La necesidad de reformar el sistema de asistencia jurídica gratuita se vuelve cada vez más urgente para asegurar su viabilidad futura, según refleja el XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi LA LEY, con datos correspondientes al año 2024.
Durante ese año, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita presentadas ante los 83 Colegios de la Abogacía o directamente en los juzgados mantuvieron su tendencia ascendente, con un incremento del 5% a lo largo de 2024, hasta superar los 1,1 millones de solicitudes. Estas cifras ponen de relieve el papel esencial que desempeña este servicio para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con menos recursos, y evidencian la presión creciente sobre un sistema clave para la cohesión social y la equidad en el Estado de Derecho.
Sin embargo, a pesar del aumento de las solicitudes, cada vez son menos los abogados adscritos al turno de oficio. En 2024 continuó la tendencia descendente del número de abogados y abogadas inscritos al mismo. Por primera vez bajaron de los 40.000 y se quedaron en 39.941 frente a los 40.748 de 2023 (un 2% menos).
“Esto es algo que debería encender todas las alarmas a los poderes públicos, porque pone en peligro la propia sostenibilidad del sistema: si no hay suficientes abogados y abogadas no será posible cubrir las guardias de turno de oficio, ni garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva”, afirmó el presidente de la Abogacía, Salvador González, en la presentación del Observatorio.
El descenso en las cifras de los profesionales del turno de oficio lleva produciéndose varios años: en 2019 eran 45.868 y representaban un 31% del total de los abogados y abogadas ejercientes, pero ese porcentaje ha ido cayendo año tras año (un 15% desde 2019, mientras que el número de abogados subió un 1,2% en ese periodo) hasta quedarse en 2024 en 39.941, el 26,8% del total de los casi 149.000 ejercientes.
Tras el análisis pertinente, las solicitudes fueron remitidas a las comisiones de asistencia jurídica gratuita que, tras un análisis de las mismas, denegaron en torno al 10%. Cada expediente de asistencia jurídica origina de media unos dos asuntos.
Del análisis de las solicitudes se desprende que en torno al 52% de los solicitantes son hombres, la mayoría con una edad entre los 30 y los 50 años y el 50% tienen una renta media inferior a los 10.000 euros. Mientras que, en el caso de las mujeres, que representan el 48% de las solicitudes, más del 75% están por debajo de ese umbral de los 10.000 euros.
Un servicio de calidad
Hubo solamente 380 expedientes disciplinarios que terminaron con sanción a los letrados o letradas.
El índice de satisfacción con el servicio se mantiene muy alto: el 74% de los usuarios quedó satisfecho con el asesoramiento y asistencia legal recibida por parte del letrado del turno de oficio, según la “Encuesta sobre la Asistencia Jurídica Gratuita en España” elaborada por Metroscopia para este Observatorio.
José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, también intervino en la presentación para destacar “la rotunda buena imagen de la asistencia jurídica gratuita en nuestra sociedad, tanto entre los beneficiarios de la misma como entre su entorno cotidiano más cercano”.
Y, como refleja también la encuesta, ha mejorado notablemente el conocimiento de la existencia de este servicio por parte de la población: un 93% de los encuestados conocen la existencia de este derecho, frente al 83% del año anterior. Ya solo queda un 7% de la población que no lo conoce.
Un servicio ofrecido cada vez por menos profesionales
Los abogados del turno de oficio bajaron en 2024 en todas las comunidades, con lo cual cada vez son menos abogados atendiendo un número de beneficiarios cada vez mayor.
La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial. Por ello, y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema, la Abogacía lleva años reclamando en primer lugar la subida de los baremos y el pago de todas las actuaciones. Pero también la tramitación de una nueva ley de asistencia jurídica gratuita, en sustitución de la que está vigente desde 1996, para englobar todas las nuevas realidades y seguir garantizando este servicio esencial.
“Aprovecho esta ocasión para, de nuevo, lanzar a los poderes públicos un llamamiento, casi un SOS diría, para que salgan al rescate de la asistencia jurídica gratuita, para que estén a la altura de los excepcionales profesionales del turno de oficio y pongan fin a esa sangría de abogados y abogadas”, afirmó el presidente de la Abogacía.
“Resulta inaceptable que los profesionales del Turno de Oficio continúen, en demasiadas ocasiones, trabajando sin recibir compensación alguna”, lamentó Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita y Función Social de la Abogacía.
De los profesionales del turno de oficio el 51% son hombres y el 49% mujeres –mientras que en extranjería y en violencia de género ellas representan el 54%–.
"Nos preocupa el crecimiento sostenido de las solicitudes de acceso al beneficio de la Justicia gratuita, mientras decrece el número de profesionales inscritos en el Turno de oficio; la labor de este Observatorio sigue siendo clave para realizar en el futuro nuevas propuestas de mitigación de esta deriva preocupante y la Fundación Aranzadi LA LEY seguirá apoyando sus recomendaciones", afirmó Cristina Sancho, presidente de la Fundación Aranzadi LA LEY.
Sube el gasto porque suben las solicitudes y algunas comunidades autónomas han actualizado baremos
El gasto global aumentó en 2024 un 9,4%, en consonancia con el aumento de las solicitudes, hasta superar los 344 millones de euros. La comunidad autónoma que más gastó fue de nuevo Cataluña con 68,1 millones, seguida de Madrid con 55,1 millones y Valencia con 51,8.
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y País Vasco subieron sus baremos de retribución a lo largo del año.
La inversión media por ciudadano en asistencia jurídica gratuita se sitúa en 7,07 euros, aunque esta cifra varía significativamente entre comunidades autónomas, dependiendo de factores como la densidad de población, el número de solicitudes recibidas o el volumen de asuntos relacionados con extranjería.
