Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 83, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1) ,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) Como moneda única compartida por los Estados miembros de la zona del euro, el euro se ha convertido en un factor importante en la economía de la Unión y en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Sin embargo, desde su introducción en 2002, al tratarse de una moneda codiciada permanentemente por los grupos de delincuencia organizada dedicados a la falsificación de moneda, su falsificación ha causado un perjuicio financiero de al menos 500 millones EUR. Interesa a la Unión en su conjunto combatir y sancionar cualquier actividad que pueda poner en peligro la autenticidad del euro mediante su falsificación.
• (2) El dinero falso tiene un efecto considerablemente nocivo en la sociedad. Perjudica a los ciudadanos y a las empresas, ya que ese dinero no les es reembolsado aunque lo hayan recibido de buena fe. Puede hacer dudar a los consumidores de que el dinero en efectivo cuente con la debida protección y generarles el temor de recibir billetes y monedas falsos. Por consiguiente, es fundamental garantizar la confianza de los ciudadanos, las empresas y las entidades financieras en la autenticidad de los billetes y monedas tanto en los Estados miembros como en el resto del mundo.
• (3) Es esencial garantizar la protección del euro y de cualquier otra moneda cuya circulación esté legalmente autorizada, de manera adecuada y en todos los Estados miembros, a través de medidas jurídico-penales efectivas y eficientes.
• (4) El Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo (4) obliga a los Estados miembros cuya moneda es el euro a sanciones adecuadas en caso de falsificación de billetes y monedas de euro.
• (5) Los Reglamentos (CE) nº 1338/2001 (5) y (CE) nº 1339/2001 (6) del Consejo establecen las medidas necesarias para la protección del euro frente a la falsificación, en particular, medidas para retirar de la circulación los billetes y monedas de euro falsificados.
• (6) El Convenio internacional para la represión de la falsificación de moneda firmado en Ginebra el 20 de abril de 1929 y su Protocolo (en lo sucesivo, «el Convenio de Ginebra») (7) establecen normas destinadas a prevenir, perseguir y sancionar el delito de falsificación de moneda. Este Convenio tiene más específicamente por objeto garantizar que los delitos de falsificación de moneda puedan castigarse con penas graves y sanciones de otro tipo. Todas las partes contratantes del Convenio de Ginebra deben aplicar el principio de no discriminación con respecto a las monedas distintas de su moneda nacional.
• (7) La presente Directiva complementa las disposiciones y facilita la aplicación del Convenio de Ginebra por los Estados miembros Con ese fin, es importante que los Estados miembros sean parte en el Convenio de Ginebra.
• (8) La presente Directiva se basa, actualizándola, en la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo (8) . Completa la citada Decisión marco mediante otras disposiciones relativas a la graduación de las sanciones, a los instrumentos de investigación y al análisis, identificación y detección de los billetes y monedas de euro falsos durante los procesos judiciales.
• (9) La presente Directiva debería proteger a todos los billetes y monedas cuya circulación esté legalmente autorizada, independientemente de que estén fabricados en papel, en metal o en cualquier otro material.
• (10) La protección del euro y de otras monedas exige una definición común de los delitos relacionados con la falsificación de moneda, así como unas sanciones comunes, eficaces, proporcionadas y disuasorias para las personas tanto físicas como jurídicas. Para garantizar la coherencia con el Convenio de Ginebra, la presente Directiva debería considerar punibles los mismos delitos que dicho Convenio. Por lo tanto, la fabricación de billetes y monedas falsos y su distribución deberían constituir un delito. Los actos preparatorios de tales delitos que revistan importancia, como por ejemplo la producción de instrumentos y componentes para la falsificación, deberían castigarse con carácter independiente. El objetivo común de esas definiciones de delitos debería ser el de actuar como factor disuasorio de toda manipulación de billetes y monedas falsos y de los instrumentos y herramientas para su falsificación.
• (11) También debería constituir delito la utilización abusiva de instalaciones o materiales legales de imprentas o cecas autorizadas para la fabricación de billetes y monedas no autorizados con fines fraudulentos. Se incluye aquí el supuesto de que un banco central o ceca u otra industria autorizada nacionales fabriquen billetes o monedas por encima de la cuota fijada por el Banco Central Europeo (BCE). Abarca, asimismo, el supuesto de que un empleado de una imprenta o ceca autorizadas haga un uso abusivo de las instalaciones para sus propios fines. Ese comportamiento debería ser castigado como delito aunque no se hayan superado las cantidades autorizadas, dado que los billetes y monedas fabricados serían, una vez en circulación, indistinguibles de la moneda autorizada.
• (12) Los billetes y monedas que el BCE o los bancos centrales y cecas nacionales todavía no hayan emitido oficialmente deberían asimismo beneficiarse de la protección de la presente Directiva. Así, por ejemplo, las monedas de euro con nuevas caras nacionales o las nuevas series de billetes de euro deberían recibir protección antes incluso de ser puestas oficialmente en circulación.
• (13) La inducción, la complicidad y la tentativa de cometer los principales delitos de falsificación, incluyendo el uso abusivo de instalaciones o materiales legales y la falsificación de billetes y monedas aún no emitidos pero destinados a ser puestos en circulación, también deberían penalizarse, cuando proceda. La presente Directiva no exige a los Estados miembros castigar la tentativa de cometer un delito relacionado con un instrumento o componente del proceso de falsificación.
• (14) La intencionalidad debe formar parte de los elementos constitutivos de todos los delitos a que se refiere la presente Directiva.
• (15) Tradicionalmente la falsificación de moneda es un delito severamente penado en los Estados miembros. Esto se debe a su gravedad y a su fuerte impacto en los ciudadanos y empresas, así como a la necesidad de garantizar la confianza de ciudadanos y empresas en la autenticidad del euro y de otras monedas. Hecho particularmente cierto en el caso del euro, que es la moneda común de alrededor de 330 millones de personas de la zona del euro y la segunda moneda internacional más importante.
• (16) Los Estados miembros deberían contemplar sanciones penales en su Derecho nacional en relación con las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de lucha contra la falsificación de moneda. Dichas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias y deben incluir penas de prisión. El grado mínimo de la pena máxima de prisión prevista en la presente Directiva para los delitos que en ella se contemplan debe aplicarse, al menos, a las formas más graves de dichos delitos.
• (17) La graduación de las sanciones debe ser efectiva y disuasoria, pero no debe ir más allá de lo que es proporcional a los delitos. Aunque en el Derecho nacional de los Estados miembros la transmisión intencionada de moneda falsa que se ha recibido de buena fe pueda ser sancionada con otro tipo de pena, incluida la de multa, los citados Derechos nacionales deben contemplar la prisión como pena máxima. Las penas de prisión aplicables a las personas físicas tendrán una importante fuerza disuasoria para los posibles delincuentes, con efectos en toda la Unión.
• (18) Puesto que la presente Directiva establece unas normas mínimas, los Estados miembros pueden adoptar o mantener normas más graves para los delitos de falsificación de moneda.
• (19) La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de los principios y normas generales del Derecho penal nacional sobre aplicación y ejecución de sentencias de conformidad con las circunstancias concretas de cada caso.
• (20) Dado que la confianza en la autenticidad de los billetes y monedas puede también verse dañada o amenazada por el comportamiento de personas jurídicas, estas deberían responder de los delitos cometidos en su nombre.
• (21) Para garantizar el éxito de las investigaciones y del procesamiento por delitos de falsificación de moneda, los responsables de investigar y procesar por tales delitos deberían tener la posibilidad de utilizar herramientas de investigación eficaces como las que se utilizan para combatir la delincuencia organizada u otros delitos graves. Si procede, entre esas herramientas podrían figurar, por ejemplo, la interceptación de las comunicaciones, la vigilancia encubierta (incluida la electrónica), el control de las cuentas bancarias y otras investigaciones financieras. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, el principio de proporcionalidad, el uso de dichas herramientas de conformidad con el Derecho nacional debería ser acorde con la naturaleza y gravedad de los delitos investigados. Debería respetarse el derecho a la protección de los datos personales.
• (22) Los Estados miembros deberían determinar su jurisdicción en consonancia con el Convenio de Ginebra y las disposiciones sobre determinación de la jurisdicción incluidas en otras normas de Derecho penal de la Unión, esto es, con relación a los delitos cometidos en su territorio y a los delitos cometidos por sus nacionales, habida cuenta de que, por lo general, es mejor que los delitos sean enjuiciados por la jurisdicción penal del país en el que se producen.
• (23) El destacado papel del euro para la economía y la sociedad de la Unión, así como la amenaza específica que se cierne sobre él como moneda de importancia mundial, evidenciada por el considerable número de imprentas situadas en terceros países, exigen una medida de protección adicional. Por lo tanto, debe determinarse la jurisdicción para conocer de los delitos relacionados con el euro cometidos fuera del territorio de un Estado miembro determinado, para el caso de que el delincuente se encuentre en el territorio de ese Estado miembro y no sea extraditado o en el caso de que los billetes o monedas de euro relacionados con el delito sean detectados en dicho Estado miembro.

