• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• Art韈ulo 鷑ico 燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional 鷑ica 燛fectos de la declaraci髇 tributaria especial
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera 燗decuaci髇 de las causas de inelegibilidad
  • Disposici髇 final segunda 燛ntrada en vigor

Art韈ulo 鷑ico Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal

La Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, queda modificada como sigue:

• Uno. Se modifica el p醨rafo primero del apartado 5 del art韈ulo 31 bis, que queda redactado como sigue:

  �5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jur韉icas no ser醤 aplicables al Estado, a las Administraciones P鷅licas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades P鷅licas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho p鷅lico, ni a aquellas otras que ejerzan potestades p鷅licas de soberan韆, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten pol韙icas p鷅licas o presten servicios de inter閟 econ髆ico general.

  (…)�

  
• Dos. El art韈ulo 305 queda redactado del siguiente modo:

  �1. El que, por acci髇 u omisi髇, defraude a la Hacienda P鷅lica estatal, auton髆ica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuant韆 de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros ser� castigado con la pena de prisi髇 de uno a cinco a駉s y multa del tanto al s閤tuplo de la citada cuant韆, salvo que hubiere regularizado su situaci髇 tributaria en los t閞minos del apartado 4 del presente art韈ulo.

  La mera presentaci髇 de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudaci髇, cuando 閟ta se acredite por otros hechos.

  Adem醩 de las penas se馻ladas, se impondr� al responsable la p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p鷅licas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per韔do de tres a seis a駉s.

  2. A los efectos de determinar la cuant韆 mencionada en el apartado anterior:

  • a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, peri骴icos o de declaraci髇 peri骴ica, se estar� a lo defraudado en cada per韔do impositivo o de declaraci髇, y si 閟tos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referir� al a駉 natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudaci髇 se lleve a cabo en el seno de una organizaci髇 o grupo criminal, o por personas o entidades que act鷈n bajo la apariencia de una actividad econ髆ica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito ser� perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el apartado 1.
  • b) En los dem醩 supuestos, la cuant韆 se entender� referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidaci髇.

  3. Las mismas penas se impondr醤 cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este art韈ulo se cometan contra la Hacienda de la Uni髇 Europea, siempre que la cuant韆 defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo de un a駉 natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudaci髇 se lleve a cabo en el seno de una organizaci髇 o grupo criminal, o por personas o entidades que act鷈n bajo la apariencia de una actividad econ髆ica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito ser� perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado.

  Si la cuant韆 defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondr� una pena de prisi髇 de tres meses a un a駉 o multa del tanto al triplo de la citada cuant韆 y la p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p鷅licas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per韔do de seis meses a dos a駉s.

  4. Se considerar� regularizada la situaci髇 tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administraci髇 Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobaci髇 o investigaci髇 tendentes a la determinaci髇 de las deudas tributarias objeto de la regularizaci髇 o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administraci髇 auton髆ica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aqu閘 dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucci髇 realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciaci髇 de diligencias.

  Asimismo, los efectos de la regularizaci髇 prevista en el p醨rafo anterior resultar醤 aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administraci髇 a su determinaci髇 en v韆 administrativa.

  La regularizaci髇 por el obligado tributario de su situaci髇 tributaria impedir� que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relaci髇 a la deuda tributaria objeto de regularizaci髇, el mismo pudiera haber cometido con car醕ter previo a la regularizaci髇 de su situaci髇 tributaria.

  5. Cuando la Administraci髇 Tributaria apreciare indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda P鷅lica, podr� liquidar de forma separada, por una parte los conceptos y cuant韆s que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda P鷅lica, y por otra, los que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda P鷅lica.

  La liquidaci髇 indicada en primer lugar en el p醨rafo anterior seguir� la tramitaci髇 ordinaria y se sujetar� al r間imen de recursos propios de toda liquidaci髇 tributaria. Y la liquidaci髇 que en su caso derive de aquellos conceptos y cuant韆s que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda P鷅lica seguir� la tramitaci髇 que al efecto establezca la normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el proceso penal.

  La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda P鷅lica no paralizar� la acci髇 de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la Administraci髇 Tributaria podr醤 iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro, salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensi髇 de las actuaciones de ejecuci髇, previa prestaci髇 de garant韆. Si no se pudiese prestar garant韆 en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podr� acordar la suspensi髇 con dispensa total o parcial de garant韆s si apreciare que la ejecuci髇 pudiese ocasionar da駉s irreparables o de muy dif韈il reparaci髇.

  6. Los Jueces y Tribunales podr醤 imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citaci髇 judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior ser� igualmente aplicable respecto de otros part韈ipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtenci髇 de pruebas decisivas para la identificaci髇 o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguaci髇 del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.

  7. En los procedimientos por el delito contemplado en este art韈ulo, para la ejecuci髇 de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprender� el importe de la deuda tributaria que la Administraci髇 Tributaria no haya liquidado por prescripci髇 u otra causa legal en los t閞minos previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabar醤 el auxilio de los servicios de la Administraci髇 Tributaria que las exigir� por el procedimiento administrativo de apremio en los t閞minos establecidos en la citada Ley.�

  
• Tres. Se a馻de el art韈ulo 305 bis, que queda redactado del siguiente modo:

  �1. El delito contra la Hacienda P鷅lica ser� castigado con la pena de prisi髇 de dos a seis a駉s y multa del doble al s閤tuplo de la cuota defraudada cuando la defraudaci髇 se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

  • a) Que la cuant韆 de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.
  • b) Que la defraudaci髇 se haya cometido en el seno de una organizaci髇 o de un grupo criminal.
  • c) Que la utilizaci髇 de personas f韘icas o jur韉icas o entes sin personalidad jur韉ica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o para韘os fiscales o territorios de nula tributaci髇 oculte o dificulte la determinaci髇 de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinaci髇 de la cuant韆 defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

  2. A los supuestos descritos en el presente art韈ulo les ser醤 de aplicaci髇 todas las restantes previsiones contenidas en el art韈ulo 305.

  En estos casos, adem醩 de las penas se馻ladas, se impondr� al responsable la p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p鷅licas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per韔do de cuatro a ocho a駉s.�

  
• Cuatro. El art韈ulo 306 queda redactado del siguiente modo:

  獷l que por acci髇 u omisi髇 defraude a los presupuestos generales de la Uni髇 Europea u otros administrados por 閟ta, en cuant韆 superior a cincuenta mil euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del art韈ulo 305, el pago de cantidades que se deban ingresar, dando a los fondos obtenidos una aplicaci髇 distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesi髇 u ocultando las que la hubieran impedido, ser� castigado con la pena de prisi髇 de uno a cinco a駉s y multa del tanto al s閤tuplo de la citada cuant韆.

  Si la cuant韆 defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondr� una pena de prisi髇 de tres meses a un a駉 o multa del tanto al triplo de la citada cuant韆 y la p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p鷅licas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per韔do de seis meses a dos a駉s.�

  
• Cinco. El art韈ulo 307 queda redactado del siguiente modo:

  �1. El que, por acci髇 u omisi髇, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de 閟ta y conceptos de recaudaci髇 conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuant韆 de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros ser� castigado con la pena de prisi髇 de uno a cinco a駉s y multa del tanto al s閤tuplo de la citada cuant韆 salvo que hubiere regularizado su situaci髇 ante la Seguridad Social en los t閞minos del apartado 3 del presente art韈ulo.

  La mera presentaci髇 de los documentos de cotizaci髇 no excluye la defraudaci髇, cuando 閟ta se acredite por otros hechos.

  Adem醩 de las penas se馻ladas, se impondr� al responsable la p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p鷅licas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per韔do de tres a seis a駉s.

  2. A los efectos de determinar la cuant韆 mencionada en el apartado anterior se estar� al importe total defraudado durante cuatro a駉s naturales.

  3. Se considerar� regularizada la situaci髇 ante la Seguridad Social cuando se haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la deuda antes de que se le haya notificado la iniciaci髇 de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinaci髇 de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aqu閘 dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucci髇 realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciaci髇 de diligencias.

  Asimismo, los efectos de la regularizaci髇 prevista en el p醨rafo anterior, resultar醤 aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad Social una vez prescrito el derecho de la Administraci髇 a su determinaci髇 en v韆 administrativa.

  La regularizaci髇 de la situaci髇 ante la Seguridad Social impedir� que a dicho sujeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relaci髇 a la deuda objeto de regularizaci髇, el mismo pudiera haber cometido con car醕ter previo a la regularizaci髇 de su situaci髇.

  4. La existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paralizar� el procedimiento administrativo para la liquidaci髇 y cobro de la deuda contra韉a con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestaci髇 de garant韆. En el caso de que no se pudiese prestar garant韆 en todo o en parte, el Juez, con car醕ter excepcional, podr� acordar la suspensi髇 con dispensa total o parcial de las garant韆s, en el caso de que apreciara que la ejecuci髇 pudiera ocasionar da駉s irreparables o de muy dif韈il reparaci髇. La liquidaci髇 administrativa se ajustar� finalmente a lo que se decida en el proceso penal.

  5. Los Jueces y Tribunales podr醤 imponer al obligado frente a la Seguridad Social o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citaci髇 judicial como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior ser� igualmente aplicable respecto de otros part韈ipes en el delito distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtenci髇 de pruebas decisivas para la identificaci髇 o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguaci髇 del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de otros responsables del delito.

  6. En los procedimientos por el delito contemplado en este art韈ulo, para la ejecuci髇 de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprender� el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administraci髇 no haya liquidado por prescripci髇 u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabar醤 el auxilio de los servicios de la Administraci髇 de la Seguridad Social que las exigir� por el procedimiento administrativo de apremio.�

  
• Seis. Se introduce un nuevo 307 bis, que queda redactado del siguiente modo:

  �1. El delito contra la Seguridad Social ser� castigado con la pena de prisi髇 de dos a seis a駉s y multa del doble al s閤tuplo de la cuant韆 cuando en la comisi髇 del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

  • a) Que la cuant韆 de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros.
  • b) Que la defraudaci髇 se haya cometido en el seno de una organizaci髇 o de un grupo criminal.
  • c) Que la utilizaci髇 de personas f韘icas o jur韉icas o entes sin personalidad jur韉ica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o para韘os fiscales o territorios de nula tributaci髇 oculte o dificulte la determinaci髇 de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinaci髇 de la cuant韆 defraudada o del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito.

  2. A los supuestos descritos en el presente art韈ulo le ser醤 de aplicaci髇 todas las restantes previsiones contenidas en el art韈ulo 307.

  3. En estos casos, adem醩 de las penas se馻ladas, se impondr� al responsable la p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p鷅licas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per韔do de cuatro a ocho a駉s.�

  
• Siete. Se introduce un nuevo art韈ulo 307 ter, con la siguiente redacci髇:

  �1. Quien obtenga, para s� o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongaci髇 indebida del mismo, o facilite a otros su obtenci髇, por medio del error provocado mediante la simulaci髇 o tergiversaci髇 de hechos, o la ocultaci髇 consciente de hechos de los que ten韆 el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administraci髇 P鷅lica, ser� castigado con la pena de seis meses a tres a駉s de prisi髇.

  Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, ser醤 castigados con una pena de multa del tanto al s閤tuplo.

  Adem醩 de las penas se馻ladas, se impondr� al responsable la p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per韔do de tres a seis a駉s.

  2. Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letras b) o c) del apartado 1 del art韈ulo 307 bis, se impondr� una pena de prisi髇 de dos a seis a駉s y multa del tanto al s閤tuplo.

  En estos casos, adem醩 de las penas se馻ladas, se impondr� al responsable la p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per韔do de cuatro a ocho a駉s.

  3. Quedar� exento de responsabilidad criminal en relaci髇 con las conductas descritas en los apartados anteriores el que reintegre una cantidad equivalente al valor de la prestaci髇 recibida incrementada en un inter閟 anual equivalente al inter閟 legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibi�, antes de que se le haya notificado la iniciaci髇 de actuaciones de inspecci髇 y control en relaci髇 con las mismas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el representante de la Administraci髇 auton髆ica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aqu閘 dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucci髇 realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciaci髇 de diligencias.

