial contenido comunitario por las caracter韘ticas de los socios mayoritarios (cooperativas de integraci髇 social).

XI. INTEGRACION Y AGRUPACION COOPERATIVA

Uno de los aspectos m醩 caracter韘ticos e innovadores de la presente Ley lo constituye el tratamiento que hace de la integraci髇 y agrupaci髇 econ髆ico-empresarial cooperativa.

La Ley aborda la regulaci髇 de las cooperativas de segundo o de ulterior grado, con el prop髎ito de ofrecer un cauce normativo realista a los fen髆enos de agrupaci髇 intercooperativa, tan hu閞fanos hoy d韆 de disciplina jur韉ica adecuada como necesitados de un marco que, sin perjuicio de salvaguardar la identidad de las instituciones implicadas en aquellos procesos, tenga en cuenta la necesidad de atender a las exigencias de una efectiva colaboraci髇 empresarial. A tal fin, 閟ta podr� ser tan intensa como admitan las Sociedades al autorregular sus grupos, aunque sin llegar a anular o a prescindir de la fisonom韆 de cada cooperativa agrupada.

Entre otros rasgos innovadores de esta normativa hay que destacar, por un lado, la superaci髇 del dise駉 endog醡ico, seg鷑 el cual s髄o las cooperativas entre s� pueden constituir una entidad de este car醕ter de grado o nivel superior; por otro lado, ciertas modulaciones o cautelas ante la baja de los socios personas jur韉icas, para evitar da駉s irreparables al conjunto, as� como un perfil normativo de la estructura org醤ica necesaria suficientemente sensible a los caracteres y peculiaridades de los grupos cooperativos. Finalmente, y en evitaci髇 de problemas que en otros 醡bitos territoriales ya se han producido, no se ordena una r韌ida e inmediata aplicaci髇 supletoria de la normativa sobre cooperativas de primer grado; en efecto, la Ley ante todo se remite a la autorregulaci髇 societaria, y, en segundo t閞mino advierte que, en caso de silencio estatutario o reglamentario interno, habr� que atender a la funci髇 y naturaleza de las cooperativas de segundo grado antes de proyectar mec醤icamente sobre 閟tas preceptos pensados s髄o para las entidades de nivel primario o b醩ico.

Se prev閚 asimismo, con criterio muy amplio, otras modalidades de colaboraci髇 econ髆ica de car醕ter m醩 instrumental. A la hora de regular estas otras formas de colaboraci髇 con participaci髇 de Sociedades Cooperativas se reconoce la plena capacidad de 閟tas, sea cual fuere su clase, nivel o grado, tanto para constituir instrumentos y v韓culos contractuales o personificados, como para incorporarse a los ya constituidos. Pretende con ello la nueva Ley no s髄o disipar cualquier duda al respecto de los operadores jur韉icos y econ髆icos, sino tambi閚 salir al paso de una actitud olvidadiza, y hasta reticente, a la hora de exponer a diversos sectores empresariales las caracter韘ticas del m閠odo cooperativo, no pocas veces presentado como una alternativa menor o casi inaplicable por presuntas trabas legales.

Seg鷑 esta Ley, las cooperativas pueden plantearse cualesquiera escenarios de colaboraci髇, entre s� o con otras personas o entidades, con tal de que quede a salvo la finalidad b醩ica de la instituci髇; ello equivale a decir que en muy contados supuestos existir� impedimento jur韉ico para los proyectos de acci髇 en com鷑 a los que pueda incorporarse la cooperativa.

En tal sentido se regula espec韋icamente la corporaci髇 cooperativa, sujeta a un sistema dualista de administraci髇, que para este tipo de agrupaciones cooperativas pueda resultar m醩 ajustado para alcanzar los objetivos propuestos.

Finalmente, una de las innovaciones m醩 radicales de la Ley es la regulaci髇 de las denominadas cooperativas mixtas, en las que, a modo de comanditarias cooperativas, habr� dos bloques de socios cuyos respectivos derechos, tanto pol韙icos como econ髆icos, tendr醤 distinto origen y alcance, pero sin que pueda orillarse un efectivo predominio en la sociedad del componente estrictamente cooperativo.

Con esta novedosa regulaci髇, solicitada desde algunos sectores del cooperativismo de Euskadi, se pretende ofrecer un nuevo cauce de organizaci髇 empresarial ligado al m閠odo cooperativo pero atento tambi閚 a los nuevos desaf韔s y exigencias de unos mercados cada vez m醩 agresivos y competitivos, tanto para captar recursos como a la hora de producir y distribuir bienes y servicios.

XII. DISOLUCION Y LIQUIDACION

En relaci髇 con la disoluci髇 y liquidaci髇 de las cooperativas se introduce como causa disolutoria la reducci髇 del capital social a una cantidad inferior a la determinada como capital social m韓imo establecido en los Estatutos y se regulan m醩 t閏nica y pormenorizadamente los supuestos en los que, procediendo la disoluci髇, 閟ta no se lleva a efecto. Se contempla la posibilidad de reactivar la cooperativa. Se subsana el posible vac韔, en el per韔do transitorio que transcurre desde el acuerdo de disoluci髇 hasta la designaci髇 de liquidadores, atribuyendo a los administradores las facultades precisas durante dicho intervalo. Se establece y se equipara la responsabilidad de los liquidadores con la de los administradores. Se prev� la figura de la intervenci髇 en la liquidaci髇, tanto privada como p鷅lica. Se modifica la regulaci髇 de la adjudicaci髇 del haber social, teniendo prioridad la devoluci髇 de las aportaciones voluntarias sobre las obligatorias, todo ello en consonancia con el r間imen econ髆ico previsto en la Ley. Se exige una publicidad m醩 completa, con respecto a la aprobaci髇 por la Asamblea General, del balance final y proyecto de distribuci髇 del haber social. Adem醩, se establece la obligaci髇 de los liquidadores de elevar a escritura p鷅lica el balance final y las operaciones de liquidaci髇 y de solicitar la cancelaci髇 de los asientos en el Registro de Cooperativas.

XIII. LAS COOPERATIVAS Y LA ADMINISTRACION

Con respecto a las cooperativas y la Administraci髇 se introduce el concepto de utilidad p鷅lica como elemento del car醕ter de aquellas entidades cooperativas que contribuyan al inter閟 general de Euskadi.

Se establece en este 醨ea la competencia general del Departamento de Trabajo y Seguridad Social con respecto al cooperativismo, abriendo la posibilidad de que la funci髇 inspectora -de orientaci髇 fundamentalmente preventiva- pueda ser compartida con las federaciones m醩 representativas y la Confederaci髇 de Cooperativas de Euskadi, seg鷑 las recomendaciones a la OIT y las orientaciones del Derecho Comparado m醩 progresista al respecto.

Se regula el r間imen sancionador, delimitando las autoridades competentes para la imposici髇 de sanciones y tipificando las infracciones que pueden ser objeto de punici髇 administrativa.

Asimismo, se regula la descalificaci髇 de la cooperativa, en la que el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi debe emitir el correspondiente informe, y se introduce como novedad la figura de la intervenci髇 temporal de las cooperativas por la Administraci髇, s髄o en los supuestos en que concurran circunstancias excepcionales y para evitar que se lesionen gravemente los intereses de los socios o de terceros.

XIV. ASOCIACIONISMO COOPERATIVO

En relaci髇 con el asociacionismo cooperativo se parte del principio de libre asociaci髇 entre cooperativas, y se insta a los poderes p鷅licos de la Comunidad Aut髇oma del Pa韘 Vasco para que adopten las medidas necesarias para el fomento del asociacionismo de entidades cooperativas y para incentivar las relaciones intercooperativas.

Las federaciones de cooperativas que pretendan ostentar la adjetivaci髇 玠e Euskadi� deber醤 acreditar su representatividad mayoritaria en funci髇 del n鷐ero de cooperativas o socios de 閟tas que aglutinen y tendr醤 presencia garantizada en el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

Con respecto a la regulaci髇 de este Consejo, se ha tenido en cuenta la actual articulaci髇 de las federaciones de cooperativas, a las cuales se atribuye la representaci髇 mayoritaria en el Consejo. Se considera necesaria la presencia del Gobierno Vasco, al igual que, por sus aportaciones cient韋icas, la inclusi髇 de las Universidades del Pa韘 Vasco en dicho 髍gano. Todo ello ser� desarrollado en v韆 reglamentaria, pudiendo incluso permitir el acceso de representantes de federaciones y uniones con representaci髇 no mayoritaria.

Se ha pretendido adem醩 deslindar las funciones del Consejo, como organo jur韉ico p鷅lico, de las que corresponden a las estructuras asociativas del movimiento cooperativo, fundamentalmente la funci髇 representativa, que vendr韆 en su caso y en 鷏timo t閞mino atribuida a la Confederaci髇 de Cooperativas de Euskadi.

XV. DISPOSICIONES ADICIONALES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES.

El articulado de la Ley se completa con las correspondientes disposiciones de cierre, entre las que cabe destacar:

• a) El establecimiento de un plazo razonable de adaptaci髇 de los Estatutos a la nuerva ley, transcurrido el cual sin haber cumplimentado esta obligaci髇 la cooperativa quedar� disuelta de pleno derecho, procediendo el Registro de Cooperativas a cancelar de oficio los asientos correspondienes.
• b) La fijaci騨 del 醡bito de aplicaci髇 de esta ley, estableciendo las oportunas reglas en cuanto a las cooperativas sujetas a la misma.
• c) La identificaci髇 de las normas y criterios aplicables para la determinaci髇 de los excedentes netos.