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Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptaci髇 del Derecho espa駉l a la normativa de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos

Ficha:
  • 觬gano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE n鷐. 183 de
  • Vigencia desde 31 de Julio de 2018. Revisi髇 vigente desde 31 de Julio de 2018
Versiones/revisiones:

Sumario

Derogado por
Ir a Norma LO 3/2018 de 5 Dic. (Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales)
Norma afectada por
15/9/2018
Ir a Norma R Congreso de los Diputados 6 Sep. 2018 (Acuerdo de convalidaci髇 del RDL 5/2018, de 27 Jul., de medidas urgentes para la adaptaci髇 del Derecho espa駉l a la normativa de la UE en materia de protecci髇 de datos)
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V閍se la Res. de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptaci髇 del Derecho espa駉l a la normativa de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos (獴.O.E. 15 septiembre).

Ir a Norma
Ir a Norma derogadora R.D.-Ley 5/2018, 27 julio, derogado por el n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales (獴.O.E. 6 diciembre) el 7 de diciembre de 2018.
V閍se la Res. de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptaci髇 del Derecho espa駉l a la normativa de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos (獴.O.E. 15 septiembre). Ir a Norma

I

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulaci髇 de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( Reglamento General de Protecci髇 de Datos), es plenamente aplicable en Espa馻 desde el pasado 25 de mayo.

El Reglamento General de Protecci髇 de Datos supone una profunda modificaci髇 del r間imen vigente en materia de protecci髇 de datos personales, no s髄o desde el punto de vista sustantivo y de cumplimiento por los sujetos obligados, sino particularmente en lo que afecta a la actividad de supervisi髇 por parte de las autoridades de control que el mismo regula.

Adem醩, la plena aplicaci髇 del Reglamento General de Protecci髇 de Datos implica que hayan de considerarse desplazadas por 閘 aquellas disposiciones de Derecho interno que no resulten conformes con el r間imen que el mismo establece. As suceder韆 con muchos de los preceptos de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Por otra parte, numerosos preceptos del reglamento europeo se remiten a su desarrollo, obligatorio o potestativo, por los Estados miembros, conteniendo un total de cincuenta y seis remisiones a los ordenamientos nacionales. De entre estas remisiones, el reglamento impone a los Estados miembros, entre otras cuestiones, la regulaci髇 del estatuto de las autoridades de control, la determinaci髇 del r間imen aplicable a los inspectores de un tercer Estado que lleven a cabo actividades conjuntas de investigaci髇 o la designaci髇 de la autoridad que representar al Estado miembro en el Comit Europeo de Protecci髇 de Datos.

Otras disposiciones del Reglamento General de Protecci髇 de Datos exigen una adecuaci髇 del Derecho interno, aun cuando no exista una remisi髇 directa y expresa al mismo. As, si bien el reglamento europeo establece un r間imen sancionador en que se tipifican las conductas t韕icas, no regula cuestiones tan esenciales como los plazos de prescripci髇 de dichas infracciones, al considerar que dicha cuesti髇 corresponde al ordenamiento de los Estados Miembros. Del mismo modo, establece un procedimiento de cooperaci髇 entre los Estados miembros en los supuestos de tratamientos denominados transfronterizos, con la participaci髇 de todas las autoridades implicadas, pero no regula el modo en que el Derecho interno de los Estados habr de verse afectado como consecuencia de los tr醡ites previstos en la propia norma europea para estos procedimientos.

La necesidad de adaptar el marco normativo interno al Reglamento General de Protecci髇 de Datos supuso la aprobaci髇 por el Consejo de Ministros en su sesi髇 de 10 de noviembre de 2017 de un proyecto de ley org醤ica, remitido a las Cortes Generales, que actualmente se encuentra en tramitaci髇 parlamentaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, y sin perjuicio de que los aspectos que configuran el contenido esencial del derecho fundamental a la protecci髇 de datos de car醕ter personal hayan de incorporarse a una ley org醤ica, no es menos cierto que en determinadas cuestiones que no son objeto de reserva de ley org醤ica resulta imprescindible la adopci髇 urgente de una norma con rango de ley que permita la adaptaci髇 del Derecho espa駉l al Reglamento General de Protecci髇 de Datos. En otras palabras, el objeto de este real decreto-ley se ci馿 a la adecuaci髇 de nuestro ordenamiento al reglamento europeo en aquellos aspectos concretos que, sin rango org醤ico, no admiten demora y debe entenderse sin perjuicio de la necesidad de una legislaci髇 org醤ica de protecci髇 de datos que procure la plena adaptaci髇 de la normativa interna a los est醤dares fijados en la materia por la Uni髇 Europea a trav閟 de una disposici髇 directamente aplicable.

II

El real decreto-ley comprende catorce art韈ulos estructurados en tres cap韙ulos, dos disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y una final. Su contenido afecta 鷑icamente a cuestiones cuya inmediata incorporaci髇 al Derecho interno resulta imprescindible para la adecuada aplicaci髇 en Espa馻 del Reglamento General de Protecci髇 de Datos y que no est醤 excluidas del 醡bito del legislador de urgencia por el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la.

El Cap韙ulo I atiende a la necesidad de identificar al personal competente para el ejercicio de los poderes de investigaci髇 que el Reglamento General de Protecci髇 de Datos otorga en su art韈ulo 58.1 a las autoridades de control. Ello exige que el Derecho interno regule el modo en que podr醤 ejercerse dichos poderes, qu personas ejercer醤 la actividad de investigaci髇 e inspecci髇 y en qu consistir醤 esas atribuciones expresamente establecidas en el reglamento europeo desde el punto de vista del ordenamiento espa駉l. Asimismo, y en aplicaci髇 del art韈ulo 62.3 del Reglamento General de Protecci髇 de Datos, es preciso determinar el r間imen aplicable al personal de las autoridades de supervisi髇 de otros Estados miembros que participen en actuaciones conjuntas de investigaci髇.

El Cap韙ulo II articula el novedoso r間imen sancionador establecido en el Reglamento General de Protecci髇 de Datos, reemplazando los tipos infractores actualmente contenidos en la Ley Org醤ica 15/1999 por la remisi髇 a los que est醤 establecidos en los apartados 4, 5 y 6 del art韈ulo 83 de dicho reglamento, lo que resulta de todo punto necesario. Adem醩, existen dos cuestiones sobre las que es ineludible la adopci髇 de disposiciones por el Derecho interno que garanticen la efectividad de este r間imen sancionador y la seguridad jur韉ica en su aplicaci髇. La primera se refiere a la necesaria delimitaci髇 de los sujetos que pudieran incurrir en la responsabilidad derivada de la aplicaci髇 de dicho r間imen sancionador. La segunda reviste a鷑 mayor importancia y se refiere a la necesidad de determinar los plazos de prescripci髇 de las infracciones y sanciones previstas en la norma europea.

El Cap韙ulo III contiene la regulaci髇 del procedimiento en caso de que exista una posible vulneraci髇 del Reglamento General de Protecci髇 de Datos. En este punto, es preciso tener en cuenta que el reglamento distingue en la pr醕tica tres tipos de tratamientos a los que aplicar韆 distintas normas procedimentales: los tratamientos transfronterizos, definidos por el art韈ulo 4.23 del Reglamento general de Protecci髇 de Datos, los transfronterizos con relevancia local en un Estado miembro, a los que se refiere el art韈ulo 56 del mismo, y aqu閘los que tendr韆n la condici髇 de exclusivamente nacionales, entre los que figuran en todo caso los previstos en el art韈ulo 55 de la norma europea. El reglamento europeo prev una serie de tr醡ites espec韋icos para los dos primeros supuestos entre los que se encuentran los necesarios para determinar la competencia de la autoridad de control principal, as como los que permiten la adopci髇 de una decisi髇 consensuada entre las autoridades principal e interesadas en el procedimiento. En estos casos la regulaci髇 europea establece la obligaci髇 de que la autoridad principal someta los distintos proyectos de decisi髇 a las restantes autoridades, que dispondr醤 de plazos tasados para la emisi髇 de 玱bservaciones pertinentes motivadas, y previ閚dose el sometimiento de la resoluci髇 al Comit Europeo de Protecci髇 de Datos en caso de no alcanzarse un acuerdo entre todas ellas.

