Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci髇 y de comercio electr髇ico

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Sumario

Ley 34/2002, 11 julio rectificada por Correcci髇 de errores (獴.O.E.� 6 agosto). LE0000176731

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La presente Ley tiene como objeto la incorporaci髇 al ordenamiento jur韉ico espa駉l de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la informaci髇, en particular, el comercio electr髇ico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electr髇ico). Asimismo, incorpora parcialmente la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesaci髇 en materia de protecci髇 de los intereses de los consumidores, al regular, de conformidad con lo establecido en ella, una acci髇 de cesaci髇 contra las conductas que contravengan lo dispuesto en esta Ley.

Lo que la Directiva 2000/31/CE denomina 玸ociedad de la informaci髇� viene determinado por la extraordinaria expansi髇 de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como veh韈ulo de transmisi髇 e intercambio de todo tipo de informaci髇. Su incorporaci髇 a la vida econ髆ica y social ofrece innumerables ventajas, como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento de las posibilidades de elecci髇 de los usuarios y la aparici髇 de nuevas fuentes de empleo. Pero la implantaci髇 de Internet y las nuevas tecnolog韆s tropieza con algunas incertidumbres jur韉icas, que es preciso aclarar con el establecimiento de un marco jur韉ico adecuado, que genere en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de este nuevo medio.

Eso es lo que pretende esta Ley, que parte de la aplicaci髇 a las actividades realizadas por medios electr髇icos de las normas tanto generales como especiales que las regulan, ocup醤dose tan s髄o de aquellos aspectos que, ya sea por su novedad o por las peculiaridades que implica su ejercicio por v韆 electr髇ica, no est醤 cubiertos por dicha regulaci髇.

II

Se acoge, en la Ley, un concepto amplio de 玸ervicios de la sociedad de la informaci髇�, que engloba, adem醩 de la contrataci髇 de bienes y servicios por v韆 electr髇ica, el suministro de informaci髇 por dicho medio (como el que efect鷄n los peri骴icos o revistas que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediaci髇 relativas a la provisi髇 de acceso a la red, a la transmisi髇 de datos por redes de telecomunicaciones, a la realizaci髇 de copia temporal de las p醙inas de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de informaci髇, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisi髇 de instrumentos de b鷖queda o de enlaces a otros sitios de Internet, as� como cualquier otro servicio que se preste a petici髇 individual de los usuarios (descarga de archivos de v韉eo o audio...), siempre que represente una actividad econ髆ica para el prestador. Estos servicios son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales, los motores de b鷖queda o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet a trav閟 del que realice alguna de las actividades indicadas, incluido el comercio electr髇ico.

Desde un punto de vista subjetivo, la Ley se aplica, con car醕ter general, a los prestadores de servicios establecidos en Espa馻. Por 玡stablecimiento� se entiende el lugar desde el que se dirige y gestiona una actividad econ髆ica, definici髇 esta que se inspira en el concepto de domicilio fiscal recogido en las normas tributarias espa駉las y que resulta compatible con la noci髇 material de establecimiento predicada por el Derecho comunitario. La Ley resulta igualmente aplicable a quienes sin ser residentes en Espa馻 prestan servicios de la sociedad de la informaci髇 a trav閟 de un 玡stablecimiento permanente� situado en Espa馻. En este 鷏timo caso, la sujeci髇 a la Ley es 鷑icamente parcial, respecto a aquellos servicios que se presten desde Espa馻.

El lugar de establecimiento del prestador de servicios es un elemento esencial en la Ley, porque de 閘 depende el 醡bito de aplicaci髇 no s髄o de esta Ley, sino de todas las dem醩 disposiciones del ordenamiento espa駉l que les sean de aplicaci髇, en funci髇 de la actividad que desarrollen. Asimismo, el lugar de establecimiento del prestador determina la ley y las autoridades competentes para el control de su cumplimiento, de acuerdo con el principio de la aplicaci髇 de la ley del pa韘 de origen que inspira la Directiva 2000/31/CE.

Por lo dem醩, s髄o se permite restringir la libre prestaci髇 en Espa馻 de servicios de la sociedad de la informaci髇 procedentes de otros pa韘es pertenecientes al Espacio Econ髆ico Europeo en los supuestos previstos en la Directiva 2000/31/CE, que consisten en la producci髇 de un da駉 o peligro graves contra ciertos valores fundamentales como el orden p鷅lico, la salud p鷅lica o la protecci髇 de los menores. Igualmente, podr� restringirse la prestaci髇 de servicios provenientes de dichos Estados cuando afecten a alguna de las materias excluidas del principio de pa韘 de origen, que la Ley concreta en su art韈ulo 3, y se incumplan las disposiciones de la normativa espa駉la que, en su caso, resulte aplicable a las mismas.

III

Se prev� la anotaci髇 del nombre o nombres de dominio de Internet que correspondan al prestador de servicios en el registro p鷅lico en que, en su caso, dicho prestador conste inscrito para la adquisici髇 de personalidad jur韉ica o a los solos efectos de publicidad, con el fin de garantizar que la vinculaci髇 entre el prestador, su establecimiento f韘ico y su 玡stablecimiento� o localizaci髇 en la red, que proporciona su direcci髇 de Internet, sea f醕ilmente accesible para los ciudadanos y la Administraci髇 p鷅lica.

