José Miguel Barjola. - Google abusó de su fuerza en el mercado y obligó a los fabricantes de móviles a preinstalar aplicaciones como Chrome o Google Search para utilizar su sistema operativo Android. También les forzó a no vender móviles con versiones de Android no autorizadas y a no instalar servicios de búsqueda que fuesen de la competencia. Las compañías que no pasaban por el aro perdían el derecho a utilizar Google Play, la tienda de aplicaciones que necesita cualquier móvil Android para ser operativo. Lo que, de facto, suponía la expulsión del negocio. Los fabricantes díscolos también afrontaban penalizaciones en los ingresos por publicidad, otro nicho que domina la empresa californiana. 

Este miércoles, el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que estas actitudes son contrarias al Derecho de la Unión, porque condicionan el mercado y aniquilan la competencia. En consecuencia, el tribunal ha validado la histórica multa de 4.125 millones de euros que la Comisión impuso a Google en 2018 - originariamente 4.300 millones, cantidad que ha rebajado ligeramente - por intentar monopolizar el sector y expulsar a las competidoras con artimañas abusivas, Se trata de la multa más cuantiosa jamás impuesta por una autoridad de competencia en Europa. 

Google quería aniquilar a la competencia

En concreto, la justicia europea confirma que Google obligó a los fabricantes a preinstalar la aplicación Google Search y el navegador Chrome como condición para conceder la licencia de su tienda de aplicaciones, Play Store; a realizar pagos a determinados grandes fabricantes y operadores de redes móviles a condición de que preinstalaran exclusivamente la aplicación Google Search en sus dispositivos;  e impidió a los fabricantes que deseaban preinstalar aplicaciones de Google vender un solo dispositivo móvil inteligente que funcione en versiones alternativas de Android no aprobadas por Google (las denominadas «bifurcaciones de Android»).

Según la Comisión, todas esas restricciones tenían como objetivo proteger y reforzar la posición dominante de Google en el ámbito de los servicios de búsqueda general y, en consecuencia, los ingresos obtenidos por esta empresa gracias a anuncios publicitarios asociados a tales búsquedas. El objetivo común perseguido con las restricciones controvertidas y su interdependencia llevaron por tanto a la Comisión a calificarlas de infracción única y continuada del artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). En consecuencia, la Comisión impuso a Google una sanción rércod de cerca de 4 343 millones de euros.

En su sentencia, el Tribunal General desestima en lo esencial el recurso interpuesto por Google; se limita a anular la decisión solamente en tanto en cuanto esta declara que los acuerdos de reparto de ingresos por cartera mencionados constituyen, en sí mismos, un abuso. A la vista de las circunstancias particulares del asunto, el Tribunal también considera adecuado, en virtud de su competencia jurisdiccional plena, fijar el importe de la multa impuesta a Google en 4 125 millones de euros. Ahora se espera que el TGUE se pronuncie sobre la multa de 2019 por abusos en el mercado de la publicidad en línea. 

Antecedentes

En 2017, el TGUE ya confirmó otra multa de 2.424 millones de euros que la Comisión Europea impuso a ALPHABET (matriz de Google) en 2017 por favorecer su sistema de comparación de precios, Google Shopping, frente a los de la competencia. Y en 2019, la Comisión multó a los estadounidenses con 1,49 miles de millones de euros por obligar a sus colaboradores a bloquear anuncios de la competencia.