  La exenci髇 de responsabilidad penal contemplada en el p醨rafo anterior alcanzar� igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relaci髇 a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, el mismo pudiera haber cometido con car醕ter previo a la regularizaci髇 de su situaci髇.

  4. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este art韈ulo, no impedir� que la Administraci髇 competente exija el reintegro por v韆 administrativa de las prestaciones indebidamente obtenidas. El importe que deba ser reintegrado se entender� fijado provisionalmente por la Administraci髇, y se ajustar� despu閟 a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.

  El procedimiento penal tampoco paralizar� la acci髇 de cobro de la Administraci髇 competente, que podr� iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensi髇 de las actuaciones de ejecuci髇 previa prestaci髇 de garant韆. Si no se pudiere prestar garant韆 en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podr� acordar la suspensi髇 con dispensa total o parcial de garant韆s si apreciare que la ejecuci髇 pudiese ocasionar da駉s irreparables o de muy dif韈il reparaci髇.

  5. En los procedimientos por el delito contemplado en este art韈ulo, para la ejecuci髇 de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los Jueces y Tribunales recabar醤 el auxilio de los servicios de la Administraci髇 de la Seguridad Social que las exigir� por el procedimiento administrativo de apremio.

  6. Resultar� aplicable a los supuestos regulados en este art韈ulo lo dispuesto en el apartado 5 del art韈ulo 307 del C骴igo Penal.�

  
• Ocho. El art韈ulo 308 queda redactado del siguiente modo:

  �1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones P鷅licas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesi髇 u ocultando las que la hubiesen impedido ser� castigado con la pena de prisi髇 de uno a cinco a駉s y multa del tanto al s閤tuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este art韈ulo.

  2. Las mismas penas se impondr醤 al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones p鷅licas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aqu閘los para los que la subvenci髇 o ayuda fue concedida salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este art韈ulo.

  3. Adem醩 de las penas se馻ladas, se impondr� al responsable la p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p鷅licas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un per韔do de tres a seis a駉s.

  4. Para la determinaci髇 de la cantidad defraudada se estar� al a駉 natural y deber� tratarse de subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas administraciones o entidades p鷅licas.

  5. Se entender� realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1 y 2 cuando por el perceptor de la subvenci髇 o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el inter閟 de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento en que las percibi�, y se lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciaci髇 de actuaciones de comprobaci髇 o control en relaci髇 con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administraci髇 auton髆ica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aqu閘 dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucci髇 realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciaci髇 de diligencias. El reintegro impedir� que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relaci髇 a la deuda objeto de regularizaci髇, el mismo pudiera haber cometido con car醕ter previo a la regularizaci髇 de su situaci髇.

  6. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este art韈ulo, no impedir� que la Administraci髇 competente exija el reintegro por v韆 administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entender� fijado provisionalmente por la Administraci髇, y se ajustar� despu閟 a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.

  El procedimiento penal tampoco paralizar� la acci髇 de cobro de la Administraci髇, que podr� iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensi髇 de las actuaciones de ejecuci髇 previa prestaci髇 de garant韆. Si no se pudiere prestar garant韆 en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podr� acordar la suspensi髇 con dispensa total o parcial de garant韆s si apreciare que la ejecuci髇 pudiese ocasionar da駉s irreparables o de muy dif韈il reparaci髇.

  7. Los Jueces y Tribunales podr醤 imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citaci髇 judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior ser� igualmente aplicable respecto de otros part韈ipes en el delito distintos del obligado al reintegro o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtenci髇 de pruebas decisivas para la identificaci髇 o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguaci髇 del patrimonio del obligado o del responsable del delito.�

  
• Nueve. El art韈ulo 310 bis queda redactado del siguiente modo:

  獵uando de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 31 bis una persona jur韉ica sea responsable de los delitos recogidos en este T韙ulo, se le impondr醤 las siguientes penas:

  • a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona f韘ica tiene prevista una pena de prisi髇 de m醩 de dos a駉s.
  • b) Multa del doble al cu醖ruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona f韘ica tiene prevista una pena de prisi髇 de m醩 de cinco a駉s.
  • c) Multa de seis meses a un a駉, en los supuestos recogidos en el art韈ulo 310.

