Sumario

Ley 49/1998, 30 diciembre, rectificada por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 17 marzo 1999).

Exposici�n de Motivos

Los Presupuestos Generales del Estado para 1999 son continuadores de la pol�tica de rigor en la reducci�n del d�ficit p�blico y disciplina en el gasto que se empez� a aplicar en 1996. Con ello se va a asegurar no s�lo cumplir el objetivo m�s exigente de consolidaci�n fiscal que impone la moneda �nica, sino tambi�n reforzar las condiciones que definen el nuevo patr�n de comportamiento de la econom�a espa�ola, caracterizado por la compatibilidad de un crecimiento econ�mico sostenido con el control de los desequilibrios b�sicos de la econom�a, que se est� traduciendo en un fuerte ritmo de creaci�n de empleo.

La principal caracter�stica de estos Presupuestos, los primeros que se elaboran en el seno de la Uni�n Econ�mica y Monetaria europea, es que en ellos se recogen las exigencias de estabilidad que van a regir en la moneda �nica. La Uni�n Monetaria va a suponer, en efecto, una mayor disciplina presupuestaria en el marco de los compromisos fiscales m�s estrictos firmados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y en el nuevo contexto de la integraci�n europea, la pol�tica fiscal va a ser el principal instrumento en manos de las autoridades nacionales para preservar los objetivos de estabilidad macro-econ�mica.

Para Espa�a esta mayor exigencia no va a suponer un cambio de orientaci�n de la pol�tica econ�mica emprendida, cuyos ejes b�sicos han sido y seguir�n siendo la reducci�n del d�ficit p�blico y saneamiento de las finanzas p�blicas y la flexibilizaci�n y liberalizaci�n de sectores econ�micos claves. Por el contrario, el acceso a la moneda �nica como miembros fundadores y los resultados conseguidos con los dos �ltimos a�os constituyen el principal respaldo para seguir actuando en esta l�nea.

En el plano presupuestario, el escenario actual de crecimiento equilibrado de la econom�a espa�ola exige destinar el m�ximo margen posible a reducir el d�ficit p�blico. Esto es esencial para una pol�tica fiscal activa que contribuya a consolidar las expectativas de estabilidad de precios y bajos tipos de inter�s que continuar�n en los pr�ximos meses, lo que permitir� seguir facilitando la financiaci�n del sector privado de la econom�a y con ello estimular el crecimiento econ�mico y la creaci�n de empleo.

En primer lugar, el grueso de la reducci�n del d�ficit seguir� recayendo en la contenci�n del gasto. En 1999, y por tercer a�o consecutivo, el gasto p�blico crecer� por debajo de la tasa de aumento nominal del Producto Interior Bruto (PIB). Pero, adem�s, el mayor esfuerzo de austeridad se concentra en el gasto corriente, lo que permite destinar mayores recursos a los gastos de capital, cuyo crecimiento sensiblemente superior al del PIB, garantiza el aumento de las inversiones que favorecen el crecimiento potencial a medio plazo.

A ello hay que unir que las inversiones vuelven a ser superiores al d�ficit previsto, cumpliendo de nuevo la llamada regla de oro de las finanzas p�blicas que consolida el cambio de signo que se produjo por primera vez en 1997. Ello quiere decir que el Estado est� generando un importante volumen de ahorro que permite financiar parte de la inversi�n p�blica sin necesidad de recurrir a un mayor endeudamiento.

Finalmente, y aunque el descenso de los tipos de inter�s, favorecido por el propio proceso de consolidaci�n fiscal, ha aligerado de manera notable la carga financiera de la deuda, el recorte del gasto se ha centrado de manera importante en el componente primario. Es decir, la reducci�n del d�ficit p�blico se est� consiguiendo a partir de una contenci�n del gasto al margen de los gastos financieros, lo que refuerza la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

La pol�tica de austeridad y control del gasto que se viene aplicando desde hace dos a�os, permite contar ahora con un mayor margen no s�lo para fijar una senda m�s exigente de reducci�n del d�ficit p�blico sino tambi�n para poder reducir la presi�n fiscal compatible con una reestructuraci�n del gasto hacia aquellas pol�ticas que m�s favorecen el bienestar y la solidaridad social, el crecimiento econ�mico y el empleo.

