¿Qué le preguntarías, o le propondrías, al futuro ministro de Justicia? Este jueves, 14 de abril, Wolters Kluwer y Europa Press organizan el Encuentro Informativo “La Justicia a debate. Propuestas para la legislatura”, donde los portavoces de Justicia de los cuatro principales partidos tendrán ocasión de analizar la situación actual de la Justicia y lanzar sus propuestas para los próximos cuatro años, un encuentro que os narraremos en directo.

Los protagonistas del debate serán Rafael Catalá, Ministro de Justicia en funciones; Juan Carlos Campo, Portavoz del GP Socialista en la Comisión de Justicia del Congreso; Victoria Rosell, Portavoz del GP Podemos-EC-EM en la Comisión de Justicia del Congreso, y José Manuel Villegas, Diputado en el Congreso por C's portavoz y vicesecretario del gabinete de presidencia en Ciudadanos.

Durante el acto, que contará con la apertura a cargo de Vicente Sánchez, CEO de Wolters Kluwer, y será moderado por Javier García Vila, director de Europa Press, se lanzarán preguntas a los intervinientes de forma que tengan ocasión de mostrar sus diferentes puntos de vista sobre la Justicia, los problemas y sus posibles soluciones, y queremos invitar a nuestros lectores a plantear las preguntas que consideren pertinentes para un debate que promete grandes titulares.

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Aquí os dejamos algunas claves para el debate

La Justicia es uno de los temas más delicados que encontrará sobre la mesa el Gobierno que finalmente tome las riendas del país. La persona que resulte responsable del departamento de Justicia tendrá ante sí toda una serie de frentes abiertos a los que deberá dar respuesta estableciendo las líneas de actuación para resolver los problemas que afronta este ámbito de la Administración. Todo un reto para una cartera cargada de asuntos clave para el buen funcionamiento de la Justicia.

Independencia judicial

La frecuencia con la que los telediarios abren sus espacios con noticias relacionadas con corrupción política y sus derivaciones en los tribunales ha conducido el debate político hacia la importancia de contar con órganos judiciales independientes que hagan cumplir la ley a todo el mundo por igual. En este terreno entra en juego la recurrente polémica en torno al sistema de elección de los jueces y, más concretamente, la composición de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, la elección de los magistrados que componen el Tribunal Constitucional o el nombramiento de la figura del Fiscal General del Estado. En sus programas electorales, los partidos políticos planteaban toda una serie de propuestas al respecto con diferentes planteamientos. De hecho, son abundantes las propuestas políticas para una mayor independencia del poder judicial y la transparencia en el nombramiento de altos cargos.

Plazos de instrucción

Otro tema que ha generado enorme polémica en los últimos tiempos ha sido la decisión de establecer unos plazos determinados para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con un plazo máximo de seis meses. Los más críticos han afirmado que limitar estos plazos puede conducir a la impunidad de los implicados. Sin embargo, en el otro lado de la moneda se encuentra el problema de que existan numerosas causas judiciales abiertas durante años, pendientes de ser resueltas y con las consecuencias que todo ello conlleva para la imagen de la Justicia, por su lentitud, y también los efectos para las personas investigadas en estos procesos, en caso de que finalmente resulten absueltas.

Justicia sin papeles

Actualmente, uno de los temas que más preocupa al mundo jurídico es la puesta en marcha del ‘papel cero’ en la Justicia, una cuestión que ha generado revuelo entre las partes implicadas. La decisión de establecer una fecha concreta, el 1 de enero de 2016, para que todos los profesionales de la Justicia y los órganos judiciales y fiscalías empleen los sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal ha puesto patas arriba a buena parte del sector, que trata de adaptarse en tiempo record a esta medida introducida en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los medios de los que disponen los órganos judiciales para llevar a buen puerto esta iniciativa y que realmente la Justicia abandone el uso del papel son objeto de intenso debate en el ámbito de la Justicia.

Tasas judiciales

Si ha habido un tema especialmente polémico en los últimos años en el sector legal, ese es el de las tasas judiciales. Su instauración para personas físicas a mitad de la pasada legislatura hizo correr ríos de tinta y, finalmente, fueron retiradas hace un año. Sin embargo, el hecho de que siga manteniéndose el gravamen para pymes y ONG mantiene el debate abierto y es objeto de discusión entre los partidos políticos.

Justicia gratuita

El derecho a la asistencia jurídica gratuita está reconocido por la Constitución Española y es fundamental para garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos. Sin embargo, la financiación del sistema y el pago a los abogados del turno de oficio y a los procuradores que prestan el servicio está con frecuencia en el ojo del huracán. La fijación de las tarifas que se abonan a los profesionales que garantizan este servicio y el retraso en abonar estas cantidades son, a menudo, objeto de polémica, afectando directamente a los gobiernos autonómicos, en aquellas comunidades autónomas con competencias transferidas, y al Ministerio de Justicia, en todos aquellos territorios donde conservan las competencias en materia de Justicia.

Organización de la Justicia

Ante los problemas que presenta la Justicia, algunas de las respuestas que se plantean tienen que ver con la organización de los órganos judiciales. En la pasada legislatura llegó a plantearse, por ejemplo, la aprobación de una Ley de Demarcación y Planta que planteaba una nueva organización territorial de los partidos judiciales. Las ideas que se plantean en este sentido tienen como objetivo lograr una mayor eficiencia y especialización de la Justicia, pero queda por definir cuál es el mejor camino para alcanzar este fin.