La LO 5/2010 , de 22 de junio, configuró la responsabilidad penal de las personas jurídicas con el nuevo artículo 31 bis, según el cual la responsabilidad criminal de las personas jurídicas es acumulativa, es decir, no excluye la responsabilidad individual de las personas físicas que hayan delinquido en su seno, optando por el modelo de doble incriminación. La LO 7/2012, de 27 de diciembre, modificó dicho artículo para incluir como responsables penales a partidos políticos y sindicatos.
Desde entonces, una persona jurídica puede ser responsable penalmente por una lista cerrada de delitos cometidos por sus directivos o empleados y puede enfrentarse a penas de multa que van desde 5.000 euros hasta 9 millones de euros, a la suspensión temporal del negocio o a su disolución definitiva, además del perjuicio reputacional que supone para la empresa.
En julio de 2015 entró en vigor la LO 1/2015, de 30 de marzo, última reforma del Código Penal, que introduce importantes modificaciones en esta materia, al prever como causa de exención de la responsabilidad de la persona jurídica la existencia de programas de prevención penales (programas de compliance penal), que conlleven una reducción significativa del riesgo de comisión de delitos. Se regulan, además, de forma más detallada, cuáles son los requisitos que deberán cumplir estos programas y la figura del compliance officer, como responsable del cumplimiento normativo.
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