Una iniciativa de la autoridad reguladora de la abogacía del Reino Unido (Solicitors Regulation Authority, SRA) puede obligar a los despachos de abogados a hacer pública muchas más información sobre los servicios que ofrecen a los clientes, incluyendo sus tarifas de honorarios en determinados tipos de asuntos, especialmente en aquellos relacionados con los consumidores.

Se trata de la respuesta ofrecida a una propuesta de la Autoridad británica de Competencia y Mercados (Competition and Markets Authority, CMA), instando a una mayor transparencia en los precios del sector de los servicios legales.

Según una información difundida por la propia SRA, como consecuencia de esta iniciativa, esta autoridad va a abrir una encuesta entre sus colegiados para conocer su opinión acerca de la posibilidad de:

- Obligar a los despachos a publicar las tarifas que cobran por sus servicios (obligación limitada inicialmente a un número determinado de los mismos, como el inmobiliario, divorcios, sucesiones y daños personales)

- Obligar a los despachos a publicar una descripción de los servicios que ofrecen – incluyendo información sobre los precios de los mismos.

- Exigir a los despachos que ofrezcan a sus clientes información sobre la protección que les ofrece la normativa profesional, incluyendo la introducción de un certificado digital que acredite que una firma ejerce bajo las normas del SRA.

- Publicar los datos de la SRA sobre las quejas recibidas contra los despachos que se encuentran bajo su ámbito de regulación

- Elaborar un registro digital único y público sobre los principales datos regulatorios de los que el SRA disponga sobre los abogados y los despachos que regula.

Falta de transparencia en el sector legal

Esta iniciativa surge como consecuencia de un informe sobre el mercado de servicios legales presentado en diciembre de 2016 por la CMA. En el mismo se concluía que la competencia en este sector no está funcionando bien, por lo que planteó que los consumidores y las pequeñas empresas tengan acceso a más información para ayudarles a tomar una decisión informada en el momento de contratar servicios jurídicos.

En concreto la CMA declaró en su informe que la evaluación de los proveedores de servicios legales "requiere conocimientos y habilidades de expertos que los consumidores de servicios legales normalmente no tienen, por lo que pueden ser incapaces de juzgar la calidad del servicio prestado", añadiendo que este desequilibrio puede dar lugar a importantes problemas de protección al consumidor, si los oferentes "adornan" su oferta para hacerla más atractiva o reducen sus servicios a lo mínimo para que parezcan más competitivos en el precio.

En particular, no hay suficiente información disponible sobre precio, calidad y servicio para ayudar a aquellos que necesitan apoyo legal elegir.

Mayor transparencia para los clientes

Según la SRA el objetivo de esta propuesta es ofrecer a los potenciales clientes de los abogados la información precisa y relevante de que se disponga acerca del mismo, en el momento de considerar la contratación de sus servicios legales. Algo que se considera que ayudará al público y a las pequeñas empresas a tomar decisiones debidamente informadas, favoreciendo así a la competencia.

La SRA considera que en la actualidad, solo uno de cada cuatro despachos británicos ofrece suficiente información a sus clientes, por lo que a estos les resulta difícil encontrar información útil sobre el precio o la calidad de los servicios jurídicos que ofrecen los despachos, lo que les dificulta la toma de decisiones razonadas e incluso la contratación de los servicios de un profesional, pese a necesitarlos.

Pero la medida no se refiere solo a los consumidores persona física. La propuesta contempla también que los despachos que se dediquen al asesoramiento de pequeñas empresas deberán proporcionar información sobre sus honorarios por actuar ante los tribunales de trabajo, por los servicios de recuperación de deudas y por la tramitación de las licencias relacionadas con los locales comerciales.
La encuesta constará de 18 preguntas que los solicitors (abogados) sometidos a la autoridad de la SRA deberán completar hasta el 20 de diciembre de 2017.