Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

• 

  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

  Libros
  Desde 82,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. 10ª edición

  Libros
  Desde 100,78 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Práctica Urbanística

  Periódicos y Revistas
  308,88 €
  343,20 €
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Actualidad Administrativa

  Periódicos y Revistas
  554,32 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PRE罬BULO

En la sociedad actual se ha incrementado sensiblemente la preocupaci髇 por los problemas relativos a la conservaci髇 de nuestro patrimonio natural y de nuestra biodiversidad. La globalizaci髇 de los problemas ambientales y la creciente percepci髇 de los efectos del cambio clim醫ico; el progresivo agotamiento de algunos recursos naturales; la desaparici髇, en ocasiones irreversible, de gran cantidad de especies de la flora y la fauna silvestres, y la degradaci髇 de espacios naturales de inter閟, se han convertido en motivo de seria preocupaci髇 para los ciudadanos, que reivindican su derecho a un medio ambiente de calidad que asegure su salud y su bienestar. Esta reivindicaci髇 es acorde con lo establecido en nuestra Constituci髇 que, en su art韈ulo 45, reconoce que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, as� como el deber de conservarlo, exigiendo a los poderes p鷅licos que velen por la utilizaci髇 racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoy醤dose para ello en la indispensable solidaridad colectiva.

En este marco, esta Ley establece el r間imen jur韉ico b醩ico de la conservaci髇, uso sostenible, mejora y restauraci髇 del patrimonio natural y de la biodiversidad espa駉la, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. Igualmente se recogen las normas y recomendaciones internacionales que organismos y reg韒enes ambientales internacionales, como el Consejo de Europa o el Convenio sobre la Diversidad Biol骻ica, han ido estableciendo a lo largo de los 鷏timos a駉s, especialmente en lo que se refiere al 玃rograma de Trabajo mundial para las 醨eas protegidas�, que es la primera iniciativa espec韋ica a nivel internacional dirigida al conjunto de espacios naturales protegidos de todo el mundo. En la misma l韓ea, el Plan de Acci髇 de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 2002, avalado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y plasmado posteriormente en el Plan Estrat間ico del Convenio sobre la Diversidad Biol骻ica, Decisi髇 VI/26, punto 11, de la Conferencia de las Partes Contratantes, fijaron como misi髇 玪ograr para el a駉 2010 una reducci髇 significativa del ritmo actual de p閞dida de la diversidad biol骻ica, a nivel mundial, regional y nacional, como contribuci髇 a la mitigaci髇 de la pobreza y en beneficio de todas las formas de vida en la tierra� y posteriormente, la Decisi髇 VII/30 aprob� el marco operativo para alcanzar ese objetivo. A nivel europeo, la Comunicaci髇 de la Comisi髇 de las Comunidades Europeas, COM (2006) 216, aprobada en mayo de 2006, abord� los correspondientes instrumentos para 獶etener la p閞dida de biodiversidad para 2010 y, m醩 adelante, respaldar los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano�, objetivos que se pretende incorporar a la ley que, en s韓tesis, define unos procesos de planificaci髇, protecci髇, conservaci髇 y restauraci髇, dirigidos a conseguir un desarrollo crecientemente sostenible de nuestra sociedad que sea compatible con el mantenimiento y acrecentamiento del patrimonio natural y de la biodiversidad espa駉la.

Con esta finalidad, la ley establece que las Administraciones competentes garantizar醤 que la gesti髇 de los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras, velando por el mantenimiento y conservaci髇 del patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales existentes en todo el territorio nacional, con independencia de su titularidad o r間imen jur韉ico, atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a la restauraci髇 de sus recursos renovables.

Los principios que inspiran esta Ley se centran, desde la perspectiva de la consideraci髇 del propio patrimonio natural, en el mantenimiento de los procesos ecol骻icos esenciales y de los sistemas vitales b醩icos, en la preservaci髇 de la diversidad biol骻ica, gen閠ica, de poblaciones y de especies, y en la preservaci髇 de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geol骻ica y del paisaje.