  Dada la situación objetivamente diferente de los Estados miembros cuya moneda es el euro, lo propio es que la obligación de determinar esa jurisdicción se aplique solamente a esos Estados miembros. A efectos del enjuiciamiento de los delitos contemplados en el artículo 3, apartado 1, letra a), y en el artículo 3, apartados 2 y 3, cuando estén relacionados con el artículo 3, apartado 1, letra a), así como con la inducción, complicidad y tentativa en la comisión de dichos delitos, la determinación de la jurisdicción no debería estar supeditada a la condición de que los actos sean constitutivos de delito en el lugar en el que se cometieron. Al ejercer dicha competencia, los Estados miembros deberían tener en cuenta si la jurisdicción penal del país donde se cometieron tales delitos los persigue y respetar el principio de proporcionalidad, en particular con relación a las condenas impuestas por un tercer país por la misma conducta.

• (24) El análisis y la identificación de billetes y monedas de euro falsos se centraliza en los Centros Nacionales de Análisis y en los Centros Nacionales de Análisis de Monedas, respectivamente, designados o establecidos de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1338/2001. El análisis, la identificación y la detección de billetes y monedas de euro falsos deberían también poderse hacer durante los procesos judiciales en curso para acelerar la detección del origen de la fabricación de las falsificaciones en una investigación o proceso penal determinados y para evitar e impedir que ese tipo de falsificaciones sigan circulando, sin menoscabo del principio del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. De este modo se contribuiría a la eficacia de la lucha contra los delitos de falsificación y al mismo tiempo incrementaría el número de transmisiones de falsificaciones aprehendidas durante procesos penales en curso, a reserva de las limitadas excepciones en que únicamente deba facilitarse el acceso. En general, las autoridades competentes deberían autorizar la transmisión física de las falsificaciones a los Centros Nacionales de Análisis y a los Centros Nacionales de Análisis de Monedas. En determinadas circunstancias, por ejemplo en los casos en que solo unos pocos billetes o monedas falsos constituyen la prueba del proceso penal o cuando la transmisión física conlleve el riesgo de destrucción de pruebas como las huellas, las autoridades competentes deberían poder decidir si permiten el acceso a los billetes y monedas.
• (25) Es necesario recopilar datos comparables sobre los delitos a los que se refiere la presente Directiva. Con el fin de conseguir una visión más completa del problema de la falsificación a escala de la Unión y, de este modo, contribuir a articular una respuesta más eficaz, los Estados miembros deben transmitir a la Comisión los datos estadísticos pertinentes sobre el número de delitos relativos a los billetes y monedas falsos y el número de personas enjuiciadas y condenadas.
• (26) A fin de alcanzar el objetivo de luchar contra la falsificación de billetes y monedas de euro, se debería tratar de celebrar, con arreglo a los procedimientos establecidos al respecto por el Tratado, acuerdos con terceros países, en particular con aquellos que usan el euro como moneda.
• (27) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, especialmente, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y, en particular, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto a la vida privada y familiar, la libertad profesional y el derecho a trabajar, el derecho a dirigir una empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y el derecho de la defensa, los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, así como el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción. La presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de tales derechos y principios y debe aplicarse en consecuencia.
• (28) El objetivo de la presente Directiva es modificar y ampliar las disposiciones de la Decisión marco 2000/383/JAI. Dada la importancia, por su número y trascendencia, de las modificaciones que se han de realizar, y en aras de la claridad, debe sustituirse en su integridad dicha Decisión marco respecto de los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.
• (29) Dado que el objetivo de la presente Directiva, en concreto, la protección del euro y otras monedas contra la falsificación, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros de forma individual, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
• (30) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
• (31) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.
• (32) De conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción de la presente Directiva, y no está vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 13 Sustitución de la Decisión marco 2000/383/JAI

Queda sustituida, en relación con los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, la Decisión marco 2000/383/JAI, sin perjuicio de las obligaciones de esos Estados miembros en lo que se refiere a los plazos de incorporación al Derecho nacional de la Decisión marco 2000/383/JAI.

En el caso de los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, las referencias a la Decisión marco 2000/383/JAI se entenderán hechas a la presente Directiva.

LE0000051935_20011214

Artículo 14 Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 23 de mayo de 2016. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Véase, respecto a la transposición al Derecho español de la presente Directiva, la letra b) de la disposición final primera de L.O. 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional («B.O.E.» 21 febrero).LE0000638342_20190313

Véase la letra g) de la disposición final sexta de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).LE0000549720_20201218