Un grupo de Juristas acaba de presentar una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar lo que consideran “la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia con motivo de la declaración del estado de alarma en todo el país”. 

Entre los firmantes se encuentran catedráticos de Derecho Constitucional, profesores universitarios, exjueces y abogados que solicitan al Defensor del Pueblo que formalice la interposición inmediata de recurso de inconstitucionalidad y de amparo frente a la normativa desarrollada por el Ejecutivo desde que se declarase el estado de alarma. 

La queja se sustenta en una “grave preocupación por el estado de deterioro que sufre el sistema de libertades que los españoles se han dado, centra su análisis en las también graves deficiencias jurídicas que presenta el sistema normativo puesto en marcha por el Gobierno a partir de la declaración del estado de alarma”.

En su nota, los juristas concretan estas “deficiencias juridicas”, del sistema normativo del estado de alarma, que incluye: 

1. La efectiva suspensión de la libertad de circulación. 

2. La suspensión de los derechos de reunión y manifestación. 

3. La suspensión y paralización del normal funcionamiento del Congreso de los Diputados y del sistema de control político sobre el ejecutivo.

4. La suspensión del derecho de libertad religiosa. 

5. La suspensión del ejercicio del derecho de la libertad de empresa. 

6. La legalidad de la Operación Balmis. 

7. La legalidad de las medidas adoptadas por Instituciones Penitenciarias. 

8. Los estudios impulsados por el Ejecutivo basados en la geolocalización masiva de todos los ciudadanos. 

9. El Incumplimiento d ellos tratados internacionales suscritos por España en cuanto al libre desarrollo de las funciones diplomáticas y consulares. 

La queja, fechada el 19 de abril, supone un “cuestionamiento a toda la normativa vigente por la que los ciudadanos se encuentran confinados y casi medio millón de ciudadanos han sido duramente sancionados por incumplir”. Por otro lado, señalan, que se plantea “desde el expreso reconocimiento del esfuerzo que vienen realizando todos y cada uno de los profesionales - y el conjunto de la ciudadanía- que a diario contribuyen a la lucha por la erradicación de esta lacra que asola nuestro país”. 

Los firmantes confían en que el Defensor del Pueblo “analice los motivos de la queja y, en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de este país, proceda a presentar los correspondientes recursos para que el Tribunal Constitucional analice si las normas denunciadas son o no constitucionales”. 

Los firmantes son:  

D. Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. 
D. Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. 
D. Carlos Vaquero López, exjuez, profesor universitario y abogado. 
D. Santiago Carretero Sánchez, profesor universitario y abogado. 
D. Miguel Ángel Salom, graduado social y abogado. 
D. Rafael Abati Gª-Manso, abogado. 
D. Sergio Nuño Díez de la Lastra Martínez, abogado.