Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a la protecci髇 penal del euro y otras monedas frente a la falsificaci髇, y por la que se sustituye la Decisi髇 marco 2000/383/JAI del Consejo

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea y, en particular, su art韈ulo 83, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1) ,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (2) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) Como moneda 鷑ica compartida por los Estados miembros de la zona del euro, el euro se ha convertido en un factor importante en la econom韆 de la Uni髇 y en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Sin embargo, desde su introducci髇 en 2002, al tratarse de una moneda codiciada permanentemente por los grupos de delincuencia organizada dedicados a la falsificaci髇 de moneda, su falsificaci髇 ha causado un perjuicio financiero de al menos 500 millones EUR. Interesa a la Uni髇 en su conjunto combatir y sancionar cualquier actividad que pueda poner en peligro la autenticidad del euro mediante su falsificaci髇.
• (2) El dinero falso tiene un efecto considerablemente nocivo en la sociedad. Perjudica a los ciudadanos y a las empresas, ya que ese dinero no les es reembolsado aunque lo hayan recibido de buena fe. Puede hacer dudar a los consumidores de que el dinero en efectivo cuente con la debida protecci髇 y generarles el temor de recibir billetes y monedas falsos. Por consiguiente, es fundamental garantizar la confianza de los ciudadanos, las empresas y las entidades financieras en la autenticidad de los billetes y monedas tanto en los Estados miembros como en el resto del mundo.
• (3) Es esencial garantizar la protecci髇 del euro y de cualquier otra moneda cuya circulaci髇 est� legalmente autorizada, de manera adecuada y en todos los Estados miembros, a trav閟 de medidas jur韉ico-penales efectivas y eficientes.
• (4) El Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo (4) obliga a los Estados miembros cuya moneda es el euro a sanciones adecuadas en caso de falsificaci髇 de billetes y monedas de euro.
• (5) Los Reglamentos (CE) n� 1338/2001 (5) y (CE) n� 1339/2001 (6) del Consejo establecen las medidas necesarias para la protecci髇 del euro frente a la falsificaci髇, en particular, medidas para retirar de la circulaci髇 los billetes y monedas de euro falsificados.
• (6) El Convenio internacional para la represi髇 de la falsificaci髇 de moneda firmado en Ginebra el 20 de abril de 1929 y su Protocolo (en lo sucesivo, 玡l Convenio de Ginebra�) (7) establecen normas destinadas a prevenir, perseguir y sancionar el delito de falsificaci髇 de moneda. Este Convenio tiene m醩 espec韋icamente por objeto garantizar que los delitos de falsificaci髇 de moneda puedan castigarse con penas graves y sanciones de otro tipo. Todas las partes contratantes del Convenio de Ginebra deben aplicar el principio de no discriminaci髇 con respecto a las monedas distintas de su moneda nacional.
• (7) La presente Directiva complementa las disposiciones y facilita la aplicaci髇 del Convenio de Ginebra por los Estados miembros Con ese fin, es importante que los Estados miembros sean parte en el Convenio de Ginebra.
• (8) La presente Directiva se basa, actualiz醤dola, en la Decisi髇 marco 2000/383/JAI del Consejo (8) . Completa la citada Decisi髇 marco mediante otras disposiciones relativas a la graduaci髇 de las sanciones, a los instrumentos de investigaci髇 y al an醠isis, identificaci髇 y detecci髇 de los billetes y monedas de euro falsos durante los procesos judiciales.
