El Consejo General de la Abogacía Española, a través de su Comisión de Igualdad presidida por Marga Cerro y su Subcomisión de Violencia presidida por Fernando Rodríguez Santocildes, ha reiterado que se opone a la concentración de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer prevista en la Ley Orgánica 1/2025 por los perjuicios que esta reorganización judicial ocasionaría a las víctimas de violencia de género.

En las enmiendas presentadas a la Ley de Acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, la Abogacía Española ha solicitado la supresión del artículo que “permite establecer que algunas de las Secciones que integren los Tribunales de Instancia extiendan su jurisdicción a uno o varios partidos judiciales de la misma provincia, o de varias provincias limítrofes dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia”.

“Esta reforma podría abrir la puerta a la centralización o concentración del conocimiento de asuntos de violencia contra la mujer a los Tribunales de Instancia de las capitales de provincia, o incluso de otras provincias limítrofes, con el efecto que ello tendría para los partidos judiciales pequeños o despoblados. Las víctimas se verían obligadas a desplazarse muchos kilómetros en momentos de especial vulnerabilidad”, asegura Marga Cerro.  

Riesgo

En las  XII Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, celebradas en septiembre del año pasado en Toledo ya se advirtió del riesgo de que esta reforma produzca un distanciamiento de la justicia respecto a las propias víctimas, que deberían estar en el centro del sistema de protección.

Accesibilidad

La Abogacía reclama que cualquier reforma de la planta judicial priorice la accesibilidad real, la igualdad territorial y la protección efectiva de las víctimas.

Desde la Subcomisión de Violencia sobre las mujeres de la Abogacía Española, su presidente Fernando Rodríguez Santocildes ha sido tajante: “Esta medida no solo es ineficaz, sino profundamente injusta. El derecho a una asistencia cercana y especializada no es negociable”. A su juicio, este modelo atenta contra los principios esenciales de inmediación y proximidad en los procesos judiciales de violencia de género.

El Colegio de la Abogacía de León, del que es decano Rodríguez Santocildes, ha expresado su “rotundo rechazo” a la ampliación de la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de León a los partidos de Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún. La medida —prevista para finales de año— centralizaría los procedimientos en la capital provincial, dificultando la unidad de defensa letrada y afectando a los profesionales del turno de oficio de partidos judiciales más pequeños.

El Colegio de Abogados de Oviedo también ha expresado su oposición a la próxima comarcalización que obligaría a las víctimas de varios concejos a desplazarse a Gijón. Y el Colegio de Abogados de A Coruña ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra los artículos 6 y 1-F del Real Decreto 422/2025, por extender la jurisdicción de Santiago a los partidos de Noia, Ribeira y Muros. 
También el Consell de l'Advocacia Catalana ha expresado su rechazo a esta reforma.