Artículo 1

1. Este Reglamento se aplicará al personal siguiente:

• a) A todo el personal que preste directamente servicios en las entidades locales de Cataluña, cualquiera que sea su denominación específica o su ámbito territorial.
• b) A todo el personal incorporado a los servicios de las entidades locales que se gestionen por medio de organización especializada.
• c) A todo el personal dependiente de organismos autónomos locales o de otros entes locales de base asociativa y de naturaleza pública, mientras no tengan un régimen propio.

2. Lo que establece este Reglamento no será aplicable al personal que preste servicios en una sociedad mercantil o en otras entidades de derecho privado con participación del ente local.

3. Los miembros de las policías locales y los vigilantes son funcionarios de carrera de los ayuntamientos respectivos y se regirán por la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad; por la legislación específica que establezca la Generalidad de Cataluña; por los reglamentos específicos y otras normas dictadas por los ayuntamientos y por la legislación vigente de régimen local y de la función pública de Cataluña.

Artículo 2

1. El estatuto de la función pública local de Cataluña se rige:

• a) Por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
• b) Por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en los preceptos de carácter básico, dictados al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, y por la legislación que con carácter básico elabore el Estado.
• c) Por el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, que contiene el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, en lo que se considere de carácter básico.
• d) Por la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña.
• e) Por las normas que desarrolle la legislación sobre régimen local de Cataluña.
• f) Por las ordenanzas y la normativa de cada entidad, en el ámbito de sus competencias, así como por los convenios colectivos y los pactos y/o los acuerdos sobre condiciones de trabajo que suscriban las entidades locales con las representaciones de los trabajadores.

2. La Ley 17/1985, de 23 de julio, de la función pública de la Administración de la Generalidad y la normativa que la desarrolla serán aplicables en los términos que establece la legislación sobre función pública local promulgada por la Generalidad.

3. La normativa propia de la Generalidad y la del Estado, por este orden, tendrán carácter supletorio.

4. La selección y provisión de los puestos de trabajo del personal laboral se regirán por el sistema normativo que se cita en los puntos anteriores. El régimen de las relaciones de este personal será en su integridad el establecido en las normas de derecho laboral.

Artículo 3

Según la diferente naturaleza de la relación jurídica que mantiene con la Administración, el personal de las administraciones locales se clasifica en:

• a) Funcionario de carrera.
• b) Personal interino.
• c) Personal eventual.
• d) Personal laboral.

Artículo 4

Son funcionarios de carrera los que, en virtud de nombramiento del alcalde o del presidente de la entidad local, presten servicios de carácter permanente en una entidad local, ocupen plazas de plantilla y perciban sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal del presupuesto de la referida entidad, o los que se encuentran en alguna de las situaciones administrativas que la propia ley determina.

Artículo 5

1. Los funcionarios de carrera pueden ser funcionarios con habilitación de carácter nacional o funcionarios propios de las entidades locales.

2. La habilitación de carácter nacional se obtiene mediante la superación de las pruebas de selección y de formación que se realicen al efecto. Los que hayan obtenido esta habilitación ingresarán en la función pública local, dependerán orgánica y funcionalmente de las entidades locales y estarán legitimados para participar en los concursos de méritos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo reservados a estos funcionarios en la plantilla de cada entidad local, en la cual quedarán integrados.

3. Los funcionarios de carrera propios de las entidades locales dependen orgánica y funcionalmente de éstas y los seleccionan las respectivas entidades locales, bien directamente o encargando esta selección a la Generalidad, por medio de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Una vez superadas las pruebas selectivas y los cursos de formación, en su caso, se integran en la función pública local, en las plazas de las escalas, subescalas, clases y categorías para las cuales han sido seleccionados y pasan a desarrollar un puesto de trabajo, de entre los correspondientes a la relación de puestos de trabajo y que figura reservado para su desarrollo para la categoría funcionarial a la cual pertenecen.

Artículo 6

Se considera personal interino el formado por quienes, en virtud de nombramiento del alcalde o del presidente de la entidad local, prestan servicios con carácter transitorio y ocupan puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, ya sea por encontrarse vacantes estos puestos de trabajo o por estar provistos por personal en alguna situación administrativa con derecho a la reserva de plaza.

Artículo 7

El personal interino cesará en su relación con la entidad local:

• a) Al tomar posesión como funcionarios de carrera los aspirantes aprobados en la convocatoria en que se incluyeron las plazas ocupadas por los interinos.
• b) Al incorporarse en el puesto de trabajo los funcionarios de carrera que se encuentren en situación administrativa con derecho a la reserva de los puestos de trabajo.
• c) Por razones de carácter organizativo que supongan modificación y/o suspensión de las tareas inicialmente asignadas, o modificación de la plantilla.
• d) Por transcurso del período por el cual fue nombrado.
  Letra d) del artículo 7 declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)
• e) Por renuncia del interesado.
• f) Por aplicación de la sanción de suspensión de funciones por más de tres meses o separación del servicio acreditados a través de la instrucción de expediente disciplinario de acuerdo con el procedimiento que contiene este Reglamento.

Artículo 8

El personal interino tendrá las mismas obligaciones y derechos que los funcionarios de carrera, excepto el derecho a la carrera y permanencia, sin perjuicio de las disposiciones específicas que en materia de retribuciones y de previsión social se contengan en la normativa de aplicación general. A este personal se le aplicará por analogía el mismo régimen estatutario de los funcionarios de carrera, de acuerdo con su condición, excepto en lo que se refiere al disfrute de las licencias por estudios relacionados con el puesto de trabajo y por asuntos propios.

Artículo 9

1. Es personal eventual el que en virtud de libre nombramiento y en régimen no permanente ocupe un puesto de trabajo no reservado a funcionarios y que tiene cualquiera de estas condiciones:

• a) Confianza o asesoramiento especial.
• b) Personal directivo para áreas o servicios complejos.
• c) Gerencia de la comarca.

El nombramiento de personal eventual de confianza o asesoramiento especial corresponderá al alcalde o presidente de la entidad local, y del eventual restante al pleno o al órgano máximo de la entidad local.

2. El número, las características básicas y las retribuciones del personal eventual serán determinados por el pleno de la corporación o por el órgano superior de la entidad local al empezar su mandato, dentro de los créditos presupuestarios consignados o que se habiliten al efecto. Dentro de las características figurará la dedicación.

3. Las determinaciones expresadas en el punto anterior sólo se podrán modificar con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales y ulterior modificación de la relación de puestos de trabajo.

4. No obstante lo que dispone el punto anterior, el pleno de la corporación o el órgano máximo de la entidad local podrá introducir, a propuesta del alcalde o presidente de la entidad, modificaciones en las determinaciones expresadas en el punto 2 de este artículo, mientras estas modificaciones no supongan una superación de los créditos presupuestarios consignados a este efecto.

5. Los puestos de trabajo reservados a personal eventual tendrán que figurar en la relación de puestos de trabajo de la entidad local.

Artículo 10

1. El nombramiento del personal eventual y el régimen de sus retribuciones y de su dedicación se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y, en su caso, en el tablón de anuncios y en el boletín de la propia entidad.

2. El cese o la separación de este personal será libre y podrá producirse en cualquier momento del mandato corporativo. Esta atribución se hará por medio de decreto del alcalde o del presidente de la entidad, del cual se dará cuenta al pleno o al órgano máximo de la entidad local, o por acuerdo de estos dos últimos órganos en los supuestos en que les corresponda el nombramiento.

3. En todo caso, el personal eventual cesará automáticamente sin que sea preceptiva la observancia de ninguna forma, en el momento o fecha en que se produzca el cese definitivo o la expiración del mandato corporativo de la autoridad o entidad que los nombró.

Artículo 11

1. Al personal eventual que ejerza funciones de confianza o de asesoramiento especial se le aplicará, por analogía, el régimen estatutario de los funcionarios de carrera, de acuerdo con las condiciones especiales que concurran en su designación y con el ámbito que determine el alcalde o presidente de la entidad local que efectuó su nombramiento, excepto en lo que se refiere al disfrute de las licencias por estudios relacionados con el puesto de trabajo y por asuntos propios.

2. Este personal tendrá su protección social mediante el régimen general de la Seguridad Social.

Artículo 12

1. Cuando la complejidad de los servicios del ente local lo requiera, el pleno de la entidad local, a propuesta del alcalde o presidente, podrá nombrar personal eventual para desarrollar puestos de trabajo de carácter directivo, y tendrá que expresar el área administrativa o el servicio concreto que queda bajo su dirección. Estos puestos deberán figurar incluidos con este carácter en la relación de puestos de trabajo de la entidad local.

2. La designación recaerá en el personal con la titulación, la aptitud y las condiciones específicas que se exigirían a los funcionarios que puedan ocupar estos puestos.

Artículo 13

1. Regirán para el personal eventual nombrado para ocupar puestos de trabajo con funciones directivas a las cuales se refiere el artículo anterior, las mismas determinaciones, en cuanto a su cese, que las expresadas para el personal eventual de confianza o asesoramiento especial.

2. Los miembros electivos de la entidad no podrán ser nombrados con la consideración de personal eventual para la realización de las funciones directivas a las que se refiere este artículo.

Artículo 14

1. Para el personal eventual nombrado para ocupar puestos de trabajo con funciones directivas regirán las determinaciones del artículo 11.

2. A este personal se le aplicarán las causas de incapacidad y de incompatibilidad establecidas para los miembros de la corporación.

Artículo 15

En ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual, en cualquiera de los supuestos a los que hacen referencia los artículos anteriores, constituirá mérito para el acceso a la función pública ni para la promoción interna de los funcionarios de carrera.

Artículo 16

1. Es personal laboral el que, en virtud de contrato de naturaleza laboral, que tendrá que formalizarse por escrito, ocupa puestos de trabajo clasificados de tales en las entidades locales.

2. Los puestos de trabajo a desarrollar por personal laboral fijo o temporal pueden ser:

• a) De actividad de carácter continuo con jornada completa.
• b) De actividad de carácter continuo con jornada parcial.
• c) De temporada, con carácter habitual y con jornada completa o parcial.
• d) De temporada, con carácter no habitual o para asuntos específicos de carácter temporal, con jornada completa o parcial.

3. Los puestos de trabajo correspondientes a las actividades de los apartados a), b) y c) del punto anterior requerirán su incorporación a la relación de puestos de trabajo de la entidad.

Este requisito no será necesario para las actividades a las que se refiere el apartado d) del punto anterior, pero se requerirá la existencia de crédito en el presupuesto para llevar a cabo estas actuaciones.

Artículo 17

1. El personal laboral que tenga que cubrir los puestos de trabajo a los que se refiere el artículo anterior podrá ser de carácter permanente o fijo y de carácter no permanente.

2. El personal de carácter permanente o fijo se vinculará a la entidad local por una relación contractual laboral indefinida.

El personal de carácter no permanente se vinculará a la entidad local por una relación contractual laboral temporal.

3. Por las características exigidas al personal laboral para el desempeño de los puestos, éstas podrán exigir:

• a) Título académico determinado.
• b) Calificación o categoría profesional determinada.
• c) Determinados niveles de conocimiento, formación básica, experiencia, aptitudes físicas determinadas o capacidad acreditada.

4. Para la contratación del personal se tendrá en cuenta lo que establecen los artículos 88 y siguientes de este Reglamento.

Artículo 18

1. La contratación de personal laboral de carácter permanente o fijo para los puestos de trabajo expresados en el artículo 16.2.a) y b) requerirá:

• a) Inclusión del puesto de trabajo en la oferta pública de empleo y existencia de consignación presupuestaria suficiente.
• b) Convocatoria pública con expresión de la modalidad de selección adoptada, bases de selección y plena garantía de los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, mérito, capacidad y publicidad.

2. La contratación indefinida podrá comprender un período de pruebas por el tiempo establecido en la legislación laboral.

3. Los mismos requisitos exigidos en los apartados anteriores regirán en los casos en los que la entidad local decida proveer con personal de carácter permanente o fijo los puestos de trabajo referidos en el artículo 16.2.c) de este Reglamento.

Artículo 19

1. La contratación de personal de carácter no permanente para los puestos de trabajo destinados a personal fijo se realizará en los supuestos siguientes:

• a) Cuando el puesto de trabajo se encuentre vacante y mientras no se acuerde la realización del proceso selectivo para la contratación indefinida, caso en el que se tendrá que incluir la plaza previamente en la oferta de empleo.
• b) Cuando el titular que la desempeñe se halle en situación laboral con derecho a reserva del puesto y hasta que se reincorpore.

2. La contratación de personal laboral no permanente para los puestos de trabajo expresados en el punto anterior requerirá la determinación previa de la disposición legal que regule la tipología del contrato laboral por el cual se opta, las bases de selección y el cumplimiento de las garantías constitucionales referidas al artículo 18.1.b) de este Reglamento, con las exigencias establecidas en la modalidad contractual utilizada.

3. Serán aplicables a la contratación de personal laboral no permanente las mismas especificaciones que contiene el artículo 97 de este Reglamento.

Artículo 20

1. La contratación de carácter laboral que no se corresponda con la existencia previa de plazas previstas en la relación de puestos no requerirá la inclusión en la oferta pública de empleo, y para la contratación de personal no permanente regirán las normas siguientes:

• a) Consignación presupuestaria suficiente.
• b) Observancia de lo preceptuado en el artículo 19.2 de este Reglamento.

2. Cuando los puestos de trabajo a que se refiere este artículo no requieran para su desempeño una cualificación técnica de carácter superior o medio, la convocatoria pública podrá ser sustituida por una relación de personal que se interese de la Oficina del Instituto Nacional de Empleo del ámbito territorial más inmediato al de la entidad local de que se trate. Basándose en esta relación se efectuará la selección que previamente se haya determinado.

Artículo 21

1. Será nulo el contrato laboral indefinido celebrado por una entidad local con una persona que incurra en alguna de las causas de incapacidad específica que sean de aplicación a los funcionarios y al personal interino.

2. La contratación laboral temporal no constituirá ningún mérito preferente para el acceso a la condición de la contratación laboral indefinida, sin perjuicio de que los servicios prestados puedan ser valorados en concurso-oposición cuando sean adecuados a los puestos de trabajo objeto de convocatoria.

Artículo 22

1. En caso de máxima urgencia, que se tendrá que fundamentar en la resolución que adopte el órgano competente, se podrá contratar directamente el personal laboral para trabajos concretos, exista o no un puesto de trabajo incluido en la relación, siempre que haya crédito suficiente y la contratación no exceda del plazo máximo fijado en la modalidad contractual laboral utilizada.

2. En el supuesto del punto anterior, se requerirá el formalismo de la publicidad y donación de cuenta que contiene el artículo 98.1 de este Reglamento.

Artículo 23

Las actividades diversas de carácter cíclico o discontinuo en una entidad local y su prestación en jornada parcial podrán determinar por acumulación la configuración de un puesto de trabajo de carácter continuo y en jornada completa destinado a personal fijo.

Este puesto se definirá como polivalente y en el contrato que se otorgue se especificarán la descripción de las tareas, los períodos de prestación de cada uno y la jornada de trabajo.

Artículo 24

El personal laboral no permanente cesará:

• a) Al tomar posesión como personal de carácter permanente o fijo los aspirantes aprobados en la convocatoria en que se incluyeron las plazas ocupadas por personal no permanente, sin perjuicio, en su caso, de poder obtener el personal afectado un nuevo contrato si continúan vacantes los puestos de trabajo al concluir los correspondientes procesos selectivos.
• b) Al incorporarse al puesto de trabajo el personal de carácter permanente o fijo que esté en situación laboral con derecho a la reserva de los puestos de trabajo.
• c) Por razones de carácter organizativo que supongan modificación de la plantilla, previo cumplimiento de los requisitos que pueda establecer la legislación laboral.
• d) Por transcurso del período contractual, de acuerdo con la modalidad del contrato laboral.
• e) Por renuncia del interesado, hecha con el preaviso establecido por la normativa de aplicación.
• f) Por la comisión de faltas que lleven aparejada la sanción firme de despido.

Artículo 25

La plantilla de personal de las entidades locales estará integrada por la relación detallada de cuerpos, escalas, subescalas, clases y categorías de las plazas en las que se integran los funcionarios, el personal laboral y el eventual agrupadas, indicando la denominación de éstas, el número de plazas que las constituyen, el número de las que estén vacantes y el grupo al cual pertenecen, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso y de la forma siguiente:

• Grupo A: título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.
• Grupo B: título de ingeniero técnico, diplomado universitario, arquitecto técnico, formación profesional de tercer grado o equivalente.
• Grupo C: título de bachiller, formación profesional de segundo grado o equivalente.
• Grupo D: título de graduado escolar, formación profesional de primer grado o equivalente.
• Grupo E: certificado de escolaridad.

Artículo 26

La entidad local aprobará anualmente la plantilla en la misma sesión en que se apruebe el presupuesto. Un ejemplar de la plantilla con el total de las retribuciones del personal que se deduzca de aquélla y de la relación de puestos será uno de los documentos que integrarán el presupuesto.

Artículo 27

1. La plantilla se podrá modificar con posterioridad a la aprobación del presupuesto durante el año de su vigencia, para responder al establecimiento de nuevos servicios, para la ampliación, supresión o mejora de los existentes que no admitan demora para el próximo ejercicio, así como si responde a criterios de organización administrativa interna.

2. Cuando el gasto de la modificación por ampliación no se pueda compensar con el gasto de la modificación por reducción, o por la disponibilidad de consignaciones destinadas a puestos vacantes que no se pretendan proveer en el ejercicio, la modificación de la plantilla requerirá que se apruebe el expediente de modificación de créditos del presupuesto.

3. Para la modificación de las plazas de personal eventual se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 9.3 y 9.4 de este Reglamento.

Artículo 28

1. La plantilla integrada en la forma indicada en el artículo 25 de este Reglamento, una vez aprobada por el pleno de la corporación u órgano corporativo máximo de la entidad local, se publicará íntegramente, dentro del plazo de treinta días siguientes al de esta aprobación en el Boletín Oficial de la provincia y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y se enviarán a la vez copias a la Administración del Estado y al Departament de Governació de la Generalidad.

2. La modificación de plantilla prevista en el artículo anterior no requerirá la publicación de toda la plantilla sino únicamente la del alcance concreto de la modificación citada.

Artículo 29

1. La relación de puestos de trabajo, como expresión ordenada del conjunto de puestos de trabajo que pertenecen a una entidad local, incluirá la totalidad de los existentes en la organización y corresponderá tanto a funcionarios como al personal eventual y al laboral.

2. A través de las relaciones de puestos de trabajo se asignarán las funciones, atribuciones y cometidos que tenga que desarrollar el personal que ocupe los respectivos puestos de trabajo, determinándose, en el caso de personal funcionario, la escala, la subescala, la clase y la categoría a la que tenga que pertenecer la persona que ocupe cada puesto de trabajo.

3. Hasta que cada entidad local no haya aprobado la relación de puestos de trabajo en la forma que se establece en este Reglamento, la asignación de atribuciones a los puestos de trabajo, en defecto de organigrama, podrá hacerse por decreto del alcalde o presidente de la entidad local.

4. En todo momento corresponderá al presidente de la entidad local asignar, por decreto, las funciones específicas de las contenidas con carácter genérico en la relación de puestos de trabajo cuando razones del servicio así lo requieran.

Artículo 30

1. El puesto de trabajo constituirá la unidad mínima operativa que con carácter objetivo se identifica en una estructura administrativa.

2. Para cada puesto de trabajo se tendrán que indicar, al menos:

• a) La denominación del puesto y su encuadramiento orgánico.
• b) Las características esenciales del puesto, incluyendo, en su caso, las funciones específicas atribuidas.
• c) Los requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo.
• d) El complemento de destino que tenga asignado y su nivel orgánico, como también, en su caso, el complemento específico correspondiente.
• e) La forma de provisión del puesto.

Artículo 31

1. La elaboración de la relación de puestos de trabajo se ajustará a criterios de racionalidad, economía y eficacia. Para su justificación se tendrán que incorporar a estas relaciones los documentos siguientes:

• a) El estudio justificativo de la estructura administrativa o su organigrama funcional.
• b) La definición de cada puesto o grupo de puestos de trabajo atendiendo, en todo caso, a los criterios de titulación, especialización, responsabilidad, mando, esfuerzo, dificultad, dedicación, incompatibilidad, peligrosidad y penosidad.

2. La definición de los puestos de trabajo requerirá el análisis previo y la descripción de cada puesto y su posterior clasificación, a los efectos de determinar, en el caso de puestos reservados a funcionarios de carrera, uno de los treinta niveles que cuantifican el complemento de destino asignado y, en su caso, el complemento específico.

3. La modificación de la relación de puestos de trabajo, en el supuesto a que se refiere el artículo 27.1 de este Reglamento, se tendrá que justificar por medio de la memoria que acredite las circunstancias del artículo 27.2 de este Reglamento y, en su caso, la definición de los puestos de que se trate.

Artículo 32

1. La relación de puestos de trabajo documentada en la forma que se expresa en el artículo 29 de este Reglamento la tendrá que aprobar el pleno de la corporación o el órgano corporativo superior de la entidad local. Igualmente, el mismo órgano tendrá que aprobar las modificaciones que se hagan.

2. Las relaciones de puestos de trabajo serán públicas y podrán ser consultadas en períodos de exposición pública del presupuesto anual o de sus modificaciones, en la forma que cada entidad local tenga establecida.

Artículo 33

1. Son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente al personal sujeto al estatuto funcionarial, las que impliquen el ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería y, en general, aquellas que en desarrollo de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de la función.

2. Son funciones públicas necesarias en todas las entidades locales, cuya responsabilidad administrativa esté reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional:

• a) La de secretaría, que comprende la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
• b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera, presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

3. La responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación podrá ser atribuida a miembros de la corporación o funcionarios con habilitación de carácter nacional, en aquellos supuestos excepcionales en los que así lo determine la legislación.

Artículo 34

1. Cuando a los puestos de trabajo reservados para su desarrollo por personal funcionario se les asignen las funciones a las que hace referencia el apartado 2 del artículo anterior de este Reglamento, el requisito exigible será tener la habilitación de carácter nacional, excepto cuando se trate de sustituir a los titulares en caso de vacante o ausencia.

2. A los puestos de trabajo a los que hace referencia el punto anterior se les podrán asignar otras funciones o atribuciones a través de la relación de puestos de trabajo.

Artículo 35

1. Corresponderá a cada entidad local determinar los puestos de trabajo que se reserven para su desarrollo por personal funcionario de la escala de administración general, de la escala de administración especial y de los cuerpos especiales y a personal sujeto a la legislación laboral.

2. La creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo mínimos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponderá a la Administración del Estado.

3. Corresponderá a la entidad local crear y suprimir el resto de puestos de trabajo que tengan que ser desarrollados por funcionarios con habilitación de carácter nacional, por la relación de las funciones atribuidas a los puestos que se creen con las propias de las reservadas a estos funcionarios. La clasificación de estos puestos de trabajo corresponderá a la Administración del Estado.

Artículo 36

1. El personal con habilitación de carácter nacional se integrará en la escala, subescalas y categorías establecidas por el artículo 20 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.

2. El personal funcionario de carrera propio que no tenga habilitación de carácter nacional se integrará en cada entidad local en cuerpos, escalas, subescalas, clases y categorías, agrupadas según se establece en el artículo 25 de este Reglamento y de conformidad con las normas que se determinen en este capítulo.

3. Corresponderá al pleno de la corporación o al órgano corporativo superior de la entidad local determinar a través de la plantilla y de acuerdo con este Reglamento las diferentes escalas, subescalas, clases y categorías que se creen, con indicación del número de integrantes de cada una y en función del número y las características de los puestos de trabajo existentes en la entidad local.

Artículo 37

Las escalas en las que se integran los funcionarios de carrera propios de la entidad local son las siguientes:

• a) Escala de administración general. Corresponderá a los funcionarios integrados en esta escala el desarrollo de las funciones comunes a la tramitación de los expedientes y el ejercicio de la actividad administrativa en general.
• b) Escala de administración especial. Corresponderán a los funcionarios integrados en esta escala el desarrollo de las funciones que requieren un título académico que habilite para el ejercicio propio de una carrera o profesión, o el desarrollo de funciones específicas principalmente no administrativas para las cuales no se exija una titulación única.