  Adem醩 de las se馻ladas, se impondr� a la persona jur韉ica responsable la p閞dida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas p鷅licas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el per韔do de tres a seis a駉s. Podr� imponerse la prohibici髇 para contratar con las Administraciones P鷅licas.

  Atendidas las reglas establecidas en el art韈ulo 66 bis, los Jueces y Tribunales podr醤 asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del art韈ulo 33.�

  
• Diez. El art韈ulo 311 queda redactado del siguiente modo:

  玈er醤 castigados con las penas de prisi髇 de seis meses a seis a駉s y multa de seis a doce meses:

  • 1.� Los que, mediante enga駉 o abuso de situaci髇 de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
  • 2.� Los que den ocupaci髇 simult醤eamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el r間imen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorizaci髇 de trabajo, siempre que el n鷐ero de trabajadores afectados sea al menos de:
    • a) el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a m醩 de cien trabajadores,
    • b) el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a m醩 de diez trabajadores y no m醩 de cien, o
    • c) la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a m醩 de cinco y no m醩 de diez trabajadores.
  • 3.� Los que en el supuesto de transmisi髇 de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro.
  • 4.� Si las conductas rese馻das en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidaci髇 se impondr醤 las penas superiores en grado.�
  
• Once. El art韈ulo 398 queda redactado del siguiente modo:

  獿a autoridad o funcionario p鷅lico que librare certificaci髇 falsa con escasa trascendencia en el tr醘ico jur韉ico ser� castigado con la pena de suspensi髇 de seis meses a dos a駉s.

  Este precepto no ser� aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda P鷅lica.�

  
• Doce. Se a馻de el art韈ulo 433 bis, que queda redactado del siguiente modo:

  �1. La autoridad o funcionario p鷅lico que, de forma id髇ea para causar un perjuicio econ髆ico a la entidad p鷅lica de la que dependa, y fuera de los supuestos previstos en el art韈ulo 390, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situaci髇 econ髆ica o la informaci髇 contenida en los mismos, ser� castigado con la pena de inhabilitaci髇 especial para empleo o cargo p鷅lico por tiempo de uno a diez a駉s y multa de doce a veinticuatro meses.

  2. Con las mismas penas se castigar� a la autoridad o funcionario p鷅lico, que de forma id髇ea para causar un perjuicio econ髆ico a la entidad p鷅lica de la que dependa, facilite a terceros informaci髇 mendaz relativa a la situaci髇 econ髆ica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior.

  3. Si se llegare a causar el perjuicio econ髆ico a la entidad, se impondr醤 las penas de prisi髇 de uno a cuatro a駉s, inhabilitaci髇 especial para empleo o cargo p鷅lico por tiempo de tres a diez a駉s y multa de doce a veinticuatro meses.�

  

Disposici髇 adicional 鷑ica Efectos de la declaraci髇 tributaria especial

Se entender醤 declaradas dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo respecto de cada per韔do impositivo en el que deban imputarse, las rentas inicialmente no declaradas regularizadas a trav閟 de la declaraci髇 tributaria especial prevista en la disposici髇 adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducci髇 del d閒icit p鷅lico.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica

1. Quedan derogados los art韈ulos 309, 627 y 628 de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en esta Ley Org醤ica.

Disposici髇 final primera Adecuaci髇 de las causas de inelegibilidad

Las causas de inelegibilidad contenidas en el art韈ulo 6 de la Ley Org醤ica 5/1985, de 19 de junio, del R間imen Electoral General se adecuar醤, mediante la oportuna modificaci髇 legislativa, a las derivadas de las infracciones que en materia de buen gobierno se incluyan, en su caso, en normas de rango legal.

Disposici髇 final segunda Entrada en vigor

La presente Ley Org醤ica entrar� en vigor a los veinte d韆s de su completa publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado.