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Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Vigente hasta el 22 de Julio de 2014).

Ficha:
  • rgano JEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE nm. 7 de
  • Vigencia desde 08 de Enero de 2001. Esta revisin vigente desde 29 de Marzo de 2014 hasta 22 de Julio de 2014
Versiones/revisiones:

Sumario

Ley 1/2000, 7 enero, rectificada por Correccin de errores (B.O.E. 14 abril). Ley 1/2000, 7 enero, rectificada por Correccin de errores (B.O.E. 28 julio 2001).

JUAN CARLOS I, REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

El derecho de todos a una tutela judicial efectiva, expresado en el apartado primero del artculo 24 de la Constitucin, coincide con el anhelo y la necesidad social de una Justicia civil nueva, caracterizada precisamente por la efectividad.

Justicia civil efectiva significa, por consustancial al concepto de Justicia, plenitud de garantas procesales. Pero tiene que significar, a la vez, una respuesta judicial ms pronta, mucho ms cercana en el tiempo a las demandas de tutela, y con mayor capacidad de transformacin real de las cosas. Significa, por tanto, un conjunto de instrumentos encaminados a lograr un acortamiento del tiempo necesario para una definitiva determinacin de lo jurdico en los casos concretos, es decir, sentencias menos alejadas del comienzo del proceso, medidas cautelares ms asequibles y eficaces, ejecucin forzosa menos gravosa para quien necesita promoverla y con ms posibilidades de xito en la satisfaccin real de los derechos e intereses legtimos.

Ni la naturaleza del crdito civil o mercantil ni las situaciones personales y familiares que incumbe resolver en los procesos civiles justifican un perodo de aos hasta el logro de una resolucin eficaz, con capacidad de producir transformaciones reales en las vidas de quienes han necesitado acudir a los tribunales civiles.

La efectividad de la tutela judicial civil debe suponer un acercamiento de la Justicia al justiciable, que no consiste en mejorar la imagen de la Justicia, para hacerla parecer ms accesible, sino en estructurar procesalmente el trabajo jurisdiccional de modo que cada asunto haya de ser mejor seguido y conocido por el tribunal, tanto en su planteamiento inicial y para la eventual necesidad de depurar la existencia de bices y falta de presupuestos procesales -nada ms ineficaz que un proceso con sentencia absolutoria de la instancia-, como en la determinacin de lo verdaderamente controvertido y en la prctica y valoracin de la prueba, con oralidad, publicidad e inmediacin. As, la realidad del proceso disolver la imagen de una Justicia lejana, aparentemente situada al final de trmites excesivos y dilatados, en los que resulta difcil percibir el inters y el esfuerzo de los Juzgados y Tribunales y de quienes los integran.

Justicia civil efectiva significa, en fin, mejores sentencias, que, dentro de nuestro sistema de fuentes del Derecho, constituyan referencias slidas para el futuro y contribuyan as a evitar litigios y a reforzar la igualdad ante la ley, sin merma de la libertad enjuiciadora y de la evolucin y el cambio jurisprudencial necesarios.

Esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se inspira y se dirige en su totalidad al inters de los justiciables, lo que es tanto como decir al inters de todos los sujetos jurdicos y, por consiguiente, de la sociedad entera. Sin ignorar la experiencia, los puntos de vista y las propuestas de todos los profesionales protagonistas de la Justicia civil, esta Ley mira, sin embargo, ante todo y sobre todo, a quienes demandan o pueden demandar tutela jurisdiccional, en verdad efectiva, para sus derechos e intereses legtimos.

II

Con todas sus disposiciones encaminadas a estas finalidades, esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se alinea con las tendencias de reforma universalmente consideradas ms razonables y con las experiencias de ms xito real en la consecucin de una tutela judicial que se demore slo lo justo, es decir, lo necesario para la insoslayable confrontacin procesal, con las actuaciones precisas para preparar la sentencia, garantizando su acierto.

No se aceptan ya en el mundo, a causa de la endeblez de sus bases jurdicas y de sus fracasos reales, frmulas simplistas de renovacin de la Justicia civil, inspiradas en unos pocos elementos entendidos como panaceas. Se ha advertido ya, por ejemplo, que el cambio positivo no estriba en una concentracin a ultranza de los actos procesales, aplicada a cualquier tipo de casos. Tampoco se estima aconsejable ni se ha probado eficaz una alteracin sustancial de los papeles atribuibles a los protagonistas de la Justicia civil.

Son conocidos, por otra parte, los malos resultados de las reformas mimticas, basadas en el trasplante de institutos procesales pertenecientes a modelos jurdicos diferentes. La identidad o similitud de denominaciones entre Tribunales o entre instrumentos procesales no constituye base razonable y suficiente para ese mimetismo. Y an menos razonable resulta el impulso, de ordinario inconsciente, de sustituir en bloque la Justicia propia por la de otros pases o reas geogrficas y culturales. Una tal sustitucin es, desde luego, imposible, pero la mera influencia de ese impulso resulta muy perturbadora para las reformas legales: se generan nuevos y ms graves problemas, sin que apenas se propongan y se logren mejoras apreciables.

El aprovechamiento positivo de instituciones y experiencias ajenas requiere que unas y otras sean bien conocidas y comprendidas, lo que significa cabal conocimiento y comprensin del entero modelo o sistema en que se integran, de sus principios inspiradores, de sus races histricas, de los diversos presupuestos de su funcionamiento, empezando por los humanos, y de sus ventajas y desventajas reales.

Esta Ley de Enjuiciamiento Civil se ha elaborado rechazando, como mtodo para el cambio, la importacin e implantacin inconexa de piezas aisladas, que inexorablemente conduce a la ausencia de modelo o de sistema coherente, mezclando perturbadoramente modelos opuestos o contradictorios. La Ley configura una Justicia civil nueva en la medida en que, a partir de nuestra actual realidad, dispone, no mediante palabras y preceptos aislados, sino con regulaciones plenamente articuladas y coherentes, las innovaciones y cambios sustanciales, antes aludidos, para la efectividad, con plenas garantas, de la tutela que se confa a la Jurisdiccin civil.

En la elaboracin de una nueva Ley procesal civil y comn, no cabe despreocuparse del acierto de las sentencias y resoluciones y afrontar la reforma con un rechazable reduccionismo cuantitativo y estadstico, slo preocupado de que los asuntos sean resueltos, y resueltos en el menor tiempo posible. Porque es necesaria una pronta tutela judicial en verdad efectiva y porque es posible lograrla sin merma de las garantas, esta Ley reduce drsticamente trmites y recursos, pero, como ya se ha dicho, no prescinde de cuanto es razonable prever como lgica y justificada manifestacin de la contienda entre las partes y para que, a la vez, el momento procesal de dictar sentencia est debidamente preparado.

III

Con perspectiva histrica y cultural, se ha de reconocer el incalculable valor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 1881. Pero con esa misma perspectiva, que incluye el sentido de la realidad, ha de reconocerse, no ya el agotamiento del mtodo de las reformas parciales para mejorar la imparticin de justicia en el orden jurisdiccional civil, sino la necesidad de una Ley nueva para procurar acoger y vertebrar, con radical innovacin, los planteamientos expresados en los apartados anteriores.

La experiencia jurdica de ms de un siglo debe ser aprovechada, pero se necesita un Cdigo procesal civil nuevo, que supere la situacin originada por la prolija complejidad de la Ley antigua y sus innumerables retoques y disposiciones extravagantes. Es necesaria, sobre todo, una nueva Ley que afronte y d respuesta a numerosos problemas de imposible o muy difcil resolucin con la ley del siglo pasado. Pero, sobre todo, es necesaria una Ley de Enjuiciamiento Civil nueva, que, respetando principios, reglas y criterios de perenne valor, acogidos en las leyes procesales civiles de otros pases de nuestra misma rea cultural, exprese y materialice, con autenticidad, el profundo cambio de mentalidad que entraa el compromiso por la efectividad de la tutela judicial, tambin en rdenes jurisdiccionales distintos del civil, puesto que esta nueva Ley est llamada a ser ley procesal supletoria y comn.

Las transformaciones sociales postulan y, a la vez, permiten una completa renovacin procesal que desborda el contenido propio de una o varias reformas parciales. A lo largo de muchos aos, la proteccin jurisdiccional de nuevos mbitos jurdico-materiales ha suscitado, no siempre con plena justificacin, reglas procesales especiales en las modernas leyes sustantivas. Pero la sociedad y los profesionales del Derecho reclaman un cambio y una simplificacin de carcter general, que no se lleven a cabo de espaldas a la realidad, con frecuencia ms compleja que antao, sino que provean nuevos cauces para tratar adecuadamente esa complejidad. Testimonio autorizado del convencimiento acerca de la necesidad de esa renovacin son los numerosos trabajos oficiales y particulares para una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que se han producido en las ltimas dcadas.

Con sentido del Estado, que es conciencia clara del debido servicio desinteresado a la sociedad, esta Ley no ha prescindido, sino todo lo contrario, de esos trabajos. Los innumerables preceptos acertados de la Ley de 1881, la ingente jurisprudencia y doctrina generada por ella, los muchos informes y sugerencias recibidos de distintos rganos y entidades, as como de profesionales y expertos prestigiosos, han sido elementos de gran valor e inters, tambin detenidamente considerados para elaborar esta Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, se han examinado con suma atencin y utilidad, tanto el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial como el solicitado al Consejo de Estado. Cabe afirmar, pues, que la elaboracin de esta Ley se ha caracterizado, como era deseable y conveniente, por una participacin excepcionalmente amplia e intensa de instituciones y de personas cualificadas.

IV

En esta Ley se rehuyen por igual, tanto la prolijidad como el esquematismo, propio de algunas leyes procesales extranjeras, pero ajeno a nuestra tradicin y a un elemental detalle en la regulacin procedimental, que los destinatarios de esta clase de Cdigos han venido considerando preferible, como ms acorde con su certera y segura aplicacin. As, pues, sin caer en excesos reguladores, que, por querer prever toda incidencia, acaban suscitando ms cuestiones problemticas que las que resuelven, la presente Ley aborda numerosos asuntos y materias sobre las que poco o nada deca la Ley de 1881.

Al colmar esas lagunas, esta Ley aumenta, ciertamente, su contenido, pero no por ello se hace ms extensa -al contrario- ni ms complicada, sino ms completa. Es misin y responsabilidad del legislador no dejar sin respuesta clara, so capa de falsa sencillez, los problemas reales, que una larga experiencia ha venido poniendo de relieve.

Nada hay de nuevo, en la materia de esta Ley, que no signifique respuestas a interrogantes con relevancia jurdica, que durante ms de un siglo, la jurisprudencia y la doctrina han debido abordar sin gua legal clara. Ha parecido a todas luces inadmisible procurar una apariencia de sencillez legislativa a base de omisiones, de cerrar los ojos a la complejidad de la realidad y negarla, lisa y llanamente, en el plano de las soluciones normativas.

La real simplificacin procedimental se lleva a cabo con la eliminacin de reiteraciones, la subsanacin de insuficiencias de regulacin y con una nueva ordenacin de los procesos declarativos, de los recursos, de la ejecucin forzosa y de las medidas cautelares, que busca ser clara, sencilla y completa en funcin de la realidad de los litigios y de los derechos, facultades, deberes y cargas que corresponden a los tribunales, a los justiciables y a quienes, de un modo u otro, han de colaborar con la Justicia civil.

En otro orden de cosas, la Ley procura utilizar un lenguaje que, ajustndose a las exigencias ineludibles de la tcnica jurdica, resulte ms asequible para cualquier ciudadano, con eliminacin de expresiones hoy obsoletas o difciles de comprender y ms ligadas a antiguos usos forenses que a aquellas exigencias. Se elude, sin embargo, hasta la apariencia de doctrinarismo y, por ello, no se considera inconveniente, sino todo lo contrario, mantener diversidades expresivas para las mismas realidades, cuando tal fenmeno ha sido acogido tanto en el lenguaje comn como en el jurdico. As, por ejemplo, se siguen utilizando los trminos juicio y proceso como sinnimos y se emplea en unos casos los vocablos pretensin o pretensiones y, en otros, el de accin o acciones como aparecan en la Ley de 1881 y en la jurisprudencia y doctrina posteriores, durante ms de un siglo, sin que ello originara problema alguno.

Se reducen todo lo posible las remisiones internas, en especial las que nada indican acerca del precepto o preceptos a los que se remite. Se acoge el criterio de divisin de los artculos, siempre que sea necesario, en apartados numerados y se procura que stos tengan sentido por s mismos, a diferencia de los simples prrafos, que han de entenderse interrelacionados. Y sin incurrir en exageraciones de exactitud, se opta por referirse al rgano jurisdiccional con el trmino tribunal, que, propiamente hablando, nada dice del carcter unipersonal o colegiado del rgano. Con esta opcin, adems de evitar una constante reiteracin, en no pocos artculos, de la expresin Juzgados y Tribunales, se tiene en cuenta que, segn la legislacin orgnica, cabe que se siga ante tribunales colegiados la primera instancia de ciertos procesos civiles.

V

En cuanto a su contenido general, esta Ley se configura con exclusin de la materia relativa a la denominada jurisdiccin voluntaria, que, como en otros pases, parece preferible regular en ley distinta, donde han de llevarse las disposiciones sobre una conciliacin que ha dejado de ser obligatoria y sobre la declaracin de herederos sin contienda judicial. Tambin se obra en congruencia con el ya adoptado criterio de que una ley especfica se ocupe del Derecho concursal. Las correspondientes disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 permanecern en vigor slo hasta la aprobacin y vigencia de estas leyes.

En coincidencia con anteriores iniciativas, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil aspira tambin a ser Ley procesal comn, para lo que, a la vez, se pretende que la vigente Ley Orgnica del Poder Judicial, de 1985, circunscriba su contenido a lo que indica su denominacin y se ajuste, por otra parte, a lo que seala el apartado primero del artculo 122 de la Constitucin. La referencia en este precepto al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales no puede entenderse, y nunca se ha entendido, ni por el legislador postconstitucional ni por la jurisprudencia y la doctrina, como referencia a las normas procesales, que, en cambio, se mencionan expresamente en otros preceptos constitucionales.

As, pues, no existe impedimento alguno y abundan las razones para que la Ley Orgnica del Poder Judicial se desprenda de normas procesales, no pocas de ellas atinadas, pero impropiamente situadas y productoras de numerosas dudas al coexistir con las que contienen las Leyes de Enjuiciamiento. Como es lgico, la presente Ley se beneficia de cuanto de positivo poda hallarse en la regulacin procesal de 1985.

Mencin especial merece la decisin de que en esta Ley se regule, en su vertiente estrictamente procedimental, el instituto de la abstencin y de la recusacin. Es sta una materia, con innegables facetas distintas, de la que se ocupaban las leyes procesales, pero que fue regulada, con nueva relacin de causas de abstencin y recusacin, en la Ley Orgnica del Poder Judicial, de 1985. Empero, la subsistencia formal de las disposiciones sobre esta citada materia en las diversas leyes procesales origin algunos problemas y, por otro lado, la regulacin de 1985 poda mejorarse y, de hecho, se mejor en parte por obra de la Ley Orgnica 5/1997, de 4 de diciembre.

La presente Ley es ocasin que permite culminar ese perfeccionamiento, afrontando el problema de las recusaciones temerarias o con simple nimo de dilacin o de inmediata sustitucin del Juez o Magistrado recusado. En este sentido, la extemporaneidad de la recusacin se regula ms precisamente, como motivo de inadmisin a trmite, y se agilizan y simplifican los trmites iniciales a fin de que se produzca la menor alteracin procedimental posible. Finalmente, se prev multa de importante cuanta para las recusaciones que, al ser resueltas, aparezcan propuestas de mala fe.

VI

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sigue inspirndose en el principio de justicia rogada o principio dispositivo, del que se extraen todas sus razonables consecuencias, con la vista puesta, no slo en que, como regla, los procesos civiles persiguen la tutela de derechos e intereses legtimos de determinados sujetos jurdicos, a los que corresponde la iniciativa procesal y la configuracin del objeto del proceso, sino en que las cargas procesales atribuidas a estos sujetos y su lgica diligencia para obtener la tutela judicial que piden, pueden y deben configurar razonablemente el trabajo del rgano jurisdiccional, en beneficio de todos.

De ordinario, el proceso civil responde a la iniciativa de quien considera necesaria una tutela judicial en funcin de sus derechos e intereses legtimos. Segn el principio procesal citado, no se entiende razonable que al rgano jurisdiccional le incumba investigar y comprobar la veracidad de los hechos alegados como configuradores de un caso que pretendidamente requiere una respuesta de tutela conforme a Derecho. Tampoco se grava al tribunal con el deber y la responsabilidad de decidir qu tutela, de entre todas las posibles, puede ser la que corresponde al caso. Es a quien cree necesitar tutela a quien se atribuyen las cargas de pedirla, determinarla con suficiente precisin, alegar y probar los hechos y aducir los fundamentos jurdicos correspondientes a las pretensiones de aquella tutela. Justamente para afrontar esas cargas sin indefensin y con las debidas garantas, se impone a las partes, excepto en casos de singular simplicidad, estar asistidas de abogado.

