El Sindicato Independiente de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha propuesto que parte de los letrados de la Administración de Justicia --antiguos secretarios judiciales-- se integren en el Poder Judicial como jueces de primer grado para resolver casos de menor complejidad, incluyendo delitos menos graves.

Se trata de una de las principales conclusiones del 6º Congreso que ha celebrado este sindicato en Valencia y que viene a reforzar el objetivo de una justicia de proximidad en los “tribunales de base” y ejecución.

Mejora del ratio de jueces a mínimo coste

SISEJ cree que con esta medida se incrementará "con el mínimo coste" el actual ratio de jueces por habitantes. "De esta manera", argumentan, "se conseguiría descargar a los jueces actuales de asuntos menos complejos, pero que implican mucho tiempo y dedicación, para centrarse en las causas que mayor tiempo y especialización requieren, como por ejemplo los casos de corrupción política".

El sindicato cree que su propuesta ayudaría a resolver problemas como la lentitud de la Justicia, en línea con las reformas que han propiciado que los letrados de la Administración de Justicia hayan asumido funciones de dirección procesal y resolución de múltiples procedimientos.

"La ejecución de las resoluciones judiciales es uno de los problemas más acuciantes y poco visibles de nuestra justicia", sostiene SISEJ, que pide además establecer Oficinas Judiciales de Atención a la Ciudadanía en todas las ciudades y pueblos, manteniendo al personal del antiguo juzgado.

La idea de SISEJ es que los 'tribunales de base' asuman también las competencias para dictar las ordenes de ejecución que después deben llevarse a efecto en los Servicios Comunes de Ejecución.

Críticas a Justicia sobre la revisión de causas

Por otra parte, SISEJ ha censurado que el Ministerio de Justicia trate de escenificar un diálogo inexistente con su colectivo profesional sobre la revisión de las causas en complejas o sencillas por aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La crítica de SISEJ se ha dirigido a la reunión con el Consejo del Secretariado celebrada en el Ministerio de Justicia durante la mañana de este lunes. "La mayoría actual de dicho órgano no representa a un amplio sector de nuestro colectivo, crítico con el actual gabinete", sostiene el sindicato.

Además, recuerda que desde la reforma penal no se ha convocado a las organizaciones de letrados de la Administración de Justicia para abordar la polémica revisión de causas en complejas o sencillas, lo que determinará el plazo de instrucción en seis o 18 meses de duración.

SISEJ pide "ceses o dimisiones" por la aplicación de la LECrim y por la "lamentable situación creada", recordando que la Fiscalía General del Estado sostiene que es imposible cumplir con el lazo fijado por ley, que establece el 6 de junio como fecha límite para la clasificación de causas.

"Nos sorprende la imprevisión y desorientación del Ministerio en este asunto, pese a las medidas de refuerzo de que se ha dotado a la Fiscalía, y de la colaboración prestada desde los juzgados, y dado además que está en juego la prescripción de numerosos procedimientos, entre otros los de corrupción política", sostiene SISEJ.

Catalá ha repetido que no prescribirá ninguna causa y se ha mostrado convencido de que se cumplirá el plazo que establece la LECrim, por lo que se ha comprometido a coordinar a fiscales y letrados de la Administración de Justicia en unos trabajos que, ha matizado este lunes, "no cabe ninguna duda que son difíciles".

Nerviosismo de Justicia

SISEJ ve "insólito" el "nerviosismo" del Ministerio de Justicia al anunciar repetidamente una "orden" a los letrados para elaborar un listado manual de causas que consideran de "eficacia y utilidad dudosa" porque podría entorpecer a su vez el trabajo de las oficinas y juzgados afectados, y en definitiva, la satisfacción de los derechos de los ciudadanos.

En este sentido, cuestiona que durante la mañana del viernes 20 de mayo Justicia requiriera por correo electrónico, a través de los Secretarios Coordinadores Provinciales, que los letrados destinados en juzgados de instrucción elaborasen "en cuestión de horas un listado de causas pendientes de calificación por el fiscal".

Los Fiscales reclaman "más medios y menos propaganda" sobre la revisión de causas

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) se ha unido a estas criticas de los Letrados, solicitando por su parte, "más medios y menos propaganda" en respuesta al "menosprecio" con el que el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha mostrado a la hora de mantener que se revisarán todas las causas penales antes del 6 de junio, cumpliendo el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

En un comunicado, APIF se ha quejado de las palabras de Catalá tras reunirse el pasado jueves con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y que mantiene, al contrario de Justicia, que es imposible cumplir con el plazo de una clasificación de causas que determina el tiempo que tienen los jueces para la instrucción, seis meses en los procesos sencillos y 18 en los complejos.

Ese día, Catalá mantuvo que este trabajo era "sencillo", una valoración que ha sido matizada este lunes tras reunirse con el Consejo del Secretariado. "Que es difícil no me cabe ninguna duda", ha reconocido el ministro, que también ha reconocido "problemas" como el contar con sistemas de gestión dispares y "no muy evolucionados".

Asociaciones de fiscales como APIF mantienen su crítica a la LECrim. "Dótese de medios suficientes a la siempre castigada Administración de Justicia, pero no se limite el tiempo sin medios menoscabando derechos", ha reclamado esta organización.

Además, ha sostenido que el Ministerio de Justicia incumple su labor de proporcionar a los fiscales los medios necesario para ejercer su función "con respeto a la salud". "Los 80 refuerzos del Ministerio han servido para bien poco", han añadido tras subrayar que carecían de preparación profesional para la revisión de causas en complejas o sencillas.

APIF argumenta su rechazo a la LECrim en lo referente a la clasificación de causas señalando la "lentitud" en la instrucción de las causas por cuestiones como los deficientes medios, la "huida" de los fiscales de aquellos destinos con mayor sobrecarga de trabajo o la falta de limitación de los recursos que pueden interponerse durante la fase de instrucción.