La inversi�n en infraestructuras, en capital humano, tanto en educaci�n como en formaci�n de los trabajadores, y en investigaci�n y desarrollo tecnol�gico son cap�tulos fundamentales para asegurar la competitividad y crecimiento futuro de nuestra econom�a. Los Presupuestos para 1999 aumentan considerablemente los recursos destinados a estas pol�ticas de gasto, con dos caracter�sticas que refuerzan la estabilidad de estas actuaciones en el futuro: en primer lugar, la generaci�n de un nivel creciente de ahorro p�blico que permite financiar parte de la inversi�n p�blica sin recurrir al d�ficit; y, en segundo lugar, la positiva evoluci�n del mercado laboral, liberando recursos antes destinados al pago de las prestaciones por desempleo que se destinar�n a dotar de mayores fondos a las pol�ticas activas de empleo y formaci�n profesional.

Finalmente, los Presupuestos para 1999 aseguran los niveles de cobertura y protecci�n del gasto social con tres medidas fundamentales: el incremento de las pensiones p�blicas igual a la inflaci�n para 1999, lo que garantiza mantener el poder adquisitivo de las mismas; el aumento de los recursos destinados a la sanidad por encima del crecimiento medio del gasto total; y la continuidad de la pol�tica de saneamiento de la Seguridad Social, a partir de los favorables resultados de la lucha contra el fraude en las prestaciones y la pr�ctica culminaci�n del proceso de financiaci�n por el Estado de los gastos sanitarios, lo que en uni�n al incremento de los ingresos por cotizaciones sociales, como consecuencia del aumento del empleo, aseguran la sostenibilidad y suficiencia financiera del sistema, por un lado, y una mayor equidad y solidaridad de la protecci�n dispensada, por otro.

De conformidad con esta voluntad reguladora, en lo que respecta al contenido concreto del articulado de la Ley de Presupuestos para 1999, pueden resaltarse por su importancia o novedad los siguientes aspectos:

El T�tulo I, relativo a la aprobaci�n de los Presupuestos y de sus modificaciones, tiene ya en cuenta en su cap�tulo I al definir el �mbito de los Presupuestos Generales del Estado la clasificaci�n que de los Organismos p�blicos realiza la Ley 6/1997, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, clasificaci�n que se hace presente en el resto de la Ley.

En lo relativo a las normas de modificaci�n y ejecuci�n de los cr�ditos presupuestarios contenidos en el cap�tulo II no se introducen novedades significativas respecto a las contenidas en la Ley de Presupuestos del a�o pasado, manteniendo la l�nea de austeridad, control del d�ficit y disciplina presupuestaria ya iniciada los dos ejercicios anteriores.

El cap�tulo III, relativo a la Seguridad Social, introduce una novedad de importancia, al preverse la asunci�n por el Estado de la totalidad de la financiaci�n de la asistencia sanitaria, a trav�s del Presupuesto del Instituto Nacional de la Salud, suprimi�ndose la referencia a la aportaci�n procedente de cotizaciones sociales. Con ello se produce una desvinculaci�n total de la Seguridad Social en el plano financiero y supone un avance importante en el proceso de separaci�n de fuentes de financiaci�n.

El T�tulo II, relativo a la Gesti�n Presupuestaria, regula como en ejercicios anteriores la gesti�n de los presupuestos docentes y la gesti�n presupuestaria de la sanidad, sin que para este ejercicio se hayan introducido cambios relevantes.

La estabilidad y crecimiento sostenido de nuestra econom�a tienen su reflejo en el T�tulo III, relativo a los Gastos de Personal, que establece en su cap�tulo I un incremento cuantitativo de las retribuciones del personal al servicio del sector p�blico igual al �ndice de inflaci�n previsto.

Tambi�n se incluye en este cap�tulo la regulaci�n de la oferta de empleo p�blico. La presente Ley de Presupuestos al igual que la anterior, mantiene su regulaci�n en un �nico art�culo. La modificaci�n del mismo no afecta a su contenido. Se le da, simplemente, una redacci�n m�s correcta, dado lo forzada que ahora resulta como consecuencia de las sucesivas adiciones que ha ido sufriendo su texto para ir excluyendo del l�mite, en la oferta del empleo p�blico, a determinados colectivos de personal.

En el cap�tulo II, relativo a los reg�menes retributivos, se incluyen junto a las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de la Naci�n y de la Administraci�n General del Estado, las correspondientes a los altos cargos de los �rganos consultivos (Consejo de Estado y Consejo Econ�mico y Social) y de los Organos Constitucionales (Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Consejo General del Poder Judicial). La necesaria transparencia en el gasto p�blico determina la obligatoriedad, primero, de la aprobaci�n de dichas retribuciones por las Cortes Generales y, despu�s, de su reflejo en el articulado de los Presupuestos Generales del Estado.

El T�tulo IV, relativo a las pensiones p�blicas, establece un incremento de las mismas igual a la inflaci�n prevista, lo que garantiza mantener el poder adquisitivo de las mismas, asegurando de esta manera los niveles de cobertura y protecci�n del gasto social.

Respecto de las operaciones financieras reguladas en el T�tulo V, se prev� un incremento de la Deuda del Estado, estableci�ndose un tope al saldo vivo de la misma a 31 de diciembre de 1999. Este l�mite deber� ser efectivo al final del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado, previa autorizaci�n del Ministerio de Econom�a y Hacienda en limitados casos.

El T�tulo VI, dedicado a las Normas Tributarias, se limita a la actualizaci�n de determinados par�metros con la finalidad de consolidar para el pr�ximo ejercicio el cumplimiento de los criterios de convergencia y, en particular, el de proseguir en el objetivo de reducci�n del d�ficit p�blico.

El escenario normativo para el pr�ximo ejercicio se caracteriza, pues, por el deseo de impulsar y poner en pr�ctica la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, as� como de la tributaci�n de los no residentes y de dar utilidad y consolidar las reformas ya realizadas en el pasado ejercicio.

De acuerdo con lo expuesto y, en el �mbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas (IRPF), se regulan los coeficientes de actualizaci�n del valor de adquisici�n aplicables, exclusivamente, a los bienes inmuebles.

En el Impuesto sobre Sociedades se actualizan los coeficientes de correcci�n monetaria aplicables a las transmisiones de bienes inmuebles y se determina el importe de los pagos fraccionados que las entidades sujetas a este impuesto deben realizar.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Patrimonio, se actualiza el m�nimo exento y la tarifa aplicable en el caso de que las Comunidades Aut�nomas no aprueben cuant�as propias o no hayan asumido competencias en la materia.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se actualizan las reducciones a practicar en la base imponible en funci�n del grado de parentesco del adquirente o de su condici�n de minusv�lido y la tarifa del impuesto, que se aplican en el caso de que las Comunidades Aut�nomas no hayan aprobado cuant�as propias o no hayan asumido competencias en la materia.

Respecto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur�dicos Documentados, se actualiza, exclusivamente, la cuant�a correspondiente a las transmisiones y rehabilitaciones de t�tulos y grandezas.

En el �mbito de los Impuestos Especiales se actualizan en el 1,8 por 100 las cuant�as de la tarifa del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Finalmente, se mantienen para 1999 los tipos vigentes en 1998 para las tasas de cuant�a fija de la hacienda estatal y las tasas sobre el juego, tanto en lo relativo a la tarifa aplicable a casinos como en lo que se refiere a las cuant�as exigibles para las m�quinas tragaperras.

En la imposici�n local, la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se actualiza de acuerdo con la inflaci�n prevista; sin embargo se except�an de esta actualizaci�n los bienes inmuebles que fueron objeto de revisi�n en 1998. Las tarifas del Impuesto sobre Actividades Econ�micas no sufren incremento alguno.

Los Entes Territoriales se contemplan en el T�tulo VII. En su cap�tulo I, relativo a las Corporaciones Locales se recoge, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la participaci�n de los municipios, provincias, Comunidades Aut�nomas uniprovinciales no insulares e islas en los tributos del Estado. Los criterios de reparto entre las entidades locales ser�n regulados por las Cortes Generales cuando se apruebe el sistema de financiaci�n para el quinquenio 1999-2003.

El cap�tulo II, relativo a Comunidades Aut�nomas, fija los porcentajes de participaci�n de las mismas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001, distingui�ndose los porcentajes definitivos de participaci�n en los ingresos territoriales del Estado por el IRPF y los porcentajes definitivos de participaci�n de las Comunidades Aut�nomas en los ingresos generales del Estado, aplicables en 1 de enero de 1999. Se distingue igualmente en lo referente a la financiaci�n en 1999 por participaci�n en los ingresos del Estado, entre las Comunidades Aut�nomas a las que les es de aplicaci�n el modelo del sistema de financiaci�n para el quinquenio 1997-2001 y las Comunidades Aut�nomas que no han adoptado acuerdo sobre el sistema de financiaci�n.

Y por �ltimo, se recogen otras normas relativas a la financiaci�n de la formaci�n continua, a la garant�a del Estado para obras de inter�s cultural, al seguro de cr�dito a la exportaci�n, y al inter�s legal del dinero, que se sit�a en un 4,25 por 100 y al inter�s de demora que se fija en un 6,25 por 100, habilitando al Gobierno para que, atendiendo a la evoluci�n de los tipos de inter�s de la Deuda P�blica, pueda revisar los tipos de inter�s fijado en el vigente ejercicio.