Si bien la protecci髇 del paisaje se afirma como uno de los principios de la presente ley y en ella se regulan aspectos puntuales de la pol韙ica de paisaje, tales como la posibilidad de proteger algunos de ellos mediante figuras m醩 generales o espec韋icas de espacios naturales protegidos, la necesidad de que el an醠isis de los paisajes forme parte del contenido m韓imo de los planes de ordenaci髇 de los recursos naturales, su utilizaci髇 potencial como instrumento para dotar de coherencia y conectividad a la Red Natura 2000 y el fomento de las actividades que contribuyen a su protecci髇 como externalidad positiva cuando forme parte de un espacio protegido, no pretende, sin embargo, la presente ley ser el instrumento a trav閟 del cual se implantar醤 en Espa馻, de manera generalizada, las pol韙icas de protecci髇 del paisaje como legislaci髇 b醩ica del art韈ulo 149.1.23.�, pol韙icas cuyo contenido t閏nico y enfoque general, no exento de valor paradigm醫ico, exigen la puesta en marcha de instrumentos de gesti髇 como los establecidos, con car醕ter de m韓imos, en el Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre del a駉 2000, en el seno del Consejo de Europa y que ser醤 introducidos en la pol韙ica ambiental espa駉la en un momento posterior.

Desde la perspectiva de la utilizaci髇 del patrimonio natural, los principios inspiradores se centran: en la prevalencia de la protecci髇 ambiental sobre la ordenaci髇 territorial y urban韘tica; en la incorporaci髇 del principio de precauci髇 en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres; en contribuir a impulsar procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales protegidos; en la promoci髇 de la utilizaci髇 ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural; y en la integraci髇 de los requerimientos de la conservaci髇, uso sostenible, mejora y restauraci髇 del patrimonio natural y la biodiversidad en las pol韙icas sectoriales. Por 鷏timo, tambi閚 es principio b醩ico la garant韆 de la informaci髇 y participaci髇 de los ciudadanos en el dise駉 y ejecuci髇 de las pol韙icas p鷅licas, incluida la elaboraci髇 de disposiciones de car醕ter general dirigidas a la consecuci髇 de los objetivos de esta Ley.

La ley viene a derogar y sustituir a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci髇 de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres que, a su vez, en parte proced韆 de la Ley de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales Protegidos, y a las sucesivas modificaciones de aqu閘la. La Ley 4/1989 introdujo en Espa馻 desde una perspectiva integral, el Derecho de conservaci髇 de la naturaleza internacionalmente homologable, consolidando el proceso iniciado a principios de los a駉s ochenta del siglo pasado mediante la ratificaci髇 de convenios multilaterales sobre, entre otras materias, humedales, tr醘ico internacional de especies amenazadas o especies migratorias, y regionales, sobre el patrimonio natural europeo a instancias del Consejo de Europa, y debido a la recepci髇 del acervo comunitario con motivo de la entrada de Espa馻 en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986. En los m醩 de treinta a駉s de vigencia de estas normas, se ha cubierto una importante etapa de la pol韙ica de conservaci髇 de la naturaleza, que ha sido complementada por la Directiva H醔itats europea y sus necesarias trasposiciones al derecho espa駉l. Este marco nacional se ha visto articulado a trav閟 de normas auton髆icas que, dentro del actual reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades aut髇omas, han permitido alcanzar un nivel relativamente adecuado en la necesaria conservaci髇 del patrimonio natural y de la biodiversidad espa駉la, al generalizarse el Derecho de conservaci髇 de la naturaleza, mediante la promulgaci髇 de legislaci髇 auton髆ica dentro del marco b醩ico que supuso la Ley 4/1989. La presente Ley pretende avanzar en este proceso, todav韆 perfeccionable, con una mejor transposici髇 de la normativa europea y con una mejor articulaci髇 que debe ser garant韆 -hacia las generaciones futuras- de disposici髇 de un mejor patrimonio natural y biodiversidad.

El patrimonio natural y la biodiversidad desempe馻n una funci髇 social relevante por su estrecha vinculaci髇 con la salud y el bienestar de las personas, y por su aportaci髇 al desarrollo social y econ髆ico, por lo que la presente ley establece que las actividades encaminadas a la consecuci髇 de sus fines podr醤 ser declaradas de utilidad p鷅lica o inter閟 social, a todos los efectos, y, en particular, a los efectos expropiatorios respecto de los bienes o derechos que pudieran resultar afectados. Tambi閚 se dispone la preferencia de los acuerdos voluntarios con propietarios y usuarios, en materia de planificaci髇 y gesti髇 de espacios naturales protegidos y especies amenazadas. Igualmente se establece la obligaci髇 de que todos los poderes p鷅licos, en sus respectivos 醡bitos competenciales, velen por la conservaci髇 y la utilizaci髇 racional del patrimonio natural en todo el territorio nacional y en las aguas mar韙imas bajo soberan韆 o jurisdicci髇 espa駉la, incluyendo la zona econ髆ica exclusiva y la plataforma continental, con independencia de su titularidad o r間imen jur韉ico, y teniendo en cuenta especialmente los h醔itats amenazados y las especies silvestres en r間imen de protecci髇 especial. Adem醩 la ley recoge las competencias de la Administraci髇 General del Estado sobre biodiversidad marina.

