El Tribunal Supremo, en su sentencia del 5 de octubre de 2026, establece que el mero impago de cuotas a la Seguridad Social no basta para apreciar un delito de defraudación, al ser necesaria la existencia de un elemento adicional de engaño dirigido a ocultar las deudas o dificultar su cobro.

La Sala de lo Penal recuerda que el delito previsto en el artículo 307 del Código Penal exige algo más que el incumplimiento de las obligaciones de cotización. En concreto, debe concurrir una conducta fraudulenta que permita diferenciar la defraudación penalmente relevante de un simple impago.

En el caso examinado, el Alto Tribunal analiza la sucesión de varias empresas con estructuras sencillas y transparentes, sin que se hubiera acreditado la utilización de mecanismos engañosos para ocultar las cantidades adeudadas a la Seguridad Social.

La sucesión de empresas no implica necesariamente una conducta fraudulenta

La controversia gira en torno a la existencia de distintas sociedades que se fueron sucediendo en el desarrollo de una misma actividad empresarial, con titularidad y gestión comunes.

Esta circunstancia permitió que, mediante los mecanismos previstos en el régimen de recaudación de la Seguridad Social, se derivara la responsabilidad de unas empresas a otras hasta alcanzar a una sociedad declarada responsable solidaria.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que esta sucesión empresarial no permite afirmar, por sí sola, la existencia de un fraude penal.

La sentencia destaca que las estructuras societarias eran simples y transparentes, no se habían ocultado las deudas ni la identidad de sus responsables y, además, no se produjo ninguna sucesión empresarial durante el periodo al que correspondían las cuotas impagadas objeto del procedimiento.

Por tanto, la Sala rechaza que pueda deducirse automáticamente una finalidad defraudatoria de la continuidad de una actividad económica a través de distintas sociedades.

El delito exige una maniobra de engaño para eludir el pago

El Alto Tribunal recuerda que el concepto de «defraudar», utilizado tanto en el delito contra la Seguridad Social del artículo 307 del Código Penal como en el delito contra la Hacienda Pública del artículo 305, implica la existencia de un engaño o artificio que va más allá del simple incumplimiento de pago.

En este sentido, explica que la conducta delictiva requiere una argucia, artificio o ardid idóneo para ocultar las deudas o impedir o dificultar su cobro mediante engaños o maquinaciones.

Entre los mecanismos que pueden integrar este elemento fraudulento se encuentran la creación de empresas ficticias, la utilización de entramados societarios complejos para ocultar a los verdaderos responsables o las sucesiones empresariales fraudulentas destinadas a desvincular una actividad de sus deudas anteriores.

No obstante, el Supremo precisa que no toda sucesión de empresas constituye una maniobra de defraudación, especialmente cuando la realidad empresarial y las obligaciones pendientes son conocidas por la Administración.

La Sala insiste en que la acción típica no consiste simplemente en dejar de pagar, sino en defraudar eludiendo el pago de las cuotas.

La ausencia de ocultación impide apreciar el delito

La sentencia recuerda que la jurisprudencia exige identificar una conducta dirigida a ocultar la deuda o los hechos que la generan, impidiendo que la Seguridad Social conozca su existencia y alcance y pueda activar los mecanismos legalmente previstos para su recaudación.

En el supuesto analizado, no se acreditó ninguna actuación destinada a ocultar la realidad empresarial ni a impedir mediante engaño el cobro de las cantidades adeudadas.

Por el contrario, la propia Administración pudo identificar a las sociedades implicadas y utilizar los instrumentos de derivación de responsabilidad previstos en la normativa de Seguridad Social.

El Tribunal considera que deducir un propósito fraudulento únicamente de la sucesión de empresas dedicadas a una misma actividad supondría una inferencia injustificada, especialmente cuando dicha sucesión no tuvo lugar durante el periodo de los impagos investigados.

En consecuencia, el Tribunal Supremo concluye que la ausencia de un mecanismo engañoso impide apreciar el delito de defraudación a la Seguridad Social, al tratarse de meros impagos que, sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que puedan generar, no reúnen por sí solos los requisitos del artículo 307 del Código Penal.