La Ley establece, asimismo, las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios que realicen actividades de intermediaci髇 como las de transmisi髇, copia, alojamiento y localizaci髇 de datos en la red. En general, 閟tas imponen a dichos prestadores un deber de colaboraci髇 para impedir que determinados servicios o contenidos il韈itos se sigan divulgando. Las responsabilidades que pueden derivar del incumplimiento de estas normas no son s髄o de orden administrativo, sino de tipo civil o penal, seg鷑 los bienes jur韉icos afectados y las normas que resulten aplicables.

Destaca, por otra parte, en la Ley, su af醤 por proteger los intereses de los destinatarios de servicios, de forma que 閟tos puedan gozar de garant韆s suficientes a la hora de contratar un servicio o bien por Internet. Con esta finalidad, la Ley impone a los prestadores de servicios la obligaci髇 de facilitar el acceso a sus datos de identificaci髇 a cuantos visiten su sitio en Internet; la de informar a los destinatarios sobre los precios que apliquen a sus servicios y la de permitir a 閟tos visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta, en su caso, el contrato. Cuando la contrataci髇 se efect鷈 con consumidores, el prestador de servicios deber�, adem醩, guiarles durante el proceso de contrataci髇, indic醤doles los pasos que han de dar y la forma de corregir posibles errores en la introducci髇 de datos, y confirmar la aceptaci髇 realizada una vez recibida.

En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales, la Ley establece que 閟tas deban identificarse como tales, y proh韇e su env韔 por correo electr髇ico u otras v韆s de comunicaci髇 electr髇ica equivalente, salvo que el destinatario haya prestado su consentimiento.

IV

Se favorece igualmente la celebraci髇 de contratos por v韆 electr髇ica, al afirmar la Ley, de acuerdo con el principio espiritualista que rige la perfecci髇 de los contratos en nuestro Derecho, la validez y eficacia del consentimiento prestado por v韆 electr髇ica, declarar que no es necesaria la admisi髇 expresa de esta t閏nica para que el contrato surta efecto entre las partes, y asegurar la equivalencia entre los documentos en soporte papel y los documentos electr髇icos a efectos del cumplimiento del requisito de 玣orma escrita� que figura en diversas leyes.

Se aprovecha la ocasi髇 para fijar el momento y lugar de celebraci髇 de los contratos electr髇icos, adoptando una soluci髇 鷑ica, tambi閚 v醠ida para otros tipos de contratos celebrados a distancia, que unifica el criterio dispar contenido hasta ahora en los C骴igos Civil y de Comercio.

Las disposiciones contenidas en esta Ley sobre aspectos generales de la contrataci髇 electr髇ica, como las relativas a la validez y eficacia de los contratos electr髇icos o al momento de prestaci髇 del consentimiento, ser醤 de aplicaci髇 aun cuando ninguna de las partes tenga la condici髇 de prestador o destinatario de servicios de la sociedad de la informaci髇.

La Ley promueve la elaboraci髇 de c骴igos de conducta sobre las materias reguladas en esta Ley, al considerar que son un instrumento de autorregulaci髇 especialmente apto para adaptar los diversos preceptos de la Ley a las caracter韘ticas espec韋icas de cada sector. Por su sencillez, rapidez y comodidad para los usuarios, se potencia igualmente el recurso al arbitraje y a los procedimientos alternativos de resoluci髇 de conflictos que puedan crearse mediante c骴igos de conducta, para dirimir las disputas que puedan surgir en la contrataci髇 electr髇ica y en el uso de los dem醩 servicios de la sociedad de la informaci髇. Se favorece, adem醩, el uso de medios electr髇icos en la tramitaci髇 de dichos procedimientos, respetando, en su caso, las normas que, sobre la utilizaci髇 de dichos medios, establezca la normativa espec韋ica sobre arbitraje.

De conformidad con lo dispuesto en las Directivas 2000/31/CE y 98/27/CE, se regula la acci髇 de cesaci髇 que podr� ejercitarse para hacer cesar la realizaci髇 de conductas contrarias a la presente Ley que vulneren los intereses de los consumidores y usuarios. Para el ejercicio de esta acci髇, deber� tenerse en cuenta, adem醩 de lo dispuesto en esta Ley, lo establecido en la Ley general de incorporaci髇 de la Directiva 98/27/CE.

La Ley prev�, asimismo, la posibilidad de que los ciudadanos y entidades se dirijan a diferentes Ministerios y 髍ganos administrativos para obtener informaci髇 pr醕tica sobre distintos aspectos relacionados con las materias objeto de esta Ley, lo que requerir� el establecimiento de mecanismos que aseguren la m醲ima coordinaci髇 entre ellos y la homogeneidad y coherencia de la informaci髇 suministrada a los usuarios.

Finalmente, se establece un r間imen sancionador proporcionado pero eficaz, como indica la Directiva 2000/31/CE, para disuadir a los prestadores de servicios del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Asimismo, se contempla en la Ley una serie de previsiones orientadas a hacer efectiva la accesibilidad de las personas con discapacidad a la informaci髇 proporcionada por medios electr髇icos, y muy especialmente a la informaci髇 suministrada por las Administraciones p鷅licas, compromiso al que se refiere la resoluci髇 del Consejo de la Uni髇 Europea de 25 de marzo de 2002, sobre accesibilidad de los sitios web p鷅licos y de su contenido.

La presente disposici髇 ha sido elaborada siguiendo un amplio proceso de consulta p鷅lica y ha sido sometida al procedimiento de informaci髇 en materia de normas y reglamentaciones t閏nicas previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio.