El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha enfrentado este jueves a la opinión de la Junta de Fiscales de Sala y del Consejo Fiscal, dos reuniones que, aunque no tendrán consecuencias prácticas, porque su opinión no es vinculante en este extremo, han revelado la creciente preocupación entre los miembros del Ministerio Público por el impacto de la imputación de García Ortiz en la imagen de la institución, hasta el punto de que no pocas voces le han pedido dimitir.

García Ortiz anunció el miércoles en un comunicado que seguirá en el cargo, convencido de que es "lo menos gravoso" para el Ministerio Fiscal, a pesar de que cinco magistrados del Tribunal Supremo (TS) resolvieron por unanimidad --en una decisión inédita-- abrirle causa por la presunta revelación de secretos de la que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Tras ello, el jefe del Ministerio Público decidió convocar a los dos órganos consultivos --la Junta de Fiscales de Sala, que integran quienes ostentan esta categoría, y el Consejo Fiscal, elegido por los propios fiscales en unas elecciones internas--, cuyos miembros le han trasladado su parecer, ya conscientes de que el criterio mayoritario no surtiría efectos, dado que la decisión de dimitir o continuar es "personalísima" de quien ostenta tan alta responsabilidad.

Jornada maratoniana

La jornada maratoniana en la Fiscalía General del Estado (FGE) arrancaba a las 10.00 horas con la Junta de Fiscales de Sala. De sus 35 miembros, solo 30 han estado físicamente presentes, ya que los cinco restantes han estado conectados de forma telemática y, por esa misma razón, se les ha impedido tomar la palabra, de acuerdo con fuentes fiscales.

El primero en hablar ha sido García Ortiz, que durante 15 minutos ha explicado su posición, incidiendo en que no ha cometido delito porque él no filtró ningún correo electrónico y que la nota de prensa que hizo estallar este caso, de la que se hace responsable, fue para reivindicar el papel del Ministerio Público frente a la difusión de un "bulo".

A su alocución ha seguido la de otros 24 fiscales, de los cuales 10 han arropado al fiscal general, entre ellos su antecesora inmediata en el cargo, Dolores Delgado, que ha hecho una firme defensa de quien fuera su 'número dos', según las referidas fuentes.

Por contra, 8 fiscales le han pedido expresamente la dimisión: los del 'procés' --Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal--, los fiscales del Supremo Antonio Narvaez y José Miguel de la Rosa; uno de los fiscales jefe de las secciones de lo Penal del Supremo José Javier Huete; y la fiscal de Sala de criminalidad informática Elvira Tejada.

Otros 5 fiscales han tomado la palabra --Alejandro Luzón, Rosa Ana Morán, María del Pilar Martín Nájera, María José Segarra y Fernando Rodríguez Rey-- para manifestar su preocupación ante la actual coyuntura, así como por el devenir de la causa judicial.

Entre los intervinientes se cuenta también el jefe de la Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Crespo, que ha rehusado pronunciarse sobre lo que debería hacer García Ortiz al considerar que no es competencia de la Junta de Fiscales de Sala.

Al no producirse votación alguna, los distintos sectores trasladan sensaciones opuestas respecto al apoyo cosechado por García Ortiz. No obstante, las citadas fuentes coinciden en señalar la división de opiniones entre quienes han hablado, así como en destacar el silencio de casi un tercio de la Junta de Fiscales de Sala --bien por decisión propia, bien por estar conectados telemáticamente--, silencio que se interpreta de distintas formas en el sanedrín.

"Por el bien de la institución"

Ya por la tarde, desde las 16.00 y durante otras dos horas, en la misma sede de la madrileña calle Fortuny se ha celebrado un Consejo Fiscal donde la mayoría --los 6 vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- le han instado a dimitir, mientras que los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las dos vocales natas --la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite-- le han respaldado.

Aquí las fuentes fiscales recalcan que, a diferencia de la Junta de Fiscales de Sala, en el Consejo Fiscal han tomado la palabra todos sus miembros para manifestar sus respectivas posturas en un tono afable, coincidiendo igualmente en que la actual es una situación sin precedentes que de una forma u otra afecta a toda la carrera fiscal. "No ha habido bronca", apuntan.

Desde la AF, conforme explican en un comunicado, le han pedido que "reconsidere su decisión" y, "por el bien de la institución", dimita, una posición que --aseveran-- comparte "la inmensa mayoría de los fiscales".

"Solo cabe entender que el perjuicio que se deriva para la institución al mantener este escenario supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión, empezando por la propia anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúe bajo la jefatura superior del investigado en ese proceso", señalan.

Para la AF, "la decisión del fiscal general de continuar en el cargo pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la carrera, mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación".

"Y nos resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo", anudan.

Por tanto, defienden que "no puede haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro de la institución, de la que pretende seguir ostentando la jefatura superior y representación pese a su condición de investigado".

Por su parte, el vocal de la APIF ha sido más directo y ha solicitado a García Ortiz que dimita porque, a su juicio, se "defenderá mejor" de las acusaciones estando separado del cargo. También ha recalcado que su continuidad como fiscal general deriva en un "daño" a la carrera fiscal.

"No hay delito"

Desde el otro extremo, los vocales de la UPF --en otro comunicado-- han transmitido su "firme respaldo a la decisión del fiscal general del Estado de no presentar su dimisión". "Razones de índole moral, institucional y el propio contenido de la resolución judicial sustentan este apoyo", exponen.

A su juicio, "la única razón por la que se elevó la exposición razonada al Tribunal Supremo ha quedado libre de toda duda". En este sentido, razonan que, si "la nota aclaratoria de la Fiscalía General del Estado no reveló secreto alguno porque estaba ya todo publicado, no existe, pues, viso alguno delictivo". "¿Qué lleva, pues, a seguir solicitando su dimisión después de conocerse esta realidad?", plantean.

Estos vocales enfatizan que los fiscales no pueden "estar a merced de cualquiera" que quiera denunciarles para apartarles de su función, porque con ello "se estaría conculcando con ello el Estado Derecho". "Querer desbancarlo a él (al fiscal general) por un motivo tan espurio es querer desbancarnos al resto", zanjan.

Tras sendas reuniones, García Ortiz se ha mantenido firme en su decisión inicial de no dimitir, si bien ha recibido menos apoyo expreso del esperado en un primer momento, llevándose asimismo el claro mensaje de preocupación por las tensiones a las que su imputación somete a la Fiscalía.