Artículo 38

La escala, de administración general se dividirá en las subescalas siguientes, a las cuales corresponderán indicativamente las funciones que se relacionan, sin perjuicio de su concreción en las relaciones de puestos de trabajo:

• a) Técnica. Le corresponderá la realización de actividades administrativas de nivel superior; dirección administrativa, gestión, estudio y propuesta; preparación de normativa; elaboración de informes; inspección, ejecución y control.
• b) Administrativa. Le corresponderá la realización de tareas administrativas preparatorias o derivadas de la gestión administrativa superior; comprobación de documentación; tareas de trámite y redacción; apoyo mecanográfico; equipo de oficinas, informática básica y cálculo; información y despacho al público.
• c) Auxiliar. Le corresponderá la realización material de tareas de mecanografía, manipulación de máquinas y equipos de oficinas; registros; despacho de correspondencia; transcripción y copia de documentos; archivo; ficheros y clasificación de documentos e información y despacho al público.
• d) Subalterna. Le corresponderá la realización de tareas de vigilancia de locales; control de personas; información; custodia y traslado de documentación, máquinas y mobiliario; utilización de máquinas reproductoras, fotocopiadoras y similares; conserjería y mantenimiento elemental de centros públicos municipales y de centros educativos y, en general, otras tareas de carácter similar.

Artículo 39

La escala de administración especial se divide en las subescalas siguientes, a las cuales corresponden indicativamente las tareas que se relacionan, sin perjuicio de su concreción en las relaciones de puestos de trabajo:

• 1. Técnica. Le corresponderán las funciones de estudio, propuesta, control, ejecución y/o inspección referidas a las actividades técnicas derivadas de una determinada titulación académica.

  En atención al nivel de la titulación académica, esta subescala comprenderá las clases siguientes: técnica superior, técnica diplomada y técnica auxiliar.

  En atención al nivel de la titulación académica, esta subescala comprenderá las categorías siguientes:

  • a) Titulados superiores. Le corresponderán funciones de estudio, propuesta, gestión, control, ejecución e inspección referidas a un sector concreto de la actividad de la entidad local.
  • b) Técnicos de grado medio. Le corresponderán la realización de actividades de colaboración en las funciones atribuidas a los titulados superiores del apartado anterior.
  • c) Auxiliares técnicos. Le corresponderán funciones de ejecución y colaboración adecuadas a su titulación, referidas a un sector concreto o especialización de la actividad de la entidad local.
• 2. Servicios especiales. Esta subescala se estructura en las clases siguientes:
  • 2.1. Plazas de cometidos especiales. Le corresponderán las funciones derivadas de los distintos sectores de actuación principalmente no administrativa de las entidades locales, para cuyo desarrollo no se requiera una titulación académica única.
  • 2.2. Policía local y sus vigilantes.
  • 2.3. Servicio de extinción de incendios. Le corresponderán las funciones derivadas de las actuaciones contra incendios y en siniestros, salvamento de personas y bienes, y las tareas de colaboración en las funciones específicas del citado cuerpo.

    Dentro del servicio de extinción de incendios podrán existir las categorías siguientes: oficial, suboficial, sargento, cabo y bombero.

  • 2.4. Personal de oficios.

Artículo 40

El personal de las bandas de música, academias y conservatorios se integrará en la subescala de plazas de cometidos especiales o la subescala técnica en el supuesto en que se exija una titulación para su acceso, y la categoría que se corresponde en cada caso se establecerá de conformidad con el nivel del título profesional que se exija para su acceso.

Artículo 41

Los puestos de trabajo de los servicios informáticos se proveerán con personal de las subescalas de administración general, de las subescalas técnicas o de plazas de cometidos especiales, de acuerdo con la naturaleza de la especialidad, las características y la titulación académica que se contengan en la relación de puestos de trabajo de la entidad local, cuando estén reservados a funcionarios.

Artículo 42

Para el acceso o la integración del personal funcionario en cada uno de los cuerpos, escalas, subescalas, clases y categorías a que hacen referencia los artículos anteriores, se requerirá la exigencia de la titulación académica siguiente:

• a) Subescala técnica de administración general: doctor o licenciado en Derecho, Ciencias políticas, económicas o empresariales, intendente mercantil o actuario.
• b) Subescala administrativa de administración general: bachillerato, formación profesional de segundo grado o equivalente.
• c) Subescala auxiliar de administración general: graduado escolar, formación profesional de primer grado o equivalente.
• d) Subescala subalterna de administración general: certificado de escolaridad.
• e) Subescala técnica de administración especial:
  • Técnicos superiores: títulos del grupo A relativos a la carrera o profesión concretos.
  • Técnicos diplomados: títulos del grupo B relativos a la carrera o profesión concretos.
  • Auxiliares técnicos: títulos del grupo D relativos a la carrera o profesión concretos.
• f) Plazas de cometidos especiales:
  • Titulados superiores: títulos del grupo A.
  • Diplomados: títulos del grupo B.
  • Técnicos especialistas: títulos del grupo C.
  • Auxiliares técnicos: títulos del grupo D.
• g) Servicio de extinción de incendios:
  • Categoría de oficial: títulos del grupo A.
  • Categorías de suboficial y sargento: títulos del grupo C.
  • Categorías de cabo y de bombero: títulos del grupo D.

Artículo 43

1. Corresponderá al pleno de la corporación, o al órgano corporativo superior de la entidad local, establecer, de conformidad con el número y las características de los puestos de trabajo existentes en la entidad local reservados para su desarrollo a personal sujeto a la legislación laboral, la clasificación de este personal en categorías laborales, de forma que cada categoría pueda ser asimilada en función de las tareas que tenga asignadas a uno de los cinco grupos contenidos en el artículo 25 de este Reglamento. Esta clasificación respetará en todo caso la normativa laboral de aplicación.

2. Cuando las tareas asignadas al puesto de trabajo se correspondan con las funciones o atribuciones legalmente reservadas a una carrera, profesión o especialización, se requerirá la titulación correspondiente para el desarrollo del puesto de que se trate.

3. En los otros supuestos, la entidad local determinará la titulación exigible para el desarrollo del puesto de trabajo de entre las que enuncia en el artículo 25 de este Reglamento o, en su caso, el nivel de capacitación probada.

4. En todo caso, la titulación mínima exigible para los puestos de trabajo en categoría laboral será el certificado de escolaridad.

Artículo 44

1. Las entidades locales deberán constituir registros de personal.

2. Los registros de personal de las entidades locales deberán estar coordinados con los registros de personal del resto de administraciones públicas.

La coordinación comprenderá:

• a) Los datos inscribibles.
• b) La estructura del número de registro de personal.
• c) Los códigos, las claves y los formatos de los soportes magnéticos.

3. Cuando las entidades locales no cuenten con suficiente capacidad financiera y técnica, la Generalidad y, en su caso, las comarcas, cooperarán en la constitución del registro de personal de las entidades que lo integren, de acuerdo con lo que determina el artículo 291.4 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.

4. La implantación del registro de personal de los funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponderá a la Administración del Estado, si bien esto no excluye que los aspectos de dependencia funcional se incorporen al registro de personal de la entidad local en la que éstos ejerzan su puesto de trabajo.

Artículo 45

1. El registro de personal es un instrumento de custodia y acreditación de los datos que contiene y no produce actos administrativos ex novo.

2. El órgano competente para dictar los actos administrativos de inscripción necesaria en el registro dispondrá a la vez la inscripción citada, sin perjuicio de notificar los actos en el tiempo y la forma establecidos por las normas de procedimiento administrativo.

3. El número de registro personal es el identificador de la persona durante su vinculación a la entidad local.

4. La estructura del número de registro personal se distribuirá en el conjunto de caracteres que establece el Real Decreto 1.405/1986, de 6 de junio, y su normativa de desarrollo.

Artículo 46

1. El registro de personal integrará la información y los documentos siguientes:

El conjunto de inscripciones y anotaciones referidas al personal y a su vida administrativa. Los expedientes personales constituidos por los documentos necesarios para practicar y justificar estas inscripciones y anotaciones.

2. El registro de personal estará mecanizado, utilizándose procedimientos informáticos, si bien en las entidades locales que no tengan medios para su implantación mecanizada, o con un número de su personal reducido, se implantará un fichero manual que contenga los datos mínimos.

Artículo 47

La comunicación con el Registro central se realizará por acceso telemático. Si este acceso no fuera posible, se enviará mensualmente una cinta magnética con las modificaciones operadas según los formatos establecidos en el anexo 1 del Reglamento del Registro central de personal, aprobado por Real Decreto 1.405/1986, de 6 de junio.

En el supuesto de que la entidad local no disponga de sistema informático, remitirá trimestralmente al Registro central de personal las relaciones nominales según los modelos del anexo 2 del Reglamento citado, a través del Departament de Governació de la Generalidad.

Artículo 48

1. El registro de cada persona se iniciará con la inscripción de los datos personales y de su vinculación, con el siguiente detalle:

• Apellidos y nombre.
• Número de Documento Nacional de Identidad.
• Fecha de nacimiento.
• Sexo.
• Estado civil.
• Sistema de acceso a la Administración.
• Clase de personal.
• Cuerpo, escala o categoría laboral.
• Número de registro personal.
• Fecha de nombramiento o del contrato y, si procede, fecha de publicación.
• Titulación aportada en el proceso selectivo.
• Grado personal inicial.
• Situación administrativa o laboral.
• Sistema de previsión social, número de afiliación y fechas de alta y de baja.
• Fecha y motivo de finalización de la vinculación.

2. En relación con los puestos de trabajo y los cargos que inicial y sucesivamente ocupará cada persona, se anotarán los datos siguientes:

• Nombre y código del puesto o cargo.
• Nivel del puesto o cargo.
• Forma de acceso al puesto o cargo.
• Centro de trabajo y localidad.
• Departamento y unidad directiva.
• Fecha de la toma de posesión o de incorporación.
• Complementos específicos y de destino.
• Fecha y motivo de finalización en la ocupación del puesto o cargo.

Artículo 49

1. La documentación previa a la inscripción del personal en el registro estará constituida por:

• Acuerdo o resolución del nombramiento o de incorporación a la función pública de la entidad.
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
• Resolución sobre compatibilidad o declaración del interesado, si es conveniente.
• Notificación de la toma de posesión o del otorgamiento del contrato.

2. Con la documentación precedente, se asignará el número de registro de personal y se procederá a la expedición del título correspondiente, cuando se trate de un funcionario de carrera, o de la hoja de servicios cuando se trate de personal interino, eventual o de contrato laboral.

3. La documentación necesaria para poder efectuar anotaciones posteriores incluirá:

• La resolución o acuerdo acreditativo de la situación a anotar.
• La comunicación referente a la aportación de la documentación personal efectuada por el interesado.

4. Una vez efectuada la anotación se procederá a su comunicación.

Artículo 50

1. Las comunicaciones al registro de personal de los actos y acuerdos que hayan de producir inscripciones o anotaciones se realizarán en el plazo de tres días a contar desde la fecha en que se hayan producido.

2. Las inscripciones y anotaciones se efectuarán en el registro de personal dentro de los siete días siguientes a la recepción de la comunicación.

3. Hecha la inscripción o anotación, se comunicará inmediatamente a las distintas unidades administrativas que la tengan que conocer, a los efectos retributivos u otros.

4. Serán requisito indispensable para la entrada en nómina o para la modificación de ésta, así como para la baja en nómina, las inscripciones y anotaciones en el registro de Personal que originen efectos económicos.

5. La certificación de los datos inscritos en el registro será acreditación suficiente a los efectos administrativos, sin necesidad de justificación documental del interesado.

6. Los errores, omisiones o vicios que puedan afectar a las inscripciones o anotaciones se comunicarán por el registro al órgano competente de la entidad local a los efectos oportunos, y no se producirá la inscripción, anotación o rectificación hasta que se haya verificado o ratificado el dato.

Artículo 51

1. La utilización de los medios informáticos en la gestión del registro de personal se hará de forma que no se vulnere el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de acuerdo con el artículo 18.4 de la Constitución.

2. Los responsables de la custodia de los expedientes personales y del registro mantendrán el deber de reserva total sobre los datos que conozcan por razón de las funciones que tengan atribuidas.

3. No figurará en los expedientes personales ni en el registro ningún dato referente a raza, religión u opinión.

4. El titular del expediente personal tendrá acceso a éste y derecho a la obtención de certificaciones sobre toda la información existente a su nombre en el registro de personal, así como a obtener copias compulsadas de éstos.

Artículo 52

1. Los datos del registro se pueden facilitar o certificar a petición o por orden del presidente de la entidad o del responsable de la jefatura de personal y, en su caso, de la autoridad judicial o interesado legitimado o a petición del interesado. La solicitud debe resolverse en el plazo de 10 días.

2. La propia presidencia determinará los datos personales que tendrán que facilitarse a las distintas unidades administrativas, de acuerdo con el nivel de gestión sobre personal que tengan asumido.

Artículo 53

Corresponderá a la Administración de la Generalidad de Cataluña:

• a) La formación en la Escuela de Administración Pública de Cataluña, por delegación y por medio de convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública, de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
• b) Convocar anualmente, simultáneamente con las administraciones de otras comunidades autónomas, los concursos para la provisión de puestos de trabajo que corresponda desarrollar a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
• c) Reglamentar el ingreso en la función pública local en desarrollo de la legislación básica del Estado en esta materia.
• d) Seleccionar al personal de las entidades locales a través de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, en el caso de que así lo acuerde el pleno de la entidad local y así se establezca en el correspondiente convenio suscrito entre la entidad local y la Escuela de Administración Pública de Cataluña.
• e) Transferir funcionarios de las entidades locales a otras administraciones locales o a la Administración de la Generalidad cuando, de acuerdo con la legislación de régimen local y las leyes sectoriales correspondientes, se produzca una redistribución de las competencias administrativas.
• f) Regular el régimen estatutario de los funcionarios locales en cuanto a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario; las situaciones administrativas, los derechos sindicales y de participación; las vacaciones, las licencias y los permisos; los deberes y las responsabilidades y el régimen disciplinario.

Artículo 54

1. Corresponderá al pleno de la corporación y, en su caso, al órgano corporativo máximo de la entidad local:

• a) Aprobar anualmente a través del presupuesto la plantilla del personal.
• b) Determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación del complemento de productividad y de las gratificaciones.
• c) Aprobar la relación de todos los puestos de trabajo y el catálogo existente en su organización, determinando los puestos de trabajo a los cuales les corresponda complemento específico.
• d) Aprobar la oferta pública de empleo.
• e) Aprobar las bases de las pruebas de selección de personal y de los concursos para la provisión de puestos de trabajo.
• f) Fijar el número y el régimen del personal eventual.
• g) Nombrar y separar el personal directivo.
• h) Fijar la aplicación y la cuantía de las retribuciones complementarias del personal funcionario y la estructura y la cuantía de las retribuciones del personal laboral y del personal eventual.
• i) Acordar la superación de los límites retributivos establecidos en el artículo 328 de este Reglamento.
• j) Encargar mediante convenio la selección y formación del personal propio en la Escuela de Administración Pública de Cataluña.
• k) Acordar la separación del servicio de los funcionarios de las entidades, excepto que se trate de funcionarios con habilitación de carácter nacional.
• l) Imponer sanciones a los funcionarios con habilitación de carácter nacional que no supongan la destitución del cargo o la separación definitiva del servicio.
• m) Acordar que no se ejecute la sanción o bien su suspensión.
• n) Rehabilitar a los funcionarios de la corporación.
• o) Autorizar el ejercicio de actividades de búsqueda de carácter no permanente o de asesoramiento para supuestos concretos.
• p) Ratificar el despido del personal laboral.
• q) Aprobar las bases que han de regir en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, incluyendo los méritos específicos y su baremo.
• r) Nombrar al tribunal que tiene que evaluar los candidatos solicitantes de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional y formular propuesta de nombramiento a la Administración del Estado.
• s) Declarar las incompatibilidades del personal y autorizar o denegar las solicitudes sobre compatibilidad.
• t) Adoptar acuerdos en relación con las transferencias de funcionarios a que hace referencia el artículo 308 de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
• u) Decidir los supuestos en que los funcionarios podrán adquirir un grado personal superior por medio de la superación de cursos de formación concertados con la Escuela de Administración Pública de Cataluña o con otras instituciones.
• v) Determinar los puestos de trabajo de mando o de especial responsabilidad para acceder a los cuales sea condición indispensable la superación de cursos de formación concertados con la Escuela de Administración Pública de Cataluña o con otras instituciones.
• w) Ejercer las otras atribuciones que establezca este Reglamento.

2. Las competencias previstas en el apartado 1 de este artículo son delegables salvo las que se citan en las letras a), c), e), h), f), g), k) y p).

Artículo 55

Corresponderá al alcalde y, en su caso, al presidente de la entidad local, sin perjuicio de las delegaciones legalmente previstas:

• a) Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta pública de empleo, de conformidad con las bases aprobadas por la corporación, tanto para el acceso a la función pública como para la provisión de puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral.
• b) Efectuar las convocatorias, de conformidad con las bases aprobadas por la corporación, para la provisión de puestos de trabajo asignados para su desarrollo por funcionarios.
• c) Nombrar al tribunal de selección del personal funcionario.
• d) Nombrar a los funcionarios de carrera y otorgar los nombramientos del personal interino, de conformidad con las propuestas del tribunal calificador o del órgano de selección, en virtud de las pruebas selectivas convocadas para acceder a plazas de la plantilla de funcionarios o a puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral.
• e) Seleccionar, mediante convocatoria pública, y nombrar y cesar a funcionarios interinos para puestos de trabajo incluidos en la plantilla de personal, con dotación presupuestaria suficiente y con observancia de las normas reguladoras de la oferta pública de empleo.
• f) Nombrar personal interino y contratar personal laboral en casos de máxima urgencia.
• g) Contratar personal laboral no permanente mediante convocatoria pública y, en su caso, con observancia de las normas del INEM, según la modalidad de contratación laboral que se adopte, para cubrir puestos de trabajo incluidos en la plantilla de personal, con dotación presupuestaria suficiente y con observancia de las normas reguladoras de la oferta pública de empleo.
• h) Efectuar la adscripción y remoción del personal funcionario a los puestos de trabajo reservados para su desarrollo por aquel personal, siempre que la provisión de estos puestos no esté reservada a concurso, cuya resolución corresponderá al pleno de la corporación.
• i) Disponer el traslado en comisión de servicios de un funcionario a cualquier otro puesto de trabajo de la entidad local.
• j) Aprobar la permuta de los cargos de los funcionarios que los ocupen en propiedad.
• k) Efectuar la adscripción y remoción del personal laboral a los puestos de trabajo reservados para su desarrollo por este personal, de conformidad con las normas reguladoras de las relaciones laborales.
• l) Efectuar la adscripción accidental al personal funcionario de puestos de trabajo que se deban proveer mediante concurso, que tiene que resolver el pleno de la corporación o el órgano corporativo máximo de la entidad local.
• m) Dar posesión de sus cargos a los funcionarios nombrados, tanto en los casos de acceso a la función pública local como en los de provisión de puestos de trabajo, y otorgar los contratos del personal sujeto a la legislación laboral.
• n) Nombrar y cesar al personal eventual de confianza y de asesoramiento especial.
• o) Declarar y resolver todas las situaciones administrativas del personal funcionario y laboral.
• p) Aplicar el régimen de licencias, permisos, jornada de trabajo y horarios.
• q) Dictar, en caso de huelga, el decreto de servicios mínimos correspondiente.
• r) Incoar los expedientes disciplinarios.
• s) Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios e imponer sanciones administrativas al personal funcionario y laboral, de acuerdo con el procedimiento establecido, y sin perjuicio de las atribuciones de carácter sancionador reservadas al pleno de la corporación u órgano corporativo máximo de la entidad local.
• t) Efectuar la asignación individualizada del complemento de productividad y de las gratificaciones, de acuerdo con las normas estatales reguladoras de las retribuciones del personal al servicio de las entidades locales.
• u) Determinar el horario de los diferentes servicios y del personal adscrito a éstos, así como la distribución de la jornada.
• v) Autorizar el desarrollo de un segundo puesto de trabajo de carácter público al personal dependiente de la entidad local.
• w) Ejercer el mando superior de todo el personal de la corporación, sin perjuicio de la atribución de dirigir el personal de las comarcas que correspondan a sus gerentes.
• x) Ejercer otras atribuciones en materia de personal que no correspondan al pleno u órgano corporativo máximo de la entidad.
• y) Ejercer cualquier atribución que le delegue el pleno.

Artículo 56

1. Constituirán la oferta pública de empleo de cada entidad local las plazas dotadas presupuestariamente de las diferentes escalas, subescalas, clases y categorías, tanto de personal funcionario como de personal laboral, que correspondan a puestos de trabajo cuya provisión por los sistemas reglamentarios no haya sido posible. En todo caso, se incluirán en la oferta de empleo las plazas ocupadas por personal interino, y los puestos de trabajo de carácter laboral reservados a personal permanente y que estén ocupados por personal no permanente.

2. La oferta pública de empleo comprenderá todas las plazas vacantes cuya provisión se prevea en el correspondiente ejercicio presupuestario, agrupadas en dos anexos:

• - Anexo 1: funcionarios de carrera.
• - Anexo 2: personal laboral fijo.

3. El anexo 1 comprenderá los apartados siguientes:

• a) Clasificación por subescalas y, en su caso, por clases y categorías.
• b) Denominación concreta según la plantilla.
• c) Grupo, de acuerdo con el artículo 25 de este Reglamento.
• d) Número de vacantes.
• e) Indicación del número de vacantes reservadas para la promoción interna.
• f) Sistema de selección a utilizar.
• g) Indicación de si la selección se encomienda a la Escuela de Administración Pública de Cataluña.

4. El anexo 2 comprenderá los apartados siguientes:

• a) Categoría laboral.
• b) Denominación del puesto de trabajo.
• c) Nivel de titulación.
• d) Número de vacantes.
• e) Indicación del número de vacantes reservadas para la promoción interna.
• f) Sistema de selección a utilizar.

Artículo 57

1. El pleno o el órgano corporativo máximo de la entidad local, dentro del primer trimestre de cada año natural, aprobará la oferta pública de empleo una vez aprobado el presupuesto del ejercicio de que se trate.

2. La oferta pública de empleo, una vez aprobada, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sin perjuicio de la comunicación a los órganos de la Administración del Estado que corresponda, a los efectos de publicación coordinada con el resto de las ofertas públicas de empleo del resto de las administraciones públicas y se remitirá copia a la Dirección General de Administración Local de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 58

1. La aprobación de la oferta pública de empleo y su publicación posterior obligan a la entidad local a la convocatoria de la pruebas selectivas de acceso para la provisión de las vacantes comprendidas en aquélla, y estas convocatorias se realizarán con la previsión necesaria para que el proceso de selección y, en su caso, el inicio del curso selectivo de formación esté ultimado dentro del año.

2. No se podrá efectuar ninguna convocatoria de pruebas selectivas de acceso sin la aprobación y publicación previas de la oferta pública de empleo, ni tampoco realizar convocatorias de pruebas selectivas para plazas o puestos de carácter fijo no incluidos en la oferta, sin perjuicio de su cobertura provisional.

Artículo 59

1. No se podrá nombrar personal interino para puestos de trabajo reservados a funcionarios si las correspondientes plazas no figuran incluidas en la oferta pública de empleo o se dan los supuestos previstos en el artículo 97 de este Reglamento.

2. Tampoco se podrán otorgar contratos laborales de carácter temporal para puestos de trabajo reservados a personal de carácter permanente o fijo si los puestos de trabajo no figuran incluidos en la oferta pública de empleo o se dan los supuestos a que hace referencia el punto anterior.

3. No obstante lo que disponen los dos apartados anteriores, se podrá efectuar nombramiento de interino o formalizar contrato laboral temporal para efectuar sustituciones de personal con derecho a la reserva de plaza o puesto de trabajo, o en el supuesto de vacantes sobrevenidas.

4. Toda plaza objeto de convocatoria se tendrá que mantener disponible en plantilla hasta que la convocatoria haya sido resuelta.

Artículo 60

1. La oferta pública de empleo aprobada para un ejercicio económico podrá ser modificada durante la vigencia de éste para la exclusión o inclusión de vacantes.

2. La modificación de la oferta pública de empleo consistente en la exclusión de vacantes únicamente se podrá producir por circunstancias de organización extraordinarias y sobrevenidas y siempre que no hayan sido convocadas las pruebas de selección oportunas.

3. Cuando la modificación de la oferta pública de empleo consistente en la inclusión responda a las circunstancias de modificación de plantilla previstas en el artículo 27 de este Reglamento, se tendrá que acreditar la correspondiente dotación presupuestaria para las vacantes incluidas.

4. La modificación de la oferta pública de empleo requerirá los mismos trámites de aprobación, publicación y comunicación que la oferta principal. No se considerará modificación de la oferta el aumento de las plazas objeto de convocatoria en un 10%, en los términos que se prevén en el artículo 69 de este Reglamento, si este exceso está previsto genérica y específicamente en la propia oferta.

5. Producida la modificación por inclusión, se podrán otorgar nombramientos interinos si se trata de personal funcionario o contratados laborales temporales en el caso de puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral.

Artículo 61

Serán de aplicación a la oferta de empleo y a las convocatorias de pruebas selectivas para personal funcionario y laboral derivadas de la oferta pública de empleo, las previsiones de la legislación de integración social de los minusválidos y la legislación concordante de la Generalidad de Cataluña en lo que se refiere a la reserva prevista.

Artículo 62

En la oferta pública de empleo que apruebe cada entidad local no se incluirán las plazas o puestos de trabajo vacantes en ésta que sean reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional. En estos supuestos, la entidad local enviará anualmente a la Administración del Estado y a la de la Generalidad de Cataluña la relación de estas vacantes, de conformidad con el artículo 99.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, a los efectos previstos en el citado artículo.

Artículo 63

1. Las modalidades de acceso a las escalas y subescalas en que se integra el personal funcionario de carrera de cada entidad local son:

• a) Para el acceso a la condición de funcionario de carrera, mediante el proceso selectivo público de acuerdo con la oferta pública de empleo y por los sistemas de concurso, concurso-oposición u oposición libres, en los cuales se tendrá que garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
• b) Por promoción interna, consistente en el ascenso de los funcionarios de la propia entidad local desde la escala, subescala, clases y categorías del grupo inferior en que esté integrado el funcionario a la inmediata del grupo superior, mediante la superación de las pruebas selectivas que se convoquen y produciendo su baja en la escala o subescala de origen.
• c) Por la movilidad resultante de las convocatorias que las entidades locales realicen para la provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario y en las cuales los designados accedan a la función pública de la entidad local concreta integrándose en la escala, subescala, clase y categoría de que se trate, y quedan en la situación administrativa que corresponda en la administración pública de procedencia.
• d) Por la transferencia acordada por decreto del Gobierno de la Generalidad, de conformidad con el artículo 308 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, y con los artículos 4.2 y 6 de la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisional de las competencias de las diputaciones provinciales.

2. Los requisitos para el acceso a que se refiere el punto anterior y el procedimiento son los que contiene este Reglamento.

Artículo 64

1. La selección por oposición consiste en superar las pruebas teóricas y prácticas exigidas en la convocatoria pública, adecuadas al ejercicio de la función y también, cuando se trate de proveer plazas de los grupos A y B y así lo acuerde el pleno de la entidad al aprobar la convocatoria y las bases de las pruebas de selección, a superar un curso selectivo de formación en la Escuela de Administración Pública de Cataluña. La realización del curso selectivo de formación tendrá que ser objeto de convenio entre la entidad local y la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Para los funcionarios de los grupos C, D y E los cursos de formación de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, en los casos en que se establezca mediante convenio entre la entidad local y la Escuela citada, tendrán carácter complementario y no selectivo. No obstante, la superación de los cursos citados podrá ser considerada como requisito para el acceso al turno de promoción interna.

2. Las pruebas prácticas citadas en el punto 1 podrán consistir en:

• a) Ejercicios escritos u orales sobre el temario que se determine en las bases.
• b) Ejercicios de conocimientos generales o específicos.
• c) Ejercicios que demuestren determinadas aptitudes físicas, acordes con el trabajo a realizar.

3. En todo caso, uno de los ejercicios obligatorios tendrá que tener carácter práctico, y si las características de la oposición lo requieren, las pruebas escritas se leerán ante el tribunal.

Artículo 65

1. La selección por concurso consiste en valorar, de acuerdo con el baremo incluido en la convocatoria, determinadas condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia, relacionados con las características de la plaza que se cubre.

2. El sistema de concurso sólo se podrá utilizar para adquirir la condición de funcionario cuando se trate de puestos de trabajo correspondientes a plazas singulares pertenecientes a los grupos A y B que, por razón de las características y de la tecnificación, tengan que ser cubiertas con personal de méritos relevantes y condiciones excepcionales, y de esta forma esté previsto en la relación de puestos de trabajo.

3. También se podrá utilizar el sistema de concurso para cubrir puestos de trabajo de los funcionarios del grupo E y de los funcionarios de los cuerpos o escalas de administración especial.

Artículo 66

1. La selección por concurso-oposición consiste, de una parte, en la valoración de los méritos de los candidatos, de acuerdo con el baremo incluido en la convocatoria correspondiente, la cual tendrá que ser, en todos los casos, pública, libre y ajustada a los méritos de capacidad. Y, por otra parte, en la superación de la fase de oposición, con la puntuación mínima establecida en las bases de convocatoria respectivas.

2. Cuando la fase de concurso sea previa a la de oposición, no podrá tener carácter eliminatorio. La puntuación obtenida en la fase de concurso en ningún caso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, cuya superación se ha de realizar de forma independiente.

Artículo 67

1. Cualquier procedimiento de selección podrá incluir pruebas de carácter psicotécnico para medir las aptitudes de los aspirantes, períodos de prácticas, entrevistas o cualquier otro sistema que sea adecuado para asegurar la objetividad y la idoneidad del proceso selectivo.

2. Asimismo, los procesos de selección incluirán pruebas referentes al conocimiento de la lengua catalana o requerirán la acreditación de estos conocimientos, en el grado correspondiente a las funciones propias de las plazas objeto de convocatoria. Estas pruebas tendrán carácter eliminatorio cuando sea necesario para garantizar los derechos que se contienen en la Ley 7/1983, de 18 de abril, de normalización lingüística, de acuerdo con la naturaleza de las plazas objeto de convocatoria.

Artículo 68

La convocatoria de la selección se hará de acuerdo con las reglas básicas, los programas mínimos y la titulación exigida en la normativa básica del Estado. La convocatoria determinará, si es necesario, los diplomas expedidos por la Escuela de Administración Pública de Cataluña, complementarios de los títulos académicos, que podrán exigirse para participar en las pruebas selectivas.

Artículo 69

1. El proceso de selección se regirá por las bases que apruebe el pleno de la corporación y que serán de obligado cumplimiento por parte de la Administración, de los tribunales que tengan que calificar las pruebas selectivas y de los que participen en ellas.

2. Las convocatorias y sus bases, una vez publicadas, sólo se podrán modificar con sujeción estricta a las normas de la Ley de procedimiento administrativo, excepto el aumento, por necesidades del servicio, del número de plazas vacantes ofrecidas, dentro de los límites de la oferta pública de empleo con cargo a las vacantes presupuestadas y no ofrecidas para el ejercicio corriente.

El citado aumento sólo se podrá producir antes del comienzo de las pruebas y se tendrá que efectuar mediante un decreto del presidente de la corporación, dentro de las previsiones de la oferta de empleo aprobada por el pleno.

Artículo 70

Las bases contendrán, como mínimo, los datos siguientes:

• a) Número, naturaleza y características de las plazas objeto de convocatoria y determinación expresa de la escala, subescala y clase a la cual pertenecen; indicación del grupo de titulación a que corresponda cada una de ellas y cuáles se reservan a promoción interna, si procede.
• b) Sistema selectivo.
• c) Pruebas de aptitud o conocimientos que se deban superar, determinando su número y naturaleza.
• d) Condiciones y requisitos establecidos en el artículo siguiente.
• e) Centro o dependencia donde se tengan que dirigir las instancias y plazo de presentación.
• f) Pruebas selectivas que se tengan que celebrar y, en su caso, relación de méritos que se tengan que tener en cuenta en la fase de concurso, así como los sistemas de acreditación y valoración de estos méritos. Determinación, en su caso, de las características y duración del curso de formación o del curso selectivo, así como del período de prácticas con carácter selectivo.
• g) Designación del tribunal calificador que tenga que actuar y su categoría. Por lo que se refiere a los cursos selectivos de formación, el órgano selectivo estará formado por personal designado por la Escuela de Administración Pública de Cataluña, en los términos previstos en el convenio que se cita en el artículo 64.1 de este Reglamento.
• h) Sistema de calificación y puntuación mínima de cada prueba.
• i) Programa sobre el que versarán las pruebas.
• j) Período de inicio de las pruebas, aunque sea en términos aproximados, o fijación del período máximo de tiempo que haya de transcurrir hasta la celebración de las pruebas.
• k) Orden de actuación de los aspirantes según el resultado del sorteo celebrado previamente, en su caso.
• l) Declaración expresa de que los tribunales no podrán aprobar ni declarar que ha superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas objeto de convocatoria.
• m) Señalización del equipo multiprofesional a los efectos del artículo 77 de este Reglamento.

Artículo 71

Los aspirantes reunirán, en todo caso, los siguientes requisitos y condiciones:

• Ser ciudadano español, de acuerdo con las leyes vigentes.
• Haber cumplido 18 años, o tener la edad que la convocatoria establezca como mínima antes de la finalización del plazo de presentación de instancias, y no exceder de la edad establecida como máxima para el ingreso en un cuerpo o escala.
• Poseer la titulación suficiente y estar en condiciones de tener la acreditación correspondiente en la fecha en que acabe el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas.
• Cumplir las condiciones específicas para ejercer las funciones que dentro del cuerpo y la escala le puedan ser asignadas, de acuerdo con lo que se prevea por reglamento.
• No estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciones públicas ni haber estado separado, por resolución disciplinaria firme, del servicio de ninguna administración pública.

Artículo 72

1. Los tribunales estarán compuestos por un mínimo de tres titulares y tres suplentes, que serán designados por la corporación de acuerdo con las normas siguientes:

• a) Un tercio integrado por miembros o funcionarios de la misma corporación.
• b) Otro tercio integrado por personal técnico, que podrá ser o no personal de la propia entidad local.
• c) Otro tercio integrado por representantes de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, a propuesta de la misma Escuela.

2. En los tribunales u órganos similares se garantizará la presencia de funcionarios, pero en ningún caso tendrán que estar constituidos mayoritariamente por miembros en activo del mismo cuerpo o la misma escala para los que se tiene que hacer la selección. El personal técnico y el funcionario tendrán la idoneidad necesaria en relación con el tipo de plazas a proveer.

3. El presidente de la corporación, o un miembro de ésta en quien delegue, presidirá los tribunales u órganos similares.

4. El nombramiento del tribunal o de un órgano similar corresponderá al órgano de la entidad local competente para el nombramiento de los funcionarios de que se trate.

5. Los vocales serán designados en la convocatoria y tendrán que tener una titulación igual o superior a la exigida para el acceso a las plazas objeto de convocatoria. De acuerdo con lo que se establezca en las bases, la secretaría del tribunal podrá recaer en uno de sus miembros.

Artículo 73

Los tribunales y los órganos seleccionadores actuarán con estricta independencia y objetividad y sus resoluciones vincularán a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión de acuerdo con la normativa vigente. En este caso se tendrán que practicar nuevamente las pruebas o trámites afectados por la revisión efectuada. El funcionamiento de los tribunales o de los órganos seleccionadores se adecuará a las normas propias de los órganos colegiados.

Artículo 74

La abstención y la recusación de los miembros de los tribunales u órganos seleccionadores se ajustarán a lo que prevén los artículos 20 y 21 de la Ley de procedimiento administrativo.

Artículo 75

Las bases y los programas mínimos serán en cada momento los que se establezcan por la Administración del Estado, de conformidad con lo que prevé la ley.

Artículo 76

El procedimiento de selección se iniciará con la convocatoria, que corresponderá hacer al presidente de la corporación, y que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el Boletín Oficial de la provincia conjuntamente con las bases.

El anuncio de la convocatoria, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el Boletín Oficial del Estado, contendrá lo siguiente:

• Ente local que las convoca, denominación de la escala, subescala, clase y categoría, si procede, para cuyo ingreso se convocan las pruebas selectivas.
• Número de plazas, fecha y número del DOGC y, en su caso, del diario oficial de la corporación en el cual se hayan publicado las bases y la convocatoria, así como el medio en que se publicarán los anuncios sucesivos.

Artículo 77

1. La solicitud para participar en los procedimientos de ingreso se formulará en documento normalizado si así lo establece la entidad local afectada, y se tendrá que presentar en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria respectiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en la práctica de las pruebas selectivas correspondientes, será suficiente con que los aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen todas las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de las instancias. Por otro lado, las personas disminuidas que se acojan al turno de reserva tendrán que presentar, antes del inicio de las pruebas, un certificado de un equipo multiprofesional que se cite en las bases que acredite la posibilidad de llevar a cabo las tareas propias de las plazas a proveer.

3. El presidente de la corporación, que es la autoridad convocante, a petición propia o a propuesta del presidente del tribunal nombrado de acuerdo con lo previsto en el artículo 72.3 de este Reglamento, podrá pedir, a los efectos procedentes, la acreditación de los extremos necesarios cuando crea que hay inexactitudes o falsedades en las cuales hayan podido incurrir los aspirantes.

Artículo 78

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el presidente de la corporación, o la autoridad en quien haya delegado, debe dictar resolución en el plazo de un mes y declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos. En la citada resolución debe de indicarse los lugares en los que se encuentran expuestas al público las listas completas y certificadas de aspirantes admitidos y excluidos. La resolución deberá determinar, asimismo, el lugar, la fecha y la hora del comienzo de las pruebas y el orden de actuación de los aspirantes.

La publicación de la citada resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya debe concederse un plazo de diez días para subsanaciones y posibles reclamaciones. No obstante, la citada publicación puede ser sustituida por cualquiera de los sistemas de notificación o comunicación que establece la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Las alegaciones presentadas deberán ser resueltas en el plazo de 30 días siguientes al de la finalización del plazo de la presentación. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado resolución, las alegaciones se entienden desestimadas.

Artículo 79

Una vez iniciadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los anuncios de la celebración de las pruebas restantes en el Boletín Oficial de la provincia. Estos anuncios se tendrán que hacer públicos por el tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores o en la sede de la entidad local, al menos con dos días de antelación a su inicio, si se trata de la misma prueba, o de tres días si se trata de una nueva prueba.

Artículo 80

1. Los tribunales u órganos de selección harán públicas, en el lugar de celebración de cada prueba, la lista de aprobados por orden de puntuación.

2. Una vez finalizadas las pruebas, se hará pública la lista de aprobados por orden de puntuación, la cual no podrá contener un número superior al de plazas vacantes ofrecidas, y se enviará al órgano competente.

3. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo que se ha establecido anteriormente será nula de pleno derecho en cuanto a las actuaciones relativas a los aspirantes que superen este número.

4. La puntuación final de las pruebas selectivas y la lista de aprobados debe publicarse en el tablón de anuncios del ente local y contra su resultado podrá interponerse recurso ordinario ante el presidente de la entidad en el plazo y con los efectos de los artículos 114 al 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Artículo 81

1. Dentro del plazo de veinte días naturales desde que se hagan públicas las listas de aprobados, los aspirantes propuestos aportarán ante la corporación local convocante los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la convocatoria.

2. Quienes dentro del plazo indicado, y excepto en casos de fuerza mayor, que serán debidamente comprobados y estimados por el órgano convocante, no presenten la documentación no podrán ser nombrados, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir en el supuesto de falsedad en su instancia.

3. Los que tengan la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y los requisitos ya acreditados y que no requieran actualización, y únicamente tendrán que presentar certificación del organismo que custodie su expediente personal, y acreditar su condición y otras circunstancias de las que no haya constancia.

Artículo 82

El presidente de la corporación nombrará funcionarios a los aspirantes propuestos en el plazo de un mes contado desde la expiración del plazo establecido en el artículo anterior. El nombramiento incluirá los aspirantes que, de acuerdo con lo que establezca la convocatoria, hayan de seguir un curso complementario de formación. El nombramiento como funcionario para los que hayan de seguir un curso selectivo de formación únicamente se podrá efectuar una vez superado con aprovechamiento el curso citado, de acuerdo con lo que establecen las convocatorias correspondientes.

Los nombramientos se tendrán que publicar en el Boletín Oficial de la provincia.

Artículo 83

1. Cuando se haya previsto expresamente en la convocatoria, de acuerdo con la oferta pública de empleo, los que, una vez superados todos los requisitos del proceso selectivo, queden dentro del 10% adicional, quedarán en expectativa de nombramiento y serán nombrados funcionarios con ocasión de vacante.

Mientras permanezcan en expectativa de nombramiento -que no será computable a ningún efecto- no tendrán ningún derecho ni ninguna obligación inherente a la función pública.

2. No se podrá proceder al nombramiento de funcionarios de un cuerpo o de una escala mientras haya aspirantes en expectativa de nombramiento procedentes de la convocatoria anterior.

Los aspirantes en expectativa de nombramiento tendrán preferencia para la prestación de servicios de carácter temporal para la cobertura de vacantes con reserva de puesto de trabajo, mientras no reciban el nombramiento de funcionarios.

Artículo 84

Una vez publicado el nombramiento de funcionario se dispondrá del plazo de un mes para el juramento o promesa y la toma de posesión, que se efectuarán ante el secretario de la corporación correspondiente. La falta de toma de posesión, excepto en los casos de fuerza mayor, que serán debidamente comprobados y estimados por la Administración, comportará la pérdida de todos los derechos.

Artículo 85

El contenido del juramento o la promesa será, como mínimo, el que determina el Decreto 359/1986, de 4 de diciembre, referido a las obligaciones del correspondiente cuerpo, escala o subescala de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 86

1. Si lo acuerda el pleno de la entidad local, la selección del personal se podrá encomendar a la Generalidad a través de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. En este caso, la Generalidad aprobará las bases y hará la convocatoria y el proceso de selección, en el marco de lo que establece el artículo 68 de este Reglamento.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, se establecerán los convenios apropiados para determinar el contenido de la selección y la compensación de los costos.

Artículo 87

El acceso a la condición de funcionario de habilitación de carácter nacional se regirá por la normativa propia.

La Escuela de Administración Pública de Cataluña se ocupará de la selección y de la formación de los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior, en los términos del convenio que acuerde con el Instituto Nacional de Administración Pública.

Artículo 88

1. El acceso a las diversas categorías de personal laboral existentes en la entidad local reservadas para su desarrollo a personal sujeto a la legislación laboral se producirá por alguna de las modalidades siguientes:

• a) Por acceso a la condición de personal laboral, de acuerdo con la oferta pública de empleo, mediante convocatoria pública y por los sistemas de concurso, concurso-oposición u oposición libres.
• b) Por promoción interna, consistente en el ascenso del personal laboral de la propia entidad local desde el puesto de trabajo o categorías laborales del grupo inmediato inferior, mediante convocatoria pública y produciendo esta promoción la baja en el puesto de trabajo o categoría laboral de origen.
• c) Por transferencia acordada por decreto del Gobierno de la Generalidad, de conformidad con el artículo 308 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, y con los artículos 4.2 y 6 de la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisional de las competencias de las diputaciones provinciales.
• d) Por subrogación contractual de la entidad local.

2. Cuando el acceso a que hace referencia el punto anterior se produzca en categorías laborales de denominación genérica, la adscripción al puesto de trabajo concreto se efectuará por decreto del alcalde o presidente de la entidad local.

Artículo 89

Las entidades locales convocarán los procesos selectivos para el acceso a las plazas vacantes que tengan que cubrirse con personal laboral fijo y hasta un 10% adicional, si es necesario, de acuerdo con lo que prevé la oferta pública de empleo y las listas de puestos de trabajo.

En los casos de promoción interna se atenderá a lo que disponen las reglamentaciones específicas o convenios colectivos en vigor.

No será necesaria la convocatoria de pruebas selectivas cuando se trate de recalificar puestos de trabajo para adaptarlos a las tareas que realmente efectúe el trabajador, siendo suficiente en este caso el cambio de denominación de la plaza en la relación de puestos de trabajo y siempre que el trabajador cumpla los requisitos de titulación y capacitación profesional que se exigen para plazas similares en la entidad.

Artículo 90

Las convocatorias se regirán por lo que con carácter general prevé este Reglamento. Cada convocatoria se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el Boletín Oficial de la provincia, y se anunciará el número de plazas por categorías y el lugar donde estarán expuestas las bases de las convocatorias.

Artículo 91

El sistema normal de selección es el concurso, en el cual se tendrán que tener en cuenta las condiciones personales y profesionales que requiera la naturaleza de los puestos de trabajo a ocupar.

Cuando entre los méritos exigidos en el baremo del concurso figuren condiciones de aptitud, conocimientos o experiencias, podrán efectuarse las pruebas necesarias para contrastarlos y valorarlos.

El sistema de concurso-oposición se podrá utilizar cuando sea necesaria la celebración de pruebas de conocimiento específicas para determinar la capacidad o la aptitud de los aspirantes. Estas pruebas se tendrán que adecuar necesariamente a los puestos de trabajo que se tengan que cubrir, y tendrán que predominar las que tengan carácter práctico.

La oposición libre podrá ser convocada en atención a las especiales condiciones que concurran en los correspondientes puestos de trabajo o cuando el elevado número de plazas existentes así lo aconseje.

Artículo 92

Una vez publicada la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el Boletín Oficial de la provincia, el resto de los anuncios se harán públicos en la sede de la corporación local, sin perjuicio de lo que establece el artículo 78 de este Reglamento.

En cada convocatoria se constituirán los órganos de selección, que tendrán que estar formados por un número impar de miembros.

El número de seleccionados no podrá, en ningún caso, exceder el número de plazas ofrecidas.

Artículo 93

El órgano competente, al que se habrá elevado la propuesta de candidatos, procederá a la formalización por escrito de los contratos en el plazo de un mes. Hasta que no se formalicen los contratos, los aspirantes no tendrán derecho a ninguna percepción económica. Antes de la formalización de los contratos se tendrán que justificar los requisitos o las condiciones exigidos en la convocatoria.

Transcurrido el período de prueba que se determine en cada convocatoria, el personal que lo supere satisfactoriamente adquirirá la condición de personal laboral fijo.

Artículo 94

1. El personal interino y el personal laboral no permanente serán seleccionados mediante convocatoria pública y por el sistema de concurso, excepto en los casos de máxima urgencia.

2. A los efectos del apartado 1, la entidad local podrá convocar un único concurso anual, donde se tendrá que establecer el orden de preferencia para proveer las vacantes que se produzcan durante el año.

3. En el caso de máxima urgencia, el nombramiento del personal interino y la contratación del personal laboral temporal deberán publicarse en el Boletín Oficial de la provincia y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y se tendrá que dar cuenta al pleno en la primera sesión que tenga.

4. El personal interino tendrá que reunir, en todo caso, los requisitos generales de titulación y las otras condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a los correspondientes cuerpos o escalas como funcionarios de carrera.

Artículo 95

1. El personal interino se seleccionará mediante convocatoria pública y por el sistema de concurso, que se regirá por las bases previamente elaboradas y aprobadas, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente:

• a) Requisitos generales del artículo 71 de este Reglamento.
• b) Condiciones generales y específicas exigidas, en su caso, para el desarrollo del puesto de trabajo adscrito a la escala, subescala, categoría y clase.
• c) Méritos que puedan alegar los aspirantes y su valoración mediante puntuación.
• d) Composición del órgano de selección.
• e) Circunstancias del cese.
• f) Fechas previstas para las comprobaciones de las condiciones y valoraciones de méritos.
• g) Contenido de las pruebas que en su caso se establezcan.

2. En las bases de la convocatoria se determinarán, además de las circunstancias citadas en el apartado 1, las específicas para determinar el orden de los nombramientos para la provisión de las vacantes que durante un máximo de dos años se vayan produciendo.

3. La publicidad de la convocatoria consistirá en su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos de la entidad.

