La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, han suscrito este martes un convenio de colaboración sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios, que tiene por objetivo abordar de manera coordinada el problema de muchos ciudadanos que se encuentran inmersos en procedimientos de desalojo de su vivienda, con el consiguiente riesgo de exclusión social de miles de familias.

Protocolo de actuación

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, este acuerdo, que entra en vigor este miércoles y es "el más amplio de los que existe en España", permitirá que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios para poder "actuar con tiempo" para buscar una solución, ya que establece que cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales.

El convenio contempla un protocolo de actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones al respecto.

En los desahucios la primera medida es facilitar el acceso a los programas de servicios sociales.

Posibilidad de abogados y procuradores de oficio

Desde la Consejería de Justicia e Interior se informará a los deudores de la posibilidad de solicitar la designación de oficio de abogados y procuradores, haciéndole saber que el letrado de la Administración de Justicia puede decretar la suspensión del procedimiento hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o denegación del derecho a la justicia gratuita.

Por su parte, el CGPJ se compromete a las medidas oportunas para que los folletos informativos y formularios normalizados sean conocidos por los profesionales de la Administración de Justicia, a organizar actividades formativas y de divulgación del convenio, a fomentar la colaboración con abogados y procuradores en esta materia, y a adoptar las medidas para que las entidades locales y la Consejería de Fomento y Vivienda accedan a datos personales sobre ejecuciones hipotecarias o desahucios en casos de riesgo de exclusión social.

Finalmente, la FAMP acuerda promover la adhesión al convenio de las entidades locales, facilitar al CGPJ toda la información sobre servicios sociales municipales y a promover entre sus asociados respuestas ágiles a las solicitudes remitidas por los juzgados.

Programa de Defensa de la Vivienda

Se adoptarán, además, medidas para la pronta detección por el órgano judicial de una situación de vulnerabilidad y dar traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, así como a los servicios sociales locales.

Para el desarrollo de estas actuaciones la Consejería de Justicia e Interior incluirá en las resoluciones del sistema Adriano la información sobre los servicios sociales comunitarios y los datos de contacto al que poder dirigirse antes de la fecha del desalojo ordenado por la autoridad judicial. En situaciones especiales se informará al servicio social que corresponda de la fecha de ejecución del lanzamiento y de la dirección de la vivienda.

Ley de Retracto

La Junta sumará a estas iniciativas el anteproyecto de Ley de Retracto, que permitirá a la Junta ejercer el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por un desahucio, con lo que se facilita la permanencia en su hogar de las familias afectadas. Y la Ley de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre Viviendas, que crea nuevos instrumentos de arbitraje y protección para evitar graves situaciones de emergencia social.

Entre otras medidas, esta nueva ley creará el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, que ofrecerá a los ciudadanos información y asesoramiento relacionado con el derecho a una vivienda digna.

Plan de acción integral antidesahucios

Junto a ello, el Gobierno andaluz va a dar "un paso más" en este ámbito y trabaja ya en un Plan de Acción Integral contra desahucios y ejecuciones presupuestarias, que abordará este problema desde una perspectiva integral, colaborando con las familias desde el primer riesgo real hasta ofrecer una respuesta si llega a producirse el alzamiento de la vivienda.

En la lucha contra los desahucios, la Junta ha destacado el incremento de recursos económicos destinados a ayudar al pago del alquiler a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio o ejecución, ampliando esta partida hasta los 3,8 millones, que cuenta ya con 243 expedientes resueltos. La línea de ayudas a personas en situación de especial vulnerabilidad cuenta con un presupuesto de 4,3 millones y ha dado cobertura a 2.463 familias, mientras que la dirigida a personas con ingresos limitados, dotada con 15,8 millones, prevé atender a 7.745 familias.

Ayuda a los inquilinos

La Junta ha puesto en marcha, igualmente, medidas de ayuda a los inquilinos residentes en el parque público que, como consecuencia de la crisis, han visto mermados sus ingresos, con la tramitación de más de 600 expedientes de rebaja de la renta y aplazamiento de pago. Además, estas medidas se verán potenciadas en el nuevo Plan Andaluz de la Vivienda que se aprobará próximamente y tendrá entre sus prioridades evitar que cualquier ciudadano pueda perder su casa.

Programa de Solidaridad

Por su parte desde la Consejería de Igualdad se desarrollan actuaciones el marco del Programa de Solidaridad de los Andaluces para erradicar la marginación y la desigualdad, para atender las necesidades de subsistencia de familias con ingresos mensuales por debajo del Ingreso Mínimo de Solidaridad, equivalente al 62% del Salario Mínimo interprofesional (SMI) incrementado en un 8% por cada miembro computable de la unidad familiar distinto del beneficiario, con un máximo del 100% del SMI.

También se incluyen dentro de las actuaciones de la Consejería de Igualdad las ayudas económicas familiares para la lucha contra la pobreza infantil, una medida destinada a atender a las familias con menores y en situación de riesgo al estar amenazados por un desahucio motivado por el impago en caso de alquiler de la vivienda familiar. A través de estas medidas se proporcionan ayudas para alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, adquisición de mobiliario y enseres básicos.

-Europa Press/Junta de Andalucía