La ley establece que las Administraciones P鷅licas deben dotarse de herramientas que permitan conocer el estado de conservaci髇 del patrimonio natural y de la biodiversidad espa駉la, y las causas que determinan sus cambios; con base en este conocimiento podr醤 dise馻rse las medidas a adoptar para asegurar su conservaci髇, integrando en las pol韙icas sectoriales los objetivos y las previsiones necesarios para la conservaci髇 y valoraci髇 del patrimonio natural, la protecci髇 de la biodiversidad, la conservaci髇 y el uso sostenible de los recursos naturales, y el mantenimiento, y en su caso la restauraci髇, de la integridad de los ecosistemas. Igualmente, es obligaci髇 de las Administraciones P鷅licas promover la participaci髇 y las actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos de la ley; identificar y eliminar o modificar los incentivos contrarios a la conservaci髇 del patrimonio natural y la biodiversidad; promover la utilizaci髇 de medidas fiscales para incentivar las iniciativas privadas de conservaci髇 de la naturaleza; y fomentar la educaci髇 e informaci髇 general sobre la necesidad de proteger las especies de flora y fauna silvestres y de conservar sus h醔itats, as� como potenciar la participaci髇 p鷅lica, a cuyo fin se crea el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Adicionalmente, la conservaci髇 del patrimonio natural y de la biodiversidad exige disponer de mecanismos de coordinaci髇 y cooperaci髇 entre la Administraci髇 General del Estado y las Comunidades aut髇omas, para lo que se establece la obligaci髇 de suministrarse mutuamente la informaci髇 precisa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta Ley y, para ejercer las funciones que ven韆 desarrollando la Comisi髇 Nacional de Protecci髇 de la Naturaleza y las nuevas establecidas por esta Ley, se crea la Comisi髇 Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad como 髍gano consultivo y de cooperaci髇 en materia de protecci髇 del patrimonio natural y la biodiversidad entre el Estado y las Comunidades aut髇omas, cuyos informes o propuestas ser醤 sometidos para aprobaci髇 o conocimiento, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

El conjunto de objetivos e instrumentos citados se articulan a trav閟 de seis t韙ulos y las correspondientes disposiciones adicionales, finales y derogatorias.

El primer T韙ulo recoge la regulaci髇 de los instrumentos precisos para el conocimiento y la planificaci髇 del patrimonio natural y la biodiversidad. En 閘 se considera, en primer lugar, el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como instrumento para recoger la distribuci髇, abundancia, estado de conservaci髇 y la utilizaci髇 de dicho patrimonio natural, con especial atenci髇 a los elementos que precisen medidas espec韋icas de conservaci髇, o hayan sido declarados de inter閟 comunitario; en particular, en el Inventario se recoger醤 los distintos cat醠ogos e inventarios definidos en la presente ley y un sistema de indicadores para conocer de forma sint閠ica el estado y evoluci髇 de nuestro patrimonio natural. Lo elaborar� y mantendr� actualizado el Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboraci髇 de las Comunidades aut髇omas y de las instituciones y organizaciones de car醕ter cient韋ico. Con base a este Inventario se elaborar� anualmente un Informe que ser� presentado al Consejo y a la Comisi髇 Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, antes de hacerse p鷅lico.

El segundo componente del T韙ulo primero hace referencia al Plan Estrat間ico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuya finalidad es el establecimiento y la definici髇 de objetivos, criterios y acciones que promuevan la conservaci髇, el uso sostenible y, en su caso, la restauraci髇 del patrimonio, recursos naturales terrestres y marinos y de la biodiversidad. Incorporar� un diagn髎tico de la situaci髇 y de la evoluci髇 del patrimonio natural y de la biodiversidad espa駉la, los objetivos a alcanzar durante su periodo de vigencia y las acciones a desarrollar por la Administraci髇 General del Estado, junto a las estimaciones presupuestarias necesarias para su ejecuci髇. Elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboraci髇 con el resto de Ministerios y, muy particularmente, con los de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇 y Fomento, contar� con la participaci髇 de las Comunidades aut髇omas, y ser� aprobado por Consejo de Ministros. En su desarrollo podr醤 existir planes sectoriales de la Administraci髇 General del Estado, en el 醡bito de sus competencias, para integrar los objetivos y acciones del Plan Estrat間ico Estatal en las pol韙icas sectoriales, tanto en el medio terrestre como marino, sin perjuicio de que los planes de competencia de otros Departamentos, deban someterse, cuando as� proceda, a la evaluaci髇 estrat間ica de planes y programas. La elaboraci髇 de los planes sectoriales incluir� la consulta a las Comunidades aut髇omas y a los sectores implicados, y la correspondiente evaluaci髇 ambiental estrat間ica. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y de los Ministerios implicados, aprobar� estos Planes sectoriales mediante Real Decreto.

El tercer componente del T韙ulo I alude al planeamiento de los recursos naturales y mantiene como instrumentos b醩icos del mismo los Planes de Ordenaci髇 de los Recursos Naturales y las Directrices para la Ordenaci髇 de los Recursos Naturales, creados en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci髇 de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, perfilando los primeros como el instrumento espec韋ico de las Comunidades aut髇omas para la delimitaci髇, tipificaci髇, integraci髇 en red y determinaci髇 de su relaci髇 con el resto del territorio, de los sistemas que integran el patrimonio y los recursos naturales de un determinado 醡bito espacial. Las disposiciones contenidas en estos Planes constituir醤 un l韒ite de cualesquiera otros instrumentos de ordenaci髇 territorial o f韘ica, prevaleciendo sobre los ya existentes, condici髇 indispensable si se pretende atajar el grave deterioro que sobre la naturaleza ha producido la acci髇 del hombre. Las Directrices para la Ordenaci髇 de los Recursos Naturales dictadas por el Gobierno, establecer醤 los criterios y normas b醩icas que deben recoger los planes de las Comunidades aut髇omas para la gesti髇 y uso de los recursos naturales.

Todos los instrumentos de planificaci髇 considerados en este T韙ulo I incluir醤, necesariamente, tr醡ites de informaci髇 p鷅lica y de consulta a los agentes econ髆icos y sociales, a las Administraciones P鷅licas afectadas y a las organizaciones sin fines lucrativos que persigan el logro de los objetivos de esta Ley, as� como, en su caso, la evaluaci髇 ambiental prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci髇 de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Adicionalmente, la voluntad de esta Ley de atender no s髄o a la conservaci髇 y restauraci髇, sino tambi閚 a la prevenci髇 del deterioro de los espacios naturales, lleva a mantener los reg韒enes de protecci髇 preventiva, recogidos en la Ley 4/1989, aplicables a espacios naturales y a lo referente a la tramitaci髇 de un Plan de Ordenaci髇 de los Recursos Naturales, previniendo la realizaci髇 de actos, o el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones que habiliten para una transformaci髇 que imposibilite el logro de los objetivos buscados, si no existe informe favorable de la administraci髇 actuante.

Se incorporan a la planificaci髇 ambiental o a los Planes de Ordenaci髇 de los Recursos Naturales, los corredores ecol骻icos, otorgando un papel prioritario a las v韆s pecuarias y las 醨eas de monta馻. Estos corredores ecol骻icos deben participar en el establecimiento de la red europea y comunitaria de corredores biol骻icos definidos por la Estrategia Paneuropea de Diversidad Ecol骻ica y Paisaj韘tica y por la propia Estrategia Territorial Europea. En particular las Comunidades aut髇omas podr醤 utilizar estos corredores ecol骻icos, o la definici髇 de 醨eas de monta馻, con el fin de mejorar la coherencia ecol骻ica, la funcionalidad y la conectividad de la Red Natura 2000.

El T韙ulo II, recoge la catalogaci髇 y conservaci髇 de h醔itats y espacios del patrimonio natural, centr醤dose, en primer lugar, en la Catalogaci髇 de h醔itats en peligro de desaparici髇, donde se incluir醤 aquellos cuya conservaci髇 o restauraci髇 exija medidas espec韋icas de protecci髇 y conservaci髇. Los h醔itats considerados en el Cat醠ogo deben ser incluidos en alg鷑 instrumento de gesti髇 o figura de protecci髇 de espacios naturales, y tener un Plan o instrumento de gesti髇 para la conservaci髇 y restauraci髇. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisi髇 Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y con informe previo del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobar� Estrategias de Conservaci髇 y Restauraci髇 de los h醔itats en peligro de desaparici髇.

El segundo cap韙ulo del T韙ulo II establece el r間imen especial para la protecci髇 de los espacios naturales, partiendo de la definici髇 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, con la incorporaci髇 espec韋ica de las 羠eas Marinas Protegidas, y la creaci髇 de la red de 醨eas marinas protegidas, en l韓ea con las directrices de la Uni髇 Europea, as� como la posibilidad de crear espacios naturales protegidos transfronterizos. La ley mantiene la figura, definici髇 y reg韒enes de protecci髇 de los Parques y de las Reservas Naturales de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, adaptando la definici髇 de los Paisajes Protegidos al Convenio del paisaje del Consejo de Europa. La declaraci髇 y gesti髇 de los espacios naturales protegidos corresponder�, en todo caso, a las Comunidades aut髇omas en cuyo 醡bito territorial se encuentren ubicados. Para estos espacios la presente ley mantiene la posibilidad de crear zonas perif閞icas de protecci髇, la declaraci髇 de utilidad p鷅lica, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, as� como la facultad de la Administraci髇 competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

El tercer cap韙ulo del T韙ulo II se centra en la Red Ecol骻ica Europea Natura 2000, compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservaci髇 y las Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves. Estos espacios tendr醤 la consideraci髇 de espacios protegidos, con la denominaci髇 espec韋ica de espacios protegidos Red Natura 2000, con el alcance y las limitaciones que las Comunidades aut髇omas establezcan en su legislaci髇 y en los correspondientes instrumentos de planificaci髇. Las Comunidades aut髇omas definir醤 estos espacios y dar醤 cuenta de los mismos al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de su comunicaci髇 a la Comisi髇 Europea, as� como fijar醤 las medidas de conservaci髇 necesarias, que implicar醤 apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, y asegurar su inclusi髇 en planes o instrumentos adecuados, que respondan a las exigencias ecol骻icas de los tipos de h醔itats naturales y de las especies presentes en tales 醨eas, vigilando el estado de conservaci髇 y remitiendo la informaci髇 que corresponda al Ministerio de Medio Ambiente, que presentar� el preceptivo informe cada seis a駉s a la Comisi髇 Europea. La definici髇 de estos espacios se realizar� conforme a los criterios fijados en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservaci髇 de los h醔itats naturales y de la fauna y flora silvestres, que ha sido objeto de transposici髇 por norma de rango reglamentario.

Para asegurar la preservaci髇 de los valores que han dado lugar a la definici髇 de estas zonas, se establecen las correspondientes cautelas, de forma que cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relaci髇 directa con la gesti髇 de un espacio de la Red Natura 2000, o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinaci髇 con otros planes, programas o proyectos, se someter� a una adecuada evaluaci髇 de sus repercusiones en el lugar, de forma que las Comunidades aut髇omas correspondientes s髄o manifestar醤 su conformidad con dicho plan, programa o proyecto tras haberse asegurado de que no causar� perjuicio a la integridad del lugar en cuesti髇 y, si procede, tras haberlo sometido a informaci髇 p鷅lica. En este sentido, se acepta que podr� realizarse el plan, programa o proyecto, pese a causar perjuicio, si existen razones imperiosas de inter閟 p鷅lico de primer orden que, para cada supuesto concreto, hayan sido declaradas mediante una ley o mediante acuerdo, motivado y p鷅lico, del Consejo de Ministros o del 髍gano de Gobierno de la Comunidad aut髇oma. Por 鷏timo, se establece que s髄o se podr� proponer la descatalogaci髇 total o parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000 cuando as� lo justifiquen los cambios provocados en el mismo por la evoluci髇 natural, y previo tr醡ite de informaci髇 p鷅lica.

El cuarto cap韙ulo del T韙ulo II se centra en las 醨eas protegidas por instrumentos internacionales de conformidad con, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Convenios y acuerdos internacionales correspondientes (humedales de Importancia Internacional, sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, 醨eas marinas protegidas del Atl醤tico del nordeste, Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterr醤eo (ZEPIM), Geoparques, Reservas biogen閠icas del Consejo de Europa, etc.) para las que el Ministerio de Medio Ambiente, con la participaci髇 de las Comunidades aut髇omas, elaborar�, en el marco del Plan Estrat間ico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, unas directrices de conservaci髇, que deber醤 ser aprobadas por acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en paralelo con las correspondientes a las de la Red Natura 2000, como marco orientativo para la planificaci髇 y gesti髇 de estos espacios.

El T韙ulo III se centra en la Conservaci髇 de la biodiversidad silvestre, estableciendo la obligaci髇 de que las Comunidades aut髇omas adopten las medidas necesarias para garantizar la conservaci髇 de la biodiversidad que vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente a la preservaci髇 de sus h醔itats y estableciendo reg韒enes espec韋icos de protecci髇 para aquellas especies silvestres cuya situaci髇 as� lo requiera. Se proh韇e la introducci髇 de especies al骳tonas cuando 閟tas sean susceptibles de competir con las especies aut骳tonas, alterar su pureza gen閠ica o los equilibrios ecol骻icos, as� como dar muerte, da馻r, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres; igualmente se proh韇e la posesi髇, transporte, tr醘ico y comercio de ejemplares vivos o muertos.

