La Sección territorial de Madrid de Juezas y Jueces para la Democracia se ha pronunciado en relación a los resultados del informe de la auditoria de la Cámara de Cuentas que ha analizado la actividad de la sociedad Campus de la Justicia S.A, creada para la construcción del Campus de la Justicia en Madrid.
En el informe se ponen de relieve graves irregularidades contables y una aparente falta de control financiero por parte de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, anormalidades que han provocado que los grupos políticos de la oposición de la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) hayan presentado ante la Fiscalía un informe sobre el proyecto que, según sus estimaciones, supuso un “quebranto patrimonial” de más de 130 millones de euros a las arcas públicas.
En una nota de prensa emitida este 11 de abril, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia recuerda que la Comunidad de Madrid gasta más de dos millones de euros mensuales en el alquiler de edificios donde se ubican los órganos judiciales. Sin embargo, las infraestructuras se constituyen para quienes trabajan en ellas y para quienes las utilizan un problema crónico.
La dispersión de sedes, el deterioro de las instalaciones, el agotamiento del espacio, la ausencia de una arquitectura judicial que permita el cumplimiento de las leyes de cara a la protección de las víctimas y la falta de un mantenimiento adecuado son quejas que se reflejan sistemáticamente en las Memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por otro lado, desde la asociación de jueces recuerdan que Madrid es la tercera Comunidad con mayor número de entrada de asuntos (por detrás de Andalucía y Cataluña), siendo necesaria según la última memoria del Tribunal Superior de Justicia la creación de 87 órganos judiciales unipersonales en nuestra Comunidad para poder dar una respuesta judicial adecuada a los asuntos que se registran.
El Real Decreto 902/2017 de 13 de octubre creó 10 nuevos juzgados en Madrid y dos nuevas plazas en la Audiencia Provincial. En la Orden Ministerial de 22 de diciembre, publicada en el BOE de 26 de diciembre de 2017, la puesta en funcionamiento de 6 de los nuevos juzgados ha quedado condenada, sin previsión de fecha.
El comunicado continua refiriéndose que, además del escaso número de nuevos juzgados creado, no hay fecha de entrada en funcionamiento por falta de presupuesto de los juzgados números 102 y 103 de Primera Instancia de Madrid, Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Alcobendas, Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Móstoles, Juzgados números 13 y 14 de lo Mercantil.
La asociación judicial concluye clamando por la depuración de responsabilidades del fracasado proyecto de construcción del Campus de la Justicia que embarga el futuro de la Justicia en nuestra Comunidad y pide la adecuada dotación presupuestaria para la inminente entrada en funcionamiento de los Juzgados creados en el 2017, absolutamente necesarios para mejorar la respuesta judicial a los problemas de los madrileños y madrileñas.
