Las principales asociaciones de jueces y fiscales que secundaron esta semana la huelga contra la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal han lanzado una advertencia al Ejecutivo: si no hay avances significativos, las movilizaciones continuarán. Todas las asociaciones implicadas, a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han dejado claro que podrían convocar nuevas jornadas de protesta "si la situación persiste sin cambios sustanciales".

Así lo han avanzado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) un día después del fin de la huelga de tres días, en un comunicado recogido por Europa Press. "Si la situación persiste sin cambios sustanciales, retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga, con la misma firmeza, unidad y determinación que han caracterizado las acciones llevadas a cabo hasta el momento", señalan.

Estas organizaciones han anunciado también un viaje a Estrasburgo la próxima semana, donde mantendrán reuniones con representantes clave del Parlamento y la Comisión Europea, entre ellos Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE); el grupo parlamentario ECR; Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo; y la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen.

"Estas gestiones se enmarcan en nuestra interlocución con las instituciones europeas, a quienes trasladaremos nuestra preocupación por la regresión en la independencia judicial, apelando a la jurisprudencia del TJUE y al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea", indican las asociaciones en el comunicado.

Las vacaciones pueden dar margen de "desmovilización"

Las cinco asociaciones inciden en que toda huelga que afecte a servicios públicos tiene que ser comunicada con al menos 10 días de antelación tanto a la autoridad laboral como al empleador, "lo que impone un marco temporal rígido que impide reacciones inmediatas o espontáneas sin menoscabar la legalidad de la medida". A lo que añaden que es julio y es mayor el porcentaje de jueces y fiscales que están de vacaciones, algo que "tiene implicaciones prácticas decisivas".

Por un lado, porque "dificulta enormemente la obtención de datos de seguimiento representativos y homogéneos, provocando distorsiones que desvirtúan la percepción pública e institucional del respaldo real a la movilización".

Y lo que es aún más relevante, afirman que "la afección efectiva al funcionamiento del servicio público de Justicia se ve tan reducida que, en términos operativos, la medida pierde toda su capacidad de presión o visibilidad, quedando diluida hasta el punto de resultar ineficaz".

Por ello, consideran que "prolongar de forma inmediata la huelga en este contexto no solo podría carecer de impacto institucional, sino que podría generar una falsa imagen de desmovilización, totalmente ajena al compromiso mostrado por la mayoría de la carrera durante las jornadas del 1, 2 y 3 de julio".

“Huelga histórica” 

Las asociaciones firmantes destacan el seguimiento de la huelga, que califican de “histórica” y con una participación del “70%”, muy por encima del dato ofrecido por el Ministerio de Justicia, que la situó en un 31%. "Un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática. Nunca se había producido una movilización de tal magnitud, lo que pone de manifiesto la gravedad de las reformas legislativas en curso", remarcan.

Recuerdan también movilizaciones previas como el paro simbólico de 10 minutos celebrado el 11 de junio: "una respuesta masiva y coordinada frente a las reformas legislativas que amenazan la independencia judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal y los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

Ese mismo día, se leyó un manifiesto en todos los juzgados del país “en defensa no solo de nuestras funciones y derechos profesionales, sino también de los miles de opositores que ven cómo se desvirtúa el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal por vías ajenas a la excelencia y al esfuerzo". Y, aseguran que "sentó las bases para la posterior huelga de los días 1, 2 y 3 de julio". También contribuyó la concentración de 10.000 personas –jueces, fiscales y ciudadanos– del pasado 28 de junio frente al Tribunal Supremo, "en una de las mayores concentraciones institucionales en defensa del Poder Judicial".

Esas movilizaciones, recuerdan, se convocaron frente a "la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos mediante un examen ad hoc", la "reducción de la excelencia en todos los sistemas de accesos a las carreras judicial y fiscal", la "atribución al Centro de Estudios Jurídico de competencias para preparar opositores" y el límite a "la financiación de las asociaciones judiciales y fiscales, para reducir su capacidad operativa y función", entre otras medidas contempladas en la reforma legal.

El Gobierno, "inmovilista"

Las asociaciones critican que, "desde el inicio del conflicto el Ministerio" de Justicia, "lejos de mostrar una actitud abierta al diálogo, se ha enrocado en su posición inmovilista". "Y el PSOE ha presentado enmiendas al proyecto de ley, de las que cabe destacar las relativas al proceso de estabilización, que agravan, aún más, la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, afectando gravemente a la independencia judicial y a la autonomía de la Fiscalía", añaden.

De todas las medidas propuestas, subrayan "la creación de un proceso único y extraordinario de estabilización para el acceso a 1.004 plazas en las carreras judicial y fiscal, mediante un sistema de concurso-oposición con criterios arbitrarios y laxos". Según las asociaciones, "este procedimiento permite la entrada de profesionales ajenos a la justicia interina, apoyándose en una interpretación errónea de las exigencias europeas".

Por último, trasladan un mensaje a la ciudadanía: reiteran sus "disculpas" por los posibles perjuicios causados y expresan su "profundo agradecimiento por la comprensión, el respeto y el respaldo recibido".

"Esta movilización no ha sido corporativa, sino institucional. Nuestra causa no es otra que la defensa de una Justicia independiente, imparcial, profesional y al servicio de la ciudadanía", concluyen.