El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Canarias, en la resolución 207/2020 de 5 de octubre y rec. 143/2020, ha confirmado la marcha atrás en la adjudicación de un contrato de servicios de documentación, comunicación y divulgación de contenidos por el nuevo escenario planteado por la llegada de la pandemia de COVID-19. La suspensión de la mayoría de eventos, ferias y congresos justifican que no se siga adelante con la formalización del contrato, apunta la resolución, ya que no existe razón que justifique este gasto público, estima el tribunal.
Según recoge la resolución, la licitadora con más puntuación, anunciada el 9 de marzo de 2020, fue una empresa tinerfeña de producción audiovisual. En vista de los nuevos acontecimientos, la administración decidió suspender la concesión del contrato, ya que no existía causa que justificará dicho gasto público. La licitadora, en contra de la decisión, recurrió el acto.
El tribunal administrativo, de un lado, apunta que la apreciación de las causas de interés público que deben motivar la renuncia del contrato constituye una potestad discrecional. Por tanto, su revisión por el Tribunal se encuentra forzosamente limitada y se constriñe a comprobar que concurre una causa razonable que no produzca discriminación ni arbitrariedad. A estos efectos, no es necesario que por el órgano de contratación se acredite exhaustivamente la concurrencia de la causa alegada, bastando con que la misma aparezca suficientemente identificada y justificada en el expediente.
Por otro lado, la administración apunta que la pandemia provocada por la COVID-19, que en la actualidad y en el contexto de “nueva normalidad”, ha provocado la suspensión de la inmensa mayoría de eventos, ferias, congresos y demás acciones de promoción y divulgación. De hecho, buena parte de las actividades que contempla el contrato están relacionadas con la actividad pública y comparecencias públicas, eventos, jornadas de trabajo, encuentros, ferias, cursos, congresos y presentaciones técnicas.
Por ello, resulta conveniente no seguir adelante con la formalización del contrato, ante la imposibilidad de dotarlo de contenido que justifique el gasto que supondría.
Los presupuestos deben reformularse
Además de todo lo anterior, y como consecuencia de la gravedad de la crisis sanitaria y la necesaria priorización de las acciones a realizar por las entidades del sector público, se deben reformular sus presupuestos públicos para el presente ejercicio 2020 por la excepcional caída de la recaudación, por lo que parece prudente priorizar el gasto, evitando gastos no esenciales y orientando la acción pública hacia medidas tanto preventivas para la protección de la salud como paliativas de la situación socioeconómica generada por dicha crisis de forma complementaria.
Por todo ello cumple sobradamente la decisión de no adjudicar el contrato con los presupuestos que le son propios: renuncia por el órgano de contratación antes de la adjudicación, concurrencia de razones de interés público, - la pandemia mundial por COVID19-, y la motivación de la decisión.
