La Comisión de Subsecretarios, paso previo a su consideración por el Consejo de Ministros, debatirá el nuevo anteproyecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).  El Consejo de Estado ha calificado el texto de la propuesta como "restrictivo de la libertad de uso de Internet". Desde diversas asociaciones de Internautas reclaman que no han recibido ningún tipo de información al respecto de la reforma.

Según el texto propuesto se obliga a los prestadores de servicios, a bloquear o deshabilitar los contenidos presuntamente ilícitos a petición de la SGAE y entidades análogas, lo cual convertirá estas asociaciones en "órganos judiciales" con capacidad para calificar como ilícito y culpable la actuación de un usuario, y a los prestadores de servicios en empresas encargadas de retirar los contenidos que, a criterio de organizaciones privadas, sean calificados como "ilícitos", alterando de esta forma de manera notoria el papel de quien únicamente tiene que facilitar infraestructuras.

Tanto las asociaciones de usuarios como el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se quejan de que no han sido consultados para llevar a cabo esta reforma, por lo que han solicitado un profundo debate en esta materia.