Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenaci髇 de las profesiones sanitarias

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Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La primera regulaci髇 de las profesiones sanitarias en Espa馻 se produce mediado el siglo XIX, pues ya el Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino, de 24 de julio de 1848, determinaba que el ejercicio de las profesiones de Medicina, Farmacia y Veterinaria estaba comprendido dentro del ramo de la Sanidad.

Por la Ley de 28 de noviembre de 1855, sobre el Servicio General de Sanidad, se instituyeron los Jurados M閐icos Provinciales de Calificaci髇, que ten韆n por objeto prevenir, amonestar y calificar las faltas que cometieran los profesionales en el ejercicio de sus facultades, as� como regularizar sus honorarios, reprimir los abusos y establecer una severa moral m閐ica.

Tanto la Ley de 1855 como la Instrucci髇 General de 12 de enero de 1904, se preocuparon de reglamentar, siquiera embrionariamente, el ejercicio profesional de lo que denominaron 玡l arte de curar� con el establecimiento de un registro de profesionales que pusieron a cargo de los Subdelegados de Sanidad.

La entrada en vigor, ya a mediados del siglo XX, de otras leyes sanitarias, supuso el abandono del sistema de ordenaci髇 seguido hasta entonces. La Ley de Bases de la Sanidad Nacional, de 25 de noviembre de 1944, dedic� 鷑icamente su base 12 a la organizaci髇 profesional de m閐icos, practicantes y odont髄ogos, con una 鷑ica previsi髇, la de la existencia de corporaciones profesionales.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 鷑icamente se refiere al ejercicio libre de las profesiones sanitarias, sin afrontar su regulaci髇, aunque prev�, como competencia del Estado, la homologaci髇 de programas de formaci髇 postgraduada, perfeccionamiento y especializaci髇 de personal sanitario, as� como la homologaci髇 general de los puestos de trabajo de los servicios sanitarios. Ello es as� porque la Ley General de Sanidad es una norma de naturaleza predominantemente organizativa, cuyo objetivo primordial es establecer la estructura y funcionamiento del sistema sanitario p鷅lico en el nuevo modelo pol韙ico y territorial del Estado que deriva de la Constituci髇 de 1978.

Debido a ello, lo esencial del ejercicio de la medicina y del resto de las profesiones sanitarias, con la sola excepci髇 de la odontolog韆 y otras profesiones relacionadas con la salud dental, a las que se refiere la Ley 10/1986, de 17 de marzo, queda deferido a otras disposiciones, ya sean las reguladoras del sistema educativo, ya las de las relaciones con los pacientes, ya las relativas a los derechos y deberes de los profesionales en cuanto tales o ya las que regulan las relaciones de servicio de los profesionales con los centros o las instituciones y corporaciones p鷅licas y privadas.

Esta situaci髇 de pr醕tico vac韔 normativo, unida a la 韓tima conexi髇 que el ejercicio de las profesiones sanitarias tiene con el derecho a la protecci髇 de la salud, con el derecho a la vida y a la integridad f韘ica, con el derecho a la intimidad personal y familiar, con el derecho a la dignidad humana y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, aconseja el tratamiento legislativo espec韋ico y diferenciado de las profesiones sanitarias.

No puede olvidarse, por otra parte, la normativa de las Comunidades Europeas, centrada en las directivas sobre reconocimiento rec韕roco, entre los Estados miembros, de diplomas, certificados y otros t韙ulos relativos al ejercicio de las profesiones sanitarias que, en la medida que subordinan el acceso a las actividades profesionales sanitarias a la posesi髇 de los t韙ulos que en las directivas se precisan, introducen, indudablemente, una limitaci髇 al ejercicio profesional que ha de establecerse, en nuestro derecho interno, por norma con rango formal de ley, tal y como exige el art韈ulo 36 de nuestra Constituci髇.

El contenido de la ley, en esta materia, debe de centrarse en regular las condiciones de ejercicio y los respectivos 醡bitos profesionales, as� como las medidas que garanticen la formaci髇 b醩ica, pr醕tica y cl韓ica de los profesionales.

En virtud de todo ello, esta ley tiene por finalidad dotar al sistema sanitario de un marco legal que contemple los diferentes instrumentos y recursos que hagan posible la mayor integraci髇 de los profesionales en el servicio sanitario, en lo preventivo y en lo asistencial, tanto en su vertiente p鷅lica como en la privada, facilitando la corresponsabilidad en el logro de los fines comunes y en la mejora de la calidad de la atenci髇 sanitaria prestada a la poblaci髇, garantizando, asimismo, que todos los profesionales sanitarios cumplen con los niveles de competencia necesarios para tratar de seguir salvaguardando el derecho a la protecci髇 de la salud.

