La Fiscalía ha expresado su oposición a que el Tribunal Supremo (TS) acepte la solicitud del juez Juan Carlos Peinado para investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de falso testimonio y malversación en el 'caso Begoña Gómez'.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esta postura ha sido fijada por el fiscal del TS, Fernando Prieto, en un informe elevado a la Sala de Admisión, que ahora deberá decidir si sigue la recomendación del Ministerio Público o, por el contrario, acoge la solicitud de Peinado.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid envió una exposición razonada al TS pidiendo que se investigara a Bolaños, ya que consideraba que el ministro había incurrido en los mencionados delitos relacionados con la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

Peinado recurrió a la Sala de lo Penal del Supremo, la única instancia competente para autorizar la investigación de un miembro del Gobierno, argumentando que existían "indicios razonables, sólidos y cualificados" contra Bolaños.

El juez fundamentó el delito de falso testimonio en las contradicciones entre las declaraciones de Bolaños y las del responsable de personal de Moncloa, Raúl Díaz, quien había sido citado como testigo.

Peinado incluyó en su exposición el testimonio de Alfredo González, ex vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, quien indicó que Bolaños, en su calidad de secretario general de Presidencia en 2018, era el superior jerárquico de Díaz y tenía responsabilidad directa sobre los nombramientos.

Bolaños, por su parte, se desmarcó de la designación de Álvarez, señalando que la persona responsable de la decisión era quien había emitido un certificado con las funciones de la asesora, mencionando específicamente a Díaz. Sin embargo, Díaz negó en dos ocasiones, en mayo de 2024, haber tenido conocimiento de la persona encargada de la propuesta.

El juez Peinado considera que Bolaños "ha omitido, con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad, que conocía, cuando se le han hecho preguntas, como testigo, y bajo juramento".

Debía velar por los fondos públicos

Respecto al delito de malversación, Peinado argumentó que Bolaños, en su calidad de responsable de la administración pública, debía velar por los fondos públicos utilizados para pagar a Álvarez, quien asistía a Gómez no solo en su faceta como esposa del presidente del Gobierno, sino también en sus actividades privadas.

Por ello, Peinado sostiene que Bolaños "ha podido participar directamente en el nombramiento de Álvarez como personal eventual y ha conocido o no ha controlado las tareas llevadas a cabo por la misma, percibiendo sus retribuciones de una partida de los Presupuestos Generales del Estado".

Para Peinado, en esta tesitura "solo cabría haber acordado la diligencia de entrada y registro en el edificio, perteneciente al Complejo presidencial de La Moncloa, donde constan los archivos en los que ha de aparecer el documento en el que se propone el nombramiento" de Álvarez.

No obstante, él mismo dice que, "por ahora, sería contraria al principio de proporcionalidad", si bien aduce que deben realizarse una serie de pesquisas que, por afectar a Bolaños, debe acordarlas el Supremo, tales como requerir toda la documentación relativa a la propuesta y al nombramiento de Álvarez, "con especificación de las funciones que se le asignan", así como la "relación de todos los pagos que se han realizado" a la asesora de Gómez.

De esta forma, Peinado busca ampliar el catálogo de investigados en el denominado 'caso Begoña Gómez', donde ya constan la mujer de Pedro Sánchez y la propia Álvarez, así como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La causa, que se originó en abril de 2024 tras una denuncia presentada por Manos Limpias, acusa a Gómez de utilizar su posición como esposa del presidente para influir en licitaciones públicas a favor de empresarios, como Barrabés. Desde entonces, el juez ha abierto nuevas líneas de investigación, a raíz de querellas interpuestas por Hazte Oír y Vox.

Actualmente, Peinado está investigando posibles delitos de tráfico de influencias a favor de Barrabés, la contratación de la mujer de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid, la apropiación indebida del software de la cátedra vinculada a Gómez, y el nombramiento de Álvarez.