Esta inspiracin fundamental del proceso -excepto en los casos en que predomina un inters pblico que exige satisfaccin- no constituye, en absoluto, un obstculo para que, como se hace en esta Ley, el tribunal aplique el Derecho que conoce dentro de los lmites marcados por la faceta jurdica de la causa de pedir. Y menos an constituye el repetido principio ningn inconveniente para que la Ley refuerce notablemente las facultades coercitivas de los tribunales respecto del cumplimiento de sus resoluciones o para sancionar comportamientos procesales manifiestamente contrarios al logro de una tutela efectiva. Se trata, por el contrario, de disposiciones armnicas con el papel que se confa a las partes, a las que resulta exigible asumir con seriedad las cargas y responsabilidades inherentes al proceso, sin perjudicar a los dems sujetos de ste y al funcionamiento de la Administracin de Justicia.

VII

En el mbito de las disposiciones generales, la Ley introduce numerosas innovaciones con tres grandes finalidades: regular de modo ms completo y racional materias y cuestiones diversas, hasta ahora carentes de regulacin legal; procurar un mejor desarrollo de las actuaciones procesales; y reforzar las garantas de acierto en la sentencia.

A todas las disposiciones generales sobre la jurisdiccin y la competencia, los sujetos del proceso, sus actos y diligencias, las resoluciones judiciales, los recursos, etc., concede la Ley la importancia que merecen, a fin de que constituyan pautas realmente aplicables en las distintas fases del proceso, sin necesidad de reiterar normas y regulaciones enteras.

En cuanto a las partes, la Ley contiene nuevos preceptos que regulan esa materia de modo ms completo y con ms orden y claridad, superando, a efectos procesales, el dualismo de las personas fsicas y las jurdicas y con mejora de otros aspectos, relativos a la sucesin procesal, a la intervencin adhesiva litisconsorcial y a la intervencin provocada. Asimismo, el papel y responsabilidad de los litigantes se perfila ms precisamente al regularse de modo expreso y unitario los actos de disposicin (renuncia, allanamiento y desistimiento y transaccin), as como, en su ms adecuada sede, la carga de la alegacin y de la prueba. Las normas sobre estas materias explicitan lo que es conquista pacfica de la jurisprudencia y de la ciencia jurdica e importan no poco para el desenlace del proceso mediante una sentencia justa.

A propsito de las partes, aunque en verdad desborde ampliamente lo que es su reconocimiento y tratamiento procesal, parece oportuno dar razn del modo en que la presente Ley aborda la realidad de la tutela de intereses jurdicos colectivos, llevados al proceso, no ya por quien se haya visto lesionado directamente y para su individual proteccin, o por grupos de afectados, sino por personas jurdicas constituidas y legalmente habilitadas para la defensa de aquellos intereses.

Esta realidad, mencionada mediante la referencia a los consumidores y usuarios, recibe en esta Ley una respuesta tributaria e instrumental de lo que disponen y puedan disponer en el futuro las normas sustantivas acerca del punto, controvertido y difcil, de la concreta tutela que, a travs de las aludidas entidades, se quiera otorgar a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios en cuanto colectividades. Como cauce para esa tutela, no se considera necesario un proceso o procedimiento especial y s, en cambio, una serie de normas especiales, en los lugares oportunos.

Por un lado, la actuacin procesal de las personas jurdicas y de los grupos se hace posible sin dificultad en cuanto a su personalidad, capacidad y representacin procesales. Y, por otro lado, tras una norma previsora de la singular legitimacin de dichas entidades, la Ley incluye, en los lugares adecuados, otros preceptos sobre llamamiento al proceso de quienes, sin ser demandantes, puedan estar directamente interesados en intervenir, sobre acumulacin de acciones y de procesos y acerca de la sentencia y su ejecucin forzosa.

La amplitud de la intervencin procesal prevista con carcter general permite desechar una obligatoria acumulacin inicial de demandas, con el retraso a que obligara en la sustanciacin de los procesos, un retraso que impedira, con mucha frecuencia, la efectividad de la tutela pretendida. En cuanto a la eficacia subjetiva de las sentencias, la diversidad de casos de proteccin impone evitar una errnea norma generalizadora. Se dispone, en consecuencia, que el tribunal indicar la eficacia que corresponde a la sentencia segn su contenido y conforme a la tutela otorgada por la vigente ley sustantiva protectora de los derechos e intereses en juego. De este modo, la Ley no provee instrumentos procesales estrictamente circunscritos a las previsiones actuales de proteccin colectiva de los consumidores y usuarios, sino que queda abierta a las modificaciones y cambios que en las leyes sustantivas puedan producirse respecto de dicha proteccin.

Finalmente, se opta por no exigir caucin previa ni regular de modo especial la condena en costas en los procesos a que se est haciendo referencia. En cuanto a la gratuidad de la asistencia jurdica, no es la Ley de Enjuiciamiento Civil la norma adecuada para decidir a qu entidades, y en qu casos, ha de reconocerse u otorgarse.

La obligada representacin mediante procurador y la imperativa asistencia de abogado se configuran en esta Ley sin variacin sustancial respecto de las disposiciones anteriores. La experiencia, avalada por unnimes informes en este punto, garantiza el acierto de esta decisin. Sin embargo, la presente Ley no deja de responder a exigencias de racionalizacin: se elimina el requisito del bastanteo de los poderes, desde hace tiempo desprovisto de sentido y se unifica del todo el mbito material en el que la representacin por procurador y la asistencia de abogado son necesarias. Las responsabilidades de procuradura y abogaca se acentan en el nuevo sistema procesal, de modo que se subraya la justificacin de sus respectivas funciones.

Por lo que respecta a la jurisdiccin y a la competencia, la Ley regula la declinatoria como instrumento nico para el control, a instancia de parte, de esos presupuestos procesales, determinando que dicho instrumento haya de emplearse antes de la contestacin a la demanda.

De este modo, se pone fin, por un lado, a lagunas legales que afectaban a la denominada competencia (o incompetencia) internacional y, de otro, a una desordenada e inarmnica regulacin, en la que declinatoria, inhibitoria y excepcin se mezclaban y frecuentemente confundan, con el indeseable resultado, en no pocos casos, de sentencias absolutorias de la instancia por falta de jurisdiccin o de competencia, dictadas tras un proceso entero con alegaciones y prueba contradictorias. Lo que esta Ley considera adecuado a la naturaleza de las cosas es que, sin perjuicio de la vigilancia de oficio sobre los presupuestos del proceso relativos al tribunal, la parte pasiva haya de ponerlos de manifiesto con carcter previo, de modo que, si faltaran, el proceso no siga adelante o, en otros casos, prosiga ante el tribunal competente.

La supresin de la inhibitoria, instituto procesal mantenido en obsequio de una facilidad impugnatoria del demandado, se justifica, no slo en aras de una conveniente simplificacin del tratamiento procesal de la competencia territorial, tratamiento ste que la dualidad declinatoria-inhibitoria complicaba innecesaria y perturbadoramente con frecuencia, sino en razn de la muy inferior dificultad que para el demandado entraa, en los albores del siglo veintiuno, comparecer ante el tribunal que est conociendo del asunto. De cualquier forma, y a fin de evitar graves molestias al demandado, la Ley tambin permite que se plantee la declinatoria ante el tribunal del domicilio de aqul, procedindose a continuacin a su inmediata remisin al tribunal que est conociendo del asunto.

En cuanto a la jurisdiccin y, en gran medida, tambin respecto de la competencia objetiva, esta Ley se subordina a los preceptos de la Ley Orgnica del Poder Judicial, que, sin embargo, remiten a las leyes procesales para otros mecanismos de la predeterminacin legal del tribunal, como es, la competencia funcional en ciertos extremos y, sealadamente, la competencia territorial. A estos extremos se provee con normas adecuadas.

La presente Ley mantiene los criterios generales para la atribucin de la competencia territorial, sin multiplicar innecesariamente los fueros especiales por razn de la materia y sin convertir todas esas reglas en disposiciones de necesaria aplicacin. As, pues, se sigue permitiendo, para buen nmero de casos, la sumisin de las partes, pero se perfecciona el rgimen de la sumisin tcita del demandante y del demandado, con especial previsin de los casos en que, antes de interponerse la demanda, de admitirla y emplazar al demandado, se lleven a cabo actuaciones como las diligencias preliminares o la solicitud y eventual acuerdo de medidas cautelares.

Las previsiones de la Ley acerca del domicilio, como fuero general, dan respuesta, con una regulacin ms realista y flexible, a necesidades que la experiencia ha puesto de relieve, procurando, en todo caso, el equilibrio entre el legtimo inters de ambas partes.

Sobre la base de la regulacin jurisdiccional orgnica y con pleno respeto a lo que en ella se dispone, se construye en esta Ley una elemental disciplina del reparto de asuntos, que, como es lgico, atiende a sus aspectos procesales y a las garantas de las partes, procurando, al mismo tiempo, una mejor realidad e imagen de la Justicia civil. No se incurre, por tanto, ni en duplicidad normativa ni en extralimitacin del especfico mbito legislativo. Una cosa es que la fijacin y aplicacin de las normas de reparto se entienda como funcin gubernativa, no jurisdiccional, y otra, bien distinta, que el cumplimiento de esa funcin carezca de toda relevancia procesal o jurisdiccional.

Algn precepto aislado de la Ley de Enjuiciamiento de 1881 ya estableca una consecuencia procesal en relacin con el reparto. Lo que esta Ley lleva a cabo es un desarrollo lgico de la proyeccin procesal de esa competencia relativa, como la denomin la Ley de 1881, con la mirada puesta en el apartado segundo del artculo 24 de la Constitucin, que, segn doctrina del Tribunal Constitucional, no ha estimado irrelevante ni la inexistencia ni la infraccin de las normas de reparto.

Es claro, en efecto, que el reparto acaba determinando el juez ordinario que conocer de cada asunto. Y si bien se ha considerado constitucionalmente admisible que esa ltima determinacin no haya de llevarse a cabo por inmediata aplicacin de una norma con rango formal de ley, no sera aceptable, en buena lgica y tcnica jurdica, que una sancin gubernativa fuera la nica consecuencia de la inaplicacin o de la infraccin de las normas no legales determinantes de que conozca un juez ordinario, en vez de otro. Difcilmente podra justificarse la coexistencia de esa sancin gubernativa, que reconocera la infraccin de lo que ha de predeterminar al juez ordinario, y la ausencia de efectos procesales para quienes tienen derecho a que su caso sea resuelto por el tribunal que corresponda segn normas predeterminadas.

Por todo ello, esta Ley prev, en primer lugar, que se pueda aducir y corregir la eventual infraccin de la legalidad relativa al reparto de asuntos y, en caso de que ese mecanismo resulte infructuoso, prev, evitando la severa sancin de nulidad radical -reservada a las infracciones legales sobre jurisdiccin y competencia objetiva y declarable de oficio-, que puedan anularse, a instancia de parte gravada, las resoluciones dictadas por rgano que no sea el que debiera conocer segn las normas de reparto.

En esta Ley, la prejudicialidad es, en primer trmino, objeto de una regulacin unitaria, en lugar de las normas dispersas e imprecisas contenidas en la Ley de 1881. Pero, adems, por lo que respecta a la prejudicialidad penal, se sienta la regla general de la no suspensin del proceso civil, salvo que exista causa criminal en la que se estn investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que cabalmente fundamentan las pretensiones de las partes en el proceso civil y ocurra, adems, que la sentencia que en ste haya de dictarse pueda verse decisivamente influida por la que recaiga en el proceso penal.

As, pues, hace falta algo ms que una querella admitida o una denuncia no archivada para que la prejudicialidad penal incida en el proceso civil. Mas, si concurren todos los elementos referidos, dicho proceso no se suspende hasta que slo se encuentre pendiente de sentencia. nicamente determina una suspensin inmediata el caso especial de la falsedad penal de un documento aportado al proceso civil, siempre que tal documento pueda ser determinante del sentido del fallo.

Para culminar un tratamiento ms racional de la prejudicialidad penal, que, al mismo tiempo, evite indebidas paralizaciones o retrasos del proceso penal mediante querellas o denuncias infundadas, se establece expresamente la responsabilidad civil por daos y perjuicios derivados de la dilacin suspensiva si la sentencia penal declarase ser autntico el documento o no haberse probado su falsedad.

Se prev, adems, el planteamiento de cuestiones prejudiciales no penales con posibles efectos suspensivos y vinculantes, cuando las partes del proceso civil se muestren conformes con dichos efectos. Y, finalmente, se admite tambin la prejudicialidad civil, con efectos suspensivos, si no cabe la acumulacin de procesos o uno de los procesos se encuentra prximo a su terminacin.

VIII

El objeto del proceso civil es asunto con diversas facetas, todas ellas de gran importancia. Son conocidas las polmicas doctrinales y las distintas teoras y posiciones acogidas en la jurisprudencia y en los trabajos cientficos. En esta Ley, la materia es regulada en diversos lugares, pero el exclusivo propsito de las nuevas reglas es resolver problemas reales, que la Ley de 1881 no resolva ni facilitaba resolver.

Se parte aqu de dos criterios inspiradores: por un lado, la necesidad de seguridad jurdica y, por otro, la escasa justificacin de someter a los mismos justiciables a diferentes procesos y de provocar la correspondiente actividad de los rganos jurisdiccionales, cuando la cuestin o asunto litigioso razonablemente puede zanjarse en uno solo.

Con estos criterios, que han de armonizarse con la plenitud de las garantas procesales, la presente Ley, entre otras disposiciones, establece una regla de preclusin de alegaciones de hechos y de fundamentos jurdicos, ya conocida en nuestro Derecho y en otros ordenamientos jurdicos. En la misma lnea, la Ley evita la indebida dualidad de controversias sobre nulidad de los negocios jurdicos -una, por va de excepcin; otra, por va de demanda o accin-, trata diferenciadamente la alegacin de compensacin y precisa el mbito de los hechos que cabe considerar nuevos a los efectos de fundar una segunda pretensin en apariencia igual a otra anterior. En todos estos puntos, los nuevos preceptos se inspiran en slida jurisprudencia y doctrina.

Con la misma inspiracin bsica de no multiplicar innecesariamente la actividad jurisdiccional y las cargas de todo tipo que cualquier proceso conlleva, el rgimen de la pluralidad de objetos pretende la economa procesal y, a la vez, una configuracin del mbito objetivo de los procesos que no implique una complejidad inconveniente en razn del procedimiento que se haya de seguir o que, simplemente, dificulte, sin razn suficiente, la sustanciacin y decisin de los litigios. De ah que se prohba la reconvencin que no guarde relacin con las pretensiones del actor y que, en los juicios verbales, en general, se limite la acumulacin de acciones.

La regulacin de la acumulacin de acciones se innova, con carcter general, mediante diversos perfeccionamientos y, en especial, con el de un tratamiento procesal preciso, hasta ahora inexistente. En cuanto a la acumulacin de procesos, se aclaran los presupuestos que la hacen procedente, as como los requisitos y los bices procesales de este instituto, simplificando el procedimiento en cuanto resulta posible. Adems, la Ley incluye normas para evitar un uso desviado de la acumulacin de procesos: no se admitir la acumulacin cuando el proceso o procesos ulteriores puedan evitarse mediante la excepcin de litispendencia o si lo que se plantea en ellos pudo suscitarse mediante acumulacin inicial de acciones, ampliacin de la demanda o a travs de la reconvencin.

IX

El Ttulo V, dedicado a las actuaciones judiciales, presenta ordenadamente normas tradas de la Ley Orgnica del Poder Judicial, con algunos perfeccionamientos aconsejados por la experiencia. Cabe destacar un singular nfasis en las disposiciones sobre la necesaria publicidad y presencia del Juez o de los Magistrados -no slo el Ponente, si se trata de rgano colegiado- en los actos de prueba, comparecencias y vistas. Esta insistencia en normas generales encontrar luego plena concrecin en la regulacin de los distintos procesos, pero, en todo caso, se sanciona con nulidad radical la infraccin de lo dispuesto sobre presencia judicial o inmediacin en sentido amplio.

En cuanto a la dacin de fe, la Ley rechaza algunas propuestas contrarias a esa esencial funcin de los Secretarios Judiciales, si bien procura no extender esta responsabilidad de los fedatarios ms all de lo que resulta verdaderamente necesario y, por aadidura, posible. As, la Ley exige la intervencin del fedatario pblico judicial para la constancia fehaciente de las actuaciones procesales llevadas a cabo en el tribunal o ante l y reconoce la recepcin de escritos en el registro que pueda haberse establecido al efecto, entendiendo que la fe pblica judicial garantiza los datos de dicho registro relativos a la recepcin.

La documentacin de las actuaciones podr llevarse a cabo, no slo mediante actas, notas y diligencias, sino tambin con los medios tcnicos que renan las garantas de integridad y autenticidad. Y las vistas y comparecencias orales habrn de registrarse o grabarse en soportes aptos para la reproduccin.

Los actos de comunicacin son regulados con orden, claridad y sentido prctico. Y se pretende que, en su propio inters, los litigantes y sus representantes asuman un papel ms activo y eficaz, descargando de paso a los tribunales de un injustificado trabajo gestor y, sobre todo, eliminando "tiempos muertos", que retrasan la tramitacin.

Pieza importante de este nuevo diseo son los procuradores de los Tribunales, que, por su condicin de representantes de las partes y de profesionales con conocimientos tcnicos sobre el proceso, estn en condiciones de recibir notificaciones y de llevar a cabo el traslado a la parte contraria de muchos escritos y documentos. Para la tramitacin de los procesos sin dilaciones indebidas, se confa tambin en los mismos Colegios de Procuradores para el eficaz funcionamiento de sus servicios de notificacin, previstos ya en la Ley Orgnica del Poder Judicial.

La preocupacin por la eficacia de los actos de comunicacin, factor de indebida tardanza en la resolucin de no pocos litigios, lleva a la Ley a optar decididamente por otorgar relevancia a los domicilios que consten en el padrn o en entidades o Registros pblicos, al entender que un comportamiento cvica y socialmente aceptable no se compadece con la indiferencia o el descuido de las personas respecto de esos domicilios. A efectos de actos de comunicacin, se considera tambin domicilio el lugar de trabajo no ocasional.

En esta lnea, son considerables los cambios en el rgimen de los citados actos de comunicacin, acudiendo a los edictos slo como ltimo y extremo recurso.

Si en el proceso es preceptiva la intervencin de procurador o si, no sindolo, las partes se personan con esa representacin, los actos de comunicacin, cualquiera que sea su objeto, se llevan a cabo con los procuradores. Cuando no es preceptiva la representacin por procurador o ste an no se ha personado, la comunicacin se intenta en primer lugar mediante correo certificado con acuse de recibo al lugar designado como domicilio o, si el tribunal lo considera ms conveniente para el xito de la comunicacin, a varios lugares. Slo si este medio fracasa se intenta la comunicacin mediante entrega por el tribunal de lo que haya de comunicarse, bien al destinatario, bien a otras personas expresamente previstas, si no se hallase al destinatario.

A efectos del emplazamiento o citacin para la comparecencia inicial del demandado, es al demandante a quien corresponde sealar uno o varios lugares como domicilios a efectos de actos de comunicacin, aunque, lgicamente, comparecido el demandado, puede ste designar un domicilio distinto. Si el demandante no conoce el domicilio o si fracasa la comunicacin efectuada al lugar indicado, el tribunal ha de llevar a cabo averiguaciones, cuya eficacia refuerza esta Ley.

En materia de plazos, la Ley elimina radicalmente los plazos de determinacin judicial y establece los dems con realismo, es decir, tomando en consideracin la experiencia de los protagonistas principales de la Justicia civil y los resultados de algunas reformas parciales de la Ley de 1881. En este sentido, se ha comprobado que un sistemtico acortamiento de los plazos legalmente establecidos para los actos de las partes no redunda en la deseada disminucin del horizonte temporal de la sentencia. No son los plazos muy breves ninguna panacea para lograr que, en definitiva, se dicte, con las debidas garantas, una resolucin que provea sin demora a las pretensiones de tutela efectiva.

La presente Ley opta, pues, en cuanto a los actos de las partes, por plazos breves pero suficientes. Y por lo que respecta a muchos plazos dirigidos al tribunal, tambin se prevn breves, con seguridad en la debida diligencia de los rganos jurisdiccionales. Sin embargo, en lo referente al sealamiento de audiencias, juicios y vistas -de capital importancia en la estructura de los nuevos procesos declarativos, dada la concentracin de actos adoptada por la Ley-, se rehuyen las normas imperativas que no vayan a ser cumplidas y, en algunos casos, se opta por confiar en que los calendarios de los tribunales, en cuanto a esos actos, se ajustarn a la situacin de los procesos y al legal y reglamentario cumplimiento del deber que incumbe a todos los servidores de la Administracin de Justicia.

Por lo que respecta a los plazos para dictar sentencia en primera instancia, se establecen el de diez das, para el juicio verbal, y el de veinte, para el juicio ordinario. No se trata de plazos que, en s mismos, puedan considerarse excesivamente breves, pero s son razonables y de posible cumplimiento. Porque es de tener en cuenta que la aludida estructura nueva de los procesos ordinarios comporta el que los jueces tengan ya un importante conocimiento de los asuntos y no hayan de estudiarlos o reestudiarlos enteramente al final, examinando una a una las diligencias de prueba llevadas a cabo por separado, as como las alegaciones iniciales de las partes y sus pretensiones, que, desde su admisin, frecuentemente no volvieron a considerar.

En los juicios verbales, es obvia la proximidad del momento sentenciador a las pruebas y a las pretensiones y sus fundamentos. En el proceso ordinario, el acto del juicio opera esa proximidad de la sentencia respecto de la prueba -y, por tanto, en gran medida, del caso-, y la audiencia previa al juicio, en la que ha de perfilarse lo que es objeto de la controversia, aproxima tambin las pretensiones de las partes a la actividad jurisdiccional decisoria del litigio.

La Ley, atenta al presente y previsora del futuro, abre la puerta a la presentacin de escritos y documentos y a los actos de notificacin por medios electrnicos, telemticos y otros semejantes, pero sin imponer a los justiciables y a los ciudadanos que dispongan de esos medios y sin dejar de regular las exigencias de esta comunicacin. Para que surtan plenos efectos los actos realizados por esos medios, ser preciso que los instrumentos utilizados entraen la garanta de que la comunicacin y lo comunicado son con seguridad atribuibles a quien aparezca como autor de una y otro. Y ha de estar asimismo garantizada la recepcin ntegra y las dems circunstancias legalmente relevantes.

Es lgico prever, como se hace, que, cuando esas seguridades no vengan proporcionadas por las caractersticas del medio utilizado o ste sea susceptible de manipulacin con mayor o menor facilidad, la eficacia de los escritos y documentos, a efectos de acreditamiento o de prueba, quede supeditada a una presentacin o aportacin que s permita el necesario examen y verificacin. Pero estas razonables cautelas no deben, sin embargo, impedir el reconocimiento de los avances cientficos y tcnicos y su posible incorporacin al proceso civil.

En este punto, la Ley evita incurrir en un reglamentismo impropio de su naturaleza y de su deseable proyeccin temporal. La instauracin de medios de comunicacin como los referidos y la determinacin de sus caractersticas tcnicas son, por lo que respecta a los rganos jurisdiccionales, asuntos que encuentran la base legal apropiada en las atribuciones que la Ley Orgnica del Poder Judicial confieren al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno. En cuanto a los procuradores y abogados e incluso a no pocos justiciables, lo razonable es suponer que irn disponiendo de medios de comunicacin distintos de los tradicionales, que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley, en la medida de sus propias posibilidades y de los medios de que estn dotados los tribunales.

Para el auxilio judicial, en cuyo rgimen, entre otros perfeccionamientos, se precisa el que corresponde prestar a los Juzgados de Paz, la Ley cuenta con el sistema informtico judicial. En esta materia, se otorga a los tribunales una razonable potestad coercitiva y sancionadora respecto de los retrasos debidos a la falta de diligencia a las partes.

Otras innovaciones especialmente dignas de mencin, dentro del antes citado Ttulo V del Libro primero, son la previsin de nuevo sealamiento de vistas antes de su celebracin, para evitar al mximo que se suspendan, as como las normas que, respecto de la votacin y fallo de los asuntos, tienden a garantizar la inmediacin en sentido estricto, estableciendo, con excepciones razonables, que hayan de dictar sentencia los Jueces y Magistrados que presenciaron la prctica de las pruebas en el juicio o vista.

Con tales normas, la presente Ley no exagera la importancia de la inmediacin en el proceso civil ni aspira a una utopa, porque, adems de la relevancia de la inmediacin para el certero enjuiciamiento de toda clase de asuntos, la ordenacin de los nuevos procesos civiles en esta Ley impone concentracin de la prctica de la prueba y proximidad de dicha prctica al momento de dictar sentencia.

En el captulo relativo a las resoluciones judiciales, destacan como innovaciones las relativas a su invariabilidad, aclaracin y correccin. Se incrementa la seguridad jurdica al perfilar adecuadamente los casos en que stas dos ltimas proceden y se introduce un instrumento para subsanar rpidamente, de oficio o a instancia de parte, las manifiestas omisiones de pronunciamiento, completando las sentencias en que, por error, se hayan cometido tales omisiones.

La ley regula este nuevo instituto con la precisin necesaria para que no se abuse de l y es de notar, por otra parte, que el precepto sobre forma y contenido de las sentencias aumenta la exigencia de cuidado en la parte dispositiva, disponiendo que en sta se hagan todos los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes sin permitir los pronunciamientos tcitos con frecuencia envueltos hasta ahora en los fundamentos jurdicos.

De este modo, no ser preciso forzar el mecanismo del denominado recurso de aclaracin y podrn evitarse recursos ordinarios y extraordinarios fundados en incongruencia por omisin de pronunciamiento. Es claro, y claro queda en la ley, que este instituto en nada ataca a la firmeza que, en su caso, deba atribuirse a la sentencia incompleta. Porque, de un lado, los pronunciamientos ya emitidos son, obviamente, firmes y, de otro, se prohbe modificarlos, permitiendo slo aadir los que se omitieron.

Frente a propuestas de muy diverso sentido, la Ley mantiene las diligencias de ordenacin, aunque ampliando su contenido, y suprime las propuestas de resolucin, ambas hasta ahora a cargo de los Secretarios Judiciales. Dichas medidas se sitan dentro del esfuerzo que la Ley realiza por aclarar los mbitos de actuacin de los tribunales, a quienes corresponde dictar las providencias, autos y sentencias, y de los Secretarios Judiciales, los cuales, junto a su insustituible labor, entre otras muchas de gran importancia, de fedatarios pblicos judiciales, deben encargarse adems, y de forma exclusiva, de la adecuada ordenacin del proceso, a travs de las diligencias de ordenacin.

Las propuestas de resolucin, introducidas por la Ley Orgnica del Poder Judicial en 1985, no han servido de hecho para aprovechar el indudable conocimiento tcnico de los Secretarios Judiciales, sino ms bien para incrementar la confusin entre las atribuciones de stos y las de los tribunales, y para dar lugar a criterios de actuacin diferentes en los distintos Juzgados y Tribunales, originando con frecuencia inseguridades e insatisfacciones. De ah que no se haya considerado oportuno mantener su existencia, y s plantear frmulas alternativas que redunden en un mejor funcionamiento de los rganos judiciales.

En este sentido, la Ley opta, por un lado, por definir de forma precisa qu debe entenderse por providencias y autos, especificando, en cada precepto concreto, cundo deben dictarse unas y otros. As, toda cuestin procesal que requiera una decisin judicial ha de ser resuelta necesariamente por los tribunales, bien por medio de una providencia bien a travs de un auto, segn los casos. Pero, por otra parte, la Ley atribuye la ordenacin formal y material del proceso, en definitiva, las resoluciones de impulso procesal, a los Secretarios Judiciales, indicando a lo largo del texto cundo debe dictarse una diligencia de ordenacin a travs del uso de formas impersonales, que permiten deducir que la actuacin correspondiente deben realizarla aqullos en su calidad de encargados de la correcta tramitacin del proceso.

Novedad de esta Ley son tambin las normas que, conforme a la jurisprudencia y a la doctrina ms autorizadas, expresan reglas atinentes al contenido de la sentencia. As, los preceptos relativos a la regla "iuxta allegata et probata", a la carga de la prueba, a la congruencia y a la cosa juzgada material. Importantes resultan tambin las disposiciones sobre sentencias con reserva de liquidacin, que se procura restringir a los casos en que sea imprescindible, y sobre las condenas de futuro.

En cuanto a la carga de la prueba, la Ley supera los trminos, en s mismos poco significativos, del nico precepto legal hasta ahora existente con carcter de norma general, y acoge conceptos ya concretados con carcter pacfico en la Jurisprudencia.

Las normas de carga de la prueba, aunque slo se aplican judicialmente cuando no se ha logrado certeza sobre los hechos controvertidos y relevantes en cada proceso, constituyen reglas de decisiva orientacin para la actividad de las partes. Y son, asimismo, reglas, que, bien aplicadas, permiten al juzgador confiar en el acierto de su enjuiciamiento fctico, cuando no se trate de casos en que, por estar implicado un inters pblico, resulte exigible que se agoten, de oficio, las posibilidades de esclarecer los hechos. Por todo esto, ha de considerarse de importancia este esfuerzo legislativo.

El precepto sobre la debida exhaustividad y congruencia de las sentencias, adems de haberse enriquecido con algunas precisiones, se ve complementado con otras normas, algunas de ellas ya aludidas, que otorgan a la congruencia toda su virtualidad. En cuanto a la cosa juzgada, esta Ley, rehuyendo de nuevo lo que en ella sera doctrinarismo, se aparta, empero, de superadas concepciones de ndole casi metajurdica y, conforme a la mejor tcnica jurdica, entiende la cosa juzgada como un instituto de naturaleza esencialmente procesal, dirigido a impedir la repeticin indebida de litigios y a procurar, mediante el efecto de vinculacin positiva a lo juzgado anteriormente, la armona de las sentencias que se pronuncien sobre el fondo en asuntos prejudicialmente conexos.

Con esta perspectiva, alejada de la idea de la presuncin de verdad, de la tpica santidad de la cosa juzgada y de la confusin con los efectos jurdico-materiales de muchas sentencias, se entiende que, salvo excepciones muy justificadas, se reafirme la exigencia de la identidad de las partes como presupuesto de la especfica eficacia en que la cosa juzgada consiste. En cuanto a otros elementos, dispone la Ley que la cosa juzgada opere haciendo efectiva la antes referida regla de preclusin de alegaciones de hechos y de fundamentos jurdicos.

La nulidad de los actos procesales se regula en esta Ley determinando, en primer trmino, los supuestos de nulidad radical o de pleno derecho. Se mantiene el sistema ordinario de denuncia de los casos de nulidad radical a travs de los recursos o de su declaracin, de oficio, antes de dictarse resolucin que ponga fin al proceso.

Pero se reafirma la necesidad, puesta de relieve en su da por el Tribunal Constitucional, de un remedio procesal especfico para aquellos casos en que la nulidad radical, por el momento en que se produjo el vicio que la caus, no pudiera ser declarada de oficio ni denunciada por va de recurso, tratndose, sin embargo, de defectos graves, generadores de innegable indefensin. As, por ejemplo, la privacin de la posibilidad de actuar en vistas anteriores a la sentencia o de conocer sta a efectos de interponer los recursos procedentes.

Sin embargo, se excluye la incongruencia de esta va procesal. Porque la incongruencia de las resoluciones que pongan fin al proceso, adems de que no siempre entraa nulidad radical, presenta una entidad a todas luces diferente, no reclama en muchos casos la reposicin de las actuaciones para la reparacin de la indefensin causada por el vicio de nulidad y, cuando se trate de una patente incongruencia omisiva, esta Ley ha previsto, como ya se ha expuesto, un tratamiento distinto.

Verdad es que, mediante el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, pueden verse afectadas sentencias y otras resoluciones finales, que han de considerarse firmes. Pero el legislador no puede, en aras de la firmeza, cerrar los ojos a la antecedente nulidad radical, que afecta a la resolucin, con todas sus caractersticas -firmeza incluida- y con todos sus efectos. La Ley opta, pues, por afrontar la nulidad conforme a su naturaleza y no segn la similitud con las realidades que determinan la existencia de otros institutos, como el denominado recurso de revisin o la audiencia del condenado en rebelda.

En los casos previstos como base del remedio excepcional de que ahora se trata, no se est ante una causa de rescisin de sentencias firmes y no ha parecido oportuno mezclar la nulidad con esas causas ni se ha considerado conveniente, para una tutela judicial efectiva, seguir el procedimiento establecido a los efectos de la rescisin ni llevar la nulidad al rgano competente para aqulla.