Artículo 96

1. Para la comprobación de las condiciones específicas exigidas para el desarrollo del puesto de trabajo se podrán mantener entrevistas con los candidatos, determinantes de su nivel de formación.

2. Para valorar los niveles de experiencia se podrán realizar comprobaciones de carácter práctico.

3. Para posibilitar la máxima agilidad en la selección, por razón de la urgencia requerida para cubrir transitoriamente los puestos de trabajo, el órgano de selección se constituirá de forma similar a la de los tribunales de los funcionarios de carrera.

Artículo 97

1. Para proveer puestos de trabajo mediante personal interino se requerirá:

• a) Que la plaza figure incluida en la oferta pública de empleo.
• b) Que el puesto de trabajo tenga la consignación presupuestaria suficiente.

2. No se requerirá incorporación previa de la plaza en la oferta pública de empleo cuando se trate de vacantes realmente producidas con posterioridad a la aprobación de aquélla dentro del año de que se trate.

3. Si la entidad no hubiera aprobado la oferta pública de empleo, podrá seleccionarse personal interino siempre que la plaza y el puesto de trabajo se encuentren en la plantilla y en la relación de puestos que tienen que acompañar al presupuesto del ejercicio. En este caso, la plaza se incorporará necesariamente a la oferta pública de empleo que se elabore.

4. En el resto de supuestos no se podrá seleccionar personal interino sin que previamente se hayan adoptado el acuerdo de modificación de plantilla y la incorporación a la inmediata oferta pública de empleo.

Artículo 98

1. Se podrá nombrar personal interino sin observar el trámite de convocatoria pública, cuando se trate de la provisión de puestos de trabajo para los cuales exista máxima urgencia, que se tendrá que fundamentar en la resolución de nombramiento del órgano competente que la confiera. En estos casos se dará cuenta al pleno en la primera sesión que tenga.

2. El tiempo máximo de servicios a prestar en virtud de nombramiento, producidos de conformidad con el punto anterior, no podrá exceder de tres meses, y la convocatoria adecuada se instrumentará durante este período en la forma prevista en los artículos anteriores cuando se prevea que la interinidad excederá de tres meses.

Artículo 99

1. Las entidades locales facilitarán la promoción interna, consistente en el ascenso de escalas y subescalas de un grupo de titulación a otro del inmediato superior. Se determinará libremente el número de plazas que se reservarán para promoción interna en cada convocatoria.

2. La promoción interna se instrumentará mediante un turno diferenciado dentro de la convocatoria ordinaria de selección.

Artículo 100

Los requisitos exigidos a los funcionarios de las entidades locales para tomar parte en los turnos de promoción interna son:

• a) Poseer la titulación exigida para el cuerpo, escala, subescala, clase y categoría a la que se desean acceder.
• b) Tener una antigüedad mínima de dos años en la escala o subescala a que pertenezcan.
• c) Estar en alguna de las situaciones administrativas siguientes: servicio activo, servicios especiales o servicio en comunidades autónomas, o servicios en otras administraciones.
• d) Haber superado, en caso de que así lo establezca la convocatoria, el curso que prevé el artículo 64 de este Reglamento.

Artículo 101

Los funcionarios que accedan mediante el turno de promoción interna tendrán preferencia sobre los aspirantes de turno libre para cubrir los puestos de trabajo vacantes que sean objeto de la convocatoria.

Artículo 102

Las bases de la convocatoria podrán prever la acumulación de plazas vacantes de un turno al otro, si el número de aspirantes que supere las pruebas selectivas es inferior al de las plazas objeto de convocatoria en alguno de sus turnos.

Artículo 103

Corresponderá a la entidad local determinar las escalas, subescalas, clases y categorías desde las cuales se puede acceder por promoción interna a las plazas que sean objeto de convocatoria reservadas por este turno.

Igual determinación se producirá cuando se trate de acceder a subescalas, clases y categorías del mismo grupo de titulación. En este supuesto el acceso habrá de efectuarse con respeto a los principios de mérito y capacidad, entre funcionarios que desarrollen actividades sustancialmente coincidentes o similares en su contenido profesional y en su nivel técnico.

En los dos casos, se harán constar en las bases de la convocatoria las pruebas de que se exime a los aspirantes o el temario que se reduce del existente en la convocatoria general, por haberlo superado el personal promovido al acceder a la plaza que ocupa.

El acceso por promoción interna no liberará del curso de formación que tenga establecido y que tendrá que superarse.

Artículo 104

El personal que acceda por promoción interna conservará el grado personal que haya consolidado en el puesto de trabajo que ocupe, siempre que se encuentre incluido en el intervalo de los niveles correspondientes a la escala o subescala a la que acceda. El tiempo de servicios prestados en aquél será de aplicación en su caso, para consolidar el grado personal en el nuevo puesto.

Artículo 105

No habrá ningún proceso selectivo cuando la entidad local, por racionalización de la estructura administrativa y sin deterioro del grado personal del funcionario, acuerde la integración del personal procedente de unas escalas o subescalas a otras del mismo grupo de titulación.

Artículo 106

1. Los funcionarios de otras administraciones públicas y entidades locales se podrán presentar a las convocatorias para proveer puestos de trabajo de los entes locales, de acuerdo con lo que dispongan la relación correspondiente de puestos de trabajo y las normas que contiene este Reglamento también sobre provisión de puestos de trabajo. No obstante, a través de la convocatoria se podrán reservar los concursos de provisión de puestos al personal de la propia entidad local.

2. Los funcionarios procedentes de otras administraciones que accedan al servicio de la Administración local en Cataluña deberán poseer un grado de conocimiento suficiente del catalán para desarrollar las funciones del puesto de trabajo propio.

3. La designación para el puesto de trabajo determinará simultáneamente el acceso a la función pública de la corporación local correspondiente y la adscripción a un puesto concreto. En la administración de origen el funcionario quedará en la situación de excedencia voluntaria y se integrará en el cuerpo o escala del mismo grupo de la nueva administración pública que sea equivalente.

Artículo 107

1. También se considerará movilidad la permuta entre funcionarios que pertenezcan al mismo grupo y categoría, que ocupen sus plazas en propiedad y éstas sean del mismo nivel.

2. La aprobación de permutas corresponderá a la autoridad u órgano competente para otorgar los nombramientos. Cuando se trate de funcionarios con habilitación de carácter nacional será preceptivo el informe previo de las entidades afectadas. En ningún caso las permutas lesionarán derechos de otros funcionarios pertenecientes a los respectivos escalafones.

3. Las peticiones de permuta serán resueltas por cada entidad en el plazo de dos meses a contar desde la solicitud de los interesados. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado resolución, las peticiones se entienden desestimadas.

Artículo 108

1. Por decreto del Gobierno de la Generalidad se podrán transferir funcionarios de los entes locales a otras administraciones locales o a la Administración de la Generalidad cuando, de acuerdo con la legislación de régimen local y con las leyes sectoriales correspondientes, se produzca una redistribución de las competencias administrativas.

2. Si el traspaso de los funcionarios de la Administración local comporta un cambio de localidad, la disposición que lo prevea sólo determinará el número y la cualificación de los funcionarios a traspasar. La corporación local cedente es la que tendrá que elaborar la lista de funcionarios a traspasar, respetando al máximo la voluntad de éstos. A estos efectos, tendrá que convocar concurso entre los funcionarios pertenecientes a los grupos, subescalas o categorías a las cuales están genéricamente atribuidos los puestos de trabajo traspasados. En el caso de que las peticiones sean inferiores al número de funcionarios a transferir, la corporación local determinará los que se traspasen con carácter forzoso.

3. Si el traspaso no comporta cambio de localidad se utilizará preferentemente el sistema descrito en el apartado anterior.

4. Los funcionarios transferidos a petición propia se integrarán plenamente en la función pública de la nueva administración a la que pasen a prestar servicios y se les respetará el grupo del cuerpo o la escala de procedencia, y también los derechos económicos inherentes al grado personal que tengan reconocido. En el cuerpo o la escala de origen quedarán en situación de excedencia voluntaria.

5. Los funcionarios transferidos con carácter forzoso estarán en situación de comisión de servicios hasta que se produzca una vacante del puesto de trabajo en la administración de origen correspondiente a su cuerpo o a su escala y a su grado personal, la cual, por una vez, tendrán derecho preferente a ocupar. Si renunciasen, pasarán a integrarse plenamente en la función pública de la corporación en que presten servicios y quedarán en excedencia voluntaria en la de origen.

6. Los funcionarios que pasen a prestar servicios en otras localidades tendrán derecho a las indemnizaciones reglamentarias, mientras estén en situación de comisión de servicios.

7. Cuando lo que establece este artículo afecte al personal laboral, el traspaso no comportará modificación de la relación contractual preexistente, excepto la que se deriva directamente del mismo traspaso.

8. Las competencias administrativas que afecten a la relación funcional de estos funcionarios se ejercerán por las administraciones de destino sin perjuicio de la gestión unitaria de la Mutua Nacional para la Administración Local y de las Clases Pasivas y, en su caso, del Régimen general de la Seguridad Social que les sea de aplicación.

9. Las administraciones de destino tendrán que enviar información periódica a los entes locales referente a las incidencias relativas a la relación funcional o de servicios que afecte a dichos funcionarios.

10. Las entidades locales tendrán que regularizar la situación económica y administrativa del personal a su servicio antes de proceder a su traslado a las otras administraciones. En cualquier caso, las entidades locales serán responsables del pago de los atrasos o cualquier indemnización a que tuviera derecho el personal por razón de su situación con anterioridad al traslado.

11. Durante los períodos de transferencias de medios personales de las entidades locales al resto de administraciones públicas y a otras entidades locales y a la inversa, no podrán otorgarse las concesiones de comisiones de servicios al personal destinado a los servicios afectados por las transferencias citadas.

Artículo 109

Los criterios establecidos en el artículo anterior serán igualmente de aplicación en los traspasos de competencias entre administraciones locales que se dispongan para cualquiera de los supuestos legales vigentes.

Artículo 110

1. La provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de carrera propio de cada entidad local se producirá por alguno de los procedimientos siguientes:

• a) Mediante convocatoria pública, por concurso de méritos entre funcionarios que pertenezcan a la misma corporación, o a cualquiera de las administraciones locales o a la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con lo que establece la regulación sobre movilidad, la convocatoria correspondiente y la relación de puestos de trabajo.
• b) Por libre designación, mediante convocatoria pública para los puestos que figuren con esta calificación en la relación de puestos de trabajo.
• c) Por decreto de redistribución de efectivos de personal, cuando el puesto de trabajo no requiera, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo, la observancia de uno de los procedimientos a que se refieren los apartados anteriores.
  Letra c) del número 1 del artículo 110 declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)
• d) Por adscripción derivada del decreto de transferencia acordado por el Gobierno de la Generalidad, de conformidad con el artículo 308 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, y los artículos 4.2 y 6 de la Ley 5/1987, de 4 de abril, del régimen provisional de las competencias de las diputaciones provinciales.

2. Los requisitos para la provisión de puestos de trabajo a que hace referencia el punto anterior y el procedimiento serán los que se contienen en este Reglamento.

Artículo 111

1. La ocupación de un puesto de trabajo determinado no constituirá un derecho adquirido para los funcionarios. En consecuencia, se podrá ordenar su traslado en los supuestos siguientes:

• a) El presidente de la entidad podrá, en cualquier momento, mediante resolución motivada por necesidades del servicio, disponer el traslado en comisión de servicios de un funcionario a cualquier otro puesto de trabajo de la entidad local, sin perjuicio de los derechos de carácter económico que le correspondan.
  Letra a) del artículo 111.1 (se corresponde con la anterior letra a) del artículo 111) declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)
• b) A propuesta del presidente, motivada por necesidades del servicio y con la conformidad del interesado, podrá excepcionalmente autorizar el traslado definitivo de un funcionario a cualquier otro puesto de trabajo de la entidad local, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para su ejercicio.
  Letra b) del artículo 111.1 (se corresponde con la anterior letra b) del artículo 111) declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)

2. Cuando la petición de traslado sea formulada por el interesado, el presidente de la entidad debe resolver en el plazo de 30 días desde la recepción de la petición. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado la resolución, la solicitud se entenderá desestimada.

Artículo 112

1. En todos los sistemas utilizados para la provisión de puestos de trabajo será preceptiva la publicación de los anuncios de convocatoria en los medios de publicidad internos de la corporación, y también en el DOGC cuando se prevea la participación de funcionarios de otras administraciones.

2. La convocatoria se hará por decreto del presidente de la corporación local.

3. Las alegaciones presentadas han de ser resultas en el plazo de los 30 días siguientes al de la finalización del plazo para la presentación. Si las alegaciones no se resuelven en el plazo expresado se entienden desestimadas.

4. Los anuncios de la convocatoria se han de remitir para la publicación dentro de los 30 días siguientes al de la fecha de adopción del acuerdo aprobatorio de las bases. Estas deben someterse a información pública durante 20 días a contar de la citada publicación para su examen y presentación de alegaciones.

Artículo 113

1. La convocatoria de provisión de puestos tendrá que incluir las bases aprobadas por el pleno, por las cuales se tendrá que regir, que serán de obligado cumplimiento por la administración y por los que participen, y deberá indicar el lugar donde estarán expuestas.

2. Las bases de la convocatoria contendrán como mínimo, los datos siguientes:

• a) Corporación local, número y denominación, características y nivel, y población o ámbito territorial de destino de los puestos de trabajo a proveer.
• b) Centro o dependencia al cual se tienen que dirigir las instancias para participar y plazo de presentación.
• c) Condiciones y requisitos necesarios para el ejercicio de cada uno de los puestos a proveer; en la fijación de estos requisitos y condiciones se tendrá que tener en cuenta lo que disponga la relación de puestos de trabajo.
• d) Para el supuesto de concurso constara, además:
  • Méritos a valorar y baremos de puntuación.
  • Determinación, si es necesario, del órgano seleccionador correspondiente.
  • Puntuación mínima exigida para poder adjudicar las vacantes a proveer.

3. La convocatoria establecerá, si es necesario, y de acuerdo con lo que disponga la relación de puestos de trabajo, los cursos impartidos por la Escuela de Administración Pública de Cataluña o por otras instituciones, que puedan exigirse para acceder a los puestos de trabajo objeto de convocatoria.

Artículo 114

1. El concurso constituirá el sistema normal de provisión y en él se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria, entre los cuales figurarán los adecuados a las características de cada puesto de trabajo, así como la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad.

2. Asimismo, se podrán valorar otros méritos que muestren la idoneidad y la capacidad de los aspirantes, siempre que se hagan constar en las bases de la convocatoria.

Artículo 115

Si el pleno de la corporación no dispone otra valoración, la valoración de los méritos que hace falta considerar se tendrá que hacer de forma independiente para cada uno, de acuerdo con los baremos siguientes:

• 1. Los méritos que se citan en el artículo anterior se valorarán hasta 28 puntos en total:
  • a) Por el trabajo realizado en otros puestos de las diferentes administraciones públicas, hasta 10 puntos, en función de los niveles y el grado personal correspondientes y especialmente de las tareas realizadas en los puestos ocupados.
  • b) La antigüedad se valorara a razón de 0,2 puntos por año completo de servicios, hasta 3 puntos.

    A estos efectos, se computarán los servicios prestados y reconocidos con carácter previo al ingreso en el cuerpo o en la escala, al amparo de lo que establece la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública.

    Sólo se computará una sola vez el tiempo de servicios prestados simultáneamente.

  • c) Por los cursos de formación y de perfeccionamiento seguidos en la Escuela de Administración Pública de Cataluña o en otras instituciones que tengan relación directa con el puesto de trabajo que se tenga que proveer, hasta 4 puntos, en función del grado de dificultad de los cursos, determinado por el sistema de acceso o de selección, de la duración del curso, de la existencia de pruebas calificadoras finales y otras similares.

    A estos efectos, en las bases de la convocatoria se determinarán los cursos que se consideren méritos y la puntuación que les corresponderá.

    En todo caso, en las convocatorias de los cursos establecidos por la Escuela de Administración Pública de Cataluña se determinará la valoración indicativa de cada uno a los efectos del concurso.

  • d) Por las titulaciones académicas relevantes para el puesto de trabajo a ejercer, hasta 3 puntos; en ningún caso se evaluarán las titulaciones exigidas en la convocatoria para tomar parte, ni tampoco los títulos académicos de nivel inferior que sean necesarios para alcanzar las titulaciones exigidas en la convocatoria ni para alcanzar otras de nivel superior que puedan ser alegadas como mérito.
  • e) El grado personal consolidado se valorará en 3 puntos, en función de su posición en el intervalo del cuerpo o escala correspondiente y cuando así se determine en la convocatoria, en relación con el nivel de puestos de trabajo ofrecidos.
• 2. El resto de méritos, previstos en la convocatoria, hasta 5 puntos en total.

  Cada convocatoria fijará con este carácter los méritos que se consideren adecuados objetivamente, los cuales tendrán que complementar los méritos preferentes de los aspirantes.

Artículo 116

Sin perjuicio de lo que dispone el artículo anterior respecto a la valoración máxima de 28 puntos, se podrá atribuir un punto en caso de empate en atención a la residencia previa, por razones laborales del cónyuge, a la localidad a la cual se pretende ir destinado a efectos únicos de cambio de localidad y únicamente si la solicitud se refiere a un puesto de trabajo del mismo nivel que se ocupe o inferior.

A los efectos anteriores, se considerarán la misma localidad los municipios y los núcleos urbanos que estén unidos sin solución de continuidad por razones urbanísticas o similares, y que dispongan de servicios de transportes urbanos colectivos comunes.

Artículo 117

En caso de empate en la puntuación global, se acudirá para dirimirla a la otorgada a los méritos alegados; y si persiste el empate, por el orden establecido en el artículo 115 de este Reglamento.

Artículo 118

1. En los concursos de méritos se tendrán que considerar únicamente los méritos alegados por los aspirantes, de acuerdo con las bases de la correspondiente convocatoria, que consten en el Registro general de personal o que se acrediten en el momento de la presentación de la solicitud de participación en el concurso.

2. Son aplicables a los concursos a los que se refieren los artículos anteriores las mismas determinaciones contenidas en el artículo 78 de este Reglamento.

3. Los concursos a los que se refieren los artículos citados deben resolverse por el Pleno de la Corporación en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de publicación de las bases de la convocatoria, a propuesta del órgano seleccionador, que debe dar publicidad a la puntuación y propuesta de resolución del concurso en el tablón de anuncios de la entidad.

4. Durante el plazo de los 20 días siguientes a la publicación los interesados pueden presentar alegaciones, que se entenderán desestimadas si transcurren 30 días desde que fueron presentadas sin que haya recaído resolución expresa.

Artículo 119

Unicamente se podrán proveer, mediante el sistema de libre designación, los puestos que figuren en la relación de puestos de trabajo con esta calificación y con la convocatoria pública previa.

Artículo 120

1. Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación podrán ser removidos con carácter discrecional.

2. Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso podrán ser removidos por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo, reflejada en las relaciones de puestos de trabajo, que modifique los supuestos que van a servir de base a la convocatoria, o de una falta de capacidad del funcionario para el ejercicio manifestada por rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto de trabajo. La remoción se efectuará previo expediente contradictorio mediante resolución motivada del órgano que realizó el nombramiento, habiendo escuchado a la representación de personal.

3. Los funcionarios afectados por lo que prevé el apartado anterior, y por tanto que cesen en un puesto de trabajo sin obtener otro por los sistemas de provisión de puestos de trabajo previstos legalmente, quedarán a disposición del presidente de la corporación, que les atribuirá el ejercicio provisional de un puesto correspondiente a su cuerpo o escala.

4. Sin perjuicio de lo que dispone el párrafo anterior, los que cesen por alteración del contenido o supresión de sus puestos en las relaciones de puestos de trabajo continuarán percibiendo, mientras no se les atribuya otro puesto y durante el plazo máximo de tres meses, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido o cuyo contenido haya sido alterado.

Artículo 121

Los concursos para la provisión de puestos de trabajo reservados en las entidades locales para su desarrollo por funcionarios de habilitación de carácter nacional se regirán por la normativa propia.

Artículo 122

1. Cuando se trate de personal perteneciente a categorías, cuerpos o escalas que por sus condiciones especiales requieran un estado físico determinado, que en general se pierda por razón de la edad o por otras causas sobrevenidas, antes de llegar a la jubilación, éste podrá ser asignado a otros puestos de trabajo dentro de los propios de su grupo y titulación.

2. En los casos en que se acuerde la amortización de puestos de trabajo a consecuencia de la supresión, adecuación o transformación de los servicios, el personal que ocupaba estos puestos podrá, alternativamente, pasar a la situación administrativa de excedencia forzosa en el caso de los funcionarios o, en su caso, ser designado para otros puestos, de acuerdo con lo que prevé el apartado anterior de este artículo. Por lo que se refiere al personal laboral se estará a lo que disponga la normativa propia.

3. Cuando la asignación de otro puesto de trabajo esté promovida por el interesado, el presidente de la entidad ha de resolver en el plazo de 30 días. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado resolución, la solicitud se entiende desestimada.

Artículo 123

1. Para que el personal interino ocupe un puesto de trabajo que implique jefatura, es necesario que haya quedado desierta la correspondiente convocatoria de provisión entre funcionarios para el desarrollo de esta jefatura y sin perjuicio de la necesaria provisión definitiva por el sistema que corresponda, y del régimen de cobertura provisional.

2. El acceso del personal interino a la función pública local adquiriendo la condición de funcionario de carrera no consolidará ningún derecho sobre el puesto de trabajo de jefatura que pudiera desarrollar, el cual tendrá que ser provisto de acuerdo con lo establecido en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 124

La provisión de puestos que haya de ocupar el personal laboral de las entidades locales se regirá por lo que disponga la normativa laboral de aplicación, de conformidad con lo que establezca la relación de puestos de trabajo, y se tendrá que respetar en todo caso el principio de publicidad. El sistema normal de provisión de puestos será, en todo caso, el concurso.

Artículo 125

El personal laboral tendrá derecho a promocionarse en su profesión u oficio, de acuerdo con el régimen que se establezca en las normas o convenios de aplicación. No obstante, previo acuerdo con los representantes del personal laboral, podrá establecerse la aplicación subsidiaria de lo que se establece en la presente sección, adaptada a la naturaleza de la relación laboral.

Artículo 126

Todos los puestos de trabajo de la Administración local reservados a funcionarios se clasifican en 30 niveles, de acuerdo con su valoración, en función de los criterios de titulación, especialización, responsabilidad, competencias y, si es necesario, de jefatura, exigidos para su ejercicio.

Artículo 127

Cada funcionario poseerá un grado personal correspondiente a alguno de los niveles en que se clasifican los puestos de trabajo. El grado consolidado constituirá un derecho del funcionario.

Artículo 128

El grado personal se adquirirá por el ejercicio de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción. Si durante el tiempo en que el funcionario ejerce un puesto se modifica el nivel de este puesto, el tiempo de ejercicio se computará en el nivel más alto en el que el citado puesto hubiera sido clasificado.

No obstante lo que dispone el párrafo anterior, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal consolidarán cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseen, sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al puesto ocupado.

Artículo 129

La adquisición y los cambios de grado se inscribirán en el registro de personal, con el reconocimiento previo pertinente por el alcalde o presidente de la corporación o por la persona en que se delegue.

Las solicitudes que presenten los interesados referentes a la asignación de grado personal y sus incidencias deben ser resueltas por el presidente de la entidad en el plazo de 30 días. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado resolución expresa el interesado podrá considerar desestimada la petición. Último párrafo del artículo 129 introducido por el artículo 13 del D [CATALUÑA] 144/1994, 14 junio, por el que se regulan y adecuan, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los procedimientos reglamentarios que afectan a las materias de régimen local, juego, espectáculos, actividades recreativas, policía autonómica y local y personal al servicio de la Generalitat («D.O.G.C.» 1 julio).Vigencia: 2 julio 1994

Artículo 130

El grado personal podrá adquirirse también mediante la superación de cursos específicos u otros requisitos objetivos que determine el pleno de la corporación.

El procedimiento de acceso a los cursos y la fijación de los otros requisitos objetivos se fundamentará exclusivamente en criterios de mérito y capacidad y la selección de los aspirantes se tendrá que realizar mediante concurso.

Artículo 131

1. Los funcionarios tendrán derecho, cualquiera que sea el puesto de trabajo que ocupen, a percibir al menos el complemento de destino correspondiente a su grado personal.

2. Los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo sin obtener otro por los sistemas previstos quedarán a disposición del alcalde o del presidente de la corporación, que les atribuirá el ejercicio provisional de un puesto correspondiente a su cuerpo o escala.

3. El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado, a efectos de consolidación del grado personal, como prestado en el último puesto ocupado en la situación de servicio activo o en el que posteriormente se haya obtenido por concurso.

Artículo 132

Dentro de la Administración local los grados que podrán consolidar los funcionarios serán los correspondientes a los niveles incluidos en los intervalos, según los grupos de cuerpos y de escalas a los que pertenezcan, de acuerdo con la normativa estatal de aplicación.

Artículo 133

1. Los funcionarios sólo podrán ser adscritos a puestos de trabajo que tengan asignados los niveles correspondientes al intervalo de su cuerpo o escala.

2. No obstante, y por necesidades del servicio, se podrán adscribir provisionalmente funcionarios a puestos de trabajo situados fuera del intervalo de niveles que correspondan a su cuerpo o escala.

Artículo 134

Los funcionarios de nuevo ingreso tendrán el grado personal correspondiente al nivel inferior del intervalo del grupo al que pertenecen, según lo que se deduce de la relación de puestos de trabajo o del catálogo. En ausencia de previsión expresa en estos instrumentos, se aplicará el nivel inferior atribuido por la legislación de carácter general.

Artículo 135

Los funcionarios disfrutarán del libre ejercicio de los derechos y libertades sindicales, de acuerdo con la legislación en esta materia, y en particular respecto de:

• La consulta y la negociación de las condiciones de trabajo.
• El ejercicio del derecho de huelga.
• La participación en los órganos de representación colectiva.
• La elección de sus representantes mediante sufragio universal directo, igual y secreto.

Artículo 136

Las entidades locales protegerán a su personal en el ejercicio de sus funciones y les otorgarán la consideración social debida a su condición y a la dignidad del servicio público.

Artículo 137

Los funcionarios tendrán derecho a ser asistidos y protegidos por la entidad local ante cualquier amenaza, ultraje, calumnia, injuria, difamación y, en general, ante cualquier atentado contra su persona o sus bienes, por razón del ejercicio de sus funciones.

Artículo 138

1. Los funcionarios tendrán el derecho de permanecer en el puesto de trabajo siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Si hubieran de prestar servicios en otra localidad, tendrán derecho a las indemnizaciones reglamentarias.

2. Ningún funcionario podrá ser privado de su empleo en propiedad, a no ser por las causas y con las garantías legales y reglamentarias exigidas.

3. El derecho al cargo se asegurará al funcionario sin perjuicio de su adscripción a unos u otros puestos de trabajo, efectuada dentro de sus competencias respectivas por los diferentes órganos competentes en materia de funcionarios públicos locales. Los funcionarios estarán asistidos por el derecho a la inamovilidad en la residencia en la medida que el servicio lo permita.

Artículo 139

Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a disfrutar de las posibilidades de carrera administrativa y de promoción interna previstas en la normativa vigente.

Artículo 140

Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a asistir a cursos de formación y perfeccionamiento con la periodicidad y las características y condiciones de acceso que se establezcan.

Artículo 141

Los funcionarios tendrán derecho a participar en la mejora de la administración de la entidad local mediante un sistema de iniciativas y sugerencias.

Artículo 142

1. Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a ser retribuidos de acuerdo con el puesto de trabajo que ocupen y el grado personal que les corresponda y tendrán derecho a ser protegidos por el sistema de previsión social que corresponda.

2. Los derechos pasivos de los funcionarios de la Administración local se regirán por su legislación específica, que tendrá que ser homologada a la normativa general de los funcionarios civiles del Estado.

Artículo 143

Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a disfrutar de las vacaciones, permisos y licencias previstos.

Artículo 144

1. Los funcionarios de la Administración local tendrán el derecho y el deber de mantener, actualizar o perfeccionar los conocimientos y las aptitudes propios del puesto de trabajo que ocupen o de su profesión u oficio. Correlativamente, las administraciones locales estarán obligadas a promover y facilitar la formación del personal al servicio que se ha citado.

2. Asimismo, las administraciones locales promoverán la formación necesaria para facilitar el derecho a la promoción y la movilidad de los funcionarios locales.

Artículo 145

La Escuela de Administración Pública de Cataluña promoverá, a instancia de las administraciones locales o a iniciativa propia, las actividades formativas o de perfeccionamiento que correspondan, dirigidas tanto a complementar los procesos de selección del personal como a mantener actualizados los conocimientos y a facilitar la promoción, movilidad y reciclaje del personal al servicio de las administraciones locales.

La Escuela de Administración Pública podrá suscribir a estos efectos los convenios correspondientes con las administraciones locales afectadas y con las instituciones públicas y privadas que procedan, de acuerdo con su legislación específica.

Artículo 146

Los cursos, títulos y certificaciones promovidos por la Escuela de Administración Pública serán valorados en los procesos de selección y en los concursos de provisión de puestos de trabajo, en función del grado de dificultad de los cursos citados y en función de los requisitos de los puestos de trabajo que se tienen que cubrir. Las respectivas convocatorias establecerán, si es necesario, y de acuerdo con lo que disponga la relación de puestos de trabajo, los cursos y títulos expedidos por la Escuela de Administración Pública de Cataluña u otras instituciones exigibles para participar en los procesos de selección y de provisión de puestos de trabajo.

Artículo 147

Los funcionarios de las entidades locales tendrán derecho a disfrutar durante cada año completo de servicio activo de unas vacaciones retribuidas de un mes, o de los días que en proporción les correspondan si el tiempo transcurrido en la situación de activo es menor. El momento en que se disfrute de estas vacaciones estará subordinado a las necesidades del servicio.

Artículo 148

1. Se concederán permisos por las causas siguientes, debidamente justificadas:

• a) Por el nacimiento de un hijo y por la muerte o la enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, dos días si el suceso se produce en la misma localidad y hasta cuatro si se encuentra en otra localidad.
• b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. Si origina traslado a otra localidad, hasta cuatro días.
• c) Por concursar en exámenes finales en centros oficiales, los días durante los cuales tengan lugar.
• d) Por deberes inexcusables de carácter público o personal, durante el tiempo indispensable para cumplirlos.

2. Se podrá disponer de nueve días de permiso al año como máximo, para asuntos personales sin justificación. La concesión de estos días de permiso estará subordinada a las necesidades del servicio y en todos los casos deberá garantizar que la misma unidad orgánica donde se presten los servicios asumirá sin daño para terceras personas o para la propia organización las tareas del funcionario al que se concede el permiso.

3. El disfrute de estos días de permiso se podrá establecer con carácter general mediante pactos con la representación del personal.

4. Las peticiones de permisos a los que se refiere el apartado 1.a) de este artículo se entienden concedidas con la comunicación del interesado al presidente de la corporación, sin perjuicio de la justificación posterior del hecho, dentro del plazo de cinco días.

Las peticiones de permisos comprendidos en los artículos 149.3, 150.1 y 2 y en los apartados 1.b), c) y d) de este artículo deberán resolverse en el plazo de cinco días, y si no se dicta resolución dentro de este plazo se entenderán estimadas.

Las peticiones del permiso al que se refiere el apartado 2 de este artículo y de las restantes licencias deben ser resueltas en el plazo de diez días. La falta de resolución expresa dentro de este plazo produce efectos desestimatorios.

Artículo 149

1. Se podrá conceder licencia para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo, siempre que haya un informe favorable del jefe de la unidad orgánica en la que el funcionario presta los servicios. Si esta licencia se concede por interés propio de la Administración el funcionario tendrá derecho a percibir todas sus retribuciones.

2. Se podrán conceder licencias por asuntos propios, sin ninguna retribución, cuya duración acumulada no podrá exceder en ningún caso los tres meses cada dos años. La concesión de esta licencia se subordinará a las necesidades del servicio.

3. Se podrán conceder las licencias que correspondan por razón de enfermedad que impida el desarrollo normal de las funciones públicas, de acuerdo con el régimen de previsión social aplicable en cada caso. La situación de incapacidad se justificará mediante parte médico emitido de acuerdo con el sistema de cobertura sanitaria vigente en la entidad local. Se deberá presentar parte de confirmación cada quince días salvo en los supuestos de embarazo o maternidad.

4. Por razón de matrimonio el funcionario tendrá derecho a una licencia de quince días.

5. Las licencias para ejercer funciones sindicales, de formación sindical o de representación del personal, se atendrán a lo que se determine legalmente en esta materia.

Artículo 150

1. En el supuesto de parto, las funcionarias tendrán derecho a una licencia de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables por parto múltiple hasta dieciocho semanas. El período de licencia se distribuirá a opción de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, y podrá hacer uso de estas semanas el padre para el cuidado del hijo en caso de muerte de la madre.

2. No obstante lo que dispone el apartado anterior, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de hasta cuatro de las últimas semanas de licencia, siempre que sean ininterrumpidas y al final del período citado, excepto cuando en el momento de su efectividad la incorporación de la madre al trabajo suponga un riesgo para su salud.

3. En el supuesto de adopción, si el hijo adoptado es menor de nueve meses, la licencia tendrá una duración máxima de ocho semanas, a contar a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. Si el hijo adoptado es menor de cinco años y tiene más de nueve meses, la licencia tendrá una duración máxima de seis semanas. En el supuesto de que el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercer este derecho.

Artículo 151

1. El funcionario con un hijo de menos de nueve meses tendrá derecho a un permiso de una hora diaria de ausencia del trabajo para atenderlo. Este período de tiempo podrá ser dividido en dos fracciones o bien ser sustituido por una reducción de la jornada en media hora. Si el padre y la madre trabajan, sólo uno de ellos podrá ejercer este derecho.

2. El funcionario que por razón de guarda legal tenga cuidado directo de un niño de menos de seis años o de un disminuido psíquico o físico que no desarrolle ninguna actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de un tercio o de la mitad de la jornada de trabajo con la reducción proporcional de sus retribuciones. La concesión de la reducción de jornada por razón de guarda legal será incompatible con el desarrollo de cualquier otra actividad, sea o no remunerada durante el horario que sea objeto de la reducción. Se podrá condicionar el ejercicio de esta licencia en el caso de que, por razón de la jefatura, afecte al rendimiento del trabajo de otros funcionarios.

3. En los casos debidamente justificados, por incapacidad física del cónyuge o del padre o de la madre, si conviven con el funcionario, se podrá pedir también, con las mismas condiciones antes citadas, la reducción de la jornada.

Artículo 152

El personal al servicio de las entidades locales tendrá los deberes siguientes:

• a) Respetar y cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y las otras disposiciones que afecten al ejercicio de sus funciones.
• b) Cumplir estricta, imparcial y eficazmente las obligaciones propias de su puesto de trabajo, cumplir las órdenes recibidas que se refieran al servicio y formular, si es necesario, las sugerencias que crea oportunas. Si las órdenes son, a juicio suyo, contrarias a la legalidad, podrá solicitarse la confirmación por escrito y una vez recibida podrá comunicar inmediatamente por escrito la discrepancia al jefe superior, el cual decidirá. En ningún caso se cumplirán las órdenes que impliquen comisión de delito.
• c) Guardar reserva total respecto de los asuntos que conozca por razón de sus funciones, excepto cuando se cometan irregularidades y el superior jerárquico, una vez advertido, no las corrija.
• d) Comportarse en las relaciones con los administrados con la máxima corrección y procurar en todo momento prestar la máxima ayuda posible e información al público.
• e) Esforzarse por facilitar y exigir a los subordinados el cumplimiento de sus obligaciones, mediante las instrucciones y las ayudas que sean necesarias y mantener en todo momento la cordialidad con ellos y con sus compañeros.
• f) Procurar al máximo el propio perfeccionamiento profesional utilizando los medios que a este fin pone la entidad local a disposición de su personal.
• g) Cumplir estrictamente la jornada y el horario de trabajo, en función de la mejor atención a los administrados, de los objetivos señalados en los servicios y del buen funcionamiento de éstos.

Artículo 153

El personal al servicio de las entidades locales no podrá ser obligado a residir en la localidad donde trabaja, salvo en los casos que por razón del servicio el deber de residencia sea conveniente. Esto no podrá ser obstáculo para el estricto cumplimiento de la jornada y del horario de trabajo.

Artículo 154

El personal al servicio de las entidades locales tendrá el deber de no intervenir en procedimientos administrativos cuando haya motivos de abstención establecidos legalmente.

Artículo 155

Los deberes previstos en esta sección que impliquen garantía de terceros serán exigibles también al personal no funcionario al servicio de las administraciones locales.

Artículo 156

El personal al servicio de las entidades locales será responsable de la buena gestión de los servicios asignados y procurará resolver por iniciativa propia las dificultades que encuentre en el cumplimiento de su función. Esta responsabilidad no excluirá a la que pueda corresponder a sus superiores jerárquicos.

Artículo 157

Sin perjuicio de su responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos regulada en el artículo 106.2 de la Constitución y del deber de indemnizar los daños causados, las entidades locales podrán dirigirse contra el funcionario que sea el causante, en el ámbito de la legislación vigente, por culpa grave o por ignorancia inexcusable, mediante la instrucción del expediente correspondiente, con audiencia al interesado.

Igualmente se podrá proceder si, por falta grave o por ignorancia inexcusable, se producen daños o perjuicios a los bienes o a los derechos de la entidades locales.

Artículo 158

Los particulares podrán exigir al personal a que se refiere este Reglamento, mediante el proceso declarativo correspondiente, la indemnización de los daños causados a sus personas o bienes, si se han producido por culpa grave o por ignorancia inexcusable.

Artículo 159

Lo que disponen los artículos 157 y 158 de este Reglamento se entiende que es sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento de la jurisdicción competente por si pudieran ser constitutivos de infracción penal.

Artículo 160

1. Las retribuciones de los funcionarios serán básicas y complementarias.

2. Serán retribuciones básicas:

• a) El sueldo, que corresponde al índice de proporcionalidad asignado a cada uno de los grupos en que se organizan los cuerpos y escalas, clases o categorías.
• b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicio en el cuerpo o escala, clase o categoría.
• c) Las pagas extraordinarias, que serán dos cada año, por un importe mínimo, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo y trienios, y se percibirán los meses de junio y diciembre.

3. Serán retribuciones complementarias:

• a) El complemento de destino.
• b) El complemento específico.
• c) El complemento de productividad.
• d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal.

4. Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.

Artículo 161

Las entidades locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus funcionarios en los términos establecidos por la legislación básica sobre la función pública.

Artículo 162

Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública, y serán las que se fijen para cada uno de los grupos A, B, C, D y E a que se refiere el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, y en la Ley de presupuestos generales del Estado para el ejercicio correspondiente.

Artículo 163

El sueldo, trienios y pagas extraordinarias se acreditarán y se harán efectivos de conformidad con la legislación aplicable a los funcionarios de la Administración civil del Estado.

Artículo 164

1. Cuando un funcionario preste sus servicios sucesivamente en cuerpos diferentes o, en su caso, subescalas, clases o categorías, tendrá derecho a seguir percibiendo los trienios acreditados en los puestos anteriores.

2. Cuando un funcionario cambie de cuerpo o, en su caso, de subescala, clase o categoría, antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicios prestado en el nuevo al cual pase a pertenecer.

Artículo 165

Las retribuciones complementarias tendrán que respetar la estructura y el criterio de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. La cuantía global tendrá que ser fijada por el pleno de la corporación dentro de los límites máximos y mínimos que señale el Estado.

Artículo 166

El pleno de cada corporación determinará en la relación de puestos de trabajo el nivel correspondiente a cada uno de ellos dentro de los límites mínimos y máximos que determine la normativa estatal sobre la función pública.

Artículo 167

1. La asignación de niveles tendrá que hacerse de manera que, en todo caso, el nivel de complemento de destino de un puesto de trabajo sea superior al que corresponda a cualquier otro subordinado a él.

2. La asignación de niveles de puestos de trabajo no incluidos en la relación de puestos tipo la efectuarán las entidades locales sobre la base de la responsabilidad que se derive de las funciones a ellos encargadas y/o por analogía o similitud con los puestos de la estructura establecida.

Artículo 168

La cuantía del complemento de destino tendrá que reflejarse anualmente en el presupuesto de cada corporación, según lo que establezca para cada nivel la Ley de presupuestos generales del Estado para los funcionarios de la Administración civil del Estado.

Artículo 169

El complemento específico estará destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a la especial dificultad técnica, el grado de dedicación, la responsabilidad, la incompatibilidad, la peligrosidad o la penosidad. Este complemento figurará en la relación de puestos de trabajo; sólo se podrá atribuir un complemento específico a cada puesto de trabajo, pero la cantidad correspondiente podrá variar en función de los factores mencionados.

Artículo 170

1. El establecimiento o la modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, que la corporación efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el artículo anterior.

2. Una vez efectuada la valoración, el pleno de la corporación, al aprobar la relación de puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponda un complemento específico, señalando su cuantía respectiva.

3. La cuantía global destinada a la asignación de complementos específicos figurará en el presupuesto y no podrá exceder del límite máximo expresado en el artículo 175.2.a) de este Reglamento.

Artículo 171

El complemento de productividad estará destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario ejerce su trabajo.

Artículo 172

1. La apreciación de la productividad se tendrá que realizar en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desarrollo del puesto de trabajo y con los objetivos que le sean asignados.

2. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

3. Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público, tanto de los otros funcionarios de la corporación como de los representantes sindicales.

4. Corresponderá al pleno de cada corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 175.2.b) de este Reglamento.

5. Corresponderá al alcalde o presidente de la corporación la distribución de esta cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que, en su caso, haya establecido el pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir de acuerdo con la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña.

Artículo 173

Corresponderá al pleno de la corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 175.2.c) de este Reglamento.

Artículo 174

1. Corresponderá al alcalde o presidente de la corporación la asignación individual de las gratificaciones, con sujeción a los criterios que haya establecido el pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir de acuerdo con lo que establece la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña.

2. Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su acreditación, tendrán que responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo.

Artículo 175

1. Los créditos destinados a complemento específico, complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le corresponda por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino.

2. La cantidad que resulte, de acuerdo con lo que dispone el punto anterior, se destinará:

• a) Hasta un máximo del 75% para el complemento específico, en cualquiera de sus modalidades.
• b) Hasta un máximo del 30% para el complemento de productividad.
• c) Hasta un máximo del 10% para gratificaciones.

Artículo 176

El disfrute de las retribuciones complementarias no creará derechos adquiridos a favor de los funcionarios, a excepción de cuando se establezca legalmente respecto al grado consolidado en relación con el nivel de complemento de destino.

Artículo 177

Los funcionarios que realicen sus tareas al servicio de agrupaciones para el sostenimiento de funcionarios en común percibirán, en todo caso un 15% de la cuantía del complemento de destino asignado al puesto de trabajo, por cada uno de los ayuntamientos agrupados y en concepto de complemento específico, sin que la cuantía asignada por esta circunstancia pueda exceder del 60%, aunque sean más de cuatro los ayuntamientos que constituyan la agrupación.

Artículo 178

1. Las indemnizaciones por razón del servicio o por residencia del personal al servicio de las entidades locales que tengan derecho a ellas serán las mismas que correspondan al personal al servicio de la Administración del Estado. En ningún caso se tendrá derecho a percibir indemnización por casa-habitación.

2. No obstante, ninguno de los supuestos previstos en el número anterior de este artículo dará lugar a la percepción de dietas.

Artículo 179

Los funcionarios de la Administración local que, de acuerdo con las normas en vigor, realicen una jornada de trabajo reducida, experimentarán una reducción proporcional sobre la totalidad de las retribuciones correspondientes a la jornada completa, tanto básicas como complementarias, con inclusión de los trienios. Una reducción idéntica se practicará sobre las pagas extraordinarias en el caso de que los funcionarios disfruten de una jornada de trabajo reducida el día 1 de los meses de junio y/o diciembre, fecha de acreditación de las pagas citadas.

Artículo 180

Cuando por motivos de interés público se acumule una plaza a un funcionario con habilitación de carácter nacional, que tendrá que ser titular de una plaza próxima, éste percibirá en concepto de gratificación hasta el 40% del sueldo correspondiente a que se refiere el artículo 23.2.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. La plaza acumulada será servida fuera del horario de la jornada legalmente establecida a la corporación de la cual sea titular.

Será de aplicación a este supuesto lo previsto en el artículo 174.2 de este Reglamento.

Artículo 181

Los funcionarios de la Administración local no podrán participar en la distribución de fondos de ninguna clase, ni percibir remuneraciones diferentes de las comprendidas en la legislación del Estado ni, incluso, por confección de proyectos, o por la dirección o inspección de obras o presupuestos, asesorías o emisión de dictámenes e informes.

Artículo 182

Los funcionarios que ejerzan el derecho de huelga no acreditarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo que hayan estado en esta situación, sin que la deducción de retribuciones que se efectúe tenga, en ningún caso, carácter sancionador.

Artículo 183

Los funcionarios de las administraciones locales se podrán encontrar en alguna de las situaciones siguientes:

• a) Servicio activo.
• b) Excedencia voluntaria.
  • Régimen general.
  • Supuestos especiales.
• c) Suspensión de empleo.
  • Provisional.
  • Firme.
• d) Servicios especiales.
• e) Servicios especiales en otras administraciones.

Artículo 184

Se encontrará en situación de servicio activo el funcionario:

• a) Cuando ocupe una plaza dotada presupuestariamente y desarrolle un puesto de trabajo.
• b) Cuando esté en el supuesto de disponibilidad.
• c) Cuando esté en el supuesto de comisión de servicios.
• d) Cuando esté en el supuesto de licencia o permiso.
• e) Cuando esté en el supuesto de huelga.
• f) Cuando esté en situación de traslado forzoso con motivo de la incoación de expediente disciplinario.
• g) Asimismo, cuando preste sus servicios en organismos autónomos, creados por la misma corporación, o empresas públicas que dependan directamente de la entidad local, excepto cuando se integren en la función pública propia de los organismos citados.
• h) En cualquier caso, se considerará en situación de servicio activo al funcionario que esté en situación de disponibilidad, entendiéndose como tal el funcionario que, habiendo cesado en un puesto de trabajo, aún no haya obtenido el destino a otro puesto.

Artículo 185

1. La comisión de servicios tendrá carácter temporal y no podrá durar más de dos años. Este supuesto se dará exclusivamente por necesidades del servicio y comportará el destino a un puesto de trabajo diferente de aquel que el funcionario ocupe e implicará la reserva de este puesto.

2. Si esta comisión de servicios fuera de carácter forzoso e implicara el cambio de localidad de destino dará lugar a las indemnizaciones que correspondan.

Artículo 186

La comisión de servicios podrá acordarse en los casos siguientes:

• a) Para el desarrollo temporal de un puesto de los incluidos en las relaciones de puestos de trabajo de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas que dependan de ellos directamente.
• b) Para la realización de tareas especiales que no estén asignadas específicamente a los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo.
• c) Para la realización de tareas que, a causa de su mayor volumen temporal o por otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por los funcionarios que desarrollen con carácter permanente los puestos de trabajo a los cuales estén asignadas estas tareas.
• d) Por participar por el tiempo que, excepto en casos excepcionales, no tendrá duración superior a seis meses, en misiones de cooperación internacional al servicio de organismos o instituciones internacionales o gobiernos extranjeros.
• e) Por cooperar o prestar asistencia técnica durante un máximo de dos años en otras administraciones locales, en la Administración de las comunidades autónomas y en la Administración del Estado, a petición de estas administraciones.

Artículo 187

Los funcionarios en comisión de servicios percibirán la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos incluidos en los programas en que figuren dotados los puestos de trabajo que realmente desarrollen, excepto los comprendidos en los apartados b) y c) del artículo anterior, que continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo, todo ello sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que en su caso les correspondan.

Artículo 188

1. La comisión de servicios será desarrollada voluntariamente, excepto en casos de urgente e inaplazable necesidad aprobada por el presidente de la corporación.