• (9) La presente Directiva deber韆 proteger a todos los billetes y monedas cuya circulaci髇 est� legalmente autorizada, independientemente de que est閚 fabricados en papel, en metal o en cualquier otro material.
• (10) La protecci髇 del euro y de otras monedas exige una definici髇 com鷑 de los delitos relacionados con la falsificaci髇 de moneda, as� como unas sanciones comunes, eficaces, proporcionadas y disuasorias para las personas tanto f韘icas como jur韉icas. Para garantizar la coherencia con el Convenio de Ginebra, la presente Directiva deber韆 considerar punibles los mismos delitos que dicho Convenio. Por lo tanto, la fabricaci髇 de billetes y monedas falsos y su distribuci髇 deber韆n constituir un delito. Los actos preparatorios de tales delitos que revistan importancia, como por ejemplo la producci髇 de instrumentos y componentes para la falsificaci髇, deber韆n castigarse con car醕ter independiente. El objetivo com鷑 de esas definiciones de delitos deber韆 ser el de actuar como factor disuasorio de toda manipulaci髇 de billetes y monedas falsos y de los instrumentos y herramientas para su falsificaci髇.
• (11) Tambi閚 deber韆 constituir delito la utilizaci髇 abusiva de instalaciones o materiales legales de imprentas o cecas autorizadas para la fabricaci髇 de billetes y monedas no autorizados con fines fraudulentos. Se incluye aqu� el supuesto de que un banco central o ceca u otra industria autorizada nacionales fabriquen billetes o monedas por encima de la cuota fijada por el Banco Central Europeo (BCE). Abarca, asimismo, el supuesto de que un empleado de una imprenta o ceca autorizadas haga un uso abusivo de las instalaciones para sus propios fines. Ese comportamiento deber韆 ser castigado como delito aunque no se hayan superado las cantidades autorizadas, dado que los billetes y monedas fabricados ser韆n, una vez en circulaci髇, indistinguibles de la moneda autorizada.
• (12) Los billetes y monedas que el BCE o los bancos centrales y cecas nacionales todav韆 no hayan emitido oficialmente deber韆n asimismo beneficiarse de la protecci髇 de la presente Directiva. As�, por ejemplo, las monedas de euro con nuevas caras nacionales o las nuevas series de billetes de euro deber韆n recibir protecci髇 antes incluso de ser puestas oficialmente en circulaci髇.
• (13) La inducci髇, la complicidad y la tentativa de cometer los principales delitos de falsificaci髇, incluyendo el uso abusivo de instalaciones o materiales legales y la falsificaci髇 de billetes y monedas a鷑 no emitidos pero destinados a ser puestos en circulaci髇, tambi閚 deber韆n penalizarse, cuando proceda. La presente Directiva no exige a los Estados miembros castigar la tentativa de cometer un delito relacionado con un instrumento o componente del proceso de falsificaci髇.
• (14) La intencionalidad debe formar parte de los elementos constitutivos de todos los delitos a que se refiere la presente Directiva.
• (15) Tradicionalmente la falsificaci髇 de moneda es un delito severamente penado en los Estados miembros. Esto se debe a su gravedad y a su fuerte impacto en los ciudadanos y empresas, as� como a la necesidad de garantizar la confianza de ciudadanos y empresas en la autenticidad del euro y de otras monedas. Hecho particularmente cierto en el caso del euro, que es la moneda com鷑 de alrededor de 330 millones de personas de la zona del euro y la segunda moneda internacional m醩 importante.
