La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a una médica acusada de falsificar certificados de vacunación contra el COVID para una familia que conocía y que deseaban viajar a Estados Unidos durante la pandemia.

La Fiscalía había solicitado una pena de cuatro años de prisión por un delito continuado de falsedad de documento público, además de una multa de 7.200 euros. Sin embargo, al presentar sus conclusiones, la Fiscalía aceptó una pena de tres años de prisión al considerar que se eliminaba la continuidad del delito. Por su parte, la defensa abogó por su absolución, decisión que ha ratificado la justicia valenciana.

Conocía a los pacientes

Según el fallo judicial, este suceso se produjo cuando la médica estaba de guardia en un centro de salud en Aldaia (Valencia). A sabiendas de que un paciente no deseaba vacunarse, registró en su historia clínica la administración de la vacuna, que en realidad no se había realizado. Para ello, accedió al sistema informático sanitario de la Generalitat aprovechando que un ordenador con la tarjeta de identificación de una enfermera estaba encendido.

Para registrar la vacunación, la médica necesitaba programar previamente una cita en el servicio de guardia del centro de salud. Sin embargo, no pudo completar el proceso en ese momento debido a que el ordenador solicitó la contraseña de seguridad de la tarjeta.

Ante este contratiempo, y con la intención de ayudar a sus pacientes, utilizó su propia tarjeta de identificación en un ordenador diferente dentro del mismo centro de salud. Así, logró registrar la administración de la vacuna en la historia clínica de los cuatro pacientes, a pesar de saber que la vacunación no se había llevado a cabo ni se llevaría a cabo. 

Alteró la historia clínica de la familia

Durante el juicio, la sanitaria defendió su actuación, alegando que no falsificó certificados, sino que solicitó la vacuna Pfizer para ayudar a la familia, ya que los hijos eran autistas y la madre tenía una enfermedad autoinmune, siendo esa la opción con menos efectos secundarios.

Por su parte, el tribunal ha reconocido que la doctora alteró la historia clínica de la familia para incluir la administración de la vacuna. Sin embargo, entienden que no se falsificaron los certificados, ya que esta acción se realizó fuera de su ámbito de competencias como funcionaria pública. En este sentido, los jueces han recogido los argumentos de la defensa, señalando que la médica no podía ser considerada como funcionaria pública porque la administración de vacunas no era competencia suya, por lo que no habría podido cometer el delito de falsedad documental que le imputaba la Fiscalía.

La Audiencia ha reconocido que la médica modificó “de manera mendaz” el estado de vacunación de los cuatro pacientes, "pero sobre una actividad asistencial ajena a su cometido funcionarial con arreglo a la praxis asentada entre profesionales sanitarios". Y añade que, aunque su conducta fue moralmente reprochable, carece de tipicidad penal.

La justicia valenciana ha considerado absolver a la sanitaria al considerar que modificó la historia clínica, pero no los certificados.