El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ratificado la anulación de la resolución de la Comisión Europea que declaró ilícito el régimen fiscal español de deducción por adquisiciones indirectas de participaciones en sociedades extranjeras.
El alto tribunal europeo ha rechazado los recursos de casación presentados por la Comisión contra las sentencias del Tribunal General que previamente habían anulado la decisión comunitaria de 2014, la cual consideraba que la deducción fiscal del fondo de comercio financiero derivado de adquisiciones indirectas en sociedades no residentes constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior.
Principio de confianza legítima
El TJUE señala que, según las resoluciones iniciales de la Comisión en 2009 y 2011, las excepciones a la obligación de revertir y recuperar las ayudas se aplicaban tanto a las adquisiciones directas como a las indirectas, y que la legalidad de esas decisiones ya había quedado establecida de forma definitiva.
Por ello, el Tribunal General debía concluir, y así lo hizo, que ambas formas de adquisición estaban protegidas por el principio de confianza legítima, reconocido por la Comisión en sus decisiones previas.
El principio de seguridad jurídica, además, según el TJUE, impide que la Comisión ahora califique como ilegal un régimen de ayudas de Estado que fue aplicado correctamente en relación con las deducciones fiscales por adquisiciones indirectas.
Desde 2002, el régimen fiscal español permitía a las empresas que adquirían participaciones en sociedades extranjeras deducir, en su base imponible mediante amortización, el fondo de comercio generado por dichas adquisiciones.
Ayuda de Estado
En 2006, la Comisión afirmó inicialmente que este régimen no se encontraba sujeto a las normas de la Unión sobre ayudas de Estado. Sin embargo, en 2007 decidió profundizar en su análisis y, en 2009 y 2011, concluyó que constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior, ordenando a España que recuperara las ayudas concedidas.
No obstante, la Comisión permitió que, en ciertas condiciones y casos específicos, el régimen continuara vigente bajo el amparo del principio de protección de la confianza legítima.
Las empresas afectadas y España lograron que el Tribunal General anulara la decisión de la Comisión de 2014, que ampliaba la prohibición a las adquisiciones indirectas.
La sentencia del TJUE, conocida hoy, pone fin a este litigio y confirma que las adquisiciones indirectas también gozan de la protección del principio de confianza legítima reconocido en las decisiones iniciales de la Comisión.