• (16) Los Estados miembros deber韆n contemplar sanciones penales en su Derecho nacional en relaci髇 con las disposiciones del Derecho de la Uni髇 en materia de lucha contra la falsificaci髇 de moneda. Dichas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias y deben incluir penas de prisi髇. El grado m韓imo de la pena m醲ima de prisi髇 prevista en la presente Directiva para los delitos que en ella se contemplan debe aplicarse, al menos, a las formas m醩 graves de dichos delitos.
• (17) La graduaci髇 de las sanciones debe ser efectiva y disuasoria, pero no debe ir m醩 all� de lo que es proporcional a los delitos. Aunque en el Derecho nacional de los Estados miembros la transmisi髇 intencionada de moneda falsa que se ha recibido de buena fe pueda ser sancionada con otro tipo de pena, incluida la de multa, los citados Derechos nacionales deben contemplar la prisi髇 como pena m醲ima. Las penas de prisi髇 aplicables a las personas f韘icas tendr醤 una importante fuerza disuasoria para los posibles delincuentes, con efectos en toda la Uni髇.
• (18) Puesto que la presente Directiva establece unas normas m韓imas, los Estados miembros pueden adoptar o mantener normas m醩 graves para los delitos de falsificaci髇 de moneda.
• (19) La presente Directiva se entender� sin perjuicio de los principios y normas generales del Derecho penal nacional sobre aplicaci髇 y ejecuci髇 de sentencias de conformidad con las circunstancias concretas de cada caso.
• (20) Dado que la confianza en la autenticidad de los billetes y monedas puede tambi閚 verse da馻da o amenazada por el comportamiento de personas jur韉icas, estas deber韆n responder de los delitos cometidos en su nombre.
• (21) Para garantizar el 閤ito de las investigaciones y del procesamiento por delitos de falsificaci髇 de moneda, los responsables de investigar y procesar por tales delitos deber韆n tener la posibilidad de utilizar herramientas de investigaci髇 eficaces como las que se utilizan para combatir la delincuencia organizada u otros delitos graves. Si procede, entre esas herramientas podr韆n figurar, por ejemplo, la interceptaci髇 de las comunicaciones, la vigilancia encubierta (incluida la electr髇ica), el control de las cuentas bancarias y otras investigaciones financieras. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, el principio de proporcionalidad, el uso de dichas herramientas de conformidad con el Derecho nacional deber韆 ser acorde con la naturaleza y gravedad de los delitos investigados. Deber韆 respetarse el derecho a la protecci髇 de los datos personales.
• (22) Los Estados miembros deber韆n determinar su jurisdicci髇 en consonancia con el Convenio de Ginebra y las disposiciones sobre determinaci髇 de la jurisdicci髇 incluidas en otras normas de Derecho penal de la Uni髇, esto es, con relaci髇 a los delitos cometidos en su territorio y a los delitos cometidos por sus nacionales, habida cuenta de que, por lo general, es mejor que los delitos sean enjuiciados por la jurisdicci髇 penal del pa韘 en el que se producen.
• (23) El destacado papel del euro para la econom韆 y la sociedad de la Uni髇, as� como la amenaza espec韋ica que se cierne sobre 閘 como moneda de importancia mundial, evidenciada por el considerable n鷐ero de imprentas situadas en terceros pa韘es, exigen una medida de protecci髇 adicional. Por lo tanto, debe determinarse la jurisdicci髇 para conocer de los delitos relacionados con el euro cometidos fuera del territorio de un Estado miembro determinado, para el caso de que el delincuente se encuentre en el territorio de ese Estado miembro y no sea extraditado o en el caso de que los billetes o monedas de euro relacionados con el delito sean detectados en dicho Estado miembro.