Se crea el Listado de Especies en R間imen de Protecci髇 Especial con el efecto de que la inclusi髇 de un tax髇 o poblaci髇 en el mismo conllevar� la evaluaci髇 peri骴ica de su estado de conservaci髇 y la prohibici髇 de afectar negativamente a su situaci髇. En el seno del Listado de Especies en R間imen de Protecci髇 Especial, se establece el Cat醠ogo Espa駉l de Especies Amenazadas que incluir�, cuando exista informaci髇 t閏nica o cient韋ica que as� lo aconseje, los taxones o poblaciones amenazadas, que se incluir醤 en las categor韆s de 玡n peligro de extinci髇� o 玽ulnerables�, seg鷑 el riesgo existente para su supervivencia. La inclusi髇 de un tax髇 o poblaci髇 en la categor韆 de 玡n peligro de extinci髇� podr� dar lugar a la designaci髇 de 醨eas cr韙icas que pueden incluirse en el Cat醠ogo Espa駉l de H醔itats en Peligro de Desaparici髇, y se mantiene la obligaci髇, recogida en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de redactar un plan de recuperaci髇 para asegurar su conservaci髇. Para este plan, como en general para el resto de planes e instrumentos de gesti髇 contemplados en la ley, se da un plazo m醲imo de tres a駉s y se recoge la obligaci髇 de financiar los mismos por parte del Gobierno, a trav閟 del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Para las 玽ulnerables� se actuar� de forma similar, si bien el plazo se ampl韆 a un m醲imo de cinco a駉s.

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisi髇 Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobar� las Estrategias de Conservaci髇 de Especies Amenazadas, que constituir醤 el marco orientativo de los Planes de recuperaci髇 y conservaci髇 que elaborar醤 y aprobar醤 las Comunidades aut髇omas en el 醡bito terrestre.

Como complemento a las acciones de conservaci髇 玦n situ�, para las especies incluidas en el Cat醠ogo Espa駉l de Especies Amenazadas, la ley establece, en el cap韙ulo segundo de este T韙ulo III, la obligaci髇 de impulsar el desarrollo de programas de cr韆 o propagaci髇 fuera de su h醔itat natural, en especial cuando tales programas hayan sido previstos en las Estrategias de conservaci髇, o en los Planes de recuperaci髇 o conservaci髇. Igualmente, con objeto de preservar el patrimonio gen閠ico y biol骻ico de las especies silvestres y de integrar en los programas de conservaci髇 las operaciones 玡x situ� e 玦n situ�, la ley establece que las Administraciones P鷅licas promover醤 la existencia de una red de bancos de material biol骻ico y gen閠ico y un Inventario Espa駉l de Bancos de Material Biol骻ico y Gen閠ico de Especies Silvestres, en el que se incluir醤 todos los datos disponibles al efecto.

El cap韙ulo tercero del T韙ulo III se centra en la creciente problem醫ica de las especies invasoras derivada de la globalizaci髇 de intercambios de todo tipo, cre醤dose el Cat醠ogo Espa駉l de Especies Ex髏icas Invasoras, en el que se incluir醤 todas aquellas especies y subespecies ex髏icas invasoras que constituyan, de hecho, o puedan llegar a constituir una amenaza grave para las especies aut骳tonas, los h醔itats o los ecosistemas, la agronom韆, o para los recursos econ髆icos asociados al uso del patrimonio natural.

El cap韙ulo cuarto del T韙ulo III regula la protecci髇 de las especies en relaci髇 con la caza y con la pesca que, en su condici髇 de aprovechamiento de recursos naturales, deben garantizarse, pero limitando su aplicaci髇 a los espacios, fechas, m閠odos de captura y especies que determinen las Comunidades aut髇omas, que en ning鷑 caso incluir醤 las especies del Listado de Especies de Inter閟 Especial, o los m閠odos o especies prohibidos por la Uni髇 Europea. El Inventario Espa駉l de Caza y Pesca mantendr� la informaci髇 de las poblaciones, capturas y evoluci髇 gen閠ica de las especies cuya caza o pesca est閚 autorizadas, con especial atenci髇 a las especies migradoras.