II

El concepto de profesi髇 es un concepto elusivo que ha sido desarrollado desde la sociolog韆 en funci髇 de una serie de atributos como formaci髇 superior, autonom韆 y capacidad auto-organizativa, c骴igo deontol骻ico y esp韗itu de servicio, que se dan en mayor o menor medida en los diferentes grupos ocupacionales que se reconocen como profesiones. A pesar de dichas ambig黣dades y considerando que nuestra organizaci髇 pol韙ica s髄o se reconoce como profesi髇 existente aquella que est� normada desde el Estado, los criterios a utilizar para determinar cu醠es son las profesiones sanitarias, se deben basar en la normativa preexistente. Esta normativa corresponde a dos 醡bitos: el educativo y el que regula las corporaciones colegiales. Por ello en esta ley se reconocen como profesiones sanitarias aquellas que la normativa universitaria reconoce como titulaciones del 醡bito de la salud, y que en la actualidad gozan de una organizaci髇 colegial reconocida por los poderes p鷅licos.

Por otra parte, existe la necesidad de resolver, con pactos interprofesionales previos a cualquier normativa reguladora, la cuesti髇 de los 醡bitos competenciales de las profesiones sanitarias manteniendo la voluntad de reconocer simult醤eamente los crecientes espacios competenciales compartidos interprofesionalmente y los muy relevantes espacios espec韋icos de cada profesi髇. Por ello en esta ley no se ha pretendido determinar las competencias de unas y otras profesiones de una forma cerrada y concreta sino que establece las bases para que se produzcan estos pactos entre profesiones, y que las praxis cotidianas de los profesionales en organizaciones crecientemente multidisciplinares evolucionen de forma no conflictiva, sino cooperativa y transparente.

III

Con el objetivo de cumplir los fines antes expuestos, as� como el de mejor protecci髇 de la salud conforme a lo previsto en el art韈ulo 43 de la Constituci髇 Espa駉la, esta ley se estructura en un t韙ulo preliminar y en otros cinco t韙ulos.

El t韙ulo preliminar y el t韙ulo I se dirigen a determinar los aspectos esenciales del ejercicio de las profesiones sanitarias, estableciendo, de forma expresa, cu醠es son tales profesiones, reservando a los correspondientes titulados el ejercicio de las mismas, determinando los 醡bitos funcionales propios de cada una de ellas, y enumerando los derechos de los usuarios de sus servicios profesionales.

El t韙ulo II de la ley regula la formaci髇 de los profesionales sanitarios, contemplando tanto la formaci髇 pregraduada como la especializada y, lo que es una innovaci髇 normativa de singular relevancia, la formaci髇 continuada. La exigencia de esta 鷏tima, con car醕ter general, con efectos en el reconocimiento del desarrollo profesional del personal de los servicios sanitarios, ha de tener especial influencia en el propio desarrollo, consolidaci髇, calidad y cohesi髇 de nuestro sistema sanitario.

El desarrollo profesional y su reconocimiento es objeto de regulaci髇 en el t韙ulo III, que establece sus principios generales, comunes y homologables en todo el Sistema Sanitario. Se sientan as� las bases de un sistema imprescindible para propiciar el desarrollo del Sistema Sanitario de acuerdo con el principio de calidad asistencial y de mejora permanente de las prestaciones sanitarias, sistema que viene siendo requerido por los propios profesionales, por los servicios auton髆icos de salud y por los servicios sanitarios de titularidad privada.

El ejercicio profesional en el 醡bito privado se regula en el t韙ulo IV de esta ley, que establece, como principio general, la aplicaci髇 a los servicios sanitarios de tal titularidad de los criterios que se determinan en esta norma, con el fin de garantizar la m醲ima calidad de las prestaciones sanitarias, sea cual sea la financiaci髇 de 閟tas.

La ley se completa con el t韙ulo V, relativo a la participaci髇 de los profesionales sanitarios en el desarrollo, planificaci髇 y ordenaci髇 de las profesiones sanitarias, participaci髇 que se articula a trav閟 de la Comisi髇 Consultiva Profesional, en la que se encuentran representados todos los estamentos profesionales.