Estas previsiones han de trasladarse a la normas que regulen el procedimiento en caso de plantearse una reclamaci髇 ante la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos as como en los supuestos en que, sin haber recibido reclamaci髇, tenga la condici髇 de autoridad principal respecto de la reclamaci髇 recibida en otro Estado Miembros o considere que ha de intervenir como interesada en un procedimiento ya abierto.

Todo ello impone la necesidad de incorporar al procedimiento fases espec韋icas como la admisi髇 a tr醡ite de las reclamaciones o la posibilidad de archivo provisional del expediente en los supuestos en que la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos no tramite la reclamaci髇 pero pueda tener que resolver sobre la misma. En particular, es indispensable incluir en las normas de procedimiento su suspensi髇 en los supuestos en que proceda recabar el parecer de las autoridades de otros Estados miembros durante todo el tiempo previsto para su obtenci髇, dado que en caso contrario existe una muy alta probabilidad de caducidad de los procedimientos, con las consecuencias negativas que ello conlleva no s髄o para la aplicabilidad en Espa馻 de las normas de protecci髇 de datos, sino para la garant韆 del derecho fundamental de los ciudadanos europeos en su conjunto en aquellos casos en que la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos tuviera la condici髇 de autoridad de control principal.

En definitiva, este 鷏timo cap韙ulo tiene como objetivo hacer posible la aplicaci髇 de las especialidades del r間imen procedimental del Reglamento General de Protecci髇 de Datos, en un contexto en el que, siendo la norma europea directamente aplicable, ya se han puesto en marcha procedimientos de especial trascendencia al amparo de este r間imen.

Por 鷏timo, en cumplimiento del art韈ulo 68.4 del Reglamento General de Protecci髇 de Datos, la disposici髇 adicional primera designa como representante de Espa馻 en el Comit Europeo a la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, que informar a las autoridades auton髆icas acerca de las decisiones adoptadas en dicho organismo de la Uni髇 y recabar su parecer cuando se trate de materias de su competencia. Por su parte, la disposici髇 adicional segunda contiene previsiones en lo relativo a la publicidad de las resoluciones de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, con el fin de garantizar la transparencia de su actuaci髇, ante el nuevo marco procedimental configurado por el Reglamento General de Protecci髇 de Datos.

En consecuencia, a la vista de los hechos descritos, la extraordinaria y urgente necesidad de este real decreto-ley resulta plenamente justificada. Dada la plena aplicaci髇 del Reglamento General de Protecci髇 de Datos desde el 25 de mayo de 2018, hasta la completa adecuaci髇 a 閘 de nuestro ordenamiento, que solamente ser posible a trav閟 de una nueva legislaci髇 org醤ica, es ineludible la adopci髇 de una disposici髇 con rango de ley que permita la adaptaci髇 del Derecho espa駉l en varias cuestiones a la normativa de la Uni髇 Europea en materia de protecci髇 de datos, para garantizar de forma efectiva el derecho del art韈ulo 18.4 de la Constituci髇 en un marco de seguridad jur韉ica. En coherencia con ello, la vigencia de este real decreto-ley se limita al per韔do que medie entre el d韆 siguiente de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial del Estado y la entrada en vigor de la nueva ley org醤ica que se encuentra en tramitaci髇 parlamentaria.

Adem醩, este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general.

En definitiva, de todo lo anterior resulta que, en este caso, el real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a un situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las Leyes.

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la como presupuestos habilitantes para la aprobaci髇 de un real decreto-ley.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta de la Ministra de Justicia, previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 27 de julio de 2018,

DISPONGO:

CAP蚑ULO I

Inspecci髇 en materia de protecci髇 de datos

Art韈ulo 1 羗bito y personal competente para el ejercicio de la actividad de investigaci髇 de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos

1. La actividad de investigaci髇 de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos se llevar a cabo por los funcionarios de la Agencia o por funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente por su Director.

