La Ley 13/2019, de 25 de abril, pretende proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de menores y facilitar las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos.

La norma pretende colaborar en el esclarecimiento de los hechos que tienen que ver con menores que, a lo largo de la historia de Canarias y de España, fueron robados a sus familias biológicas y asignados a otras familias por razones económicas, sociales, políticas o ideológicas, colaborando las instituciones canarias para que el derecho a la identidad sea una realidad en Canarias.

Ámbito subjetivo

Se incluyen en el ámbito subjetivo de la nueva ley las víctimas del robo de menores que se haya producido en Canarias, así como del robo que, produciéndose fuera de la comunidad autónoma, hayan sido trasladadas al territorio de Canarias, considerando víctimas tanto a los bebés o menores robados como a sus madres biológicas y a las personas declaradas como tales en el procedimiento judicial que declare la existencia del delito.

La norma establece la obligación de los poderes públicos de realizar las actuaciones que sean precisas para buscar a los niños que pudieran haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de identidad, bien de oficio o a instancia de las víctimas, facilitando el acceso a los archivos y registros públicos en el marco de las competencias y legislación aplicables en cada caso. Además deben de tramitar y resolver las peticiones formuladas por las víctimas con prontitud y diligencia, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

Derechos de las víctimas

El texto detalla los derechos de las víctimas: derecho de acceso gratuito de todas las personas que acrediten un legítimo interés a la documentación que les pueda ser de interés que obre en los archivos y registros dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los ayuntamientos y cabildos o de los organismos dependientes de los mismos; derecho a la tutela judicial de las víctimas, debiendo las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades que integran la Administración local colaborar con el Ministerio Fiscal y demás autoridades judiciales, y derecho a las garantías de no repetición mediante la promoción de las debidas medidas por parte de los poderes públicos del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En un título aparte la norma contempla diversas actuaciones, tales como la creación de una base de datos de víctimas, en colaboración con las asociaciones de víctimas legalmente constituidas. El banco de ADN de la Comunidad Autónoma de Canarias podrá ser utilizado a los efectos de la colaboración en la investigación y esclarecimiento de los delitos de robos de menores. Se prevé también la creación de la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, como comisión asesora del Gobierno de Canarias, a quien corresponderá la elaboración de un informe anual para evaluar los resultados obtenidos e incorporar las mejoras oportunas.

Por último la nueva ley establece el 30 de agosto de cada año como Día en Memoria de Menores Robados y sus Familias, debiendo las instituciones públicas canarias impulsar la celebración de actos de reconocimiento y homenaje con el objeto de mantener el recuerdo de las víctimas.

Entrada en vigor

La Ley 13/2019, de 25 de abril, entrará en vigor el 13 de junio de 2019, al mes de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.