2. La comisión de servicios de carácter forzoso no podrá tener una duración superior a los seis meses. Se aplicará preferentemente a los funcionarios destinados en la misma localidad que tengan menor antigüedad al servicio de la administración. Si no hubiera ningún funcionario que reuniera las condiciones necesarias para desarrollar el puesto en la misma localidad, habrá de destinarse el que, reuniéndolas, se encuentre destinado en la localidad más próxima con mejores facilidades de desplazamiento y menos cargas familiares, y, en igualdad de condiciones, el de menor antigüedad.

3. El puesto de trabajo cubierto temporalmente, de conformidad con lo que dispone el apartado anterior, será incluido necesariamente en la siguiente convocatoria de provisión reglamentaria. Si el puesto continúa vacante, podrá prorrogarse la comisión de servicios hasta un máximo de doce meses.

4. El tiempo de servicios prestados en comisión de servicios, prevista en el presente artículo, será tenido en cuenta a efectos de consolidación del grado personal correspondiente al nivel del puesto que se desarrolló con anterioridad, salvo que se hubiera obtenido mediante la correspondiente convocatoria de destino definitiva en el puesto de trabajo desarrollado en comisión de servicios o en otro del mismo nivel, en cuyo caso se consolidará éste.

Artículo 189

Durante los períodos de transferencias, a que hacen referencia los artículos 108 y siguientes de este Reglamento, de medios personales de las entidades locales al resto de administraciones públicas y a otras entidades locales y a la inversa, no podrá otorgarse concesión de comisiones de servicios al personal destinado a los servicios afectados por las citadas transferencias.

Las peticiones de comisión de servicios que promuevan los interesados deben ser resueltas en el plazo de 30 días. Si en dicho plazo no se dicta resolución expresa las peticiones se entenderán desestimadas. Último párrafo del artículo 189 introducido por el artículo 15 del D [CATALUÑA] 144/1994, 14 junio, por el que se regulan y adecuan, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los procedimientos reglamentarios que afectan a las materias de régimen local, juego, espectáculos, actividades recreativas, policía autonómica y local y personal al servicio de la Generalitat («D.O.G.C.» 1 julio). Vigencia: 2 julio 1994

Artículo 190

1. El disfrute de licencias o permisos reglamentarios no alterará la situación de servicio activo.

2. Los funcionarios en situación de servicio activo tendrán todos los derechos, deberes y responsabilidades inherentes a esta condición.

Artículo 191

Los funcionarios que presten servicios en los organismos autónomos o en otras entidades públicas dependientes de los entes locales mantendrán la situación de servicio activo en la Administración de origen y se integrarán en la plantilla y relación de puestos de trabajo de la entidad de destino a todos los efectos, causando baja en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo de procedencia. Este personal se reintegrará en la plantilla de la administración de origen por cualquiera de los sistemas de provisión de puestos de trabajo.

En el supuesto de que el órgano autónomo o ente dependiente disponga de una función pública propia, los funcionarios que provengan del ente titular se integrarán en la misma, quedando en situación de excedencia por razón de incompatibilidades en la administración de origen.

Artículo 192

1. Con carácter ordinario, la excedencia voluntaria implicará el cese temporal de la relación de trabajo, sin derecho a percibir retribuciones ni a la reserva de plaza. El tiempo que se pase en esta situación no se computará como tiempo de servicio en activo.

2. La excedencia voluntaria se concederá a petición del funcionario por interés particular.

3. Las peticiones de excedencia voluntaria que formulen los interesados deben ser resueltas por el presidente de la entidad en el plazo de 30 días. Si en el citado plazo no se dicta resolución expresa las peticiones se entenderán desestimadas, a excepción del supuesto del artículo 197 de este Reglamento, en el que la falta de resolución produce efectos estimatorios de la petición.

Artículo 193

1. La concesión de la excedencia voluntaria por interés particular quedará condicionada a las necesidades temporales de los servicios.

2. Esta excedencia no podrá declararse hasta que el funcionario haya cumplido tres años de servicio efectivo desde que accedió al cuerpo y escala o subescala o desde su reingreso en el servicio activo, y no se podrá permanecer más de diez años continuados ni menos de dos. No dará derecho a percibir remuneración de ningún tipo, ni se computará a efectos de trienios ni de derechos pasivos.

Artículo 194

En el supuesto de no solicitarse el reingreso antes del cumplimiento del referido plazo de diez años, se producirá la pérdida de la condición de funcionario. Si solicitado el reingreso no se concede por falta de puesto vacante, con dotación presupuestaria, el funcionario continuará en la situación de excedencia voluntaria por interés particular hasta que la vacante se produzca.

Artículo 195

La excedencia voluntaria por interés particular no podrá otorgarse cuando al funcionario se le instruya un expediente disciplinario o esté pendiente del cumplimiento de una sanción.

Artículo 196

También quedarán en situación de excedencia voluntaria:

• a) Los excedentes que, habiendo dispuesto su reingreso, no tomen parte en el concurso o no se incorporen al destino provisional. En este caso se declarará la excedencia voluntaria siempre que no se haya consumido el plazo máximo establecido de diez años.
• b) Los funcionarios que se encuentren en los supuestos previstos en los artículos 200, 219.2 y 223.

Artículo 197

1. Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia voluntaria no superior a tres años para tener cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste. Los hijos sucesivos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se estuviera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. Durante el primer año de duración de cada período de excedencia, los funcionarios en esta situación tendrán derecho a la reserva de su puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de trienios, consolidación del grado personal y derechos pasivos.

2. La concesión de este derecho estará condicionada al hecho de que el funcionario no desarrolle ninguna otra actividad ni pretenda desarrollarla mientras esté en esta situación, que pueda impedir o menoscabar el cuidado del hijo menor.

Artículo 198

1. Transcurrido el tiempo o desaparecida la causa que motivó la concesión de la excedencia prevista en los artículos anteriores, tendrá que solicitar, en el plazo de treinta días, el reingreso al servicio activo o el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular. El funcionario se declarará en esta situación en el supuesto que no solicite el reingreso.

2. En cualquier momento, mientras permanezca en esta situación, el funcionario podrá solicitar el reingreso al servicio activo.

Artículo 199

Será procedente declarar de oficio o a instancia de parte en situación de excedencia voluntaria a los funcionarios cuando se encuentren en situación de servicio activo en otro cuerpo u otra escala de cualquiera de las administraciones públicas o pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público no incluidos en la relación de puestos de trabajo de la propia corporación; salvo en ambos supuestos, que los funcionarios hayan obtenido la oportuna compatibilidad o les corresponda quedar en situación de servicio activo, servicios especiales o servicios especiales en otras administraciones.

Artículo 200

Los funcionarios podrán permanecer en la situación que establece el artículo anterior mientras se mantenga la relación de servicios que dio origen a ésta. Una vez se haya producido el cese en ésta, tendrán que comunicarlo a la corporación de origen y solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de treinta días. Los funcionarios se declararán, si no lo hacen, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular. El citado reingreso se producirá, en cualquier caso, con ocasión de vacante con dotación presupuestaria. Si una vez solicitado el reingreso no fuera posible obtenerlo por falta de puesto vacante con dotación presupuestaria, permanecerán en la situación de excedencia forzosa.

Artículo 201

Los que incurran en causa de incompatibilidad como consecuencia de lo que dispone la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña, pasarán a la situación de excedencia voluntaria declarada de oficio por la administración.

Artículo 202

La suspensión de funciones podrá ser provisional o firme El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición de funcionario de acuerdo con la Ley, sin perjuicio de lo que disponen los artículos siguientes de este Reglamento.

Artículo 203

1. La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga en virtud de condena penal o de sanción disciplinaria.

2. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años, y será abonable a estos efectos el período en que el funcionario permanezca en situación de suspensión provisional.

3. Se entenderá que es firme la suspensión cuando haya causado estado en vía administrativa, es decir, después de que el interesado haya agotado la vía administrativa previa a la jurisdiccional.

Artículo 204

La suspensión de funciones por más de un año será sustituida por la destitución de cargo, con prohibición de obtener nuevo destino en el plazo que se fije, con el máximo de tres años, cuando se trate de funcionarios con habilitación nacional.

Artículo 205

Una vez haya cumplido la sanción de suspensión, el funcionario tendrá que solicitar el reingreso al servicio activo, que se concederá con ocasión de vacante dentro del orden de prioridades establecido en este Reglamento. Si no se solicitara el reingreso en el plazo de treinta días será declarado en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha en que tuvo lugar la suspensión. Si no hubiera vacante presupuestaria, tendrá que pasar a la situación de excedencia forzosa y disfrutará de preferencia, por una sola vez, para obtener un destino en la misma localidad.

Las peticiones de reingreso deben ser resueltas por el presidente de la entidad en el plazo de 30 días. Si en el expresado plazo no se dicta resolución expresa la petición se entiende desestimada y confirmado el paso a la situación de excedencia forzosa. Último párrafo del artículo 205 introducido por el artículo 17 del D [CATALUÑA] 144/1994, 14 junio, por el que se regulan y adecuan, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los procedimientos reglamentarios que afectan a las materias de régimen local, juego, espectáculos, actividades recreativas, policía autonómica y local y personal al servicio de la Generalitat («D.O.G.C.» 1 julio).Vigencia: 2 julio 1994

Artículo 206

La pena y la sanción de suspensión, aunque priven al funcionario del cargo que desarrolla, no afectarán a su permanencia en el escalafón, cuerpo, escala o subescala respectiva.

Artículo 207

La sanción disciplinaria de suspensión no superior a quince días producirá la interrupción del servicio activo, pero no desvinculará al funcionario del cargo o plaza que desarrolle en propiedad.

Artículo 208

La suspensión de empleo de un funcionario se declarará cuando lo determine la autoridad o el órgano competente como consecuencia de un procedimiento judicial o disciplinario que haya sido instruido.

Artículo 209

1. La sanción de suspensión firme por más de quince días determinará la pérdida del puesto de trabajo, que se podrá proveer mediante los sistemas establecidos por este Reglamento.

2. La suspensión por condena criminal se podrá imponer como pena o a consecuencia de la inhabilitación para el ejercicio de cargos y funciones públicas, con el carácter de principal o de accesoria y en los términos de la sentencia en que fuera acordada. La imposición de la pena de inhabilitación especial para la carrera de funcionario o de inhabilitación absoluta para el ejercicio de funciones públicas, si es con carácter perpetuo, determinará la baja definitiva del funcionario en el servicio, sin otra reserva de derechos que los consolidados a efectos pasivos.

Artículo 210

El tiempo de suspensión por sanción disciplinaria no podrá exceder del máximo señalado en el artículo 203.2 de este Reglamento. Durante este período, el funcionario no tendrá derecho a ninguna retribución y quedará privado de los derechos inherentes a su condición.

Artículo 211

1. Los funcionarios de las entidades locales serán declarados en situación de servicios especiales:

• a) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o supranacionales.
• b) Cuando sean autorizados a cumplir misiones por períodos superiores a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación nacionales o internacionales.
• c) Cuando sean nombrados para ocupar cargos políticos que sean incompatibles con el ejercicio de la función pública.
• d) Cuando sean designados por las Cortes Generales o por el Parlamento de Cataluña para formar parte de los órganos constitucionales o de otros órganos cuya elección corresponda a las Cámaras.
• e) Cuando accedan a la condición de diputado o senador de las Cortes Generales, o miembro del Parlamento de Cataluña, salvo en el caso de que, respetando las normas de incompatibilidades, deseen continuar en activo.
• f) Cuando ocupen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las entidades locales u otras administraciones públicas.
• g) Cuando cumplan el servicio militar o una prestación social sustitutiva equivalente. Los funcionarios que hayan de incorporarse a los servicios citados tendrán que justificar el orden de incorporación para obtener el pase a la situación de servicios especiales.
• h) ...
• Letra h) del artículo 211 derogada por el artículo único del D [CATALUÑA] 8/1991, 7 enero, de modificación del Decreto 214/1990, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del personal al servicio de las entidades locales de Cataluña («D.O.G.C.» 4 febrero).Vigencia: 5 febrero 1991
• i) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Consejo Consultivo.
• j) Cuando adquieran la condición de personal al servicio del Parlamento y del Síndic de Greuges.

En los supuestos previstos en los apartados a) y b), no podrá concederse la situación de servicios especiales cuando el funcionario esté sometido a la instrucción de expediente disciplinario o no haya cumplido la sanción que con anterioridad le hubiera sido impuesta.

2. Las peticiones para pasar a la situación de servicios especiales deben ser resueltas por el presidente de la entidad en el plazo de diez días. Si en el expresado plazo no se dicta resolución expresa la petición se entiende estimada.

3. También tiene efectos estimatorios la falta de resolución expresa de las peticiones de reincorporación al servicio activo a que se refiere el artículo 216 del Reglamento si el presidente de la entidad no dicta la resolución en el plazo de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación de cese en la situación de servicios especiales.

Artículo 212

1. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en esta situación a los efectos de consolidación del grado personal, de los trienios y de los derechos pasivos, y tendrán derecho a la reserva de plaza y de destino. Por lo que se refiere a la consolidación del grado personal, el tiempo transcurrido en esta situación se computará respecto al nivel del complemento de destino correspondiente al último puesto de trabajo ocupado. En todos los casos recibirán las retribuciones del puesto o el cargo efectivo que ocupen y no las que les correspondan como funcionarios, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que puedan tener reconocidos como funcionarios, con cargo a la Administración de destino, salvo que en ésta no esté previsto este concepto retributivo.

2. En los casos citados se producirá el pase a la situación de servicios especiales cuando haya incompatibilidad legal o material entre el ejercicio activo y la situación citada, o cuando lo solicite el interesado.

Artículo 213

Los diputados, los senadores y los miembros del Parlamento de Cataluña u otros parlamentos autonómicos que pierdan esta condición por disolución de las cámaras correspondientes o por cese de su mandato podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta la constitución de la nueva cámara.

Artículo 214

A los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales se les reservará la plaza y el destino que ocupaban, según los criterios siguientes:

• a) Cuando el puesto de trabajo desarrollado con anterioridad se haya obtenido mediante el sistema de libre designación, la reserva de un puesto de trabajo de los genéricamente atribuidos a su categoría en la misma localidad.
• b) Cuando el puesto de trabajo sea de los singularizados y se haya obtenido mediante concurso se reservará el último puesto, salvo que éste se amortice, caso en el que se le asimilará uno de nivel parecido.
• c) Cuando el puesto de trabajo se haya obtenido mediante concurso, pero no fuera de carácter singularizado, se reservará un puesto del mismo nivel y retribución en la misma localidad.

Artículo 215

Los puestos de trabajo que tengan que quedar reservados para que los provean en su momento los funcionarios en situación de servicio especial podrán ser desarrollados, entre tanto, bien en comisión de servicios con adscripción provisional, o bien por personal interino.

Artículo 216

El cese en la condición que originó la situación administrativa de servicios especiales lo ha de notificar el interesado a la Administración de origen, en el plazo de diez días desde que se produzca.

Artículo 217

Los funcionarios en activo en las entidades locales que pasen a prestar servicios en otras administraciones con carácter permanente quedarán en la entidad local correspondiente en la situación de servicios especiales en otras administraciones públicas.

El régimen que se aplicará a la situación citada será el que rija para los funcionarios de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 218

El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de plaza o destino se tendrá que efectuar con ocasión de vacante, mediante los sistemas siguientes:

• a) Participando en los concursos de méritos que se convoquen o en las convocatorias para la provisión de puestos de libre designación.
• b) Por la adscripción a un destino provisional en un puesto de trabajo que esté vacante y dotado presupuestariamente.

Estos reingresos se tendrán que efectuar necesariamente por el orden de la fecha de presentación de la solicitud, respetando, en todo caso, la prioridad de los excedentes forzosos sobre los suspendidos y la de éstos sobre los excedentes voluntarios.

Artículo 219

1. Los funcionarios que reingresen mediante la obtención de un destino provisional tendrán la obligación de tomar parte en todo concurso de provisión de puestos de trabajo que se convoque, siempre que cumplan los requisitos necesarios, hasta que obtengan un puesto de trabajo con carácter definitivo.

2. En el caso de que no participen en los citados concursos serán declarados automáticamente en situación de excedencia voluntaria.

Artículo 220

Los funcionarios que soliciten el reingreso mediante la participación en concursos disfrutarán del derecho preferente, por una sola vez, para ocupar alguna de las vacantes correspondientes a su cuerpo o escala que haya en la localidad donde servían en el momento de producirse el cese.

Artículo 221

La solicitud de ingreso deben dirigirse al presidente de la entidad y debe ser resuelta por el mismo en el plazo de 30 días. Si en el citado plazo no se dicta resolución expresa, la petición se entiende desestimada.

Artículo 222

1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de plaza o destino se efectuará con ocasión de vacante adecuada según lo que dispone el capítulo 4 del título 5, de Provisión de puestos de trabajo, de este Reglamento, respetando el orden siguiente:

• a) Excedentes forzosos.
• b) Suspendidos.
• c) Excedentes voluntarios.
• d) Otras situaciones.

2. En todo caso los miembros de los cuerpos de habilitación nacional que hayan sido declarados excedentes, o que hayan sido destituidos o suspendidos como consecuencia de una sanción disciplinaria, se reintegrarán al servicio activo a través del sistema de provisión de puestos previstos en la normativa propia.

Artículo 223

Los funcionarios en situación de excedencia, suspensión o servicios especiales que no soliciten el reingreso o no concursen cuando estén obligados a hacerlo, pasarán a la situación de excedencia voluntaria o perderán la condición de funcionario en el caso de que hayan agotado el plazo máximo previsto por esta última situación.

Los procedentes de la situación de servicios especiales tendrán que solicitar el reingreso en el plazo de treinta días siguientes a la fecha del cese.

Artículo 224

Los funcionarios en situación de servicio en otras administraciones podrán conseguir destino en la entidad local de origen mediante la obtención de un puesto de trabajo vacante con dotación presupuestaria, provisto mediante los sistemas de concurso o de libre designación, siempre que reúnan los requisitos exigidos en las correspondientes convocatorias. A efectos de prioridad, se considerarán como si se hallasen en situación de servicio activo.

Artículo 225

Será de aplicación directa al personal funcionario y laboral de las entidades locales lo que dispone la Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y otra legislación de aplicación vigente en cada supuesto.

Artículo 226

1. La constitución y el régimen jurídico de los órganos de representación de los intereses del personal funcionario ante las entidades locales y otros entes públicos, como también la participación en la determinación de las condiciones de trabajo, se regularán por lo que dispone la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas.

2. Las normas de los capítulos 4 y 5 de la Ley a que se refiere el punto anterior, en cuanto a la participación y al derecho de reunión del personal funcionario, serán también de directa aplicación a las entidades locales.

Artículo 227

La representación, la participación y los derechos de carácter sindical del personal laboral de las entidades locales se rigen y se ejercen de acuerdo con las normas de derecho laboral común, sin perjuicio de lo que disponen los artículos 39 y 40 y la disposición adicional quinta de la Ley 9/1987, de 12 de junio, ya citada.

Artículo 228

La clasificación de los puestos de trabajo reservados a personal laboral, la clasificación de este personal en categorías profesionales, los sistemas de selección, la aplicación de las retribuciones y la elaboración de la oferta pública de empleo, podrán ser objeto de desarrollo mediante la negociación colectiva a partir de las previsiones que se contienen en este Reglamento.

Artículo 229

La condición de funcionario de las entidades locales se adquiere mediante el cumplimiento sucesivo de los requisitos siguientes:

• a) Superar el sistema de selección y, si es necesario, el curso de formación.
• b) Ser nombrado por la autoridad competente.
• c) Jurar o prometer cumplir las leyes vigentes en el cumplimiento de las funciones que le sean atribuidas.
• d) Tomar posesión del puesto de trabajo en el plazo reglamentario.

Artículo 230

1. La condición de funcionario de la Administración local se perderá:

• a) Por renuncia escrita del interesado.
• b) Como consecuencia de sanción disciplinaria que suponga la separación del servicio.
• c) Por pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el cargo público.
• d) Por pérdida de la ciudadanía española.
• e) Por jubilación forzosa, ya sea por edad o por incapacidad, o voluntaria.
• f) Por defunción.
• g) Por falta de reingreso al servicio activo dentro del plazo legal de los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

2. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para un nuevo ingreso en la función pública de la entidad local de que se trate.

3. La renuncia a la condición de funcionario tendrá que formularse individualmente y por escrito ante el órgano que resulte competente para el nombramiento, y no será efectiva hasta que no sea admitida. La admisión podrá aplazarse temporalmente sólo por necesidades del servicio.

4. La pérdida de la condición de funcionario por separación del servicio tendrá carácter definitivo, sin perjuicio de los supuestos de rehabilitación.

5. En el supuesto de recuperación de la nacionalidad española se podrá solicitar también la recuperación de la calidad de funcionario de la Administración local.

6. La comunicación de renuncia a la condición de funcionario y la solicitud de recuperación de esta condición por la correlativa recuperación de la nacionalidad española debe resolverse por el presidente de la entidad en el plazo de diez días. Si en este plazo no se dicta resolución expresa, la comunicación de la renuncia debe entenderse aceptada y la solicitud de recuperación de la condición de funcionario desestimada.

Artículo 231

La extinción de la relación funcionarial supone la pérdida de todos los derechos, excepto los de carácter pasivo que corresponden al funcionario o a su familia, que se acreditarán a partir de la fecha de jubilación o defunción, respectivamente.

Artículo 232

La jubilación forzosa se declarará de oficio cuando el funcionario cumpla la edad de 65 años si la escala o categoría a la que pertenece no tiene establecida otra. La situación de servicio activo se podrá prorrogar, con las condiciones y los requisitos establecidos legalmente, con el fin de asumir el mínimo de servicios computables para causar haberes pasivos de jubilación.

Artículo 233

Se podrá también declarar la jubilación forzosa, bien de oficio o a petición del funcionario y previa instrucción del correspondiente expediente, cuando el funcionario se encuentre en situación de incapacidad permanente para cumplir sus tareas o en un estado de inutilidad física o de debilitamiento de las facultades que le impidan ejercer correctamente las funciones. En el supuesto de que el funcionario esté acogido al régimen general de la Seguridad Social, se estará a lo que determina para estos casos este sistema de previsión.

Artículo 234

Cuando se trate de funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas de la Administración local que por sus condiciones especiales requieran un estado físico determinado, que en general se pierda por razón de la edad antes de llegar a la jubilación, reglamentariamente se establecerán los mecanismos para que puedan prestar servicios complementarios entre los propios de su cuerpo o escala o en puestos correspondientes a otros cuerpos en la misma localidad y que sean adecuados a su nivel de titulación y conocimientos.

Artículo 235

La jubilación de los funcionarios también podrá tener lugar a instancia del interesado por haber cumplido 60 años y haber cumplido 30 años de servicios efectivos.

Artículo 236

La pensión y los otros derechos de contenido económico o asistencial por jubilación o retiro voluntario serán los que sean procedentes de acuerdo con la normativa vigente en el momento determinado.

Artículo 237

1. El régimen disciplinario de los funcionarios de las administraciones locales se regirá por la normativa siguiente:

• Por lo que se establece en este Reglamento.
• Por la normativa de la Generalidad.
• Por la normativa de la Administración del Estado.
• Por las ordenanzas de cada entidad local.

2. Los expedientes sancionadores deben resolverse en el plazo de seis meses a contar desde su inicio. La no resolución del expediente dentro de este plazo, siempre que la demora no sea imputable al interesado o a otras personas que hayan de aportar documentos necesarios para la resolución, produce la caducidad del procedimiento.

Artículo 238

1. Los funcionarios de la Administración local estarán sujetos a responsabilidad administrativa por actos y omisiones en el ejercicio del cargo o que afecten a su condición de funcionario.

2. El régimen disciplinario establecido en este Reglamento se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios, la cual se hará efectiva en la forma que determine la ley.

3. El personal funcionario, interino, directivo y eventual estará sujeto a lo que dispone el presente capítulo.

Artículo 239

Las faltas cometidas por los funcionarios de la Administración local en el ejercicio de sus funciones se clasifican en:

• a) Muy graves.
• b) Graves.
• c) Leves.

Artículo 240

Son faltas muy graves:

• a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto en el ejercicio de la función pública.
• b) Toda actuación que signifique discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
• c) El abandono del servicio.
• d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
• e) La publicación o la utilización indebida de secretos declarados oficiales por ley o calificados de tales.
• f) La falta notoria de rendimiento que origine inhibición en el cumplimiento de las tareas asignadas.
• g) La violación de la neutralidad o de la independencia política, sirviéndose de las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
• h) La obstaculización del ejercicio de las libertades públicas y de los derechos sindicales.
• i) La realización de actos dirigidos a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
• j) La participación en huelgas a los que la tengan expresamente prohibida por la ley.
• k) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos en caso de huelga.
• l) La realización de actos dirigidos a limitar la libre expresión de pensamiento de las ideas y de las opiniones.
• m) El hecho de causar, por negligencia o por mala fe, daños muy graves al patrimonio y bienes de la entidad local.
• n) El hecho de haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en el período de un año.
• o) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.

Artículo 241

Se consideran faltas graves:

• a) El incumplimiento de las órdenes que provienen de los superiores relativas a la tarea propia del puesto de trabajo, dentro de los límites que señala el artículo 152.b) de este Reglamento.
• b) La falta de consideración hacia los administrados en sus relaciones con los funcionarios.
• c) El hecho de originar enfrentamientos en el centro de trabajo o de tomar parte en ellos.
• d) El incumplimiento del deber de reserva profesional por lo que se refiere a los asuntos que conozca por razón de las funciones que le son asignadas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 152.c) de este Reglamento.
• e) El hecho de causar, por negligencia o por mala fe, daños graves en la conservación de los locales, del material o de los documentos del servicio.
• f) La negativa a cumplir tareas que le son ordenadas por los superiores para satisfacer necesidades sobrevenidas de cumplimiento urgente.
• g) El ejercicio de actividades compatibles con el de sus funciones sin haber obtenido la autorización oportuna.
• h) Las faltas repetidas de asistencia sin causa justificada.
• i) La reincidencia en las faltas leves.
• j) La intervención en un procedimiento administrativo cuando haya motivos de abstención establecidos legalmente.
• k) En general, el incumplimiento con negligencia o dolo de los deberes y las obligaciones derivados de la función asignada al funcionario.
• l) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
  Letra l) del artículo 241 declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)
• m) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daños a la Administración o a los administrados.
  Letra m) del artículo 241 declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)
• n) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados.
  Letra n) del artículo 241 declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)
• o) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.
  Letra o) del artículo 241 declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)
• p) La falta de rendimiento que afecte el normal funcionamiento de los servicios y no sea constitutiva de falta muy grave.
  Letra p) del artículo 241 declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)
• q) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga un mínimo de diez horas al mes.
  Letra q) del artículo 241 declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)
• r) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses cuando las dos anteriores hayan sido objeto de sanción por falta leve.
  Letra r) del artículo 241 declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)
• s) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
  Letra s) del artículo 241 declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)
• t) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

  A efectos de lo que dispone este artículo, se entenderá por mes el período comprendido desde el primer día al último de cada uno de los doce que integran el año.

  Letra t) del artículo 241 declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)

Artículo 242

Son faltas leves:

• a) El retraso, la negligencia o el descuido en el cumplimiento de las funciones.
• b) La ligera incorrección hacia al público, los compañeros o los subordinados.
• c) Las faltas no repetidas de asistencia sin causa justificada.
• d) El incumplimiento de la jornada de trabajo sin causa justificada.
• e) Las faltas repetidas de puntualidad en un mismo mes sin causa justificada.
• f) El descuido en la conservación de los locales, del material y de los documentos del servicio si no causa perjuicios graves.
• g) El incumplimiento de las normas relativas a incompatibilidades, si no comporta el ejercicio de tareas incompatibles o que requieran la compatibilidad previa.
• h) En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o por descuido excusables.

Artículo 243

Las sanciones disciplinarias que se puedan imponer por razón de las faltas tipificadas en este Reglamento son:

• a) La separación del servicio.
• b) La suspensión de funciones.
• c) El traslado de puesto de trabajo, que podrá originar, en su caso, el cambio de residencia.
• d) La pérdida de uno a tres grados personales.
• e) El traslado del puesto de trabajo dentro de la misma localidad.
• f) La amonestación.
• g) La deducción proporcional de las retribuciones por faltas de puntualidad y de asistencia que constituyan faltas leves.
• h) La destitución del cargo.

Artículo 244

En el supuesto de faltas calificadas de muy graves, se impondrá alguna de las sanciones siguientes:

• a) La separación del servicio.
• b) La suspensión de funciones por más de un año y menos de seis, con pérdida de las retribuciones correspondientes.
• c) El traslado de puesto de trabajo con cambio de residencia.
• d) La destitución del cargo.

Artículo 245

En el caso de faltas calificadas de graves, se impondrá alguna de las sanciones siguientes:

• a) La suspensión de funciones por más de quince días y menos de un año, con pérdida de las retribuciones correspondientes.
• b) La pérdida de uno a tres grados personales.
• c) El traslado de puesto de trabajo dentro de la misma localidad.
• d) La destitución del cargo.

Artículo 246

En el caso de faltas calificadas de leves, se impondrá alguna de las sanciones siguientes:

• a) La suspensión de funciones por menos de quince días, con la pérdida de las retribuciones correspondientes.
• b) El traslado del puesto de trabajo dentro de la misma localidad.
• c) La amonestación.
• d) La deducción proporcional de las retribuciones, sólo por faltas de puntualidad y de asistencia leves.

Artículo 247

La separación del servicio, que sólo podrá ser acordada por el pleno de la entidad local, se impondrá únicamente en el caso de faltas calificadas de muy graves, y significará la pérdida de la condición de funcionario y la imposibilidad de concurrir a pruebas selectivas para acceder a la condición de funcionario de cualquier administración.

Artículo 248

La sanción de destitución del cargo sólo será de aplicación a los funcionarios con habilitación de carácter nacional. No se les aplicará, en cambio, la suspensión de funciones por más de un año, que será sustituida por la destitución del cargo, con prohibición de obtener un nuevo destino en el plazo que se fije, que puede ser, como máximo, de tres años.

Artículo 249

El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos y las prerrogativas anexas a su condición de funcionario. La suspensión podrá ser provisional o firme.

Artículo 250

La sanción disciplinaria de separación del servicio y la suspensión firme por más de quince días determinarán la pérdida del puesto de trabajo, que se podrá proveer reglamentariamente, sin perjuicio de los supuestos de rehabilitación.

Artículo 251

Los funcionarios sancionados con traslado con cambio de residencia no podrán obtener nuevo destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción haya sido impuesta por falta muy grave. El citado plazo se computará desde el momento en que se efectuó el traslado.

Artículo 252

En la deducción proporcional de las retribuciones se tomará como base la totalidad de las remuneraciones íntegras mensuales, excepto la ayuda familiar que percibía el funcionario en el momento de la comisión de la falta. Se tendrá que dividir la base por 30 y al mismo tiempo, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga la obligación de cumplir, de media, cada día. La cantidad obtenida será el valor hora que se tendrá que aplicar al tiempo de trabajo no realizado por el incumplimiento de la jornada de trabajo.

Artículo 253

1. El traslado de puesto de trabajo consiste en la pérdida del que se esté ocupando, independientemente del sistema de provisión por el que se accedió, y la indicación de un nuevo puesto de trabajo de los genéricamente adscritos a la categoría, al nivel y al grado del funcionario.

2. El traslado de puesto de trabajo, en el caso de que se ocupe un puesto de mando, comportará el cese del cargo, pero no la pérdida del grado personal. Los funcionarios sancionados con traslado de puesto de trabajo dentro de la misma localidad no podrán obtener un nuevo puesto de trabajo, por ningún procedimiento, durante un año, cuando la sanción haya sido impuesta por falta leve, y durante tres años por falta grave.

Artículo 254

No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos de descanso del funcionario, o que constituyan multa de haberes. La sanción en ningún caso podrá suponer la violación del derecho a la dignidad de la persona.

Artículo 255

No constituirá sanción la facultad de la entidad local de adscribir y remover a los funcionarios de los diferentes puestos de trabajo.

Artículo 256

Los funcionarios que induzcan a otros a la realización de actos o conductas constitutivas de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que los que la realicen.

Artículo 257

Igualmente incurrirán en responsabilidad los funcionarios que encubran las faltas consumadas muy graves y graves cuando del acto citado se deriven daños graves para la Administración o para los ciudadanos, y serán sancionados de acuerdo con el presente Reglamento.

Artículo 258

Si no se hubiera consumado la falta, se incurrirá en responsabilidad de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 263 de este Reglamento.

Artículo 259

Además de los inductores, de los encubridores y cómplices, incurrirán en responsabilidad disciplinaria los jefes que toleren las faltas de sus subordinados cuando sean conocedores de su existencia o la desconozcan con negligencia grave.

Artículo 260

Los funcionarios que se encuentren en situación diferente de la de servicio activo podrán incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas previstas en este Reglamento que puedan cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas. Si no fuera posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, por encontrarse el funcionario en una situación administrativa que se lo impida, ésta se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, excepto cuando haya transcurrido el plazo de prescripción.

Artículo 261

1. No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario.

2. La pérdida de la condición de funcionario no libera de la responsabilidad civil o penal contraída por faltas cometidas durante el tiempo en que la ejerció.

Artículo 262

La autorización de los cambios de situación o traslados estará condicionada a que no impidan la depuración de las responsabilidades disciplinarias contraídas.

Artículo 263

Para graduar las faltas y las sanciones, además de lo que objetivamente se ha cometido u omitido, actuando bajo el principio de proporcionalidad, se tendrá en cuenta:

• a) La intencionalidad.
• b) La perturbación del servicio.
• c) Los daños producidos a la Administración o a los administrados.
• d) La reincidencia en las faltas.
• e) La participación en la comisión de la falta.

Artículo 264

1. No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves si no es en virtud de expediente instruido a este efecto, con audiencia del interesado.

2. Las faltas leves podrán ser corregidas sin necesidad de instruir expediente, dando audiencia en todo caso al interesado.

Artículo 265

1. La competencia para la incoación, instrucción de expedientes disciplinarios y sanción corresponderá a la Administración en la que se haya cometido la falta imputada. En los supuestos de miembros de los cuerpos de habilitación nacional la competencia es concurrente con la de la Administración del Estado.

2. En el supuesto de que la sanción propuesta sea la separación del servicio, corresponderá resolver a la Administración de origen del funcionario, a propuesta del instructor correspondiente. Cuando se trate de miembros de los cuerpos de habilitación nacional, la competencia para imponer sanciones de separación del servicio corresponderá a la Administración del Estado.

3. Cuando la falta cometida lo sea como consecuencia de una infracción del régimen de incompatibilidades, el procedimiento disciplinario incluirá el de incompatibilidad.

Artículo 266

1. Una vez iniciado el procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá adoptar las medidas provisionales que considere oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que se pueda dictar, si existieran elementos de juicio suficientes para ello.

2. No se podrán dictar medidas cautelares o provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o que impliquen violación de los derechos amparados por las leyes.

Artículo 267

Como medida cautelar, al iniciarse un expediente disciplinario para hechos directamente relacionados con funciones que tenga asignadas el funcionario, éste podrá ser trasladado a otro puesto de trabajo dentro de la misma localidad.

El funcionario trasladado por este motivo permanecerá en situación de servicio activo, a todos los efectos.

Artículo 268

Cuando la presencia del inculpado dificulte la instrucción del expediente disciplinario, o bien cuando la gravedad de los hechos imputados así lo aconseje, el órgano competente para acordar la incoación del expediente podrá decretar la suspensión provisional de empleo, sin pérdida de retribuciones, por el tiempo máximo de seis meses, excepto en el supuesto de paralización del procedimiento imputable al interesado, en cualquier momento.

Artículo 269

Las decisiones sobre la suspensión administrativa previa de un funcionario se adoptar en cualquier momento del procedimiento del expediente.

Artículo 270

El funcionario suspendido administrativamente quedará sujeto al deber de residencia. Si incumpliera este deber o se encontrara en lugar desconocido, no percibirá los haberes.

Artículo 271

Los efectos de la suspensión previa se entenderán, en todo caso, condicionados a la resolución definitiva que se dicte sobre los hechos que la motivaron.

Artículo 272

El tiempo de suspensión provisional será computable a todos los efectos, excepto cuando la resolución judicial o administrativa que se dicte implique la privación del cargo.

Artículo 273

La tramitación, las comunicaciones y las notificaciones se ajustarán en todo caso a lo que dispone la legislación general sobre procedimiento administrativo.

Artículo 274

El procedimiento se iniciará e impulsará siempre de oficio.

La iniciación del expediente se comunicará, en su caso, al denunciante.

Artículo 275

El órgano competente para la incoación del expediente disciplinario será el presidente de la corporación o el miembro de ésta que por delegación de aquél ejerza la jefatura directa del personal, y tendrá las atribuciones siguientes:

• a) Disponer, con carácter previo, la realización de una información reservada.
• b) Acordar la incoación del expediente y nombrar a su instructor.
• c) Decretar o levantar las medidas cautelares o provisionales del expediente.
• d) Instruir las diligencias previas antes de decidir sobre la incoación.

Artículo 276

1. El nombramiento de instructor se realizará en el acto de incoación del expediente y recaerá en un funcionario público que pertenezca a un cuerpo o a una escala de igual o superior grupo al del inculpado.

El nombramiento de instructor podrá recaer en funcionarios o miembros de la propia corporación o de otra corporación local. También podrán ser designados excepcionalmente instructores los funcionarios de la Generalidad, por cualquiera de los mecanismos previstos en la normativa sobre asistencia.

2. En el caso de que se solicite asistencia, el nombramiento de instructor y, en su caso, de secretario, podrá ser posterior al acto de incoación.

3. Serán aplicables al instructor y al secretario las normas relativas a la abstención y a la recusación que se establecen en los artículos 20 y 21 de la Ley de procedimiento administrativo.

Artículo 277

1. La incoación del procedimiento y el nombramiento del instructor y del secretario se notificarán al funcionario sujeto al expediente y a los designados instructor y secretario, respectivamente.

2. La recusación se podrá ejercitar desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de quiénes son el instructor y el secretario.

En el escrito de recusación se aportarán, en su caso, las pruebas que fundamenten los motivos alegados.

3. La abstención y la recusación se plantearán ante la autoridad que acordó el nombramiento, la cual deberá resolverlas en el plazo de tres días hábiles.

4. Los motivos de abstención y recusación son los determinados en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

5. La falta de resolución expresa en el plazo a que se refiere el apartado 3 de este artículo produce efectos desestimatorios de la petición de recusación.

Artículo 278

El expediente se encabezará con la orden de incoación, nombramiento de instructor y secretario y, en su caso, con el testimonio autorizado del decreto de suspensión preventiva, y tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.

Artículo 279

Si se incoa expediente disciplinario a un funcionario que tenga la condición de delegado sindical, delegado o representante de personal o cargo electivo, a nivel provincial, autonómico o estatal en las organizaciones sindicales representativas, se notificará la citada incoación a la correspondiente sección sindical, junta de personal o central sindical, según el caso, a fin de que puedan comparecer y ser escuchados durante la tramitación del procedimiento.

La citada notificación se realizará, asimismo, cuando la incoación del expediente se practique dentro del año siguiente al cese del inculpado en algunas de las condiciones enumeradas en el párrafo anterior. También se efectuará si el inculpado es candidato durante el período electoral, siempre que, tanto en un caso como en otro, así lo haga constar el inculpado.

Artículo 280

Todos los órganos de la Administración pública están obligados a facilitar al instructor los antecedentes y los informes necesarios y los medios personales y materiales que hagan falta para el ejercicio de sus actuaciones.

Artículo 281

El instructor ordenará la práctica de todas las diligencias que sean adecuadas para la identificación y la comprobación de los hechos y en particular de las pruebas que puedan conducir a su esclarecimiento y la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción. El instructor recibirá declaración del inculpado, el cual podrá ser asistido por un letrado cuando se trate de faltas graves o muy graves.

Artículo 282

En cualquier momento, el instructor podrá proponer que se mantengan o revoquen las medidas preventivas y, en su caso, que se sobresea el expediente.

Artículo 283

A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes, contado a partir de la incoación del procedimiento, el instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, que comprenderá los hechos en los que se fundamenta la acusación, con expresión, si es necesario, de la falta o faltas presuntamente cometidas. El pliego de cargos se redactará de forma clara y precisa.

Artículo 284

El instructor podrá, por causas justificadas, solicitar la prórroga del plazo referido en el artículo anterior.

Artículo 285

El pliego de cargos se notificará al inculpado y se le concederá un plazo de diez días para que pueda contestarlo, con las alegaciones que considere convenientes para su defensa y con la aportación de los documentos que considere de interés. En este trámite tendrá que solicitar, si lo considera conveniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea necesarias, así como el acceso al expediente íntegro, por él mismo o mediante su representante legal.

Artículo 286

Si así se pide, la Administración facilitará copia de las actuaciones practicadas. Cuando haya dificultades, originadas por el volumen del expediente o por otras razones, la entrega de la copia podrá ser sustituida por la vista del expediente por un plazo suficiente para hacer posible la defensa del inculpado.

Artículo 287

Una vez contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor podrá acordar la práctica de las pruebas que considere oportunas. Para la práctica de las pruebas se dispondrá de un plazo de quince días, contados desde la notificación de su admisión a trámite.

El instructor podrá denegar la admisión y la práctica de pruebas que considere innecesarias. La resolución denegatoria tendrá que ser motivada y contra ella no procederá la interposición de recurso por el inculpado.

Artículo 288

Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento se podrán acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Artículo 289

Para la práctica de las pruebas propuestas, y para las de oficio cuando se considere oportuno, se notificarán al funcionario el lugar, la fecha y la hora en que se realizará y se incorporará al expediente la constancia de que la recepción de la notificación se ha hecho con 24 horas de antelación.

Artículo 290

La intervención del instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas será obligada y no podrá ser suplida por la del secretario, sin perjuicio de que el instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias o actuaciones de cualquier órgano de la Administración.

Artículo 291

El instructor formulará en los diez días siguientes, contados desde la práctica de la prueba, la propuesta de resolución, en que fijará con precisión los hechos, hará su valoración jurídica para determinar la falta que considere cometida y se señalará la responsabilidad del funcionario y la sanción que se deba imponer.

Artículo 292

La propuesta de resolución tendrá que contener:

• a) Exposición breve y precisa de los hechos, con reseña del resultado de la prueba.
• b) Normas legales de aplicación.
• c) Consideraciones que sirvan de base a la propuesta, razonando la calificación de los hechos y la tipificación de la falta o faltas.
• d) Sanción o resolución que se propone, la cual se concretará con claridad y congruencia.

Artículo 293

La propuesta de resolución se notificará por el instructor al interesado para que, en el plazo de cinco días, pueda alegar ante el instructor lo que considere conveniente para su defensa.

Artículo 294

1. Una vez escuchado al inculpado o transcurrido el plazo sin ninguna alegación, se remitirá, con carácter inmediato, el expediente completo al órgano que haya acordado la incoación del procedimiento, el cual lo remitirá al órgano competente para que dicte la decisión que corresponda o, si es necesario, ordene la práctica de las diligencias que considere necesarias.

2. Una vez la autoridad o el órgano competente para resolver el expediente lo haya recibido, lo examinará de oficio tanto por lo que se refiere a los aspectos formales o adjetivos de aquél como al contenido y resultado de las actuaciones practicadas, y decidirá:

• a) Dictar resolución, si las actuaciones practicadas permiten formar juicio sobre los hechos y las responsabilidades, en su caso.
• b) Devolver el expediente al instructor para que practique nuevas actuaciones para un mejor conocimiento, y/o para subsanar defectos observados, cuando así se considere pertinente. En este caso, antes de remitir nuevamente el expediente al órgano competente para imponer la sanción, se dará vista de lo que se ha actuado al funcionario inculpado a fin de que en el plazo de cinco días alegue lo que considere conveniente.
• c) Retrotraer el expediente al período de instrucción, si los defectos causasen indefensión del inculpado.

Artículo 295

Tienen competencia para la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves para resolver el expediente disciplinario:

• a) El ministro para las Administraciones Públicas cuando se trate de imponer sanciones que supongan la destitución del cargo o la separación definitiva del servicio de funcionarios con habilitación de carácter nacional.
• b) El pleno de la corporación, cuando se trate de sanciones a funcionarios con habilitación de carácter nacional no comprendidas en el párrafo anterior o de la separación del servicio de otros funcionarios cuyo nombramiento esté atribuido a la corporación.
• c) El presidente de la corporación, en el resto de los supuestos, o el miembro que por delegación de éste ejerza la jefatura directa del personal.

Artículo 296

Cuando la simplicidad de los hechos y las responsabilidades así lo permitan, el instructor podrá disponer la unificación del pliego de cargos y la propuesta de sanción en un solo trámite. Esta unificación no podrá suponer en ningún caso la pérdida de los derechos de defensa del inculpado, ni limitar el ejercicio de su defensa.

Artículo 297

1. En cualquier momento del expediente en que el instructor aprecie que la presunta falta puede ser constitutiva de delito o falta penal, lo pondrá en conocimiento de la autoridad que haya ordenado la incoación del expediente para que efectúe la oportuna comunicación al Ministerio Fiscal. Esto no es obstáculo para que continúe la tramitación del expediente disciplinario hasta su resolución e imposición de la sanción, si es necesario.

2. No obstante, cuando se trate de hechos que puedan ser constitutivos de algunos de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las leyes y de los delitos de los funcionarios públicos, en el ejercicio de su cargo, tipificados en los títulos 2 y 7 del Libro segundo del Código Penal, se suspenderá la tramitación del expediente disciplinario hasta que se dicte resolución judicial.

Artículo 298

Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produce la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, se dictará una resolución en la cual, con invocación de la causa, se declarará sobreseído el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida, y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que, por la parte interesada, se inste la continuación del expediente. Al mismo tiempo se dejarán sin efecto todas las medidas de carácter provisional que se hubieran adoptado respecto al funcionario inculpado.

Artículo 299

1. La resolución que pone fin al procedimiento disciplinario se adoptará en el plazo de ocho días contados desde la recepción de la propuesta y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente. En el supuesto del apartado b) del artículo 295 de este Reglamento, la resolución se adoptará en la primera sesión ordinaria del pleno que se realice.

2. La resolución será motivada y en ella no se podrán aceptar hechos diferentes de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su valoración jurídica distinta.

Artículo 300

En la resolución se determinará con toda precisión la falta que se considere cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción que se imponga, o bien la inexistencia de falta disciplinaria o la inexistencia de responsabilidad para el funcionario inculpado, aparte de hacer expresa declaración en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del procedimiento.

Artículo 301

La resolución se notificará al inculpado con expresión del recurso o recursos que se puedan interponer contra ella, el órgano ante el cual se tienen que presentar y los plazos para interponerlos.

Si el procedimiento se inició como consecuencia de denuncia, la resolución se notificará a su firmante.

Artículo 302

Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en la que se impongan y en el plazo de un mes contado desde su firmeza administrativa, excepto que por causas justificadas se establezca otro diferente en la resolución citada.

Artículo 303

El pleno de la entidad local podrá acordar la inejecución de la sanción o su suspensión. Este acuerdo tendrá que adoptarse de oficio o a instancia del interesado, siempre que haya una causa para hacerlo.

Artículo 304

1. Las faltas muy graves prescriben a los seis años, las graves a los dos años y las leves a los tres meses.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los seis años, las impuestas por faltas graves prescriben a los dos años y las impuestas por faltas leves prescriben a los tres meses.

3. El cómputo del plazo de prescripción de las faltas se iniciará desde que se cometa la falta o desde el momento en que la Administración haya tenido oportunidad razonable de conocer su comisión, y el cómputo del plazo de prescripción de la sanción se iniciará desde que la sanción se notifique.

Artículo 305

Las anotaciones de faltas y sanciones inscritas en el Registro de personal se podrán cancelar de oficio o a petición del funcionario una vez transcurrido un período equivalente al de la prescripción de la falta muy grave o grave, contado desde el momento en que la sanción es firme, si durante este período no ha habido ninguna nueva sanción. La cancelación producirá efectos, incluidos los de apreciación de reincidencia.

Artículo 306

Los funcionarios de la Administración local podrán ser rehabilitados, por el pleno de la corporación, cuando hayan sido separados del servicio por sanción disciplinaria, acreditando la cancelación de antecedentes penales, en su caso, el cumplimiento de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir y que observen una conducta que los haga acreedores de los beneficios citados, a juicio de la autoridad que haya de decidir.