Respecto a los Cat醠ogos, Listados e Inventarios de 醡bito estatal regulados en la Ley, cabe se馻lar que, en su configuraci髇, se han seguido dos modelos t韕icos de nuestro ordenamiento jur韉ico: en primer lugar, aquellos que tienen un car醕ter esencialmente informativo y que se elaboran con los datos que suministren las Comunidades aut髇omas, como es el caso del Inventario Espa駉l de Bancos de Material Biol骻ico y Gen閠ico de Especies Silvestres, o el Inventario Espa駉l de Caza y Pesca; en segundo lugar, se encuentran aquellos que no se limitan a centralizar la informaci髇 procedente de las Comunidades aut髇omas sino que, adem醩, se constituyen como un instrumento necesario para garantizar complementariamente la consecuci髇 de los fines inherentes a la legislaci髇 b醩ica; este modelo -que es el utilizado por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, para configurar el Cat醠ogo Espa駉l de Especies Amenazadas y que fue respaldado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 102/1995-, se reserva exclusivamente para aquellas categor韆s de espacios o especies cuyo estado de conservaci髇 presenta un mayor grado de amenaza o deterioro y, en consecuencia, para los que es necesario asegurar unas normas m韓imas y homog閚eas para todo el territorio, que aseguren la correcta protecci髇 y restauraci髇 o recuperaci髇 de los citados espacios y especies; tal es el caso del Cat醠ogo de H醔itats en Peligro de Desaparici髇 o el Listado de Especies en R間imen de Protecci髇 Especial, que incluye al citado Cat醠ogo de Especies Amenazadas.

El T韙ulo IV se centra en la promoci髇 del uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad, con un primer cap韙ulo centrado en las Reservas de la Biosfera Espa駉las, que constituyen un subconjunto de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, del Programa MaB (Persona y Biosfera) de la UNESCO. La regulaci髇, caracterizaci髇 y potenciaci髇 de estas Reservas de Biosfera se basa en el hecho de que constituyen un modelo de gesti髇 integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales, con los objetivos b醩icos de conjugar la preservaci髇 de la biodiversidad biol骻ica y de los ecosistemas, con un desarrollo ambientalmente sostenible que produzca la mejora del bienestar de la poblaci髇, potenciando la participaci髇 p鷅lica, la investigaci髇, la educaci髇 en la integraci髇 entre desarrollo y medio ambiente, y la formaci髇 en nuevas formas de mejorar esa integraci髇.

El cap韙ulo segundo del T韙ulo IV regula el acceso a los recursos gen閠icos procedentes de taxones silvestres y el reparto de beneficios derivados de su utilizaci髇, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio sobre la Diversidad Biol骻ica y sus instrumentos de desarrollo y, en su caso, en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogen閠icos para la Alimentaci髇 y la Agricultura de la Organizaci髇 Mundial para la Alimentaci髇 y la Agricultura (FAO). El cap韙ulo tercero recoge el comercio internacional de especies silvestres, adecuando su desarrollo a los principios de la sostenibilidad y, de acuerdo con la legislaci髇 internacional, en particular la Convenci髇 sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, el Convenio sobre la Diversidad Biol骻ica, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogen閠icos para la Alimentaci髇 y la Agricultura de la Organizaci髇 Mundial para la Alimentaci髇 y la Agricultura (FAO) y a la normativa comunitaria sobre protecci髇 de las especies amenazadas, mediante el control del comercio. Por 鷏timo, el cap韙ulo cuarto de este T韙ulo se centra en los aspectos aplicables del mismo Convenio sobre la Diversidad Biol骻ica y de la Organizaci髇 Mundial de Propiedad Intelectual, sobre promoci髇 de los conocimientos tradicionales para la conservaci髇 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

El T韙ulo V recoge las disposiciones espec韋icas dirigidas al fomento del conocimiento, la conservaci髇 y restauraci髇 del patrimonio natural y de la biodiversidad, incorporando la creaci髇 del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que actuar� como instrumento de cofinanciaci髇 dirigido a asegurar la cohesi髇 territorial y la consecuci髇 de los objetivos de esta Ley, en particular la elaboraci髇 en el plazo de tres a駉s de los planes e instrumentos de gesti髇 contemplados en la misma, as� como los de poner en pr醕tica las medidas encaminadas a apoyar la gesti髇 forestal sostenible, la prevenci髇 estrat間ica de incendios forestales, la custodia del territorio y la protecci髇 de espacios naturales y forestales en cuya financiaci髇 participe la Administraci髇 General del Estado; igualmente, se recoge la concesi髇 de ayudas a las asociaciones sin 醤imo de lucro de 醡bito estatal, para el desarrollo de actuaciones cuyo fin principal tenga por objeto la conservaci髇, restauraci髇 y mejora del patrimonio natural y de la biodiversidad; y la competencia de las Comunidades aut髇omas para el establecimiento de incentivos a las externalidades positivas de los terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados protegidos.