Aunque, como respecto de otros derechos procesales, siempre cabe el riesgo de abuso de la solicitud excepcional de nulidad de actuaciones, la Ley previene dicho riesgo, no slo con la cuidadosa determinacin de los casos en que la solicitud puede fundarse, sino con otras reglas: no suspensin de la ejecucin, condena en costas en caso de desestimacin de aqulla e imposicin de multa cuando se considere temeraria. Adems, los tribunales pueden rechazar las solicitudes manifiestamente infundadas mediante providencia sucintamente motivada, sin que en esos casos haya de sustanciarse el incidente y dictarse auto.

X

El Libro II de la presente Ley, dedicado a los procesos declarativos, comprende, dentro del Captulo referente a las disposiciones comunes, las reglas para determinar el proceso que se ha de seguir. Esta determinacin se lleva a cabo combinando criterios relativos a la materia y a la cuanta. Pero la materia no slo se considera en esta Ley, como en la de 1881, factor predominante respecto de la cuanta, sino elemento de muy superior relevancia, como lgica consecuencia de la preocupacin de esta Ley por la efectividad de la tutela judicial. Y es que esa efectividad reclama que por razn de la materia, con independencia de la evaluacin dineraria del inters del asunto, se solvente con rapidez -con ms rapidez que hasta ahora- gran nmero de casos y cuestiones.

Es ste un momento oportuno para dar razn del tratamiento que, con la mirada puesta en el artculo 53.2 de la Constitucin, esta Ley otorga, en el mbito procesal civil, a una materia plural, pero susceptible de consideracin unitaria: los derechos fundamentales.

Adems de entender, conforme a unnime interpretacin, que la sumariedad a que se refiere el citado precepto de la Constitucin no ha de entenderse en el sentido estricto o tcnico-jurdico, de ausencia de cosa juzgada a causa de una limitacin de alegaciones y prueba, resulta imprescindible, para un adecuado enfoque del tema, la distincin entre los derechos fundamentales cuya violacin se produce en la realidad extraprocesal y aquellos que, por su sustancia y contenido, slo pueden ser violados o infringidos en el seno de un proceso.

En cuanto a los primeros, pueden y deben ser llevados a un proceso para su rpida proteccin, que se tramite con preferencia: el hecho o comportamiento, externo al proceso, generador de la pretendida violacin del derecho fundamental, se residencia despus jurisdiccionalmente. Y lo que quiere el concreto precepto constitucional citado es, sin duda alguna, una tutela judicial singularmente rpida.

En cambio, respecto de los derechos fundamentales que, en s mismos, consisten en derechos y garantas procesales, sera del todo ilgico que a su eventual violacin respondiera el Derecho previendo, en el marco de la jurisdiccin ordinaria, tanto uno o varios procedimientos paralelos como un proceso posterior a aqul en que tal violacin se produzca y no sea reparada. Es patente que con lo primero se entrara de lleno en el territorio de lo absurdo. Y lo segundo supondra duplicar los procesos jurisdiccionales. Y an cabra hablar de duplicacin -del todo ineficaz y paradjicamente contraria a lo pretendido- como mnimo, pues en ese segundo proceso, contemplado como hiptesis, tambin podra producirse o pensarse que se haba producido una nueva violacin de derechos fundamentales, de contenido procesal.

Por todo esto, para los derechos fundamentales del primer bloque aludido, aquellos que se refieren a bienes jurdicos del mbito vital extrajudicial, la presente Ley establece que los procesos correspondientes se sustancien por un cauce procedimental, de tramitacin preferente, ms rpido que el establecido por la Ley de Proteccin Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, de 1978: el de los juicios ordinarios, con demanda y contestacin por escrito, seguidas de vista y sentencia.

En cambio, respecto de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, cuya infraccin puede producirse a lo largo y lo ancho de cualquier litigio, esta Ley descarta un ilgico procedimiento especial ante las denuncias de infraccin y considera que las posibles violaciones han de remediarse en el seno del proceso en que se han producido. A tal fin responden, respecto de muy diferentes puntos y cuestiones, mltiples disposiciones de esta Ley, encaminadas a una rpida tutela de las garantas procesales constitucionalizadas. La mayora de esas disposiciones tienen carcter general pues aquello que regulan es susceptible siempre de originar la necesidad de tutelar derechos fundamentales de ndole procesal, sin que tenga sentido por tanto, establecer una tramitacin preferente. En cambio, y a ttulo de meros ejemplos de reglas singulares, cabe sealar la tramitacin preferente de todos los recursos de queja y de los recursos de apelacin contra ciertos autos que inadmitan demandas. Conforme a la experiencia, tambin se ocupa la Ley de modo especial, segn se ver, de los casos de indefensin, con nulidad radical, que, por el momento en que pueden darse, no es posible afrontar mediante recursos o con actuacin del tribunal, de oficio.

Volviendo a la atribucin de tipos de asuntos en los distintos cauces procedimentales, la Ley, en sntesis, reserva para el juicio verbal, que se inicia mediante demanda sucinta con inmediata citacin para la vista, aquellos litigios caracterizados, en primer lugar, por la singular simplicidad de lo controvertido y, en segundo trmino, por su pequeo inters econmico. El resto de litigios han de seguir el cauce del juicio ordinario, que tambin se caracteriza por su concentracin, inmediacin y oralidad. De cualquier forma, aunque la materia es criterio determinante del procedimiento en numerosos casos, la cuanta sigue cumpliendo un papel no desdeable y las reglas sobre su determinacin cambian notablemente, con mejor contenido y estructura, conforme a la experiencia, procurndose, por otra parte, que la indeterminacin inicial quede circunscrita a los casos verdaderamente irreductibles a toda cuantificacin, siquiera sea relativa.

Las diligencias preliminares del proceso establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 no distaban mucho del completo desuso, al no considerarse de utilidad, dadas las escasas consecuencias de la negativa a llevar a cabo los comportamientos preparatorios previstos, pese a que el tribunal considerara justificada la solicitud del interesado. Por estos motivos, algunas iniciativas de reforma procesal civil se inclinaron a prescindir de este instituto.

Sin embargo, la presente Ley se asienta sobre el convencimiento de que caben medidas eficaces para la preparacin del proceso. Por un lado, se amplan las diligencias que cabe solicitar, aunque sin llegar al extremo de que sean indeterminadas. Por otra parte, sin incurrir en excesos coercitivos, se prevn, no obstante, respecto de la negativa injustificada, consecuencias prcticas de efectividad muy superior a la responsabilidad por daos y perjuicios.

Buscando un equilibrio equitativo, se exige al solicitante de las medidas preliminares una caucin para compensar los gastos, daos y perjuicios que se pueda ocasionar a los sujetos pasivos de aqullas, con la particularidad de que el mismo tribunal competente para las medidas decidir sumariamente sobre el destino de la caucin.

En los momentos iniciales del proceso, adems de acompaar a la demanda o personacin los documentos que acrediten ciertos presupuestos procesales, es de gran importancia, para informacin de la parte contraria, la presentacin de documentos sobre el fondo del asunto, a los que la regulacin de esta Ley aade medios e instrumentos en que consten hechos fundamentales (palabras, imgenes y cifras, por ejemplo) para las pretensiones de las partes, as como los dictmenes escritos y ciertos informes sobre hechos. Las nuevas normas prevn, asimismo, la presentacin de documentos exigidos en ciertos casos para la admisibilidad de la demanda y establecen con claridad que, como es lgico y razonable, cabe presentar en momentos no iniciales aquellos documentos relativos al fondo, pero cuya relevancia slo se haya puesto de manifiesto a consecuencia de las alegaciones de la parte contraria.

Aqu como en otros puntos, la Ley acenta las cargas de las partes, restringiendo al mximo la posibilidad de remitirse a expedientes, archivos o registros pblicos. Los supuestos de presentacin no inicial de los documentos y otros escritos e instrumentos relativos al fondo se regulan con exactitud y se sustituye la promesa o juramento de no haberlos conocido o podido obtener con anterioridad por la carga de justificar esa circunstancia. Congruentemente, el tribunal es facultado para decidir la improcedencia de tener en cuenta los documentos si, con el desarrollo de las actuaciones, no apareciesen justificados el desconocimiento y la imposibilidad. En casos en que se aprecie mala fe o nimo dilatorio en la presentacin del documento, el tribunal podr adems imponer multa.

En cuanto a la regulacin de la entrega de copias de escritos y documentos y su traslado a las dems partes, es innovacin de importancia la ya aludida de encomendar el traslado a los Procuradores, cuando stos intervengan y se hayan personado. El tribunal tendr por efectuado el traslado desde que le conste la entrega de las copias al servicio de notificacin organizado por el Colegio de Procuradores. De este modo, se descarga racionalmente a los rganos jurisdiccionales y, singularmente, al personal no jurisdiccional de un trabajo, que, bien mirado, resulta innecesario e impropio que realicen, en inevitable detrimento de otros. Pero, adems, el nuevo sistema permitir, como antes se apunt, eliminar tiempos muertos, pues desde la presentacin con traslado acreditado, comenzarn a computarse los plazos para llevar a cabo cualquier actuacin procesal ulterior.

XI

Por tratarse de normas comunes a todos los procesos declarativos en primera instancia y, cuando proceda, en la segunda, parece ms acertado situar las normas sobre la prueba entre las disposiciones generales de la actividad jurisdiccional declarativa que en el seno de las que articulan un determinado tipo procedimental.

La prueba, as incardinada y con derogacin de los preceptos del Cdigo Civil carentes de otra relevancia que la procesal, se regula en esta Ley con la deseable unicidad y claridad, adems de un amplio perfeccionamiento, en tres vertientes distintas.

Por un lado, se determina el objeto de la prueba, las reglas sobre la iniciativa de la actividad probatoria y sobre su admisibilidad, conforme a los criterios de pertinencia y utilidad, al que ha de aadirse la licitud, a cuyo tratamiento procesal, hasta ahora inexistente, se provee con sencillos preceptos.

Por otro lado, en cuanto a lo procedimental, frente a la dispersin de la prctica de la prueba, se introduce una novedad capital, que es la prctica de toda la prueba en el juicio o vista, disponindose que las diligencias que, por razones y motivos justificados, no puedan practicarse en dichos actos pblicos, con garanta plena de la presencia judicial, habrn de llevarse a cabo con anterioridad a ellos. Adems, se regula la prueba anticipada y el aseguramiento de la prueba, que en la Ley de 1881 apenas merecan alguna norma aislada.

Finalmente, los medios de prueba, junto con las presunciones, experimentan en esta Ley numerosos e importantes cambios. Cabe mencionar, como primero de todos ellos, la apertura legal a la realidad de cuanto puede ser conducente para fundar un juicio de certeza sobre las alegaciones fcticas, apertura incompatible con la idea de un nmero determinado y cerrado de medios de prueba. Adems resulta obligado el reconocimiento expreso de los instrumentos que permiten recoger y reproducir palabras, sonidos e imgenes o datos, cifras y operaciones matemticas.

En segundo trmino, cambia, en la lnea de la mayor claridad y flexibilidad, el modo de entender y practicar los medios de prueba ms consagrados y perennes.

La confesin, en exceso tributaria de sus orgenes histricos, en gran medida superados, y, por aadidura, mezclada con el juramento, es sustituida por una declaracin de las partes, que se aleja extraordinariamente de la rigidez de la absolucin de posiciones. Esta declaracin ha de versar sobre las preguntas formuladas en un interrogatorio libre, lo que garantiza la espontaneidad de las respuestas, la flexibilidad en la realizacin de preguntas y, en definitiva, la integridad de una declaracin no preparada.

En cuanto a la valoracin de la declaracin de las partes, es del todo lgico seguir teniendo en consideracin, a efectos de fijacin de los hechos, el dato de que los reconozca como ciertos la parte que ha intervenido en ellos y para la que resultan perjudiciales. Pero, en cambio, no resulta razonable imponer legalmente, en todo caso, un valor probatorio pleno a tal reconocimiento o confesin. Como en las ltimas dcadas ha venido afirmando la jurisprudencia y justificando la mejor doctrina, ha de establecerse la valoracin libre, teniendo en cuenta las otras pruebas que se practiquen.

Esta Ley se ocupa de los documentos, dentro de los preceptos sobre la prueba, a los solos efectos de la formacin del juicio jurisdiccional sobre los hechos, aunque, obviamente, esta eficacia haya de ejercer una notable influencia indirecta en el trfico jurdico. Los documentos pblicos, desde el punto de vista procesal civil, han sido siempre y deben seguir siendo aqullos a los que cabe y conviene atribuir una clara y determinada fuerza a la hora del referido juicio fctico. Documentos privados, en cambio, son los que, en s mismos, no gozan de esa fuerza fundamentadora de la certeza procesal y, por ello, salvo que su autenticidad sea reconocida por los sujetos a quienes puedan perjudicar, quedan sujetos a la valoracin libre o conforme a las reglas de la sana crtica.

La especfica fuerza probatoria de los documentos pblicos deriva de la confianza depositada en la intervencin de distintos fedatarios legalmente autorizados o habilitados. La ley procesal ha de hacerse eco, a sus especficos efectos y con lenguaje inteligible, de tal intervencin, pero no es la sede normativa en que se han de establecer los requisitos, el mbito competencial y otros factores de la dacin de fe. Tampoco corresponde a la legislacin procesal dirimir controversias interpretativas de las normas sobre la funcin de dar fe o acerca del asesoramiento jurdico con el que se contribuye a la instrumentacin documental de los negocios jurdicos. Menos propio an de esta Ley ha parecido determinar requisitos de forma documental relativos a tales negocios o modificar las opciones legislativas preexistentes.

Frente a corrientes de opinin que, mirando a otros modelos y a una pretendida disminucin de los costes econmicos de los negocios jurdicos, propugnan una radical modificacin de la fe pblica en el trfico jurdico-privado, civil y mercantil, la presente Ley es respetuosa con esa dacin de fe. Se trata, no obstante, de un respeto compatible con el legtimo inters de los justiciables y, desde luego, con el inters de la Administracin de Justicia misma, por lo que, ante todo, la Ley pretende que cada parte fije netamente su posicin sobre los documentos aportados de contrario, de suerte que, en caso de reconocerlos o no impugnar su autenticidad, la controversia fctica desaparezca o se aminore.

Ha de sealarse tambin que determinados preceptos de diversas leyes atribuyen carcter de documentos pblicos a algunos respecto de los que, unas veces de modo expreso y otras implcitamente, cabe la denominada prueba en contrario. La presente Ley respeta esas disposiciones de otros cuerpos legales, pero est obligada a regular diferenciadamente estos documentos pblicos y aqullos otros, de los que hasta aqu se ha venido tratando, que por s mismos hacen prueba plena.

Sobre estas bases, la regulacin unitaria de la prueba documental, que esta Ley contiene, parece completa y clara. Por lo dems, otros aspectos de las normas sobre prueba resuelven cuestiones que, en su dimensin prctica, dejan de tener sentido. No habr de forzarse la nocin de prueba documental para incluir en ella lo que se aporte al proceso con fines de fijacin de la certeza de hechos, que no sea subsumible en las nociones de los restantes medios de prueba. Podrn confeccionarse y aportarse dictmenes e informes escritos, con slo apariencia de documentos, pero de ndole pericial o testifical y no es de excluir, sino que la ley lo prev, la utilizacin de nuevos instrumentos probatorios, como soportes, hoy no convencionales, de datos, cifras y cuentas, a los que, en definitiva, haya de otorgrseles una consideracin anloga a la de las pruebas documentales.

Con las excepciones obligadas respecto de los procesos civiles en que ha de satisfacerse un inters pblico, esta Ley se inclina coherentemente por entender el dictamen de peritos como medio de prueba en el marco de un proceso, en el que, salvo las excepciones aludidas, no se impone y se responsabiliza al tribunal de la investigacin y comprobacin de la veracidad de los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de tutela formuladas por las partes, sino que es sobre stas sobre las que recae la carga de alegar y probar. Y, por ello, se introducen los dictmenes de peritos designados por las partes y se reserva la designacin por el tribunal de perito para los casos en que as le sea solicitado por las partes o resulte estrictamente necesario.

De esta manera, la prctica de la prueba pericial adquiere tambin una simplicidad muy distinta de la complicacin procedimental a que conduca la regulacin de la Ley de 1881. Se excluye la recusacin de los peritos cuyo dictamen aporten las partes, que slo podrn ser objeto de tacha, pero a todos los peritos se exige juramento o promesa de actuacin mximamente objetiva e imparcial y respecto de todos ellos se contienen en esta Ley disposiciones conducentes a someter sus dictmenes a explicacin, aclaracin y complemento, con plena contradiccin.

As, la actividad pericial, cuya regulacin decimonnica reflejaba el no resuelto dilema acerca de su naturaleza -si medio de prueba o complemento o auxilio del juzgador-, responde ahora plenamente a los principios generales que deben regir la actividad probatoria, adquiriendo sentido su libre valoracin. Efecto indirecto, pero nada desdeable, de esta necesaria clarificacin es la solucin o, cuando menos, importante atenuacin del problema prctico, muy frecuente, de la adecuada y tempestiva remuneracin de los peritos.

