El juzgado 104 de Madrid pide sancionar a los bancos que obligan a ir a juicio por temas resueltos siempre a favor del consumidor. Creado en 2023 para fallar por contratos bancarios, productos financieros y de inversión, es titular de este juzgado a dicho basta. No quiere seguir los pasos del 101bis, totalmente atascado con las cláusulas abusivas de hipoteca, como los suelos, los gastos y ha enviado un comunicado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230, y al Banco de España en el que se presta a dar el listado de las entidades que obligan a ir a juicio por casos de revolving que se fallan en el 95% de los casos a favor del cliente, “por si de la misma pudiera derivarse algún tipo de infracción administrativa”.
Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, aplaude la postura del juzgado: “Desde ASUFIN llevamos años denunciando el abuso que hacen las entidades bancarias de los tribunales para dilatar los procesos y, con ello, retrasar los pagos a los clientes por mala praxis. Recordemos que los tribunales se pagan con nuestros impuestos, los juzgados especializados de revolving y cláusulas abusivas constituyen un rescate encubierto a la banca y las entidades de crédito”.
La asociación pone el dedo en que otros juzgados especializados en cláusulas abusivas no solo no protestan, sino que cargan contra el consumidor reduciendo las costas que tienen que abonar las entidades bancarias. "Esto supone un grave efecto disuasorio para que el consumidor defienda sus derechos en los tribunales".
Reacción
"En esta misma línea, ya denunciamos que el juzgado 72 de Madrid obliga a los consumidores a hacerse cargo del coste del pleito al permitir que los bancos no paguen las costas al dar la razón al cliente (allanarse) en los procedimientos de revolving.
Esperamos que tanto la Dirección General de Consumo como el Banco de España, a los que se dirige el comunicado del LAG, Adrián Gómez, tomen buena nota del mismo y reaccionen ya ante el comportamiento inadmisible de las entidades. Mientras tanto, seguimos a la espera de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero que, como tantas veces hemos reiterado, podría suponer una respuesta a este limbo de cumplimiento de derechos del consumidor en el que nos movemos, con entidades que se niegan a resolver las cuestiones en el ámbito extrajudicial y un sistema totalmente atascado que cuesta millones a los consumidores a las Arcas públicas", remarcan fuentes de ASUFIN.