Como elemento imprescindible de aplicaci髇 de los principios y Directivas europeas en materia de patrimonio natural y biodiversidad (prevenir mejor que curar; el que contamina, paga; principio de precauci髇;...), el T韙ulo VI recoge las disposiciones generales, tipificaci髇 y clasificaci髇 de las infracciones y la clasificaci髇 y prescripci髇 de las correspondientes sanciones, as� como la prevalencia de la responsabilidad penal sobre la administrativa.

Con respecto a la remisi髇 a normas reglamentarias que se realiza en distintos art韈ulos de la ley para su desarrollo, cabe se馻lar que en determinados casos se trata de la aprobaci髇 de instrumentos planificadores mediante real decreto, en la medida en que se complementa la consecuci髇 de objetivos de esta Ley que, por su propia naturaleza, necesitan de una cierta fuerza vinculante y, al mismo tiempo, de un procedimiento 醙il de modificaci髇 que permita su adaptaci髇 a una realidad cambiante; y en otros casos se trata de cuestiones de organizaci髇 administrativa o de instrumentos financieros estatales (p.ej. el funcionamiento de los cat醠ogos, la composici髇 de los 髍ganos de cooperaci髇 y coordinaci髇 o el Fondo para el Patrimonio Natural) cuya regulaci髇 detallada en la ley dotar韆 a los mismos de una rigidez excesiva.

Por 鷏timo, la ley recoge una disposici髇 adicional relativa al ejercicio de las competencias del Estado sobre espacios, h醔itats y especies marinas.

Se excluye del 醡bito de aplicaci髇 de la Ley los recursos pesqueros, ya que su protecci髇, conservaci髇 y regeneraci髇, as� como la regulaci髇 y gesti髇 de la actividad pesquera de los mismos es competencia exclusiva del Estado en materia de pesca mar韙ima en aguas exteriores, si bien condicionada a la incorporaci髇 de las medidas medioambientales, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 130 del Tratado Constitutivo de la Uni髇 Europea, as� como el art韈ulo 6 del Convenio sobre la Diversidad Biol骻ica, hecho en R韔 de Janeiro el 5 de junio de 1992.

As�, se hace referencia a la aplicaci髇 de la Ley 3/2001, en todo lo que respecta a la protecci髇, conservaci髇 y regeneraci髇 de los recursos pesqueros, en raz髇 de que las medidas que integra y el 醡bito marino al que se ci馿, se incardinan en la materia 玴esca mar韙ima�, atribuida al Estado con car醕ter exclusivo por el art韈ulo 149.1.19.� de la Constituci髇 (STC 38/2002, FJ 11).

Adem醩, se hace una salvaguardia de las competencias en materia de marina mercante previstas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, atribuidas al Estado por el art韈ulo 149.1.20.� de la Constituci髇, tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 40/1998.

Por ello, la Ley no afecta a las competencias relativas a la protecci髇 del medio marino y prevenci髇 y lucha contra la contaminaci髇, atribuidas al Ministerio de Fomento en todo lo relativo a lo que el Tribunal Constitucional denomina vertidos mar-mar.

La disposici髇 adicional segunda regula las medidas adicionales de conservaci髇 en el 醡bito local y la tercera excluye del 醡bito de aplicaci髇 de esta Ley los recursos fitogen閠icos y los zoogen閠icos para agricultura y alimentaci髇 y los recursos pesqueros, en la medida en que est醤 regulados por su normativa espec韋ica.

Otra disposici髇 adicional regula la sustituci髇 del Consejo Nacional de Bosques y de la Comisi髇 Nacional de Protecci髇 de la Naturaleza por los respectivos Consejo y Comisi髇 Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

La disposici髇 adicional quinta reproduce el contenido de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, respecto a la capacidad del Gobierno para establecer limitaciones temporales en relaci髇 con las actividades reguladas en la ley, para el cumplimiento de los Tratados y Convenios internacionales de los que Espa馻 sea parte; y la adicional sexta regula el r間imen de la UICN-MED.

Por lo que respecta a las disposiciones transitorias, la primera establece que las especies incluidas en el Cat醠ogo Espa駉l de Especies Amenazadas mantendr醤 su clasificaci髇, con los efectos que establezca la normativa vigente en el momento de entrada en vigor de esta Ley, en tanto no se produzca la adaptaci髇 a la misma; y la segunda disposici髇 transitoria establece plazos y mecanismos de financiaci髇 de los planes e instrumentos de gesti髇 contemplados en la ley.

Adicionalmente se incluyen ocho anexos que incorporan los contenidos en la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservaci髇 de las aves silvestres, y en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservaci髇 de los h醔itats naturales y de la fauna y flora silvestres, debidamente actualizados.