Mas, por otra parte, la presente Ley, al entender la enorme diversidad de operaciones y manifestaciones que entraa modernamente la pericia, se aparta decididamente de la regulacin de 1881 para reconocer sin casuismos la diversidad y amplitud de este medio de prueba, con atencin a su frecuente carcter instrumental respecto de otros medios de prueba, que no slo se manifiesta en el cotejo de letras.

En cuanto al interrogatorio de testigos, consideraciones semejantes a las reseadas respecto de la declaracin de las partes, han aconsejado que la Ley opte por establecer que el interrogatorio sea libre desde el principio. En esta sede se regula tambin el interrogatorio sobre hechos consignados en informes previamente aportados por las partes y se prev la declaracin de personas jurdicas, pblicas y privadas, de modo que junto a especialidades que la experiencia aconseja, quede garantizada la contradiccin y la inmediacin en la prctica de la prueba.

La Ley, que concibe con ms amplitud el reconocimiento judicial, acoge tambin entre los medios de prueba, como ya se ha dicho, los instrumentos que permiten recoger y reproducir, no slo palabras, sonidos e imgenes, sino aqullos otros que sirven para el archivo de datos y cifras y operaciones matemticas.

Introducidas en la presente Ley las presunciones como mtodo de fijar la certeza de ciertos hechos y regulada suficientemente la carga de la prueba, pieza clave de un proceso civil en el que el inters pblico no sea predominante, puede eliminarse la dualidad de regulaciones de la prueba civil, mediante la derogacin de algunos preceptos del Cdigo Civil.

XII

Ensea la experiencia, en todo el mundo, que si, tras las iniciales alegaciones de las partes, se acude de inmediato a un acto oral, en que, antes de dictar sentencia tambin de forma inmediata, se concentren todas las actividades de alegacin complementaria y de prueba, se corre casi siempre uno de estos dos riesgos: el gravsimo, de que los asuntos se resuelvan sin observancia de todas las reglas que garantizan la plena contradiccin y sin la deseable atencin a todos los elementos que han de fundar el fallo, o el consistente en que el tiempo que en apariencia se ha ganado acudiendo inmediatamente al acto del juicio o vista se haya de perder con suspensiones e incidencias, que en modo alguno pueden considerarse siempre injustificadas y meramente dilatorias, sino con frecuencia necesarias en razn de la complejidad de los asuntos.

Por otro lado, es una exigencia racional y constitucional de la efectividad de la tutela judicial que se resuelvan, cuanto antes, las eventuales cuestiones sobre presupuestos y bices procesales, de modo que se eviten al mximo las sentencias que no entren sobre el fondo del asunto litigioso y cualquier otro tipo de resolucin que ponga fin al proceso sin resolver sobre su objeto, tras costosos esfuerzos baldos de las partes y del tribunal.

En consecuencia, como ya se apunt, slo es conveniente acudir a la mxima concentracin de actos para asuntos litigiosos desprovistos de complejidad o que reclamen una tutela con singular rapidez. En otros casos, la opcin legislativa prudente es el juicio ordinario, con su audiencia previa dirigida a depurar el proceso y a fijar el objeto del debate.

Con estas premisas, la Ley articula con carcter general dos cauces distintos para la tutela jurisdiccional declarativa: de un lado, la del proceso que, por la sencillez expresiva de la denominacin, se da en llamar juicio ordinario y, de otro, la del juicio verbal.

Estos procesos acogen, en algunos casos gracias a disposiciones particulares, los litigios que hasta ahora se ventilaban a travs de cuatro procesos ordinarios, as como todos los incidentes no regulados expresamente, con lo que cabe suprimir tambin el procedimiento incidental comn. Y esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil permite tambin afrontar, sin merma de garantas, los asuntos que eran contemplados hasta hoy en ms de una docena de leyes distintas de la procesal civil comn. Buena prueba de ello son la disposicin derogatoria y las disposiciones finales.

As, pues, se simplifican, con estos procedimientos, los cauces procesales de muchas y muy diversas tutelas jurisdiccionales. Lo que no se hace, porque carecera de razn y sentido, es prescindir de particularidades justificadas, tanto por lo que respecta a presupuestos especiales de admisibilidad o procedibilidad como en lo relativo a ciertos aspectos del procedimiento mismo.

Lo exigible y deseable no es unificar a ultranza, sino suprimir lo que resulta innecesario y, sobre todo, poner trmino a una dispersin normativa a todas luces excesiva. No cabe, por otra parte, ni racional ni constitucionalmente, cerrar el paso a disposiciones legales posteriores, sino slo procurar que los preceptos que esta Ley contiene sean, por su previsin y flexibilidad, suficientes para el tratamiento jurisdiccional de materias y problemas nuevos.

La Ley disea los procesos declarativos de modo que la inmediacin, la publicidad y la oralidad hayan de ser efectivas. En los juicios verbales, por la trascendencia de la vista; en el ordinario, porque tras demanda y contestacin, los hitos procedimentales ms sobresalientes son la audiencia previa al juicio y el juicio mismo, ambos con la inexcusable presencia del juzgador.

A grandes rasgos, el desarrollo del proceso ordinario puede resumirse como sigue.

En la audiencia previa, se intenta inicialmente un acuerdo o transaccin de las partes, que ponga fin al proceso y, si tal acuerdo no se logra, se resuelven las posibles cuestiones sobre presupuestos y bices procesales, se determinan con precisin las pretensiones de las partes y el mbito de su controversia, se intenta nuevamente un acuerdo entre los litigantes y, en caso de no alcanzarse y de existir hechos controvertidos, se proponen y admiten las pruebas pertinentes.

En el juicio, se practica la prueba y se formulan las conclusiones sobre sta, finalizando con informes sobre los aspectos jurdicos, salvo que todas las partes prefieran informar por escrito o el tribunal lo estime oportuno. Conviene reiterar, adems, que de todas las actuaciones pblicas y orales, en ambas instancias, quedar constancia mediante los instrumentos oportunos de grabacin y reproduccin, sin perjuicio de las actas necesarias.

La Ley suprime las denominadas diligencias para mejor proveer, sustituyndolas por unas diligencias finales, con presupuestos distintos de los de aqullas. La razn principal para este cambio es la coherencia con la ya referida inspiracin fundamental que, como regla, debe presidir el inicio, desarrollo y desenlace de los procesos civiles. Adems, es conveniente cuanto refuerce la importancia del acto del juicio, restringiendo la actividad previa a la sentencia a aquello que sea estrictamente necesario. Por tanto, como diligencias finales slo sern admisibles las diligencias de pruebas, debidamente propuestas y admitidas, que no se hubieren podido practicar por causas ajenas a la parte que las hubiera interesado.

La Ley considera improcedente llevar a cabo nada de cuanto se hubiera podido proponer y no se hubiere propuesto, as como cualquier actividad del tribunal que, con merma de la igualitaria contienda entre las partes, supla su falta de diligencia y cuidado. Las excepciones a esta regla han sido meditadas detenidamente y responden a criterios de equidad, sin que supongan ocasin injustificada para desordenar la estructura procesal o menoscabar la igualdad de la contradiccin.

En cuanto al carcter sumario, en sentido tcnico-jurdico, de los procesos, la Ley dispone que carezcan de fuerza de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a aqullos en que se pretenda una rpida tutela de la posesin o tenencia, las que decidan sobre peticiones de cese de actividades ilcitas en materia de propiedad intelectual o industrial, las que provean a una inmediata proteccin frente obras nuevas o ruinosas, as como las que resuelvan sobre el desahucio o recuperacin de fincas por falta de pago de la renta o alquiler o sobre la efectividad de los derechos reales inscritos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de ttulo inscrito que legitime la oposicin o la perturbacin. La experiencia de ineficacia, inseguridad jurdica y vicisitudes procesales excesivas aconseja, en cambio, no configurar como sumarios los procesos en que se aduzca, como fundamento de la pretensin de desahucio, una situacin de precariedad: parece muy preferible que el proceso se desenvuelva con apertura a plenas alegaciones y prueba y finalice con plena efectividad. Y los procesos sobre alimentos, como otros sobre objetos semejantes, no han de confundirse con medidas provisionales ni tienen por qu carecer, en su desenlace, de fuerza de cosa juzgada. Reclamaciones ulteriores pueden estar plenamente justificadas por hechos nuevos.

XIII

Esta Ley contiene una sola regulacin del recurso de apelacin y de la segunda instancia, porque se estima injustificada y perturbadora una diversidad de regmenes. En razn de la ms pronta tutela judicial, dentro de la seriedad del proceso y de la sentencia, se dispone que, resuelto el recurso de reposicin contra las resoluciones que no pongan fin al proceso, no quepa interponer apelacin y slo insistir en la eventual disconformidad al recurrir la sentencia de primera instancia. Desaparecen, pues, prcticamente, las apelaciones contra resoluciones interlocutorias. Y con la oportuna disposicin transitoria, se pretende que este nuevo rgimen de recursos sea de aplicacin lo ms pronto posible.

La apelacin se reafirma como plena revisin jurisdiccional de la resolucin apelada y, si sta es una sentencia recada en primera instancia, se determina legalmente que la segunda instancia no constituye un nuevo juicio, en que puedan aducirse toda clase de hechos y argumentos o formularse pretensiones nuevas sobre el caso. Se regula, coherentemente, el contenido de la sentencia de apelacin, con especial atencin a la singular congruencia de esa sentencia.

Otras disposiciones persiguen aumentar las posibilidades de corregir con garantas de acierto eventuales errores en el juicio fctico y, mediante diversos preceptos, se procura hacer ms sencillo el procedimiento y lograr que, en el mayor nmero de casos posible, se dicte en segunda instancia sentencia sobre el fondo.

Cabe mencionar que la presente Ley, que prescinde del concepto de adhesin a la apelacin, generador de equvocos, perfila y precisa el posible papel de quien, a la vista de la apelacin de otra parte y siendo inicialmente apelado, no slo se opone al recurso sino que, a su vez, impugna el auto o sentencia ya apelado, pidiendo su revocacin y sustitucin por otro que le sea ms favorable.

La Ley conserva la separacin entre una inmediata preparacin del recurso, con la que se manifiesta la voluntad de impugnacin, y la ulterior interposicin motivada de sta. No parece oportuno ni diferir el momento en que puede conocerse la firmeza o el mantenimiento de la litispendencia, con sus correspondientes efectos, ni apresurar el trabajo de fundamentacin del recurso. Pero, para una mejor tramitacin, se introduce la innovacin procedimental consistente en disponer que el recurrente lleve a cabo la preparacin y la interposicin ante el tribunal que dicte la resolucin recurrida, remitindose despus los autos al superior. Lo mismo se establece respecto de los recursos extraordinarios.

XIV

Por coherencia plena con una verdadera preocupacin por la efectividad de la tutela judicial y por la debida atencin a los problemas que la Administracin de Justicia presenta en todo el mundo, esta Ley pretende una superacin de una idea, no por vulgar menos influyente, de los recursos extraordinarios y, en especial, de la casacin, entendidos, si no como tercera instancia, s, muy frecuentemente, como el ltimo paso necesario, en muchos casos, hacia la definicin del Derecho en el caso concreto.

Como quiera que este planteamiento resulta insostenible en la realidad y entraa una cierta degeneracin o deformacin de importantes instituciones procesales, est siendo general, en los pases de nuestro mismo sistema jurdico e incluso en aqullos con sistemas muy diversos, un cuidadoso estudio y una detenida reflexin acerca del papel que es razonable y posible que desempeen los referidos recursos y el rgano u rganos que ocupan la posicin o las posiciones supremas en la organizacin jurisdiccional.

Con la conviccin de que la reforma de la Justicia, en este punto como en otros, no puede ni debe prescindir de la historia, de la idiosincrasia particular y de los valores positivos del sistema jurdico propio, la tendencia de reforma que se estima acertada es la que tiende a reducir y mejorar, a la vez, los grados o instancias de enjuiciamiento pleno de los casos concretos para la tutela de los derechos e intereses legtimos de los sujetos jurdicos, circunscribiendo, en cambio, el esfuerzo y el cometido de los tribunales superiores en razn de necesidades jurdicas singulares, que reclamen un trabajo jurdico de especial calidad y autoridad.

Desde hace tiempo, la casacin civil presenta en Espaa una situacin que, como se reconoce generalmente, es muy poco deseable, pero en absoluto fcil de resolver con un grado de aceptacin tan general como su crtica. Esta Ley ha partido, no slo de la imposibilidad, sino tambin del error terico y prctico que entraara concebir que la casacin perfecta es aqulla de la que no se descarta ninguna materia ni ninguna sentencia de segunda instancia.

Adems de ser sa una casacin completamente irrealizable en nuestra sociedad, no es necesario ni conveniente, porque no responde a criterios razonables de justicia, que cada caso litigioso, con los derechos e intereses legtimos de unos justiciables an en juego, pueda transitar por tres grados de enjuiciamiento jurisdiccional, siquiera el ltimo de esos enjuiciamientos sea el limitado y peculiar de la casacin. No pertenece a nuestra tradicin histrica ni constituye exigencia constitucional alguna que la funcin nomofilctica de la casacin se proyecte sobre cualesquiera sentencias ni sobre cualesquiera cuestiones y materias.

Nadie ha cuestionado, sin embargo, que la renovacin de nuestra Justicia civil se haga conforme a los valores positivos, slidamente afianzados, del propio sistema jurdico y jurisdiccional, sin incurrir en la imprudencia de desechar instituciones enteras y sustituirlas por otras de nueva factura o por piezas de modelos jurdicos y judiciales muy diversos del nuestro. As, pues, ha de mantenerse en sustancia la casacin, con la finalidad y efectos que le son propios, pero con un mbito objetivo coherente con la necesidad, antes referida, de doctrina jurisprudencial especialmente autorizada.

Los lmites de cuanta no constituyen por s solos un factor capaz de fijar de modo razonable y equitativo ese mbito objetivo. Y tampoco parece oportuno ni satisfactorio para los justiciables, vidos de seguridad jurdica y de igualdad de trato, que la configuracin del nuevo mbito casacional, sin duda necesaria por razones y motivos que trascienden elementos coyunturales, se lleve a cabo mediante una seleccin casustica de unos cuantos asuntos de inters casacional, si este elemento se deja a una apreciacin de ndole muy subjetiva.

La presente Ley ha operado con tres elementos para determinar el mbito de la casacin. En primer lugar, el propsito de no excluir de ella ninguna materia civil o mercantil; en segundo trmino, la decisin, en absoluto gratuita, como se dir, de dejar fuera de la casacin las infracciones de leyes procesales; finalmente, la relevancia de la funcin de crear autorizada doctrina jurisprudencial. Porque sta es, si se quiere, una funcin indirecta de la casacin, pero est ligada al inters pblico inherente a ese instituto desde sus orgenes y que ha persistido hasta hoy.

En un sistema jurdico como el nuestro, en el que el precedente carece de fuerza vinculante -slo atribuida a la ley y a las dems fuentes del Derecho objetivo-, no carece ni debe carecer de un relevante inters para todos la singularsima eficacia ejemplar de la doctrina ligada al precedente, no autoritario, pero s dotado de singular autoridad jurdica.

De ah que el inters casacional, es decir, el inters trascendente a las partes procesales que puede presentar la resolucin de un recurso de casacin, se objetive en esta Ley, no slo mediante un parmetro de cuanta elevada, sino con la exigencia de que los asuntos sustanciados en razn de la materia aparezcan resueltos con infraccin de la ley sustantiva, desde luego, pero, adems, contra doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (o en su caso, de los Tribunales Superiores de Justicia) o sobre asuntos o cuestiones en los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. Se considera, asimismo, que concurre inters casacional cuando las normas cuya infraccin se denuncie no lleven en vigor ms tiempo del razonablemente previsible para que sobre su aplicacin e interpretacin haya podido formarse una autorizada doctrina jurisprudencial, con la excepcin de que s exista tal doctrina sobre normas anteriores de igual o similar contenido.

De este modo, se establece con razonable objetividad la necesidad del recurso. Esta objetivacin del inters casacional, que aporta ms seguridad jurdica a los justiciables y a sus abogados, parece preferible al mtodo consistente en atribuir al propio tribunal casacional la eleccin de los asuntos merecedores de su atencin, como desde algunas instancias se ha propugnado. Entre otras cosas, la objetivacin elimina los riesgos de desconfianza y desacuerdo con las decisiones del tribunal.

Establecido un nuevo sistema de ejecucin provisional, la Ley no considera necesario ni oportuno generalizar la exigencia de depsito para el acceso al recurso de casacin (o al recurso extraordinario por infraccin de ley procesal). El depsito previo, adems de representar un factor de encarecimiento de la Justicia, de desigual incidencia sobre los justiciables, plantea, entre otros, el problema de su posible transformacin en obstculo del ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, conforme al principio de igualdad. La ejecutividad provisional de las sentencias de primera y segunda instancia parece suficiente elemento disuasorio de los recursos temerarios o de intencin simplemente dilatoria.

El sistema de recursos extraordinarios se completa confiando en todo caso las cuestiones procesales a las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia. La separacin entre el recurso de casacin y el recurso extraordinario dedicado a las infracciones procesales ha de contribuir, sin duda, a la seriedad con que stas se aleguen. Adems, este recurso extraordinario por infraccin procesal ampla e intensifica la tutela judicial ordinaria de los derechos fundamentales de ndole procesal, cuyas pretendidas violaciones generan desde hace ms de una dcada gran parte de los litigios.

Nada tiene de heterodoxo, ni orgnica ni procesalmente y menos an, si cabe, constitucionalmente, cuando ya se han consumido dos instancias, circunscribir con rigor lgico el recurso extraordinario de casacin y exigir a quien est convencido de haberse visto perjudicado por graves infracciones procesales que no pretenda, simultneamente, la revisin de infracciones de Derecho sustantivo.

Si se est persuadido de que se ha producido una grave infraccin procesal, que reclama reposicin de las actuaciones al estado anterior a esa infraccin, no cabe ver imposicin irracional en la norma que excluye pretender al mismo tiempo una nueva sentencia, en vez de tal reposicin de las actuaciones. Si el recurso por infraccin procesal es estimado, habr de dictarse una nueva sentencia y si sta incurriere en infracciones del Derecho material o sustantivo, podr recurrirse en casacin la sentencia, como en el rgimen anterior a esta Ley.

Verdad es que, en comparacin con el tratamiento dispensado a los limitados tipos de asuntos accesibles a la casacin segn la Ley de 1881 y sus numerosas reformas, en el recurso de casacin de esta Ley no cabr ya pretender la anulacin de la sentencia recurrida con reenvo a la instancia y, a la vez, subsidiariamente, la sustitucin de la sentencia de instancia por no ser conforme al Derecho sustantivo. Pero, adems de que esta nueva Ley contiene mejores instrumentos para la correccin procesal de las actuaciones, se ha considerado ms conforme con las necesidades sociales, con el conjunto de los institutos jurdicos de nuestro Ordenamiento y con el origen mismo del instituto casacional, que una razonable configuracin de la carga competencial del Tribunal Supremo se lleve a cabo concentrando su actividad en lo sustantivo.

No cabe olvidar, por lo dems, que, conforme a la Ley de 1881, si se interpona un recurso de casacin que adujese, a la vez, quebrantamiento de forma e infracciones relativas a la sentencia, se examinaba y decida primero acerca del pretendido quebrantamiento de forma y si el recurso se estimaba por este concepto, los autos eran reenviados al Tribunal de instancia, para que dictara nueva sentencia, que, a su vez, podra ser, o no, objeto de nuevo recurso de casacin, por infraccin de ley, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio o por ambos conceptos. Nada sustancialmente distinto, con mecanismos nuevos para acelerar los trmites, se prev en esta Ley para el caso de que, respecto de la misma sentencia, distintos litigantes opten, cada uno de ellos, por un distinto recurso extraordinario.

El rgimen de recursos extraordinarios establecido en la presente Ley quiz es, en el nico punto de la opcin entre casacin y recurso extraordinario por infraccin procesal, menos generoso que la casacin anterior con los litigantes vencidos y con sus Procuradores y Abogados, pero no es menos generoso con el conjunto de los justiciables y, como se acaba de apuntar, la opcin por una casacin circunscrita a lo sustantivo se ha asumido teniendo en cuenta el conjunto de los institutos jurdicos de tutela previstos en nuestro ordenamiento.

No puede desdearse, en efecto, la consideracin de que, al amparo del artculo 24 de la Constitucin, tienen cabida legal recursos de amparo -la gran mayora de ellos- sobre muchas cuestiones procesales. Esas cuestiones procesales son, a la vez, garantas constitucionales desde el punto de vista del artculo 123 de la Constitucin. Y como quiera que, a la vista de los artculos 161.1, letra b) y 53.2 del mismo texto constitucional, parece constitucionalmente inviable sustraer al Tribunal Constitucional todas las materias incluidas en el artculo 24 de nuestra norma fundamental, a la doctrina del Tribunal Constitucional hay que atenerse. Hay, pues, segn nuestra norma fundamental, una instancia nica y suprema de interpretacin normativa en muchas materias procesales. Para otras, como se ver, se remodela por completo el denominado recurso en inters de la ley.

Los recursos de amparo por invocacin del artculo 24 de la Constitucin han podido alargar mucho, hasta ahora, el horizonte temporal de una sentencia irrevocable, ya excesivamente prolongado en la jurisdiccin ordinaria segn la Ley de 1881 y sus posteriores reformas. Pues bien: esos recursos de amparo fundados en violaciones del artculo 24 de la Constitucin dejan de ser procedentes si no se intent en cada caso el recurso extraordinario por infraccin procesal.

Por otro lado, con este rgimen de recursos extraordinarios, se reducen considerablemente las posibilidades de friccin o choque entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Este deslindamiento no es un principio inspirador del sistema de recursos extraordinarios, pero s un criterio en absoluto desdeable, con un efecto beneficioso. Porque el respetuoso acatamiento de la salvedad en favor del Tribunal Constitucional en lo relativo a garantas constitucionales puede ser y es conveniente que se armonice con la posicin del Tribunal Supremo, una posicin general de superioridad que el artculo 123 de la Constitucin atribuye al alto Tribunal Supremo con la misma claridad e igual nfasis que la referida salvedad.

El recurso de casacin ante el Tribunal Supremo puede plantearse, en resumen, con estos dos objetos: 1. las sentencias que dicten las Audiencias Provinciales en materia de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artculo 24 de la Constitucin, cuando infrinjan normas del ordenamiento jurdico aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso; 2. las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, siempre que incurran en similar infraccin de normas sustantivas y, adems, el recurso presente un inters trascendente a la tutela de los derechos e intereses legtimos de unos concretos justiciables, establecido en la forma que ha quedado dicha.

Puesto que los asuntos civiles en materia de derechos fundamentales pueden ser llevados en todo caso al Tribunal Constitucional, cabra entender que est de ms su acceso a la casacin ante el Tribunal Supremo. Siendo ste un criterio digno de atenta consideracin, la Ley ha optado, como se acaba de decir, por una disposicin contraria.

Las razones de esta opcin son varias y diversas. De una parte, los referidos asuntos no constituyen una grave carga de trabajo jurisdiccional. Por otra, desde el momento constituyente mismo se estim conveniente establecer la posibilidad del recurso casacional en esa materia, sin que se hayan manifestado discrepancias ni reticencias sobre este designio, coherente, no slo con el propsito de esta Ley en el sentido de no excluir de la casacin ninguna materia civil -y lo son, desde luego, los derechos inherentes a la personalidad, mximamente constitucionalizados-, sino tambin con la idea de que el Tribunal Supremo es tambin, de muy distintos modos, Juez de la Constitucin, al igual que los restantes rganos jurisdiccionales ordinarios. Adems, la subsidiariedad del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no poda dejar de gravitar en el trance de esta opcin legislativa. Y no es desdeable, por ende, el efecto que sobre todos los recursos, tambin los extraordinarios, es previsible que ejerza el nuevo rgimen de ejecucin provisional, del que no estn excluidas, en principio, las sentencias de condena en materia de derechos fundamentales, en las que no son infrecuentes pronunciamientos condenatorios pecuniarios.

Por su parte, el ya referido recurso extraordinario por infraccin procesal, ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, procede contra sentencias de las Audiencias Provinciales en cuestiones procesales de singular relieve y, en general, para cuanto pueda considerarse violacin de los derechos fundamentales que consagra el artculo 24 de la Constitucin.

XV

Por ltimo, como pieza de cierre y respecto de cuestiones procesales no atribuidas al Tribunal Constitucional, se mantiene el recurso en inters de la ley ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, un recurso concebido para la deseable unidad jurisprudencial, pero configurado de manera muy distinta que el actual, para los casos de sentencias firmes divergentes de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

Estn legitimados para promover esta actividad, no slo el Ministerio Fiscal, sino el Defensor del Pueblo y las personas jurdicas de Derecho pblico que acrediten inters legtimo en la existencia de doctrina jurisprudencial sobre la cuestin o cuestiones procesales que en el recurso se susciten. No se trata, es cierto, de un recurso en sentido propio, pues la sentencia que se dicte no revocar otra sentencia no firme (ni rescindir la firme), pero se opta por mantener esta denominacin, en aras de lo que resulta, por los precedentes, ms expresivo y comunicativo.

Merced al recurso en inters de la ley, adems de completarse las posibilidades de crear doctrina jurisprudencial singularmente autorizada, por proceder del Tribunal Supremo, no quedan las materias procesales excluidas del quehacer del alto tribunal, mientras no se produzca colisin con el recurso de amparo que corresponde al Tribunal Constitucional. Por el contrario, la competencia, el esfuerzo y el inters de los legitimados garantizan que el Tribunal Supremo, constitucionalmente superior en todos los rdenes, pero no llamado por nuestra Constitucin a conocer de todo tipo de asuntos, como es obvio, habr de seguir ocupndose de cuestiones procesales de importancia.

Entre las sentencias que dicte el Tribunal Supremo en virtud de este instrumento y las sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional en su mbito propio, no faltar una doctrina jurisprudencial que sirva de gua para la aplicacin e interpretacin de las normas procesales en trminos de seguridad jurdica e igualdad, compatibles y armnicos con la libertad de enjuiciamiento propia de nuestro sistema y con la oportuna evolucin de la jurisprudencia.

En este punto, y para terminar lo relativo a los recursos extraordinarios, parece oportuno recordar que, precisamente en nuestro sistema jurdico, la jurisprudencia o el precedente goza de relevancia prctica por su autoridad y fuerza ejemplar, pero no por su fuerza vinculante. Esa autoridad, nacida de la calidad de la decisin, de su justificacin y de la cuidadosa expresin de sta, se est revelando tambin la ms importante en los sistemas jurdicos del llamado case law. Y ha sido y seguir siendo la nica atribuible, ms all del caso concreto, a las sentencias dictadas en casacin.

Por todo esto, menospreciar las resoluciones del Tribunal Supremo en cuanto carezcan de eficacia directa sobre otras sentencias o sobre los derechos de determinados sujetos jurdicos no sera ni coherente con el valor siempre atribuido en nuestro ordenamiento a la doctrina jurisprudencial ni acorde con los ms rigurosos estudios iuscomparatsticos y con las modernas tendencias, antes ya aludidas, sobre el papel de los rganos jurisdiccionales situados en el vrtice o cspide de la Administracin de Justicia.

XVI

La regulacin de la ejecucin provisional es, tal vez, una de las principales innovaciones de este texto legal. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil representa una decidida opcin por la confianza en la Administracin de Justicia y por la importancia de su imparticin en primera instancia y, de manera consecuente, considera provisionalmente ejecutables, con razonables temperamentos y excepciones, las sentencias de condena dictadas en ese grado jurisdiccional.

La ejecucin provisional ser viable sin necesidad de prestar fianza ni caucin, aunque se establecen, de una parte, un rgimen de oposicin a dicha ejecucin, y, de otra, reglas claras para los distintos casos de revocacin de las resoluciones provisionalmente ejecutadas, que no se limitan a proclamar retricamente la responsabilidad por daos y perjuicios, remitiendo al proceso ordinario correspondiente, sino que permiten su exaccin por la va de apremio.

Solicitada la ejecucin provisional, el tribunal la despachar, salvo que la sentencia sea de las inejecutables o no contenga pronunciamiento de condena. Y, despachada la ejecucin provisional, el condenado puede oponerse a ella, en todo caso, si entiende que no concurren los aludidos presupuestos legales. Pero la genuina oposicin prevista es diferente segn se trate de condena dineraria o de condena no dineraria. En este ltimo caso, la oposicin puede fundarse en que resulte imposible o de extrema dificultad, segn la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situacin anterior a la ejecucin provisional o compensar econmicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daos y perjuicios que se le causaren, si la sentencia fuere revocada.

Si la condena es dineraria, no se permite la oposicin a la ejecucin provisional en su conjunto, sino nicamente a aquellas actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio que puedan causar una situacin absolutamente imposible de restaurar o de compensar econmicamente mediante el resarcimiento de daos y perjuicios. El fundamento de esta oposicin a medidas ejecutivas concretas viene a ser, por tanto, el mismo que el de la oposicin a la ejecucin de condenas no dinerarias: la probable irreversibilidad de las situaciones provocadas por la ejecucin provisional y la imposibilidad de una equitativa compensacin econmica, si la sentencia es revocada.

En el caso de ejecucin provisional por condena dineraria, la Ley exige a quien se oponga a actuaciones ejecutivas concretas que indique medidas alternativas viables, as como ofrecer caucin suficiente para responder de la demora en la ejecucin, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria resultare posteriormente confirmado. Si no se ofrecen medidas alternativas ni se presta caucin, la oposicin no proceder.

Es innegable que establecer, como regla, tal ejecucin provisional de condenas dinerarias entraa el peligro de que quien se haya beneficiado de ella no sea luego capaz de devolver lo que haya percibido, si se revoca la sentencia provisionalmente ejecutada. Con el sistema de la Ley de 1881 y sus reformas, la caucin exigida al solicitante eliminaba ese peligro, pero a costa de cerrar en exceso la ejecucin provisional, dejndola slo en manos de quienes dispusieran de recursos econmicos lquidos. Y a costa de otros diversos y no pequeos riesgos: el riesgo de la demora del acreedor en ver satisfecho su crdito y el riesgo de que el deudor condenado dispusiera del tiempo de la segunda instancia y de un eventual recurso extraordinario para prepararse a eludir su responsabilidad.

Con el sistema de esta Ley, existe, desde luego, el peligro de que el ejecutante provisional haya cobrado y despus haya pasado a ser insolvente, pero, de un lado, este peligro puede ser mnimo en muchos casos respecto de quienes dispongan a su favor de sentencia provisionalmente ejecutable. Y, por otro lado, como ya se ha dicho, la Ley no remite a un proceso declarativo para la compensacin econmica en caso de revocacin de lo provisionalmente ejecutado, sino al procedimiento de apremio, ante el mismo rgano que ha tramitado o est tramitando la ejecucin forzosa provisional.

Mas el factor fundamental de la opcin de esta Ley, sopesados los peligros y riesgos contrapuestos, es la efectividad de las sentencias de primera instancia, que, si bien se mira, no recaen con menos garantas sustanciales y procedimentales de ajustarse a Derecho que las que constituye el procedimiento administrativo, en cuyo seno se dictan los actos y resoluciones de las Administraciones Pblicas, inmediatamente ejecutables salvo la suspensin cautelar que se pida a la Jurisdiccin y por ella se otorgue.

La presente Ley opta por confiar en los Juzgados de Primera Instancia, base, en todos los sentidos, de la Justicia civil. Con esta Ley, habrn de dictar sentencias en principio inmediatamente efectivas por la va de la ejecucin provisional; no sentencias en principio platnicas, en principio inefectivas, en las que casi siempre gravite, neutralizando lo resuelto, una apelacin y una segunda instancia como acontecimientos que se dan por sentados.

Ni las estadsticas disponibles ni la realidad conocida por la experiencia de muchos profesionales -Jueces, Magistrados, abogados, profesores de derecho, etc.- justifican una sistemtica, radical y general desconfianza en la denominada Justicia de primera instancia. Y, por otra parte, si no se hiciera ms efectiva y se responsabilizara ms a esta Justicia de primera instancia, apenas cabra algo distinto de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuestiones de detalle, aunque fuesen muchas e importantes.

Ante este cambio radical y fijndose en la oposicin a la ejecucin provisional, parece conveniente caer en la cuenta de que la decisin del rgano jurisdiccional sobre dicha oposicin no es ms difcil que la que entraa resolver sobre la peticin de medidas cautelares. Los factores contrapuestos que han de ponderarse ante la oposicin a la ejecucin provisional no son de mayor dificultad que los que deben tomarse en consideracin cuando se piden medidas cautelares.

Se trata de instituciones, ambas, que, siendo distintas, entraan riesgos de error, pero riesgos de error parejos y que pueden y deben asumirse en aras de la efectividad de la tutela judicial y de la necesaria proteccin del crdito. La ejecucin forzosa provisional no es, por supuesto, ninguna medida cautelar y supone, de ordinario, efectos de ms fuerza e intensidad que los propios de las medidas cautelares. Pero en un caso, adems de una razonable oposicin, existe una sentencia precedida de un proceso con todas las garantas y, en el otro, slo el humo de buen derecho.

Este nuevo rgimen de la ejecucin provisional deparar, a buen seguro, muchos ms beneficios directos que perjuicios o casos injustos y sern muy positivos tanto los efectos colaterales de la innovacin radical proyectada, como la disminucin de recursos con nimo exclusivamente dilatorio.

Con esta innovacin, la presente Ley aspira a un cambio de mentalidad en los pactos y en los pleitos. En los pactos, para acordarlos con nimo de cumplirlos; en los pleitos, para afrontarlos con la perspectiva de asumir seriamente sus resultados en un horizonte mucho ms prximo que el que es hoy habitual. Se manifiesta as, en suma, un propsito no meramente verbal de dar seriedad a la Justicia. No resulta admisible atribuir muchos errores a los rganos jurisdiccionales de primera instancia, argumento que, como ya se ha apuntado, est en contradiccin con la realidad de las sentencias confirmatorias en segunda instancia. Por lo dems, una Ley como sta debe elaborarse sobre la base de un serio quehacer judicial, en todas las instancias y en los recursos extraordinarios y de ninguna manera puede sustentarse aceptando como punto de partida una supuesta o real falta de calidad en dicho quehacer, defecto que, en todo caso, ninguna ley podra remediar.

XVII

En cuanto a la ejecucin forzosa propiamente dicha, esta Ley, a diferencia de la de 1881, presenta una regulacin unitaria, clara y completa. Se disea un proceso de ejecucin idneo para cuanto puede considerarse genuino ttulo ejecutivo, sea judicial o contractual o se trate de una ejecucin forzosa comn o de garanta hipotecaria, a la que se dedica una especial atencin. Pero esta sustancial unidad de la ejecucin forzosa no debe impedir las particularidades que, en no pocos puntos, son enteramente lgicas. As, en la oposicin a la ejecucin, las especialidades razonables en funcin del carcter judicial o no judicial del ttulo o las que resultan necesarias cuando la ejecucin se dirige exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados.

Ningn rgimen legal de ejecucin forzosa puede evitar ni compensar la morosidad crediticia, obviamente previa al proceso, ni pretender que todos los acreedores vern siempre satisfechos todos sus crditos. La presente Ley no pretende contener una nueva frmula en esa lnea de utopa. Pero s contiene un conjunto de normas que, por un lado, protegen mucho ms enrgicamente que hasta ahora al acreedor cuyo derecho presente suficiente constancia jurdica y, por otro, regulan situaciones y problemas que hasta ahora apenas se tomaban en consideracin o, simplemente, se ignoraban legalmente.

La Ley regula con detalle lo relativo a las partes y sujetos intervinientes en la ejecucin, as como la competencia, los recursos y actos de impugnacin de resoluciones y actuaciones ejecutivas concretas -que no han de confundirse con la oposicin a la ejecucin forzosa- y las causas y rgimen procedimental de la oposicin a la ejecucin y de la suspensin del proceso de ejecucin.

El incidente de oposicin a la ejecucin previsto en la Ley es comn a todas las ejecuciones, con la nica excepcin de las que tengan por finalidad exclusiva la realizacin de una garanta real, que tienen su rgimen especial. La oposicin se sustancia dentro del mismo proceso de ejecucin y slo puede fundamentarse en motivos tasados, que son diferentes segn el ttulo sea judicial o no judicial.

Absoluta novedad, en esta materia, es el establecimiento de un rgimen de posible oposicin a la ejecucin de sentencias y ttulos judiciales. Como es sabido, la Ley de 1881 guardaba completo silencio acerca de la oposicin a la ejecucin de sentencias, generando una indeseable situacin de incertidumbre sobre su misma procedencia, as como sobre las causas de oposicin admisibles y sobre la tramitacin del incidente.

Sin merma de la efectividad de esos ttulos, deseable por muchos motivos, esta Ley tiene en cuenta la realidad y la justicia y permite la oposicin a la ejecucin de sentencias por las siguientes causas: pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, siempre que se acredite documentalmente; caducidad de la accin ejecutiva y existencia de un pacto o transaccin entre las partes para evitar la ejecucin, siempre que el pacto o transaccin conste en documento pblico. Se trata, como se ve, de unas pocas y elementales causas, que no pueden dejar de tomarse en consideracin, como si la ejecucin de una sentencia firme pudiera consistir en operaciones automticas y resultase racional prescindir de todo cuanto haya podido ocurrir entre el momento en que se dict la sentencia y adquiri firmeza y el momento en que se inste la ejecucin.

La oposicin a la ejecucin fundada en ttulos no judiciales, se admite por las siguientes causas: pago, que se pueda acreditar documentalmente; compensacin, siempre que el crdito que se oponga al del ejecutante sea lquido y resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva; pluspeticin; prescripcin o caducidad del derecho del ejecutante; quita, espera o pacto de no pedir, que conste documentalmente; y transaccin, que conste en documento pblico.

Se trata, como es fcil advertir, de un elenco de causas de oposicin ms nutrido que el permitido en la ejecucin de sentencias y otros ttulos judiciales, pero no tan amplio que convierta la oposicin a la ejecucin en una controversia semejante a la de un juicio declarativo plenario, con lo que podra frustrarse la tutela jurisdiccional ejecutiva. Porque esta Ley entiende los ttulos ejecutivos extrajudiciales, no como un tercer gnero entre las sentencias y los documentos que slo sirven como medios de prueba, sino como genuinos ttulos ejecutivos, esto es, instrumentos que, por poseer ciertas caractersticas, permiten al Derecho considerarlos fundamento razonable de la certeza de una deuda, a los efectos del despacho de una verdadera ejecucin forzosa.

La oposicin a la ejecucin no es, pues, en el caso de la que se funde en ttulos ejecutivos extrajudiciales, una suerte de compensacin a una pretendida debilidad del ttulo, sino una exigencia de justicia, lo mismo que la oposicin a la ejecucin de sentencias o resoluciones judiciales o arbitrales. La diferencia en cuanto a la amplitud de los motivos de oposicin se basa en la existencia, o no, de un proceso anterior. Los documentos a los que se pueden atribuir efectos procesales muy relevantes, pero sin que sea razonable considerarlos ttulos ejecutivos encuentran, en esta Ley, dentro del proceso monitorio, su adecuado lugar.

Tanto para la ejecucin de sentencias como para la de ttulos no judiciales se prev tambin la oposicin por defectos procesales: carecer el ejecutado del carcter o representacin con que se le demanda, falta de capacidad o de representacin del ejecutante y nulidad radical del despacho de la ejecucin.

La Ley simplifica al mximo la tramitacin de la oposicin, cualquiera que sea la clase de ttulo, remitindola, de ordinario, a lo dispuesto para el juicio verbal. Por otra parte, dado que la oposicin a la ejecucin slo se abre por causas tasadas, la Ley dispone expresamente que el auto por el que la oposicin se resuelva circunscribe sus efectos al proceso de ejecucin. Si se piensa en procesos declarativos ulteriores a la ejecucin forzosa, es obvio que si sta se ha despachado en virtud de sentencia, habr de operar la fuerza que a sta quepa atribuir.

Se regula tambin la suspensin de la ejecucin con carcter general, excepto para la ejecucin hipotecaria, que tiene su rgimen especfico. Las nicas causas de suspensin que se contemplan, adems de la derivada del incidente de oposicin a la ejecucin basada en ttulos no judiciales, son las siguientes: interposicin y admisin de demanda de revisin o de rescisin de sentencia dictada en rebelda; interposicin de un recurso frente a una actuacin ejecutiva cuya realizacin pueda producir dao de difcil reparacin; situacin concursal del ejecutado y prejudicialidad penal.

Con estas normas, la Ley establece un sistema equilibrado que, por una parte, permite una eficaz tutela del derecho del acreedor ejecutante, mediante una relacin limitada y tasada de causas de oposicin y suspensin, que no desvirta la eficacia del ttulo ejecutivo, y que, por otro lado, no priva al deudor ejecutado de medios de defensa frente a los supuestos ms graves de ilicitud de la ejecucin.

En materia de ejecucin dineraria, la Ley se ocupa, en primer lugar, del embargo o afeccin de bienes y de la garanta de esta afeccin, segn la distinta naturaleza de lo que sea objeto de esta fundamental fase de la actividad jurisdiccional ejecutiva. Se define y regula, con claridad sistemtica y de contenido, la finalidad del embargo y sus actos constitutivos, el criterio de su suficiencia -con la correspondiente prohibicin del embargo indeterminado- lo que no puede ser embargado en absoluto o relativamente, lo que, embargado errneamente, debe desafectarse cuanto antes, la ampliacin o reduccin del embargo y la administracin judicial como instrumento de afeccin de bienes para la razonable garanta de la satisfaccin del ejecutante.

Es de subrayar que en esta Ley se establece la obligacin del ejecutado de formular manifestacin de sus bienes, con sus gravmenes. El tribunal, de oficio, le requerir en el auto en que despache ejecucin para que cumpla esta obligacin, salvo que el ejecutante, en la demanda ejecutiva, hubiera sealado bienes embargables del ejecutado, que el mismo ejecutante repute bastantes. Para dotar de eficacia prctica a esta obligacin del ejecutado se prev, aparte del apercibimiento al deudor de las responsabilidades en que puede incurrir, la posibilidad de que se le impongan multas coercitivas peridicas hasta que responda debidamente al requerimiento. Esta previsin remedia uno de los principales defectos de la Ley de 1881, que se mostraba en exceso complaciente con el deudor, arrojando sobre el ejecutante y sobre el Juez la carga de averiguar los bienes del patrimonio del ejecutado, sin imponer a ste ningn deber de colaboracin.

Pero no empiezan y acaban con la manifestacin de sus bienes por el ejecutado los instrumentos para localizar dichos bienes a los efectos de la ejecucin. La Ley prev que, a instancia del ejecutante que en absoluto haya podido sealar bienes o que no los haya encontrado en nmero y con cualidades tales que resulten suficientes para el buen fin de la ejecucin, el tribunal requiera de entidades pblicas y de personas jurdicas y fsicas datos pertinentes sobre bienes y derechos susceptibles de ser utilizados para que el ejecutado afronte su responsabilidad. El ejecutante habr de explicar, aunque sea sucintamente, la relacin con el ejecutado de las entidades y personas que indica como destinatarios de los requerimientos de colaboracin, pues no sera razonable que estas previsiones legales se aprovechasen torcidamente para pesquisas patrimoniales genricas o desprovistas de todo fundamento.

Estas medidas de investigacin no se establecen en la Ley como subsidiarias de la manifestacin de bienes, sino que, cuando se trate de ejecucin forzosa que no requiere requerimiento de pago, pueden acordarse en el auto que despache ejecucin y llevarse a efecto de inmediato, lo que se har, asimismo, sin or al ejecutado ni esperar que sea efectiva la notificacin del auto de despacho de la ejecucin, cuando existan motivos para pensar que, en caso de demora, podra frustrarse el xito de la ejecucin.

La tercera de dominio no se concibe ya como proceso ordinario definitorio del dominio y con el efecto secundario del alzamiento del embargo del bien objeto de la tercera, sino como incidente, en sentido estricto, de la ejecucin, encaminado directa y exclusivamente a decidir si procede la desafeccin o el mantenimiento del embargo. Se trata de una opcin, recomendada por la doctrina, que ofrece la ventaja de no conllevar una demora del proceso de ejecucin respecto del bien correspondiente, demora que, pese a la mayor simplicidad de los procesos ordinarios de esta Ley, no puede dejar de considerarse a la luz de la doble instancia y sin que el nuevo rgimen de ejecucin provisional pueda constituir, en cuanto a la ejecucin pendiente, una respuesta adecuada al referido problema.

En cuanto a la tercera de mejor derecho o de preferencia, se mantiene en esta Ley, pero con importantes innovaciones, como son la previsin del allanamiento del ejecutante o de su desistimiento de la ejecucin, as como la participacin del tercerista en los costes econmicos de una ejecucin forzosa no promovida por l. Por otra parte, a diferencia de la tercera de dominio, en la de mejor derecho es necesaria una sentencia del tribunal con fuerza definitoria del crdito y de su preferencia, aunque esta sentencia no prejuzgue otras acciones.

No son pocos los cambios y, sobre todo, el orden y previsin que esta Ley introduce en el procedimiento de apremio o fase de realizacin, previo avalo, de los bienes afectados a la ejecucin, segn su diferente naturaleza. Adems de colmar numerosas lagunas, se establece una nica subasta, con disposiciones encaminadas a lograr, dentro de lo posible segn las reglas del mercado, un resultado ms satisfactorio para el deudor ejecutante, procurando, adems, reducir el coste econmico.

Con independencia de las mejoras introducidas en la regulacin de la subasta, la Ley abre camino a vas de enajenacin forzosa alternativas que, en determinadas circunstancias, permitirn agilizar la realizacin y mejorar su rendimiento. As, se regulan los convenios de realizacin entre ejecutante y ejecutado y la posibilidad de que, a instancia del ejecutante o con su conformidad, el Juez acuerde que el bien se enajene por persona o entidad especializada, al margen, por tanto, de la subasta judicial.

La convocatoria de la subasta, especialmente cuando de inmuebles se trate, se regula de manera que resulte ms indicativa del valor del bien. La enajenacin en subasta de bienes inmuebles recibe la singular atencin legislativa que merece, con especial cuidado sobre los aspectos registrales y la proteccin de terceros. En relacin con la subsistencia y cancelacin de cargas se ha optado por mantener el sistema de subsistencia de las cargas anteriores al gravamen que se ejecuta y cancelacin de las cargas posteriores, sistema que se complementa deduciendo del avalo el importe de las cargas subsistentes para determinar el valor por el que los inmuebles han de salir a subasta. Esta solucin presenta la ventaja de que asegura que las cantidades que se ofrezcan en la subasta, por pequeas que sean, van a redundar siempre en beneficio de la ejecucin pendiente, lo que no se conseguira siempre con la tradicional liquidacin de cargas.

Otra importante novedad en materia de enajenacin forzosa de inmuebles se refiere al rgimen de audiencia y eventual desalojo de los ocupantes de los inmuebles enajenados en un proceso de ejecucin. Nada prevea al respecto la Ley de 1881, que obligaba a los postores, bien a realizar costosas averiguaciones por su cuenta, bien a formular sus ofertas en condiciones de absoluta incertidumbre sobre si encontraran ocupantes o no; sobre si los eventuales ocupantes tendran derecho o no a mantener su situacin y, en fin, sobre si, aun no teniendo los ocupantes derecho a conservar la posesin de la finca, sera necesario o no acudir a un quiz largo y costoso proceso declarativo para lograr el desalojo. Todo esto, como es natural, no contribua precisamente a hacer atractivo ni econmicamente eficiente el mercado de las subastas judiciales.

La presente Ley sale al paso del problema de los ocupantes procurando, primero, que en el proceso de ejecucin se pueda tener noticia de su existencia. A esta finalidad se orienta la previsin de que, en la relacin de bienes que ha de presentar el ejecutado, se indique, respecto de los inmuebles, si estn ocupados y, en su caso, por quin y con qu ttulo. Por otro lado, se dispone que se comunique la existencia de la ejecucin a los ocupantes de que se tenga noticia a travs de la manifestacin de bienes del ejecutado o de cualquier otro modo, concedindoles un plazo de diez das para presentar al tribunal de la ejecucin los ttulos que justifiquen su situacin. Adems, se ordena que en el anuncio de la subasta se exprese, con el posible detalle, la situacin posesoria del inmueble, para que los eventuales postores puedan evaluar las dificultades que encontrara un eventual desalojo.

Finalmente, se regula un breve incidente, dentro de la ejecucin, que permite desalojar inmediatamente a quienes puedan ser considerados ocupantes de mero hecho o sin ttulo suficiente. Slo el desalojo de los ocupantes que hayan justificado tener un ttulo que pueda ser suficiente para mantener la posesin, requerir acudir al proceso declarativo que corresponda. De esta forma, la Ley da una respuesta prudente y equilibrada al problema que plantean los ocupantes.

Tambin se regula con mayor realismo la administracin para pago, que adquiere autonoma respecto de la realizacin mediante enajenacin forzosa. En conjunto, los preceptos de este captulo IV del Libro III de la Ley aprovechan la gran experiencia acumulada a lo largo de aos en que, a falta muchas veces de normas precisas, se han ido poniendo de relieve diversos problemas reales y se han buscado soluciones y formulado propuestas con buen sentido jurdico.

