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Ley 60/1962, de 24 de diciembre, sobre el régimen de auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos.

Ficha:
  • Órgano
  • Publicado en BOE núm. 310 de
  • Vigencia desde 16 de Enero de 1963
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
Afectaciones recientes
15/12/1992
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Téngase en cuenta que el número 2 de la Disposición Final 2ª de la Ley 27/1992, 24 noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante («B.O.E.» 25 noviembre) establece: "Las disposiciones contenidas en el Título II de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, que regula cuestiones relativas a la jurisdicción y procedimiento en materia de auxilios, salvamento, remolques, hallazgos y extracciones marítimas continuarán en vigor en calidad de normas reglamentarias y podrán ser derogadas o modificadas por el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y Obras Públicas y Transportes". Ir a Norma
Otras afectaciones anteriores
L 37/1988 de 28 Dic. (Presupuestos Generales del Estado para 1989)
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Artículo 21 redactado por Ley 37/1988, 28 diciembre («B.O.E.» 29 diciembre), de Presupuestos Generales del Estado para 1989. Artículo 48 redactado por Ley 37/1988, 28 diciembre («B.O.E.» 29 diciembre), de Presupuestos Generales del Estado para 1989. Artículo 50 redactado por Ley 37/1988, 28 diciembre («B.O.E.» 29 diciembre), de Presupuestos Generales del Estado para 1989. Párrafo 2.º de la disposición adicional introducido por Ley 37/1988, 28 diciembre («B.O.E.» 29 diciembre), de Presupuestos Generales del Estado para 1989.

Preámbulo

La conveniencia de unificar las normas relativas a los auxilios,

salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos dispersas en disposiciones de distinto rango legal, que resultan insuficientes para las necesidades actuales, aconseja la promulgación de un texto legal orgánico que las regule y modernice.

Con objeto de unificar ciertas reglas en materia de auxilios y salvamentos

marítimos, se ha incorporado a la Ley el texto del Convenio de Bruselas de veintitrés de septiembre de mil novecientos diez al que España se ha adherido, pero ampliándolo para incluir la asistencia marítima a aeronaves y la prestada o recibida por buques de guerra o afectos a un servicio público.

Como consecuencia de la incorporación del Convenio de Bruselas se excluye

de los hallazgos marítimos a los buques y aeronaves y sus cargamentos, por ser su recuperación un caso de asistencia marítima.

Al mismo tiempo se dan normas sobre los remolques en la mar que no

constituyen asistencia marítima, supuesto que carecía en nuestra legislación de una regulación específica.

Se regula sistemáticamente la extracción de buques hundidos y sus restos

que sólo estaba reglamentada en disposiciones administrativas inspiradas en las necesidades del momento en que se dictaron, pero que ya no responden a las circunstancias presentes, fijando los plazos de prescripción de las cosas hundidas a favor del Estado cuando no sean extraídas por los propietarios, porque en interés de la economía nacional no debe dejarse indefinidamente al arbitrio de los particulares la facultad de extraerlas.

Se conserva el sistema tradicional, recogiendo las Ordenanzas de la Armada,

Instrucción de cuatro de junio de mil ochocientos setenta y tres y título adicional de la Ley de Enjuciamiento Militar de Marina, de diez de julio de mil novecientos veinticinco, de atribuir la competencia en estas materias a la Jurisdicción de Marina, sistema avalado por razones de índole práctica, ya que permite disponer de órganos especializados en la técnica náutica, indispensable para apreciar las circunstancias de hecho que concurren en cada caso y al mismo tiempo de un procedimiento rápido y gratuito que facilite a la modesta gente de mar, que preste la asistencia, el resarcimiento de los gastos realizados y el cobro de los premios, sin necesidad de acudir a litigios largos y costosos para el reconocimiento de sus derechos, estimulándose así los salvamentos en beneficio de la economía nacional.

De acuerdo con este criterio de conseguir la mayor rapidez y eficacia se

encomienda la instrucción de los expedientes a Juzgados Marítimos Permanentes y su resolución a un Tribunal Marítimo Central, asegurándose así la unidad de criterio dentro del amplio arbitrio legal para la fijación de los premios, y como garantía de las partes, se conserva el recurso de alzada ante el Ministro de Marina y el posterior recurso contencioso-administrativo que existía en la legislación anterior.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes

Españolas,

DISPONGO: