El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presentado en los juzgados de Cuenca el plan de desarrollo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que en los próximos meses será una realidad en toda España.

Desde el 1 de marzo la provincia de Cuenca ya trabaja con este nuevo instrumento que permite la localización, recuperación, administración y gestión de los bienes procedentes de actividades delictivas.

En el acto de presentación del desarrollo operativo de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos, han estado presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez, y la directora de la ORGA, Isabel Tarazona, entre otras autoridades.

Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

El Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, establece en la Disp. Trans. Primera que la entrada en funcionamiento operativo de la Oficina se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizará de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción aprobado por la Dirección General de la citada Oficina.

El 21 de febrero de 2016 entró en vigor la Orden JUS/188/2016, de 18 de febrero, por la que se determina el ámbito de actuación y la entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la apertura de su cuenta de depósitos y consignaciones.

La Orden tiene también por objeto fijar la apertura de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

Dicha Oficina de Recuperación y Gestión de Activos actuará cuando se lo encomiende el Juez o Tribunal competente, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina.

Atajar la delincuencia organizada y la corrupción

El ministro de Justicia ha señalado que la creación de la ORGA forma parte del conjunto de medidas emprendidas por el Gobierno para atajar la delincuencia organizada y luchar contra la corrupción con el fin de evitar que los delincuentes y las redes criminales se aprovechen de los bienes obtenidos de forma ilícita.

Esta Oficina nace gracias al impulso de la reforma del Código Penal en materia de decomiso y de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incorpora el nuevo procedimiento de decomiso autónomo.

Extensión a todo el territorio el 1 de enero de 2017

El ministro ha detallado que la ORGA extenderá su actuación de forma progresiva a todo el territorio nacional.

El 1 de junio próximo ampliará su funcionamiento al resto de Castilla-La Mancha y el 1 de octubre a las demás comunidades autónomas del ámbito competencial del Ministerio de Justicia, así como a los órganos de jurisdicción estatal. Finalmente, el 1 de enero de 2017 estará operativa para el resto del territorio del Estado.

Desde su inauguración el pasado mes de octubre, la Oficina ha estado trabajando en el diseño de su plan de actuación y en el desarrollo de tareas de gestión para reducir los elevados costes que las gerencias del Ministerio de Justicia estaban soportando como consecuencia de la gran cantidad de bienes embargados y decomisados almacenados en sus depósitos. 

Rafael Catalá ha recordado que, hasta ahora, al no existir órganos especializados en el tratamiento de estos bienes, se ponían a disposición de los órganos jurisdiccionales, lo que superaba su capacidad de gestión. El creciente número de hechos delictivos y la especial complejidad de los entramados criminales habían puesto de manifiesto, además, la ineficacia del sistema.

Herramienta al servicio de los juzgados

En este sentido, la ORGA funciona como una herramienta al servicio de los juzgados y tribunales en el marco de los procesos penales y como auxiliar de las fiscalías en el ejercicio de sus funciones relacionadas con investigaciones patrimoniales. Además, permitirá optimizar los frutos obtenidos del decomiso de manera que con ellos pueda hacerse frente a la restitución pecuniaria de las víctimas abonando las indemnizaciones reconocidas en el marco del proceso penal, así como a la realización de proyectos sociales de apoyo y asistencia a las víctimas y al impulso de la lucha contra la criminalidad organizada.