La Ley dedica un captulo especial a las particularidades de la ejecucin sobre bienes hipotecados o pignorados. En este punto, se mantiene, en lo sustancial, el rgimen precedente de la ejecucin hipotecaria, caracterizado por la drstica limitacin de las causas de oposicin del deudor a la ejecucin y de los supuestos de suspensin de sta. El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que este rgimen no vulnera la Constitucin e introducir cambios sustanciales en el mismo podra alterar gravemente el mercado del crdito hipotecario, lo que no parece en absoluto aconsejable.

La nueva regulacin de la ejecucin sobre bienes hipotecados o pignorados supone un avance respecto de la situacin precedente ya que, en primer lugar, se trae a la Ley de Enjuiciamiento Civil la regulacin de los procesos de ejecucin de crditos garantizados con hipoteca, lo que refuerza el carcter propiamente jurisdiccional de estas ejecuciones, que ha sido discutido en ocasiones; en segundo trmino, se regulan de manera unitaria las ejecuciones de crditos con garanta real, eliminando la multiplicidad de regulaciones existente en la actualidad; y, finalmente, se ordenan de manera ms adecuada las actuales causas de suspensin de la ejecucin, distinguiendo las que constituyen verdaderos supuestos de oposicin a la ejecucin (extincin de la garanta hipotecaria o del crdito y disconformidad con el saldo reclamado por el acreedor), de los supuestos de tercera de dominio y prejudicialidad penal, aunque manteniendo, en todos los casos, el carcter restrictivo de la suspensin del procedimiento.

Mencin especial ha de hacerse del cambio relativo a la ejecucin no dineraria. Era preciso, sin duda, modificar una regulacin claramente superada desde muy distintos puntos de vista. Esta Ley introduce los requerimientos y multas coercitivas dirigidas al cumplimiento de los deberes de hacer y no hacer y se aparta as considerablemente de la inmediata inclinacin a la indemnizacin pecuniaria manifestada en la Ley de 1881. Sin embargo, se evitan las constricciones excesivas, buscando el equilibrio entre el inters y la justicia de la ejecucin en sus propios trminos, por un lado y, por otro, el respeto a la voluntad y el realismo de no empearse en lograr coactivamente prestaciones a las que son inherentes los rasgos personales del cumplimiento voluntario.

XVIII

En cuanto a las medidas cautelares, esta Ley las regula en un conjunto unitario de preceptos, del que slo se excluyen, por las razones que ms adelante se dirn, los relativos a las medidas especficas de algunos procesos civiles especiales. Se supera as una lamentable situacin, caracterizada por escasas e insuficientes normas, dispersas en la Ley de 1881 y en otros muchos cuerpos legales.

El referido conjunto de preceptos no es, empero, el resultado de agrupar la regulacin de las medidas cautelares que pudieran considerarse clsicas, estableciendo sus presupuestos y su procedimiento. Esta Ley ha optado por sentar con claridad las caractersticas generales de las medidas que pueden ser precisas para evitar que se frustre la efectividad de una futura sentencia, perfilando unos presupuestos y requisitos igualmente generales, de modo que resulte un rgimen abierto de medidas cautelares y no un sistema de nmero limitado o cerrado. Pero la generalidad y la amplitud no son vaguedad, inconcrecin o imprudencia. La Ley se apoya en doctrina y jurisprudencia slidas y de general aceptacin.

El fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, el peligro de la mora procesal y la prestacin de caucin son, desde luego, factores fundamentales imprescindibles para la adopcin de medidas cautelares. La instrumentalidad de las medidas cautelares respecto de la sentencia que pueda otorgar una concreta tutela y, por tanto, la accesoriedad y provisionalidad de las medidas se garantizan suficientemente con normas adecuadas. Se procura, con disposiciones concretas, que las medidas cautelares no se busquen por s mismas, como fin exclusivo o primordial de la actividad procesal. Pero ha de sealarse que se establece su rgimen de modo que los justiciables dispongan de medidas ms enrgicas que las que hasta ahora podan pedir. Se trata de que las medidas resulten en verdad eficaces para lograr, no slo que la sentencia de condena pueda ejecutarse de alguna manera, sino para evitar que sea ilusoria, en sus propios trminos.

Aunque necesarias para conjurar el periculum in mora, las medidas cautelares no dejan de entraar, como es sabido, otros peligros y riesgos. De modo que es preciso tambin regular cuidadosamente, y as se ha pretendido en esta Ley, la oposicin a las medidas cautelares, su razonable sustitucin, revisin y modificacin y las posibles contracautelas o medidas que neutralicen o enerven las cautelares, hacindolas innecesarias o menos gravosas.

Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de comenzar el proceso, junto con la demanda o pendiente ya el litigio. Como regla, no se adoptan sin previa contradiccin, pero se prev que, en casos justificados, puedan acordarse sin or al sujeto pasivo de la medida que se pretende. En dichos casos, se establece una oposicin inmediatamente posterior. En la audiencia previa o en la oposicin, pero tambin ms tarde, puede entrar en juego la contracautela que sustituya la medida cautelar que se pretende o que ya se haya acordado.

Frente a alguna posicin partidaria de atribuir el conocimiento y resolucin acerca de las medidas cautelares a un rgano jurisdiccional distinto del competente para el proceso principal, la Ley opta por no separar la competencia, sin perjuicio de que no implique sumisin, respecto del proceso, la actuacin de la parte pasiva en el procedimiento relativo a medidas solicitadas antes de la interposicin de la demanda.

Esta opcin no desconoce el riesgo de que la decisin sobre las medidas cautelares, antes de la demanda o ya en el seno del proceso, genere algunos prejuicios o impresiones en favor o en contra de la posicin de una parte, que puedan influir en la sentencia. Pero, adems de que ese riesgo existe tambin al margen de las medidas cautelares, pues el prejuicio podra generarse en la audiencia previa al juicio o tras la lectura de demanda y contestacin, esta Ley se funda en una doble consideracin.

Considera la Ley, por un lado, que todos los Jueces y Magistrados estn en condiciones de superar impresiones provisionales para ir atendiendo imparcialmente a las sucesivas pretensiones de las partes y para atenerse, en definitiva, a los hechos probados y al Derecho que haya de aplicarse.

Y, por otra, no se pierde de vista que las medidas cautelares han de guardar siempre relacin con lo que se pretende en el proceso principal e incluso con vicisitudes y circunstancias que pueden variar durante su pendencia, de suerte que es el rgano competente para dicho proceso quien se encuentra en la situacin ms idnea para resolver, en especial si se tiene en cuenta la posibilidad de alzamiento y modificacin de las medidas o de su sustitucin por una equitativa contracautela. Todo esto, sin contar con la menor complejidad procedimental que comporta no separar la competencia.

XIX

La Ley establece los procesos especiales imprescindibles.

En primer lugar, los que, con inequvocas e indiscutibles particularidades, han de servir de cauce a los litigios en asuntos de capacidad, filiacin y matrimoniales. Se trae as a la Ley procesal comn, terminando con una situacin deplorable, lo que en ella debe estar, pero que hasta ahora se ha debido rastrear o incluso deducir de disposiciones superlativamente dispersas, oscuras y problemticas.

En segundo lugar, los procesos de divisin judicial de patrimonios, rbrica bajo la que se regulan la divisin judicial de la herencia y el nuevo procedimiento para la liquidacin del rgimen econmico matrimonial, que permitirn solventar cuestiones de esa ndole que no se hayan querido o podido resolver sin contienda judicial. Y, por ltimo, dos procesos en cierto modo ms novedosos que los anteriores: el juicio monitorio y el proceso cambiario.

Por lo que respecta a los procesos en que no rige el principio dispositivo o debe ser matizada su influencia en razn de un indiscutible inters pblico inherente al objeto procesal, la Ley no se limita a codificar, sino que, con pleno respeto a las reglas sustantivas, de las que el proceso ha de ser instrumental, disea procedimientos sencillos y presta singular atencin a los problemas reales mostrados por la experiencia. Destacables resultan las medidas cautelares especficas que se prevn y que, en aras de las ventajas prcticas de una regulacin procesal agrupada y completa sobre estas materias, se insertan en estos procesos especiales, en vez de llevarlas, conforme a criterios sistemticos tal vez tericamente ms perfectos, a la regulacin general de tales medidas.

Para la divisin judicial de la herencia disea la Ley un procedimiento mucho ms simple y menos costoso que el juicio de testamentara de la Ley de 1881. Junto a este procedimiento, se regula otro especficamente concebido para servir de cauce a la liquidacin judicial del rgimen econmico matrimonial, con el que se da respuesta a la imperiosa necesidad de una regulacin procesal clara en esta materia que se ha puesto reiteradamente de manifiesto durante la vigencia de la legislacin precedente.

En cuanto al proceso monitorio, la Ley confa en que, por los cauces de este procedimiento, eficaces en varios pases, tenga proteccin rpida y eficaz el crdito dinerario lquido de muchos justiciables y, en especial, de profesionales y empresarios medianos y pequeos.

En sntesis, este procedimiento se inicia mediante solicitud, para la que pueden emplearse impresos o formularios, dirigida al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor, sin necesidad de intervencin de procurador y abogado. Punto clave de este proceso es que con la solicitud se aporten documentos de los que resulte una base de buena apariencia jurdica de la deuda. La ley establece casos generales y otros concretos o tpicos. Es de sealar que la eficacia de los documentos en el proceso monitorio se complementa armnicamente con el reforzamiento de la eficacia de los genuinos ttulos ejecutivos extrajudiciales.

Si se trata de los documentos que la ley misma considera base de aquella apariencia o si el tribunal as lo entiende, quien aparezca como deudor es inmediatamente colocado ante la opcin de pagar o "dar razones", de suerte que si el deudor no comparece o no se opone, est suficientemente justificado despachar ejecucin, como se dispone. En cambio, si se "dan razones", es decir, si el deudor se opone, su discrepancia con el acreedor se sustancia por los cauces procesales del juicio que corresponda segn la cuanta de la deuda reclamada. Este juicio es entendido como proceso ordinario y plenario y encaminado, por tanto, a finalizar, en principio, mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada.

Si el deudor no comparece o no se opone, se despacha ejecucin segn lo dispuesto para las sentencias judiciales. En el seno de esta ejecucin forzosa cabe la limitada oposicin prevista en su lugar, pero con la particularidad de que se cierra el paso a un proceso ordinario en que se reclame la misma deuda o la devolucin de lo que pudiera obtenerse en la ejecucin derivada del monitorio. Este cierre de las posibilidades de litigar es conforme y coherente con la doble oportunidad de defensa que al deudor le asiste y resulta necesario para dotar de eficacia al procedimiento monitorio.

Conviene advertir, por ltimo, en cuanto al proceso monitorio, que la Ley no desconoce la realidad de las regulaciones de otros pases, en las que este cauce singular no est limitado por razn de la cuanta. Pero se ha considerado ms prudente, al introducir este instrumento de tutela jurisdiccional en nuestro sistema procesal civil, limitar la cuanta a una cifra razonable, que permite la tramitacin de reclamaciones dinerarias no excesivamente elevadas, aunque superiores al lmite cuantitativo establecido para el juicio verbal.

El juicio cambiario, por su parte, no es sino el cauce procesal que merecen los crditos documentados en letras de cambio, cheques y pagars. Se trata de una proteccin jurisdiccional singular, instrumental de lo dispuesto en la ley especial sobre esos instrumentos del trfico jurdico. La eficaz proteccin del crdito cambiario queda asegurada por el inmediato embargo preventivo, que se convierte automticamente en ejecutivo si el deudor no formula oposicin o si sta es desestimada. Fuera de los casos de estimacin de la oposicin, el embargo preventivo slo puede alzarse ante la alegacin fundada de falsedad de la firma o de falta absoluta de representacin, configurndose as, en esta Ley, un sistema de tutela jurisdiccional del crdito cambiario de eficacia estrictamente equivalente al de la legislacin derogada.

XX

Mediante las disposiciones adicionales segunda y tercera se pretende, por un lado, hacer posibles las actualizaciones y adaptaciones de cuanta que en el futuro sean convenientes, entre las cuales la determinada por la plena implantacin del euro y, por otra parte, la efectiva disposicin de nuevos medios materiales para la constancia de vistas, audiencias y comparecencias.

En cuanto a la disposicin adicional segunda, el mantenimiento de la cuanta en pesetas junto a la cuanta en euros, en ciertos casos, obedece al propsito de facilitar la determinacin del procedimiento que se ha de seguir en primera instancia y la posibilidad de acceso a algunos recursos, evitando tener que convertir a moneda europea las cuantas que consten en documentos y registros, quiz largamente ajenas a dicha moneda, en que haya de fundarse la cuantificacin.

Las disposiciones transitorias prevn, conforme a criterios racionales de fcil comprensin y aplicacin, los problemas que se pueden suscitar en cuanto a los procesos pendientes al tiempo de entrar en vigor la Ley, tras la vacacin de un ao prevista en la correspondiente disposicin final. El criterio general, que se va aplicando a los distintos casos, es el de la ms rpida efectividad de la nueva Ley.

La disposicin derogatoria contiene gran nmero de normas, a consecuencia de la misma naturaleza de esta Ley y de su empeo por evitar la simple clusula derogatoria general, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del artculo 2 del Cdigo Civil. El fcil expediente de la mera clusula general no slo es reprochable desde el punto de vista de la tcnica jurdica y, en concreto, de la legislativa, sino que genera con frecuencia graves problemas.

En su primer apartado, la disposicin derogatoria se refiere, en primer lugar, a la misma Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, con necesarias excepciones temporales a la derogacin general, en razn de futuras Leyes reguladoras de la materia concursal, de la jurisdiccin voluntaria y de la cooperacin jurdica internacional en materia civil.

Adems, se derogan preceptos procesales hasta ahora de una veintena de leyes distintas, as como, entre otros, el Decreto de 21 de noviembre de 1952, sobre normas procesales de Justicia Municipal, y el Decreto-Ley sobre embargo de empresas, de 20 de octubre de 1969. En numerosas ocasiones, esos preceptos son sustituidos por normas nuevas en la presente Ley. Otras veces, se integran en ella. Y, en ciertos casos, son modificados por medio de disposiciones finales, de diversa ndole, a las que enseguida se har referencia.

En lo que afecta al Cdigo Civil, ha de destacarse que, si bien se suprimen las normas relativas a los medios de prueba, se mantienen aquellos preceptos relativos a los documentos que pueden tener relevancia, y no pequea, en el trfico jurdico. Algunos de esos preceptos que permanecen mencionan expresamente la prueba, pero, adems de no ser contradictorios, sino armnicos, con los de esta Ley, ha de entenderse que tratan de la certeza y eficacia extrajudiciales. La raigambre de dichas normas ha aconsejado no derogarlas, sin perjuicio de la posibilidad de que, en el futuro, sean perfeccionadas.

En cuanto a las disposiciones finales, algunas se limitan a poner en consonancia las remisiones de leyes especiales a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Otras, en cambio, modifican la redaccin de ciertos preceptos en razn de las innovaciones contenidas en esta Ley. Tal es el caso, por ejemplo, de ciertos apartados del artculo 15 y de la disposicin adicional primera de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Introducido en nuestro ordenamiento el proceso monitorio y contempladas expresamente en la ley las deudas por plazos impagados contra lo previsto en los contratos regulados en dicha ley, parece obligado que la virtualidad consistente en llevar aparejada ejecucin, atribuida a ciertos ttulos, haya de acomodarse a lo dispuesto para sta.

La modificacin del artculo 11 de la Ley de Arbitraje viene exigida por el cambio en el tratamiento procesal de la jurisdiccin que la presente Ley opera. Pero, adems, ha de contribuir a reforzar la eficacia de la institucin arbitral, pues ser posible, en adelante, que la sumisin a rbitros se haga valer dentro del proceso judicial de modo que el tribunal se abstenga de conocer al comienzo, y no al final, de dicho proceso, como ocurra a consecuencia de configurar como excepcin dilatoria la alegacin de compromiso.

Las reformas en la Ley Hipotecaria, estudiadas con singular detenimiento, buscan cohonestar la regulacin de esta Ley con la mayor integridad y claridad de aqulla. Son necesarios tambin ciertos cambios en las leyes procesales laboral y penal, regulando de modo completo la abstencin y recusacin en los correspondientes procesos y algunos otros extremos concretos. En la ley procesal penal, resulta oportuno modificar el precepto relativo a los das y horas hbiles para las actuaciones judiciales de instruccin.

En la lnea seguida por esta Ley en el sentido de facilitar la prestacin de cauciones o la constitucin de depsitos, se reforma la disposicin adicional de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulacin de Vehculos a Motor. Lo que importa a la Administracin de Justicia, en razn de los legtimos derechos e intereses de muchos justiciables, no es que otros justiciables dispongan de dinero en efectivo para destinarlo a depsitos y cauciones, sino que, en su momento, unas determinadas sumas de dinero puedan inmediatamente destinarse a las finalidades que la ley establezca.