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JUSTICIA GRATUITA

11/11/2009 05:48:00 | Redacción NJ | JUSTICIA GRATUITA| 2 minutos

Caamaño anuncia que el Gobierno estudia modificar la ley que regula el beneficio de la justicia gratuita

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado que el Gobierno ha decidido estudiar posibles modificaciones de la ley que regula el beneficio de la justicia gratuita, que gestionan la mayoría de las comunidades autónomas, con el objetivo de "racionalizar" sus previsiones y así mejorar la calidad del servicio.

En rueda de prensa al finalizar la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada ayer en el Ministerio, Caamaño explicó que éste ha sido uno de los acuerdos alcanzados en la reunión mantenida esta tarde con los consejeros del ramo, que el ministro calificó de "muy productiva" y en la que se abordaron asuntos "fundamentales para la modernización de la Administración de Justicia".

En concreto, además de la modificación de la ley que regula la justicia gratuita, a la que pueden acogerse los ciudadanos sin medios económicos para acudir a los tribunales, Caamaño explicó que en esta reunión se ha confirmado el apoyo de todas las comunidades autónomas al Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), que permitirá la interoperatividad de todos los sistemas de gestión procesal.

Las comunidades autónomas se sumaron al acuerdo alcanzado el pasado 30 de septiembre entre el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado para poner en marcha este proyecto que interconectará los diferentes sistemas informáticos de los juzgados de toda España.

También se ha abordado la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que deberá ponerse en marcha en 2010, según la ley que entró en vigor la semana pasada y la programación de la creación de los nuevos órganos judiciales que contempla el Plan de Modernización aprobado por el Gobierno, y que prevé la creación de 150 unidades judiciales nuevas y 50 jueces de adscripción territorial.

Asimismo, explicó Caamaño, se ha insistido en la necesidad de transferir la gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia a las comunidades autónomas, tal y como está previsto en los nuevos Estatutos de autonomía, con el objetivo de "poder reordenar con mayor facilidad los recursos humanos".

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