2. En los casos de actuaciones conjuntas de investigaci髇 conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 62 del Reglamento (UE) 2016/679, el personal de las autoridades de control de otros Estados Miembros de Uni髇 Europea que colabore con la Agencia ejercer sus facultades con arreglo a lo previsto en la normativa espa駉la y bajo la orientaci髇 y en presencia del personal de 閟ta.

3. Los funcionarios que desarrollen actividades de investigaci髇 tendr醤 la consideraci髇 de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y estar醤 obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan con ocasi髇 de dicho ejercicio, incluso despu閟 de haber cesado en 閘.

Art韈ulo 2 Alcance de la actividad de investigaci髇

Quienes desarrollen la actividad de investigaci髇 podr醤 recabar las informaciones precisas para el cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibici髇 o el env韔 de los documentos y datos necesarios, examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de ellos, inspeccionar los equipos f韘icos y l骻icos y requerir la ejecuci髇 de tratamientos y programas o procedimientos de gesti髇 y soporte del tratamiento sujetos a investigaci髇. Los poderes de investigaci髇 en lo que se refiere a la entrada en domicilios deben ejercerse de conformidad con las normas procesales, en particular, en los casos en los que sea precisa la autorizaci髇 judicial previa. Cuando se trate de 髍ganos judiciales u Oficinas Judiciales el ejercicio de las facultades de inspecci髇 se efectuar a trav閟 y por mediaci髇 del Consejo General del Poder Judicial.

CAP蚑ULO II

R間imen sancionador en materia de protecci髇 de datos

Art韈ulo 3 Sujetos responsables

1. Est醤 sujetos al r間imen sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y la normativa espa駉la de protecci髇 de datos:

  • a) Los responsables de los tratamientos.
  • b) Los encargados de los tratamientos.
  • c) Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Uni髇 Europea.
  • d) Las entidades de certificaci髇.
  • e) Las entidades acreditadas de supervisi髇 de los c骴igos de conducta.

2. No ser de aplicaci髇 al delegado de protecci髇 de datos el r間imen sancionador en esta materia.

Art韈ulo 4 Infracciones

Constituyen infracciones las vulneraciones del Reglamento (UE) 2016/679 a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 de su art韈ulo 83.

Art韈ulo 5 Prescripci髇 de las infracciones

1. Las infracciones previstas en los apartados 5 y 6 del art韈ulo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 prescribir醤 a los tres a駉s.

2. Las infracciones previstas en el art韈ulo 83.4 Reglamento (UE) 2016/679 prescribir醤 a los dos a駉s.

3. Interrumpir la prescripci髇 la iniciaci髇, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reinici醤dose el plazo de prescripci髇 si el expediente sancionador estuviere paralizado durante m醩 de seis meses por causas no imputables al presunto infractor.

Cuando la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos ostente la condici髇 de autoridad de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el art韈ulo 60 del Reglamento (UE) 2016/679 interrumpir la prescripci髇 el conocimiento formal por el interesado del proyecto de acuerdo de inicio que sea sometido a las autoridades de control interesadas.

Art韈ulo 6 Prescripci髇 de las sanciones

1. Las sanciones impuestas en aplicaci髇 del Reglamento (UE) 2016/679 prescriben en los siguientes plazos:

  • a) Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de un a駉.
  • b) Las sanciones por importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros prescriben a los dos a駉s.
  • c) Las sanciones por un importe superior a 300.000 euros prescriben a los tres a駉s.

2. El plazo de prescripci髇 de las sanciones comenzar a contarse desde el d韆 siguiente a aquel en que sea ejecutable la resoluci髇 por la que se impone la sanci髇 o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

3. La prescripci髇 se interrumpir por la iniciaci髇, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecuci髇, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo est paralizado durante m醩 de seis meses por causa no imputable al infractor.

CAP蚑ULO III

Procedimientos en caso de posible vulneraci髇 de la normativa de protecci髇 de datos

Art韈ulo 7 R間imen jur韉ico

1. Las disposiciones de este cap韙ulo ser醤 de aplicaci髇 a los procedimientos tramitados por la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos en los supuestos en los que un afectado reclame que no ha sido atendida su solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los art韈ulos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, as como en los que aqu閘la investigue la existencia de una posible infracci髇 de lo dispuesto en el mencionado reglamento y la normativa espa駉la de protecci髇 de datos.

2. Los procedimientos tramitados por la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos se regir醤 por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la normativa espa駉la de protecci髇 de datos y, en cuanto no las contradigan, con car醕ter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.

Art韈ulo 8 Forma de iniciaci髇 del procedimiento y duraci髇

1. Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atenci髇 de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los art韈ulos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, se iniciar por acuerdo de admisi髇 a tr醡ite, que se adoptar conforme a lo establecido en el art韈ulo siguiente.

En este caso el plazo para resolver el procedimiento ser de seis meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisi髇 a tr醡ite. Transcurrido ese plazo, el interesado podr considerar estimada su reclamaci髇.

2. Cuando el procedimiento tenga por objeto la determinaci髇 de la posible existencia de una infracci髇 de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la normativa espa駉la de protecci髇 de datos, se iniciar mediante acuerdo de inicio adoptado por propia iniciativa o como consecuencia de reclamaci髇.

Si el procedimiento se fundase en una reclamaci髇 formulada ante la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, con car醕ter previo, 閟ta decidir sobre su admisi髇 a tr醡ite, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo siguiente.

Cuando fuesen de aplicaci髇 las normas establecidas en el art韈ulo 60 del Reglamento (UE) 2016/679, el procedimiento se iniciar mediante la adopci髇 del proyecto de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, del que se dar conocimiento formal al interesado a los efectos previstos en el art韈ulo 5 de este real decreto-ley.

Admitida a tr醡ite la reclamaci髇 as como en los supuestos en que la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos act鷈 por propia iniciativa, con car醕ter previo al acuerdo de inicio, podr existir una fase de actuaciones previas de investigaci髇, que se regir por lo previsto en el art韈ulo 11 de este real decreto-ley.

El procedimiento tendr una duraci髇 m醲ima de nueve meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producir su caducidad, y en consecuencia, el archivo de actuaciones.

3. El procedimiento podr tambi閚 tramitarse como consecuencia de la comunicaci髇 a la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos por parte de la autoridad de control de otro Estado miembro de la Uni髇 Europea de la reclamaci髇 formulada ante la misma, cuando la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos tuviese la condici髇 de autoridad de control principal para la tramitaci髇 de un procedimiento conforme a lo dispuesto en los art韈ulos 56 y 60 del Reglamento (UE) 2016/679. Ser en este caso de aplicaci髇 lo dispuesto en el apartado 1 y en los p醨rafos primero, tercero, cuarto y quinto del apartado 2.

4. Los plazos de tramitaci髇 establecidos en este art韈ulo as como los de admisi髇 a tr醡ite regulado por el apartado 5 del art韈ulo siguiente y de duraci髇 de las actuaciones previas de investigaci髇 previsto en el art韈ulo 11.2 de este real decreto-ley, quedar醤 autom醫icamente suspendidos cuando deba recabarse informaci髇, consulta, solicitud de asistencia o pronunciamiento preceptivo de un 髍gano u organismo de la Uni髇 Europea o de una o varias autoridades de control de los Estados miembros conforme con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, por el tiempo que medie entre la solicitud y la notificaci髇 del pronunciamiento a la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos.

Art韈ulo 9 Admisi髇 a tr醡ite de las reclamaciones

1. Cuando se presentase ante la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de datos una reclamaci髇, 閟ta deber evaluar su admisibilidad a tr醡ite, de conformidad con las previsiones de este art韈ulo.

2. La Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos inadmitir las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protecci髇 de datos de car醕ter personal, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracci髇.

3. Igualmente, la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos podr inadmitir la reclamaci髇 cuando el responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia formulada por la Agencia, hubiera adoptado las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislaci髇 de protecci髇 de datos y concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • a) Que no se haya causado perjuicio al afectado.
  • b) Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicaci髇 de las medidas.

4. Antes de resolver sobre la admisi髇 a tr醡ite de la reclamaci髇, la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos podr remitir la misma al delegado de protecci髇 de datos que hubiera, en su caso, designado el responsable o encargado del tratamiento o al organismo de supervisi髇 establecido para la aplicaci髇 de los c骴igos de conducta, a fin de que den respuesta a la reclamaci髇 en el plazo de un mes.

La Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos podr igualmente remitir la reclamaci髇 al responsable o encargado del tratamiento cuando no se hubiera designado un delegado de protecci髇 de datos ni estuviera adherido a mecanismos de resoluci髇 extrajudicial de conflictos, en cuyo caso el responsable o encargado deber dar respuesta a la reclamaci髇 tambi閚 en el plazo de un mes.

5. La decisi髇 sobre la admisi髇 o inadmisi髇 a tr醡ite, as como la que determine, en su caso, la remisi髇 de la reclamaci髇 a la Autoridad de control principal que se estime competente, deber notificarse al reclamante en el plazo de tres meses. Si, transcurrido este plazo, no se produjera dicha notificaci髇, se entender que prosigue la tramitaci髇 de la reclamaci髇 con arreglo a lo dispuesto en este cap韙ulo a partir de la fecha en que se cumpliesen tres meses desde que la reclamaci髇 tuvo entrada en la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos.

Art韈ulo 10 Determinaci髇 del alcance territorial

1. Salvo en los supuestos a los que se refiere el art韈ulo 8.3 de este real decreto-ley, la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos deber, con car醕ter previo a la realizaci髇 de cualquier otra actuaci髇, incluida la admisi髇 a tr醡ite de una reclamaci髇 o el comienzo de actuaciones previas de investigaci髇, examinar su competencia y determinar el car醕ter nacional o transfronterizo, en cualquiera de sus modalidades, del procedimiento a seguir.

2. Si la Agencia considera que no tiene la condici髇 de autoridad de control principal para la tramitaci髇 del procedimiento remitir, sin m醩 tr醡ite, la reclamaci髇 formulada a la Autoridad de control principal que considere competente, a fin de que por la misma se le d el curso oportuno. La Agencia notificar esta circunstancia a quien, en su caso, hubiera formulado la reclamaci髇.

El acuerdo por el que se resuelva la remisi髇 a la que se refiere el p醨rafo anterior implicar el archivo provisional del procedimiento, sin perjuicio de que por la Agencia se dicte, en caso de que as proceda, la resoluci髇 a la que se refiere el apartado 8 del art韈ulo 60 del Reglamento (UE) 2016/679.

Art韈ulo 11 Actuaciones previas de investigaci髇

1. Antes de la adopci髇 del acuerdo de inicio de procedimiento, y una vez admitida a tr醡ite la reclamaci髇 si la hubiese, la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos podr llevar a cabo actuaciones previas de investigaci髇 a fin de lograr una mejor determinaci髇 de los hechos y las circunstancias que justifican la tramitaci髇 del procedimiento.

La Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos actuar en todo caso cuando sea precisa la investigaci髇 de tratamientos que implique un tratamiento masivo de datos personales.

2. Las actuaciones previas de investigaci髇 se someter醤 a lo dispuesto en el cap韙ulo I y no podr醤 tener una duraci髇 superior a doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de admisi髇 a tr醡ite o de la fecha del acuerdo por el que se decida su iniciaci髇 cuando la Agencia act鷈 por propia iniciativa o como consecuencia de la comunicaci髇 que le hubiera sido remitida por la autoridad de control de otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, conforme al art韈ulo 8.3 de este real decreto-ley.

Art韈ulo 12 Acuerdo de inicio del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora

1. Concluidas, en su caso, las actuaciones a las que se refiere el art韈ulo anterior, corresponder al Director de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos, cuando as proceda, dictar acuerdo de inicio de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en que se concretar醤 los hechos, la identificaci髇 de la persona o entidad contra la que se dirija el procedimiento, la infracci髇 que hubiera podido cometerse y su posible sanci髇.

2. Cuando la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos ostente la condici髇 de autoridad de control principal y deba seguirse el procedimiento previsto en el art韈ulo 60 del Reglamento (UE) 2016/679, el proyecto de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador se someter a lo dispuesto en el mismo.

Art韈ulo 13 Medidas provisionales

1. Durante la realizaci髇 de las actuaciones previas de investigaci髇 o iniciado un procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos podr acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protecci髇 de datos y, en especial, las previstas en el art韈ulo 66.1 del Reglamento (UE) 2016/679, el bloqueo cautelar de los datos y la obligaci髇 inmediata de atender el derecho solicitado.

2. En los casos en que la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos considere que la continuaci髇 del tratamiento de los datos de car醕ter personal, su comunicaci髇 o transferencia internacional comportara un menoscabo grave del derecho a la protecci髇 de datos de car醕ter personal, podr ordenar a los responsables o encargados de los tratamientos el bloqueo de los datos y la cesaci髇 de su tratamiento y, caso de incumplirse por 閟tos dichos mandatos, proceder a su inmovilizaci髇.

3. Cuando se hubiese presentado ante la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos una reclamaci髇 que se refiriese, entre otras cuestiones, a la falta de atenci髇 en plazo de los derechos establecidos en los art韈ulos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos podr acordar en cualquier momento, incluso con anterioridad a la iniciaci髇 del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, mediante resoluci髇 motivada y previa audiencia del responsable del tratamiento, la obligaci髇 de atender el derecho solicitado, prosigui閚dose el procedimiento en cuanto al resto de las cuestiones objeto de la reclamaci髇.

Art韈ulo 14 Procedimiento en relaci髇 con las competencias atribuidas a la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos por otras leyes

Lo dispuesto en este cap韙ulo ser de aplicaci髇 a los procedimientos que la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos hubiera de tramitar en ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras leyes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional primera Representaci髇 espa駉la en el Comit Europeo de Protecci髇 de Datos

La Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos tendr la condici髇 de representante com鷑 de las autoridades de protecci髇 de datos en el Comit Europeo de Protecci髇 de Datos.

La Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos informar a las autoridades auton髆icas de protecci髇 de datos acerca de las decisiones adoptadas en el Comit Europeo de Protecci髇 de Datos y recabar su parecer cuando se trate de materias de su competencia.

Disposici髇 adicional segunda Publicaci髇 de resoluciones de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos

La Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos publicar las resoluciones de su Director que declaren haber lugar o no a la atenci髇 de los derechos reconocidos en los art韈ulos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, las que pongan fin a los procedimientos de reclamaci髇, las que archiven las actuaciones previas de investigaci髇, las que sancionen con apercibimiento a las entidades a que se refiere el art韈ulo 46 de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal, las que impongan medidas cautelares y las dem醩 que disponga su Estatuto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici髇 transitoria primera R間imen transitorio de los procedimientos

1. Los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regir醤 por la normativa anterior, salvo que el r間imen establecido en el mismo contenga disposiciones m醩 favorables para el interesado.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior ser asimismo de aplicaci髇 a los procedimientos respecto de los cuales ya se hubieren iniciado las actuaciones previas a las que se refiere la Secci髇 2. del Cap韙ulo III del T韙ulo IX del Reglamento de desarrollo de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecci髇 de datos de car醕ter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Disposici髇 transitoria segunda Contratos de encargado del tratamiento

Los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018 al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 12 de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal mantendr醤 su vigencia hasta la fecha de vencimiento se馻lada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022.

Durante dichos plazos cualquiera de las partes podr exigir a la otra la modificaci髇 del contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente real decreto-ley, y en particular, los siguientes art韈ulos de la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci髇 de Datos de Car醕ter Personal:

  • a) El art韈ulo 40. Ir a Norma afectada
  • b) Los art韈ulos 43 al 49, con excepci髇 del art韈ulo 46. Ir a Norma afectada

Disposici髇 final 鷑ica Vigencia

El presente real decreto-ley entrar en vigor al d韆 siguiente de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado y lo estar hasta la vigencia de la nueva legislaci髇 org醤ica de protecci髇 de datos que tenga por objeto adaptar el ordenamiento jur韉ico espa駉l al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulaci髇 de estos datos, y completar sus disposiciones.