Artículo 307

La responsabilidad disciplinaria se extinguirá con el cumplimiento de la sanción, por fallecimiento, prescripción de la falta o de la sanción, indulto o amnistía.

Artículo 308

El alcance y los efectos de los indultos de sanciones el disciplinarias los regularán las disposiciones que los conceden.

Artículo 309

Se dará cuenta de la incoación y del resultado de los expedientes disciplinarios a los órganos de representación de personal.

Asimismo, se anotarán preceptivamente en el registro de personal las sanciones que se impongan a los funcionarios inscritos y las faltas correspondientes.

Artículo 310

La resolución del expediente sin sanción comportará, si procede, la reincorporación inmediata del funcionario a su puesto de trabajo.

Artículo 311

1. Las jornadas de trabajo del personal funcionario de las entidades locales serán, en el cómputo anual, las mismas que se fijen para los funcionarios de la Administración civil del Estado, sin perjuicio de las jornadas especiales que procedan de acuerdo con la legislación estatal en la materia.

2. El cómputo anual se obtendrá sobre la base del número de horas que constituyen la jornada ordinaria semanal, deduciendo los días que corresponden a las vacaciones y a los días festivos.

Artículo 312

Dentro de la potestad de organización que corresponde a las entidades locales, y previa consulta a los órganos de representación sindical a que se refiere la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación y determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas, corresponderá a los presidentes de las entidades locales:

• a) Determinar el horario de los diferentes servicios y del personal adscrito a éstos, así como la distribución de la jornada anual.
• b) Determinar los puestos de trabajo que tendrán una jornada de trabajo superior a la que constituye la jornada ordinaria, sin perjuicio de la asignación, en su caso, del complemento específico o de productividad.
• c) Determinar las horas de equivalencia a los efectos del cómputo cuando determinados servicios que correspondan a un puesto de trabajo se presten en horarios o días que no se correspondan con los habituales de los puestos de trabajo de la unidad o servicio a los que pertenezca el puesto.
• d) Establecer y regular las pausas en el trabajo.

Artículo 313

Por razón de guarda legal se podrá reducir la jornada de trabajo en la forma y a los efectos previstos en el artículo 151 de este Reglamento.

Artículo 314

Para la equivalencia y la reducción de jornada se aplicarán las normas que se fijan para los funcionarios de la Administración del Estado.

Artículo 315

La jornada de trabajo del personal de las entidades locales sujeto al régimen laboral será, en su conjunto anual, el resultante de la aplicación de la jornada ordinaria semanal que fija el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo correspondiente, deduciendo los días que correspondan a las vacaciones y días festivos.

Artículo 316

La fijación de la jornada y la distribución del horario, sin perjuicio de los derechos del personal, se hará teniendo en cuenta los principios siguientes:

• a) La optimización de la eficacia y la productividad en la prestación de los servicios.
• b) El mantenimiento de los servicios que tienen carácter continuado.
• c) La adecuada atención al público.
• d) La coincidencia horaria entre los diferentes servicios y dependencias conexas.

Artículo 317

La jornada del personal eventual, su régimen horario y la intensidad de la dedicación vendrán determinados por el presidente de la corporación en función de las necesidades de los servicios.

Artículo 318

El régimen horario se adecuará y distribuirá de forma necesaria cuando se trate de entidades locales cuyo personal preste servicios en régimen de agrupación intermunicipal.

Artículo 319

Las entidades locales velarán de una manera especial por la seguridad y la higiene en el trabajo de todo el personal a su servicio y, con este fin, adoptarán las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Artículo 320

En los centros en los cuales haya más de 250 trabajadores o funcionarios se constituirá la correspondiente comisión de Seguridad e Higiene, formada paritariamente por representantes de la Administración y del personal afectado, con las funciones que la legislación vigente atribuye a los comités de Seguridad e Higiene citados.

En los otros centros se garantizará la participación de los representantes sindicales en esta materia.

Artículo 321

El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las entidades locales comprendido en el ámbito de este Reglamento es el establecido con carácter general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, y el contenido en la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 322

No se considerarán sujetas al régimen de incompatibilidades las actividades siguientes:

• a) Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, excepto las que determina el artículo 330 de este Reglamento.
• b) La participación en seminarios, cursos o conferencias que se realicen en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios, si no tienen carácter permanente o habitual y no superan las 75 horas anuales.
• c) La participación en tribunales o en órganos de selección para el ingreso en las administraciones públicas.
• d) La participación en exámenes, pruebas o evaluaciones efectuadas por el personal docente, si son diferentes de las que le corresponden habitualmente.
• e) El ejercicio del cargo de presidente, vocal o miembro de las juntas rectoras de mutualidades o patronatos de funcionarios siempre que no sea retribuido.
• f) La producción y la creación literaria, artística, científica y técnica y también la colaboración en las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de trabajo o de prestación de servicios.
• g) La participación ocasional en coloquios y en programas de cualquier medio de comunicación social y también la colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de trabajo o de prestación de servicios.
• h) La realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y también el desarrollo de cursos de especialización a que se refiere el artículo 11 de la Ley 11/1983, de reforma universitaria.

Artículo 323

1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento podrá compatibilizar sus actividades con el ejercicio de los cargos electivos siguientes:

• a) Miembro del Parlamento de Cataluña, salvo que el propio Parlamento establezca la incompatibilidad.
• b) Miembro de las entidades locales, salvo que desarrolle en éstas un cargo retribuido periódicamente y de dedicación exclusiva.

2. En todos los casos, sólo podrán percibir la retribución correspondiente a una de las actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan a la otra actividad.

3. Será incompatible el desarrollo de las actividades derivadas de la condición de personal incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento con el ejercicio de cargo electivo en la propia entidad local y en los organismos dependientes de ella.

4. El personal afectado por la incompatibilidad referida en los puntos anteriores podrá optar por el ejercicio de los cargos electivos pasando previamente a la situación administrativa o laboral que corresponda.

Artículo 324

1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Reglamento solamente podrá tener un segundo puesto de trabajo o una segunda actividad en el sector público si lo exige el interés del mismo servicio público.

2. Se considerará que concurre el interés público:

• a) Si se trata de un segundo puesto de trabajo directamente relacionado con las tareas docentes que son objeto del puesto de trabajo principal.
• b) Si la función docente objeto de la segunda actividad está directamente relacionada con la función o actividad que se considera principal.
• c) En la realización habitual de funciones docentes para la formación, la selección o el perfeccionamiento del personal en centros de formación de funcionarios.
• d) En el ejercicio de las tareas administrativas que hayan de servir de apoyo a las funciones expresadas en el apartado anterior.
• e) En la realización concreta de funciones técnicas de apoyo, colaboración y auxilio a las entidades y organismos a que se refiere el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
• f) En el régimen de acumulación de funciones reservadas a los funcionarios de habilitación de carácter nacional en el supuesto previsto en el artículo 41 del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.
• g) En los casos concretos que expresamente lo acuerde el pleno o el órgano máximo de la entidad local.

Artículo 325

1. A efectos del régimen de incompatibilidades se considerará una única actividad la realización de funciones en organismos y entidades dependientes de la corporación local, o entidades locales a las cuales la corporación pertenezca, cuando estas funciones se realicen por razón del cargo y no comporten una nueva retribución, excepto las indemnizaciones que correspondan o los complementos retributivos que procedan a la administración principal.

2. También se considerará una única actividad la prestación de las funciones de habilitación nacional en régimen de agrupación forzosa de municipios.

Artículo 326

1. Son supuestos de compatibilidad de un segundo puesto de trabajo o de una segunda actividad en el sector público, con independencia de lo establecido en el artículo anterior, los siguientes:

• a) La compatibilidad para ocupar un puesto de trabajo como profesor universitario asociado en régimen de dedicación a tiempo parcial y con una duración determinada.
• b) La compatibilidad de los catedráticos y los profesores titulares de universidades y de los catedráticos de escuelas universitarias para ocupar un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente de investigación, en centros públicos de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos estén autorizados como de prestación a tiempo parcial.
• c) Los que ocupen un cargo de los definidos como segundo puesto en la letra b) pueden ser autorizados para compatibilizar uno de los puestos docentes universitarios a que hace referencia.
• d) Los profesores titulares de escuelas universitarias de enfermería podrán ser autorizados a compatibilizar un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario, en los términos y las condiciones indicados en los apartados b) y c).
• e) El personal que, por razón del cargo o por designación o nombramiento, pertenezca a consejos de administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas en representación del sector público podrá percibir únicamente las dietas y las indemnizaciones derivadas de su asistencia en la cuantía prevista en el régimen general de dietas e indemnizaciones de la Generalidad de Cataluña o de la corporación local de que se trate. En todo caso, únicamente se podrán percibir las dietas e indemnizaciones derivadas de la asistencia a dos consejos de administración o a órganos de gobierno citados anteriormente.

  No se podrá pertenecer a más de dos consejos de administración o a órganos de gobierno fijados por el párrafo anterior, salvo que esta pertenencia lo sea en virtud del cargo o bien sea determinada por el Consejo Ejecutivo o por el pleno de la corporación local de que se trate.

• f) El pleno de la corporación local, en su caso, atendidas las especiales cualidades del personal que depende de él, excepcionalmente podrá autorizar el ejercicio de actividades de investigación, de carácter no permanente o de asesoramiento para supuestos concretos.

  En ningún caso se podrán autorizar estas actividades si la persona afectada tiene el puesto de trabajo en el servicio o unidad que tiene encomendadas aquellas tareas.

2. Serán también supuestos de compatibilidad:

• a) El desarrollo de un segundo puesto de trabajo o de una segunda actividad en el sector público cuando su prestación sea a tiempo parcial y esta misma consideración se haya atribuido por el pleno de la corporación u órgano máximo de la entidad local al puesto de trabajo principal y así figure en la relación de puestos de trabajo.
  Letra a) del número 2 del artículo 326 declarada nula por Sentencia TSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª) 835/2002, de 11 junio 2002. Dicha sentencia ha sido publicada por Res. [CATALUÑA] GRI/3741/2002, 11 diciembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991 («D.O.G.C.» 30 diciembre). TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S 835/2002, 11 Jun. 2002 (Rec. 752/1991) R GRI/3741/2002 de 11 Dic. CA Cataluña (cumplimiento de la sentencia 11 Jun. 2002 del TSJ de Cataluña en el recurso contencioso administrativo núm. 752/1991)
• b) El desarrollo de un puesto de trabajo laboral con la percepción de una pensión de jubilación parcial de los enumerados en el artículo 15 de la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 327

1. Las remuneraciones totales que se podrán percibir como consecuencia de las autorizaciones de compatibilidad otorgadas en virtud de lo que disponen los artículos anteriores de este Reglamento no podrán superar en ningún caso las remuneraciones máximas establecidas en los presupuestos generales del Estado para el cargo de director general o la que, si es necesario, determine a este efecto el presupuesto de la Generalidad o el de la corporación local. Tampoco podrá superar la retribución que le corresponde por la actividad principal, estimada en régimen de jornada ordinaria, incrementada de acuerdo con los porcentajes siguientes:

• a) Un 30%, los funcionarios del grupo A o personal del nivel equivalente.
• b) Un 35%, los funcionarios del grupo B o personal del nivel equivalente.
• c) Un 40%, los funcionarios del grupo C o personal del nivel equivalente.
• d) Un 45%, los funcionarios del grupo D o personal del nivel equivalente.
• e) Un 50%, los funcionarios del grupo E o personal del nivel equivalente.

2. La superación de estos límites retributivos, en cómputo anual, requerirá un acuerdo expreso del pleno de la corporación local, y solamente se podrá conceder sobre la base de razones de especial interés para el servicio.

3. En el ámbito de este Reglamento, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado directa o indirectamente de una prestación o de un servicio personal, tanto si la cuantía es fija o variable como si se acredita periódica u ocasionalmente.

Artículo 328

Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad que se autorice no se podrán computar a efectos de trienios, de derechos pasivos o de pensión por la Seguridad Social, y se podrá suspender o adecuar la cotización al efecto de derechos pasivos o de pensión de la Seguridad Social. Las pagas extraordinarias y la ayuda familiar sólo se podrán percibir por uno de los puestos, sea cual sea su naturaleza.

Artículo 329

1. Se podrá declarar la compatibilidad del desarrollo de un puesto de trabajo en la Administración o del ejercicio de actividades públicas con las actividades privadas en los supuestos siguientes:

• a) Si se ocupa un solo puesto de trabajo en la entidad local en régimen de jornada ordinaria, siempre que la suma de jornadas de la actividad pública principal y la actividad privada no supere la jornada ordinaria de la Administración incrementada en un 50%.
• b) Si el cargo ocupado en la entidad local requiere la presencia efectiva del interesado en ésta durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada ordinaria, sólo cuando este cargo tenga la consideración de prestación a tiempo parcial.
• c) Si se tiene autorizada la compatibilidad de un segundo puesto o actividad y no se supera entre las dos la jornada máxima que tenga establecida la entidad local.

2. Sin perjuicio de lo que dispone el punto anterior, en ningún caso la suma de jornadas de la actividad pública principal y de la actividad privada no podrá superar la jornada ordinaria que tenga establecida la entidad local, incrementada en un 50%.

Artículo 330

No obstante lo que dispone el artículo anterior, no será posible el reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, en los supuestos siguientes:

• a) Cuando el resultado de la actividad profesional haya de someterse a autorización, licencia, permiso, ayuda financiera o control de la entidad local en la que preste servicios el personal.
• b) Cuando la actividad profesional se relacione directamente con la que desarrolla en la unidad o servicio a que esté adscrito el personal.
• c) Cuando la actividad profesional requiera o pueda requerir la coincidencia de horario o la presencia física del personal con el que tenga atribuido en la entidad local.
• d) La pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, si la actividad de éstas está directamente relacionada con las que desarrolle en la dependencia, servicio u organismo en el que preste sus servicios en la entidad local.
• e) El desarrollo de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, ya sea por su cuenta o bajo la dependencia o al servicio de entidades o de particulares, en los asuntos en que intervenga o haya intervenido en los dos últimos años o en los que haya de intervenir por razón del puesto público.
• f) El ejercicio de cargos de todo orden en empresas o en sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación o aval de la entidad local, sea cual sea la configuración jurídica de aquéllas.
• g) La participación superior al 10% del capital de las empresas o sociedades a que se refiere el apartado f).
• h) Las actividades de gestoría, mediación, representación y defensa de intereses de particulares ante la entidad local o de sus organismos.

Artículo 331

No se podrá autorizar ni reconocer compatibilidad al personal que ocupe puestos de trabajo que tengan incorporado de forma expresa como componente del complemento específico el factor de incompatibilidad.

Artículo 332

1. También será incompatible el desarrollo de un puesto de trabajo en la entidad local o en sus organismos con la percepción de pensión por jubilación o retiro, o por derechos pasivos reconocidos por la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local o por otra entidad gestora de cualquier régimen de seguridad social público y obligatorio, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la legislación del ámbito docente u otras.

2. La percepción de las pensiones a que se refiere el punto anterior quedará en suspenso por el tiempo en que se desarrolle el puesto de trabajo, sin que esto afecte a las actualizaciones.

Artículo 333

Corresponderá al pleno de la corporación u órgano máximo de la entidad local:

• a) Adoptar acuerdos resolutorios sobre situaciones de compatibilidad o incompatibilidad, de oficio o a instancia de parte interesada, bien correspondan a peticiones concretas o afecten a colectivos determinados.
• b) Determinar los puestos de trabajo que son incompatibles con las profesiones o actividades privadas que puedan comprometer la imparcialidad o la independencia del personal, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar el interés general. Esta determinación tendrá que constar en la relación de puestos de trabajo.
• c) Acordar la superación de los límites retributivos a que hace referencia el artículo 327 de este Reglamento.
• d) Adoptar acuerdos en relación con la superación del límite derivado de la aplicación del artículo 326.1.e) de este Reglamento.
• e) Conceder la autorización excepcional a que hace referencia el artículo 326.1.f) de este Reglamento.
• f) Determinar los puestos de trabajo que puedan desarrollarse en tiempo parcial a los efectos de aplicación de lo que dispone el artículo 326.2.a) de este Reglamento.
• g) Acordar, cuando se considere necesario, la creación de un órgano responsable del seguimiento de las situaciones derivadas de la aplicación de este capítulo.

Artículo 334

Corresponderá al alcalde u órgano en quien delegue aprobar los informes que interesen los diferentes órganos de la Administración pública en relación con el desarrollo de un segundo puesto de trabajo de carácter público por el personal dependiente de la entidad local.

Artículo 335

El personal a que hace referencia este Reglamento no podrá invocar ni hacer uso de su condición pública para el ejercicio de ninguna actividad mercantil, profesional o industrial.

Artículo 336

1. Los órganos a los que se asigna la dirección, la inspección o el mando de los diversos servicios tendrán cuidado, bajo su responsabilidad, de prevenir o corregir, si procede, las incompatibilidades en que pueda incurrir el personal.

2. El pleno de las entidades locales determinará, si procede, en función del número de personal de que dispone cada corporación, la conveniencia de establecer un órgano con responsabilidad específica a este efecto.

Artículo 337

1. Quien acceda por cualquier título a un nuevo puesto de trabajo del sector público que, de acuerdo con lo que dispone este Reglamento, sea incompatible con el que ocupa en este momento, tendrá que optar por uno de ellos antes de la toma de posesión.

2. Si no ejerce en el plazo señalado la opción que detalla el apartado 1, se entenderá que opta por un nuevo puesto, y quedará en el otro en la situación administrativa correspondiente.

3. Si el nuevo puesto puede ser declarado compatible, dentro de diez días a contar desde el inicio del plazo de toma de posesión, se tendrá que solicitar la autorización. Este plazo se entenderá prorrogado hasta que se resuelva la solicitud de compatibilidad.

4. Si el pleno de la corporación local a quien corresponde la resolución aprecia que las actividades o los puestos de trabajo declarados resultan incompatibles, y el interesado no ha efectuado la opción que detalla el apartado 1, este órgano se lo notificará para que antes de quince días efectúe la opción que considere conveniente. Si transcurrido este plazo no ejerce este derecho se entenderá que opta por el nuevo puesto, y que permanece en el otro en la situación administrativa correspondiente.

5. El plazo de quince días citado no podrá ser ampliado excepto que se trate de un caso de fuerza mayor debidamente probado, a juicio de la Administración.

Artículo 338

Quien desee ejercer alguna otra actividad u ocupar un puesto de trabajo público o privado tendrá que formular previamente la declaración de actividades correspondiente, según el modelo establecido por reglamento.

Artículo 339

El ejercicio de un segundo puesto de trabajo o actividad pública o privada requerirá, en todos los casos, autorización expresa previa.

Artículo 340

Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 337 de este Reglamento, en el caso de que el interesado no haya hecho constar por cuál de las actividades o puestos de trabajo declarados opta como principal, se procederá de la manera siguiente:

• a) Se considerará actividad principal la desarrollada en el sector público con jornada y horarios ordinarios, en los casos que este Reglamento determina.
• b) Si se ejercen dos cargos o actividades públicas compatibles a tiempo parcial, se considerará principal la que tiene la jornada más larga. En el caso de ser las dos de igual duración se considerará principal la de nivel y retribución más altos, y en el caso de ser las dos también iguales en estos aspectos se considerará principal la de mayor antigüedad.

Artículo 341

1. Para poder otorgar la compatibilidad de un segundo puesto o actividad públicos será necesario un informe en relación con los puestos de carácter público del órgano competente de la correspondiente Administración pública, director del organismo, ente o empresa pública.

2. Unicamente será de carácter vinculante el informe desfavorable emitido por el órgano competente.

Artículo 342

Si se ejercen diversos cargos o actividades públicos declarados previamente compatibles, la solicitud de compatibilidad para una actividad privada se tendrá que efectuar en relación con todos los puestos declarados compatibles.

Artículo 343

1. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo ni el horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público o de modificación de las condiciones del puesto de trabajo.

2. Asimismo, la autorización de compatibilidad estará condicionada al estricto cumplimiento de la jornada y el horario en los puestos de carácter público.

Artículo 344

En el ámbito de las entidades locales, la competencia para resolver las declaraciones de compatibilidad corresponderá al pleno de la corporación.

El acuerdo debe adoptarse en el plazo de dos meses siguientes a la presentación de la solicitud. Transcurrido el citado plazo sin adoptarse acuerdo expreso, la solicitud se entiende desestimada. Último párrafo del artículo 344 introducido por el artículo 23 del D [CATALUÑA] 144/1994, 14 junio, por el que se regulan y adecuan, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los procedimientos reglamentarios que afectan a las materias de régimen local, juego, espectáculos, actividades recreativas, policía autonómica y local y personal al servicio de la Generalitat («D.O.G.C.» 1 julio). Vigencia: 2 julio 1994

Primera

Mientras no se determinen los aspectos básicos de la movilidad de los funcionarios locales, el Consejo Ejecutivo podrá regular con carácter provisional el ejercicio del derecho a la movilidad, en el ámbito de las administraciones locales catalanas.

Segunda

De acuerdo con lo que establece el artículo 291.2 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, la cobertura de puestos de trabajo por libre designación podrá efectuarse por este sistema, si así lo prevé, para determinados puestos, la relación de puestos de trabajo.

Podrán tener esta consideración las secretarias de alto cargo, los puestos de asesoramiento especial y también los puestos correspondientes a los dos niveles de jefatura más altos, de entre los puestos reservados a funcionarios.

Tercera

1. El programa de constitución e implantación del registro de personal estará integrado por:

• La estructura de cada uno de los datos de inscripción o anotación.
• Las tablas de códigos a utilizar.
• Los formatos de soportes magnéticos.

2. El Departament de Governació de la Generalidad adoptará las medidas adecuadas para cooperar con las entidades locales que lo soliciten en la constitución de sus registros y en la coordinación con los registros de las otras administraciones.

3. También corresponderá a la Administración de la Generalidad desarrollar el contenido técnico del programa de constitución e implantación del registro de personal.

Cuarta

Los preceptos de este Reglamento que, por sistemática legislativa incorporen aspectos de la legislación básica del Estado, se entenderá que son automáticamente modificados en el momento en que se produzca la revisión de la legislación estatal. En el supuesto de modificación de la legislación básica continuarán siendo vigentes los preceptos que son compatibles o permiten una interpretación armónica con los nuevos principios de la legislación estatal, mientras no haya adaptación expresa de la legislación autonómica.

Quinta

1. De acuerdo con lo que establece el artículo 140 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, los funcionarios de las entidades locales serán declarados en situación de excedencia forzosa en los supuestos siguientes:

• a) Cuando se produzca una reforma de plantilla que suponga la supresión de la plaza de que sea titular el funcionario, teniendo que cesar obligatoriamente en el servicio activo y siempre que no sea posible su designación para una plaza y puesto de trabajo de similares características.
• b) Cuando el funcionario declarado en la situación de suspensión firme, una vez cumplida la suspensión por el tiempo que se le hubiera impuesto, solicite el reingreso y no fuera posible concederlo por falta de puesto vacante con dotación presupuestaria.
• c) Cuando sea imposible el destino a una plaza adecuada en los casos de cese de cargos de libre designación, y en los otros casos en los cuales la Administración tenga el deber de otorgar un puesto en plantilla y no exista el puesto correspondiente.

2. El régimen de la excedencia forzosa será el que determina la legislación del Estado.

Sexta

Este Reglamento no es de aplicación a los funcionarios de los cuerpos técnicos del Estado al servicio de la sanidad local y transferidos a la Generalidad de Cataluña.

Primera

A los efectos de lo que prevé este Reglamento, los cuerpos, subgrupos y clases que en el momento de aplicación del nuevo sistema tengan asignados los índices de proporcionalidad 10, 8, 6, 4 y 3 se considerarán integrados, respectivamente, en los grupos A, B, C, D y E.

Segunda

Entre las circunstancias a tener en cuenta para la apreciación de la productividad podrá incluirse transitoriamente la consideración de las retribuciones percibidas en el mismo puesto en el anterior régimen retributivo.

Tercera

Los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional se rigen por la legislación estatal en aquellas partes de su estatuto jurídico que sean competencia del Estado.