  Dada la situaci髇 objetivamente diferente de los Estados miembros cuya moneda es el euro, lo propio es que la obligaci髇 de determinar esa jurisdicci髇 se aplique solamente a esos Estados miembros. A efectos del enjuiciamiento de los delitos contemplados en el art韈ulo 3, apartado 1, letra a), y en el art韈ulo 3, apartados 2 y 3, cuando est閚 relacionados con el art韈ulo 3, apartado 1, letra a), as� como con la inducci髇, complicidad y tentativa en la comisi髇 de dichos delitos, la determinaci髇 de la jurisdicci髇 no deber韆 estar supeditada a la condici髇 de que los actos sean constitutivos de delito en el lugar en el que se cometieron. Al ejercer dicha competencia, los Estados miembros deber韆n tener en cuenta si la jurisdicci髇 penal del pa韘 donde se cometieron tales delitos los persigue y respetar el principio de proporcionalidad, en particular con relaci髇 a las condenas impuestas por un tercer pa韘 por la misma conducta.

• (24) El an醠isis y la identificaci髇 de billetes y monedas de euro falsos se centraliza en los Centros Nacionales de An醠isis y en los Centros Nacionales de An醠isis de Monedas, respectivamente, designados o establecidos de acuerdo con el Reglamento (CE) n� 1338/2001. El an醠isis, la identificaci髇 y la detecci髇 de billetes y monedas de euro falsos deber韆n tambi閚 poderse hacer durante los procesos judiciales en curso para acelerar la detecci髇 del origen de la fabricaci髇 de las falsificaciones en una investigaci髇 o proceso penal determinados y para evitar e impedir que ese tipo de falsificaciones sigan circulando, sin menoscabo del principio del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. De este modo se contribuir韆 a la eficacia de la lucha contra los delitos de falsificaci髇 y al mismo tiempo incrementar韆 el n鷐ero de transmisiones de falsificaciones aprehendidas durante procesos penales en curso, a reserva de las limitadas excepciones en que 鷑icamente deba facilitarse el acceso. En general, las autoridades competentes deber韆n autorizar la transmisi髇 f韘ica de las falsificaciones a los Centros Nacionales de An醠isis y a los Centros Nacionales de An醠isis de Monedas. En determinadas circunstancias, por ejemplo en los casos en que solo unos pocos billetes o monedas falsos constituyen la prueba del proceso penal o cuando la transmisi髇 f韘ica conlleve el riesgo de destrucci髇 de pruebas como las huellas, las autoridades competentes deber韆n poder decidir si permiten el acceso a los billetes y monedas.
• (25) Es necesario recopilar datos comparables sobre los delitos a los que se refiere la presente Directiva. Con el fin de conseguir una visi髇 m醩 completa del problema de la falsificaci髇 a escala de la Uni髇 y, de este modo, contribuir a articular una respuesta m醩 eficaz, los Estados miembros deben transmitir a la Comisi髇 los datos estad韘ticos pertinentes sobre el n鷐ero de delitos relativos a los billetes y monedas falsos y el n鷐ero de personas enjuiciadas y condenadas.
• (26) A fin de alcanzar el objetivo de luchar contra la falsificaci髇 de billetes y monedas de euro, se deber韆 tratar de celebrar, con arreglo a los procedimientos establecidos al respecto por el Tratado, acuerdos con terceros pa韘es, en particular con aquellos que usan el euro como moneda.
• (27) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, especialmente, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea, y, en particular, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto a la vida privada y familiar, la libertad profesional y el derecho a trabajar, el derecho a dirigir una empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunci髇 de inocencia y el derecho de la defensa, los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, as� como el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracci髇. La presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de tales derechos y principios y debe aplicarse en consecuencia.
• (28) El objetivo de la presente Directiva es modificar y ampliar las disposiciones de la Decisi髇 marco 2000/383/JAI. Dada la importancia, por su n鷐ero y trascendencia, de las modificaciones que se han de realizar, y en aras de la claridad, debe sustituirse en su integridad dicha Decisi髇 marco respecto de los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.
• (29) Dado que el objetivo de la presente Directiva, en concreto, la protecci髇 del euro y otras monedas contra la falsificaci髇, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros de forma individual, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
• (30) De conformidad con lo dispuesto en los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n� 22 sobre la posici髇 de Dinamarca, anejo al TUE y al Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE), Dinamarca no participa en la adopci髇 de la presente Directiva y no est� vinculada por ella ni sujeta a su aplicaci髇.
• (31) De conformidad con el art韈ulo 3 del Protocolo n� 21 sobre la posici髇 del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopci髇 y aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (32) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 y el art韈ulo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n� 21 sobre la posici髇 del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del art韈ulo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopci髇 de la presente Directiva, y no est� vinculado por ella ni sujeto a su aplicaci髇.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Art韈ulo 13 Sustituci髇 de la Decisi髇 marco 2000/383/JAI

Queda sustituida, en relaci髇 con los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, la Decisi髇 marco 2000/383/JAI, sin perjuicio de las obligaciones de esos Estados miembros en lo que se refiere a los plazos de incorporaci髇 al Derecho nacional de la Decisi髇 marco 2000/383/JAI.

En el caso de los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, las referencias a la Decisi髇 marco 2000/383/JAI se entender醤 hechas a la presente Directiva.

LE0000051935_20011214

Art韈ulo 14 Transposici髇

1. Los Estados miembros adoptar醤 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a m醩 tardar el 23 de mayo de 2016. Informar醤 de ello inmediatamente a la Comisi髇.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas har醤 referencia a la presente Directiva o ir醤 acompa馻das de dicha referencia en su publicaci髇 oficial. Los Estados miembros establecer醤 las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicar醤 a la Comisi髇 el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el 醡bito regulado por la presente Directiva.

V閍se, respecto a la transposici髇 al Derecho espa駉l de la presente Directiva,爈a letra b) de la disposici髇 final primera de L.O. 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, para transponer Directivas de la Uni髇 Europea en los 醡bitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de 韓dole internacional (獴.O.E.� 21 febrero).LE0000638342_20190313

V閍se la letra g) de la disposici髇 final sexta de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal (獴.O.E.� 31 marzo).LE0000549720_20201218